Índice

Presentación

Laura Pautassi - Flavia Marco Navarro | 8

El diminuto

Pía Barros | 14

De Seba

Sebastián González Rico | 15

Calidad científica y compromiso feminista

María-Ángeles Durán | 16

Feminismos en América Latina: historia y perspectivas

Dora Barrancos | 31

La irrupción de las humanas en el campo de los derechos humanos

Susana Chiarotti Boero | 51

El dilema de la paridad

Marta Lamas | 65

Una introducción a la economía desde la perspectiva de género

Lieve Daeren | 75

Nieves Rico, la RAGCYT y los indicadores en ciencia y tecnología

Diana Maffía | 94

La sonoridad de décadas: intersecciones biográficas

Cristina Bloj | 100

Los cuidados durante y después de la pandemia en América Latina: ¿Una emergencia con oportunidades?

Juliana Martínez Franzoni | 106

Cuidados, enfoque de género e institucionalidad: una y otra vez, Nieves Rico

Laura Pautassi | 135

En la “primera línea”, pensando y haciendo por los cuidados en América Latina: reflexiones sobre el legado de Nieves Rico

Elaine Acosta González | 148

Las cadenas del cuidado

Alicia Maguid | 166

El cuidado institucionalizado en espacios locales:experiencias en Bolivia

Flavia Marco Navarro | 176

Construyendo genealogía desde los cuidados

Herminia Gonzálvez Torralbo | 187

Cuando Mafalda se hiciera mayor

Sergio González | 197

Del ensueño a los temas de trabajo: contribución de Nieves Rico a las publicaciones y el imaginario de la Cepal

Diane Alméras | 199

A veinticinco años de Beijing: los derechos de las mujeres en un mundo cambiante

Silke Staab | 214

De Beijing al horizonte 2030: contribuciones de Nieves Rico al posicionamiento de la violencia contra las mujeres en la agenda regional de género

Francisca Miranda | 224

Viejas violencias, nuevas visibilidades: política y sexualidad como espacios de agresión

Verónica Aranda Friz - Miguel Ángel Sevilla | 245

Desigualdades y violencias de género en la ciudad

Olga Segovia Marín | 272

Construir autonomía: estrategias para promover espacios laborales libres de violencia con enfoque de género

Natalia Gherardi | 290

Vínculos y aprendizajes feministas para la transformación individual y colectiva

Carolina Muñoz Rojas | 308

Intratables

Tania Ulloa | 318

Éramos de Pichincha

Marcela Ruyu | 330

Los derechos humanos en las políticas públicas

Víctor Abramovich | 336

Estamos a tiempo

Marita Perceval | 353

Pobreza y género en Uruguay: la capacitación laboral

Alma Espino - Daniela de los Santos | 366

Igualdad de género: de la política pública a la práctica en el campo del desarrollo

Ligia Alvarenga | 383

¿Cómo afrontar la pandemia? Problemas preexistentes, viejas recomendaciones y una oportunidad para nuestras convicciones

Jaschele Burijovich | 395

Tensiones y resistencias a las perspectivas de género en el campo de la salud en Argentina 2007-2020, a propósito de un texto

Mario Rovere | 406

La autonomía de las mujeres bajo los cerrojos de las políticas: ¿por qué cuesta tanto garantizar elecciones sexuales y elecciones reproductivas?

Silvia Levín | 417

La transición demográfica y su impacto en la brecha de género en la seguridad social

Enrique Peláez - María del Rosario Peláez | 432

Las mujeres de mi generación

Silvia Gascón | 447

Primeras experiencias de política pública con perspectiva de género en un ministerio de ciencia y tecnología (subnacional) argentino

Erica Hynes - Laura Donnet - Valentina Locher Leticia Chirinos - Jésica Beltrame - Luciana Manelli | 464

Saludos

Familia Rico | 479

Lo personal: en tierras hondureñas

Alicia Maguid | 481

Anexo | 483

Sobre las autoras y los autores | 491

Presentación

Laura Pautassi - Flavia Marco Navarro

El año 2020 marcará un antes y un después en la vida de millones de personas a lo largo del mundo. Tantas imágenes se superponen, van y vienen en imaginarios y realidades diferentes, ausencias, presencias, encierros, mujeres, varones, niñas, niños y adolescentes, personas mayores, diversidades sexuales, cuidados, violencias, salud, economía, trabajo… Difícil resulta sustraerse a esta pandemia de COVID-19 en lo que vivimos y en lo que nos tocará vivir. Este reconocimiento a Nieves no nació en tiempos de COVID, se gestó antes; pero la pandemia llegó y nos envolvió también a quienes estamos en este libro, afectando nuestras dinámicas, plazos, sensibilidades, vivencias del cuidado y temas de estudio.

Pocas dudas quedan respecto de que muchas de las situaciones exteriorizan desigualdades estructurales, que fueron denunciadas históricamente por el feminismo, desde las diversas formas de manifestación y movilización de las mujeres hasta la producción académica y teórica, que en el caso de América Latina y el Caribe ha sido más que importante, en cantidad y calidad. A pesar de un importante grado de incertidumbre respecto del virus mismo y del futuro, lo que pasa en términos de consecuencias sociales de la pandemia no es desconocido, en todo caso lo que nos produce es una enorme perplejidad por todas las variables que se habían señalado, identificado propuestas y políticas recomendadas que no fueron implementadas. Como nunca antes en cada uno de los países, en particular del Sur global, se constata hacia dónde fueron los recursos y las decisiones en la corriente central del desarrollo, que lejos estuvo de incluir el tan recomendando mainstreaming de género. Así las cosas, la pandemia desnuda las innumerables deudas sociales, políticas, económicas e identitarias que hacen a las garantías de efectiva aplicación del principio de igualdad y no discriminación.

Por otra parte, los logros alcanzados son de una profundidad notable y anuncian un cambio fundamental, desde los múltiples procesos de reconocimiento de diversidades y disidencias sexuales, así como de condena a las violencias. Se han logrado avances transformadores sobre el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, en la denuncia cada vez más masiva al patriarcado precisamente de la mano de les más jóvenes, con colores, arte y pañuelos, la inclusión de temas centrales como reformas penales, cuidados, economía y presupuesto, segregación ocupacional, desigualdades y tantas otras agendas. En este delgado equilibrio que ha transitado a lo largo de su recorrido, en el “entre siglos” el feminismo fue consolidando muchas de las demandas, pero también recibiendo nuevas embestidas. La recomposición de los sectores conservadores acecha permanentemente muchas de las conquistas alcanzadas y muestra nuevamente cómo la tan demandada institucionalidad de género es el mejor mecanismo de prevención y consolidación de procesos que resisten tales impugnaciones.

Lo cierto es que los caminos y las posibilidades que el futuro inmediato nos interpelan para construir una “nueva normalidad” que se base en las lecciones aprendidas pero, por sobre todo, en una profunda convicción feminista de que no hay nada peor que referir a un orden dado como “normal”. Y de esta interpelación a las normalidades, las naturalizaciones, hay nuevas preguntas que se basan en respuestas ya dadas. Así surgen preguntas como las siguientes: ¿cómo avanzar en una pospandemia para alcanzar la plena autonomía de las mujeres? ¿Qué condiciones serán necesarias para consolidar el tránsito a un “nuevo” orden pero centralmente hacia una sociedad más justa y equitativa?, ¿lo podremos lograr? ¿La sororidad podrá ser un elemento de cohesión de cara a los escenarios futuros? ¿Se distribuirá el trabajo y el cuidado de manera equitativa? ¿Se condenarán de manera definitiva las violencias? ¿Se podrán vivir plenamente las identidades sexuales sin conflictos? ¿Tendremos procesos de interculturalidad? ¿Tendremos trabajos bien remunerados y una más justa distribución de los cuidados? ¿Será posible garantizar esquemas paritarios en la política?, ¿y en el empleo remunerado?

Los interrogantes no se terminan aquí, pero en todo caso lo que sí tenemos son algunas certezas. La primera de ellas es que todo el camino recorrido desde el movimiento de mujeres, desde la academia feminista, desde las decisoras y funcionarias ha dejado marcas trascendentales. No solo por los cambios alcanzados sino precisamente desde la interpelación y críticas al orden dado, que para promover nuevos procesos son fundamentales. La segunda es que hay experiencia y muchos aprendizajes, y que estos han quedado reflejados en teorías, prácticas, diagnósticos, convenciones, leyes, jurisprudencia, políticas públicas, áreas de gobierno que dan cuenta de las interpelaciones a las múltiples estructuras de poder existentes. Quizá en la región más que en otros casos, el feminismo ha tenido la particularidad de ir de la teoría a la práctica y viceversa, del activismo a la academia, de la academia a la política, y todo en el marco de amistades, alianzas, articulaciones, y, sí, no pocas desavenencias y críticas internas. En tercer lugar, la certeza de que esta construcción es un proceso fundado en el diálogo y en consensos que no se dan en otros ámbitos, y la capacidad de debate y movilización feminista se refleja en cada acción, política y programa. Como en ningún otro espacio, estas características han sido sostenidas a lo largo de los siglos, junto con la movilización, el reclamo y la acción, en un ida y vuelta desde abajo hacia arriba. Sin ánimo de idealizar los procesos, incluso marcado el movimiento por numerosas brechas y diferencias –en algunos temas aún irreconciliables y por posturas cada vez más dispares–, sin embargo el punto de equilibro hace que las partes se unan en un todo y se avance hacia nuevos consensos o se siga en debate, pero buscando recomponer el proceso.

Y cómo pensar cómo reconfigurar(nos) sin convocar a María Nieves Rico, de quien tanto hemos aprendido, pero también quien a lo largo de estos años ha contribuido centralmente en esta agenda.

Un libro, muchas miradas

La idea de este libro fue surgiendo de manera espontánea entre quienes hemos tenido la suerte de encontrarnos, primero con Nieves Rico, pero a partir de ella entre nosotras, nosotros, nosotres, y confluir en que era una buena oportunidad para rendirle un merecido homenaje. Entre los objetivos que nos fuimos planteando, el primero de todos y abrazado de manera unánime fue el de celebrar a Nieves recuperando muchos años de trabajo, incidencia, antropología, enfoque de género, derechos, políticas públicas, en su faz de experta en temas de género y desarrollo, pero también recuperar y celebrar a la amiga, a la compañera, a la mamá, hermana y tía, argentina y chilena, a la colega y funcionaria, a la jefa e interlocutora, pero principalmente a una gran persona.

Y así acordado el primer objetivo, la convocatoria fue fluyendo en los interesantísimos capítulos que integran este libro, amplios, diversos, creativos, recuperando historia y práctica feminista, pero también institucionalidad y políticas públicas junto con lazos personales y familiares. Cuando empezamos la tarea, no sabíamos hacia dónde nos llevaría la convocatoria, pero sí teníamos, nuevamente, una certeza: de esta suma de voluntades iba a surgir algo bueno.

Y este es el libro que tenemos, que incluye a muchas personas muy queridas por Nieves y tantas otras que no alcanzaron a sumarse en la escritura, pero sí en los deseos y que están también presentes. Y precisamente quienes han podido unirse a la celebración son académicas y académicos, decisoras y decisores, líderes y lideresas sociales y políticos, feministas y también “feministos” –al decir de Nieves–, profesoras y profesores, todos destacados de Iberoamérica, pero también de otros continentes. En su mayoría sus aportes han sido de suma relevancia para construir los procesos a los que nos referíamos en el inicio y nos enseñan, con sus reflexiones y experiencias, cómo pensar y (re)pensarnos. Epistemología feminista, políticas sectoriales, derechos humanos, envejecimiento, violencias, el rol de los organismos internacionales y la agenda regional de género, cuentos, cuidados, relatos personales que se cruzan con materias de estudio y de reivindicación política y ciudadana, sobre esto y más aportaron las amistades y colegas de Nieves en este proyecto. Sin dudas, más que oportuno en estos momentos.

Como también nos planteamos, al decir de varias de las autoras, hacer un libro “feminista”, se trató de una simple consigna de escritos cortos, con el formato y los temas que quisieran tomar, y así lo estructuramos en partes y capítulos que responden a los temas centrales en la agenda de desarrollo, de la que Nieves fue una de sus principales impulsoras. A su vez, cada parte del libro se conecta con la siguiente a partir de contribuciones que consisten en relatos, palabras amorosas o recorridos personales que involucran a Nieves a partir de un homenaje desde el amor y la amistad.

Y así fuimos conformando las partes que integran el todo que remite a una agenda regional urgente, ya que desde la reflexión que inspira la acción, la primera parte del libro –antecedida por bellos mensajes de amistad y amor– recupera temas centrales del feminismo contemporáneo y latinoamericano, que van desde una mirada histórica latinoamericana, pasando por los dilemas de la ciencia y la producción de conocimiento, siguiendo por los dilemas de paridad política, economía e institucionalidad.

La segunda parte se detiene en la agenda central de los cuidados, de los que Nieves fue una promotora central, tanto desde su lugar en la División de Asuntos de Género como de la División de Desarrollo Social de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), aportando a la promoción de los sistemas nacionales de cuidados en Uruguay y en Costa Rica y promoviendo los procesos en otros países de la región. Las contribuciones avanzan además incorporando un temario en torno a los desafíos aún vigentes de cara a la pospandemia.

El libro continúa con reflexiones en torno a la institucionalidad, a las agendas globales, el hito que marcó la conferencia de Beijing y los desafíos que esta implicó en la creación de la institucionalidad de género, sus principales obstáculos y logros alcanzados. En cada página el papel que Nieves impulsó fue central para promover no solo la institucionalidad de género sino cualquier proyecto autónomo desde un enfoque de género. Y precisamente fueron relevantes los esfuerzos en relación con las violencias, la salud sexual y reproductiva, la salud, la salud mental, la pobreza, el empleo sectorial, la transición demográfica y el impulso a las carreras científicas para las mujeres. La última parte está dedicada a precisamente la traducción en las políticas públicas y sociales, con diversidad de temas, desde un enfoque de género y de derechos humanos.

El libro da cuenta de que una de las tantas cualidades de Nieves es convocar a personas maravillosas, alimentar y mantener esos lazos. Da cuenta también de que una de las cualidades del feminismo es derribar los muros artificiales entre lo académico y las experiencias de vida, entre lo personal y lo político, cuestionando siempre la neutralidad de las miradas e intentando dar cuenta del carácter situado de los análisis.

La obra concluye con la producción bibliográfica que Nieves tuvo en la Cepal, junto con otros aportes al conocimiento producidos a lo largo de su carrera y que se ofrecen como material bibliográfico de consulta.

Nuestro reconocimiento y gratitud a Natacha Borgeaud-Garciandía y a la Colección Horizontes del Cuidado por confiar en este proyecto, en nosotras, y por su comprensión y generosidad. Un especial agradecimiento a Mónica Urrestarazu por su calidez y calidad en el arduo trabajo de edición de este libro.

En el proceso que ha llevado a la concreción de este merecido homenaje a Nieves, supimos del fallecimiento de Marcela Ruyu, amiga entrañable de Nieves desde la infancia. Ademas de la tristeza que significa su partida temprana, queremos recuperar que su artículo fue la primera contribución que recibimos para este libro y que hace que sea aún mas amorosa su participación.

Finalmente, un fuerte agradecimiento a todas y todos quienes se entusiasmaron con este proyecto, por los intercambios de este tiempo, los aprendizajes y por la generosidad de sus aportes. En particular, queremos agradecerles por el tiempo y compromiso que ha permitido hacer realidad este libro en circunstancias globales tan difíciles. Y a Nieves, por enseñarnos y cuidarnos siempre.

Buenos Aires-Santa Cruz de la Sierra, primavera de 2020

El diminuto

Pía Barros

A Nieves

Me resecaba en el desierto sin comida ni agua. El hombrecito se acercó y tuve miedo de que me matara. No tenía casi vestiduras y la piel curtida era del color de la tierra seca. Miró mi rostro y luego empezó a escarbar con las manos, más allá de la arena hirviente. Sus dedos tenían gotas de sangre pero seguía escarbando. Una raíz gruesa emergió. Él, cuidadoso, limpiaba la arena para ayudarla a aparecer. La cortó tironeándola en sus extremos y la extendió hacia mí. Una sustancia húmeda y viscosa afloraba de ella. Acerqué los labios y succioné con ahínco. El sabor de la vida avanzaba por mis encías camino al esófago hasta que me inundó por completo. El hombrecillo entonces apuntó a mis pechos e hizo señas de que me los descubriera. Traté de explicarle que tenía sesenta años, que el cáncer había robado mi útero y mil cosas más. Él agitó sus manos insistiendo. Me descubrí y el diminuto se acomodó en mi regazo adosándose a mi pecho izquierdo. La primera succión hizo que el dolor cruzara desde mi pecho hasta la espalda, pero no me pareció un precio excesivo para la vida que me había regalado con la raíz. Siguió succionando y pude sentir cómo manaba desde mí la vida hacia él. Me acomodé en recuerdos anteriores mientras él me bebía. Pude darme cuenta en mi ensoñación de qué manera sorbía mis líquidos, traspasando las carnes, las vértebras, hasta el cerebro.

Se lo bebió todo hasta la desaparición. Luego se irguió hecho un hombre alto y fuerte y echó a caminar hacia el horizonte.

Ahora, desde dentro de él, apenas me atrevo a escribir este cuento.

De Seba

Sebastián González Rico

Más allá de los méritos y logros profesionales que ya todas y todos conocemos, me parece necesario destacar el carácter generoso y cariñoso que nutre su propia rareza, su infinita paciencia, y su apertura a las diferencias de las otras y los otros. Para mí, la buena persona que es con la gente que la rodea e interactúa es la mayor fuente de admiración y orgullo como su hijo.

Aprovecho esta instancia para expresar estas cosas que a veces uno no dice en la cotidianidad, y de agradecerle por su paciencia y constante cariño conmigo y mi papá.

Calidad científica y compromiso feminista[1]

María-Ángeles Durán

Soliloquio ante un papel en blanco:

las emociones y la ciencia amiga

A la democracia se oponen el pensamiento autoritario y los detentadores de privilegios, no solo de privilegios económicos, también simbólicos e intelectuales. El feminismo es, antes que nada, una posición política que aplica los valores democráticos a las relaciones entre mujeres y hombres. La democracia no es un valor de implantación universal: en sus mismos orígenes griegos dejó fuera a las mujeres y a otros grupos sociales; son incontables quienes han muerto por reclamar la democracia para sí o para sus pueblos.

¿Por qué extrañarse de que haya habido y siga habiendo lugares en que las mujeres que reclaman igualdad y democracia terminen en la cárcel o el escarnio, bajo la acusación de alborotadoras o pervertidas? ¿Por qué sorprenderse de que a sus reivindicaciones se les llame “ideología de género”, queriendo decir que sus ideas son falsas, inductoras a error? ¿Por qué esperar que los contextos científicos sean burbujas a salvo de los estereotipos?

A quienes están acostumbrados a separar tajantemente lo que piensan de lo que viven les provocan desasosiego las investigadoras y los investigadores que recurren a su propia experiencia como si fuera trabajo de campo, transitando sin discontinuidad entre el plano privado y el público, el personal y el político, el individual y el colectivo. A sabiendas de que la estructura interna de cualquier texto se tensa si juega simultáneamente con todos estos planos, y más aún si intenta dejar claro que lo que analiza es un proceso y no un resultado, de todo ello trataré en este artículo. Me hubiera costado poco trabajo evitarlo, dándole una redacción más estándar. Habría bastado dejarlo en un plano temporal indefinido, una especie de presente continuo estable, borrando además los “yo” y los “nosotras” para sustituirlos por los más académicos “se”. A pesar de eso, he preferido incorporar al texto porciones de mi propia memoria, poniendo en valor que durante más de medio siglo he sido sujeto pensante y sintiente en los estudios de género y espectadora atenta de cuantos cambios sociales ocurrían a mi alrededor.

Conozco bien la vida cotidiana en el entorno de la ciencia, ese sujeto abstracto que no siente ni piensa por sí mismo. A la ciencia la pensamos nosotras y nosotros, la sentimos nosotras y nosotros. Las investigadoras, los investigadores y las instituciones científicas. En nombre de la ciencia puede acometerse cualquier maravilla y cualquier horror.

No sé si algún día se convertirá en nuestra aliada, pero sin duda quienes construyen y utilizan la ciencia pueden resultar amigos o enemigos por el modo en que lo hacen. En demasiadas ocasiones se la ha utilizado como un arma para malinterpretarnos, ignorarnos o robarnos la memoria.

Cuando tropiezo con la indiferencia emocional de las burocracias académicas, la rigidez de los organismos e instituciones, el doble juego de parcelar el conocimiento para negar con una mano lo que se reconoce con la otra, me gusta imaginar que con la ciencia cabe el diálogo y las emociones. Sueño despierta con una ciencia que sea nuestra amiga, herramienta voluntaria en un proyecto ambicioso de innovación social. A veces, el sueño se ha convertido en realidad. Otras, el despertar ha sido un brusco y estrepitoso fracaso.

Los ismos y la ciencia universal

El conocimiento que ha llegado hasta nuestros días es parcial, como no puede ser de otro modo en una construcción humana. Con frecuencia, las perspectivas nuevas e innovadoras se etiquetan de tal modo que obligan a sus partícipes a encerrarse en un círculo muy pequeño que conlleva su exclusión del círculo grande en que se mueve la mayoría. No es opción sencilla, ni tiene un recetario igual para todo el mundo. Depende de las circunstancias y del modo en que se configuren las relaciones entre el entorno inmediato y el externo. Se trata de una cuestión individual y colectiva al mismo tiempo, estratégica y no solamente intelectual, en la que tan importante es la decisión sobre cómo y cuándo entrar como la de cómo y cuándo salir.

La presencia de sujetos diversos enriquece el conjunto de la investigación, sobre todo en las ciencias humanas. Pero la identificación casi exclusiva con un solo grupo, sea el que sea, conlleva el riesgo de apartarse de la corriente principal del pensamiento. La convicción y la firmeza son condiciones que aportan gran energía. La pertenencia intensa a un grupo reducido otorga a sus miembros protección y reconocimiento, encuentra eco en medios afines, y puede proporcionar una gran velocidad de aprendizaje en las primeras etapas. Sin embargo, tiene también otra cara menos amable; ni la certeza ni el convencimiento de la propia verdad son cualidades características de la investigación y la ciencia, pertenecen a otras actitudes y ámbitos del conocimiento. Las cualidades características del quehacer científico son, o han de ser, la duda y la búsqueda permanente de comprobaciones. Los círculos reducidos, visionarios, pueden traer consigo el comienzo del fin de un paradigma opuesto. Son elementos básicos para el choque entre ideas, pero corren el riesgo de excluirse de la realidad, de huir de la crítica externa, de refugiarse en núcleos dogmáticos bajo el riesgo permanente de la fagocitación y la escisión. Antes o después, las distintas corrientes de pensamiento tienen que reconocerse, vivificarse y fructificar conjuntamente, pero eso no sucede mientras se camina por sendas paralelas.

No siempre es necesario decir a gritos lo que se piensa. Lo que importa es contribuir a una ciencia universal que sea integradora de todos los conocimientos y todas las perspectivas. Asumo como parte de mi vida, naturalmente, que la ciencia que he heredado la construyeron principalmente los hombres, mientras a las mujeres se nos apartaba de la educación y teníamos prohibido el acceso a las universidades; pero lo que despierta mi pasión intelectual es precisamente lo que ha quedado como residuo de aquella ausencia y prohibición. Mi objetivo es neutralizar esa herencia sesgada y sustituirla por una nueva ciencia más abierta, más universal, más plural y en definitiva mejor y más rica. Con ese objetivo promoví y escribimos, hace ya varias décadas, aquel libro hermoso, esperanzado, pionero y colectivo que se tituló Liberación y utopía: la mujer ante la ciencia (Madrid, Akal, 1982). En cierto modo marcó la consolidación de los institutos de investigación de las mujeres en las universidades españolas. Sus objetivos, sintetizados en “Diez propuestas no utópicas para la renovación de la ciencia” ya se han logrado en parte porque son muchas y muchos, en todo el mundo, quienes hemos compartido una apuesta semejante. La utopía está ahora un poco más cerca y se puede aspirar con menos agobio a propuestas afirmativas y concretas.

Ahora ya no es tan frecuente la deriva hacia los ismos que hace unas décadas etiquetaban indebidamente de feminismo casi cualquier cosa relativa a las mujeres; en parte porque ha aumentado enormemente la producción explícita sobre feminismo, y en parte también porque el desarrollo de los estudios de género ha absorbido gran porción de la producción intelectual de ambos campos.

La asociación de adjetivos es una tarea intelectual arriesgada, un ejercicio de clasificación con más fondo y consecuencias de lo que parece a primera vista. La mayor parte de las investigaciones en campos experimentales que deciden aplicar una perspectiva de género se centran en la historia de su disciplina, que no es la disciplina misma sino los procesos sociales por los que se desarrolló. O tratan de llevar a cabo una sociología de su profesión, buscando las características socioeconómicas o de género que afectan a los ciclos de éxito profesional. En definitiva, trasladan algunos elementos de las ciencias sociales o las humanidades a una pequeña parcela de campos ajenos.

A diferencia de las experimentales, en las ciencias humanas sí suele quedar clara sobre lo estudiado la huella de quien lo observa, siendo la elección del objeto de estudio la primera y más importante evidencia de su huella. A la elección del objeto le sigue la elección del método para estudiarlo, y ambos procesos se influyen mutuamente. Muchos investigadores, sobre todo de las ciencias experimentales, creen que bastan estos elementos para negar la condición de ciencia a los saberes de las humanidades y ciencias sociales, por rigurosos que sean, condenándolos al estatuto de “no científicos”.

A qué llamamos economía

He sido espectadora privilegiada y también partícipe de la innovación que las mujeres han traído ya a las ciencias económicas, y con un poco de suerte espero ver transformaciones mayores que ahora se están gestando.

Todos manejamos acepciones diferentes de la palabra economía sin ser conscientes de sus diferencias. No hay dos manuales o diccionarios, en ninguna lengua, que ofrezcan la misma definición de la economía como disciplina científica. Aunque varían según épocas históricas y según el contexto en que se utilizan, los rasgos más frecuentes de la economía como ciencia son “que estudia la producción, distribución, consumo y acumulación de recursos escasos que son susceptibles de usos alternativos”. Lo esencial es la palabra escasez, por eso se ha dicho que la economía es la ciencia triste. Aunque al principio se ofrece una definición amplia, luego viene a decirse en estos textos que, puesto que existen múltiples recursos escasos que no se compran ni se venden (el agua es escasa, el aire es escaso), solo se tratará en adelante de los que tienen precio. Se produce de esa manera una fuga desde lo general, que son todos los recursos escasos, hacia lo particular, que son los recursos escasos y monetarizados que tienen precio y circulan de una u otra manera a través del mercado.

También se utiliza frecuentemente la palabra economía en otros dos sentidos: como un sistema general de producción (por ejemplo, cuando se habla de economía capitalista o economía socialista) y cuando nos referimos a algunas “actividades económicas”, por ejemplo comprar, vender, ahorrar, invertir o prestar. O, con una carga semántica más politizada, cuando se trata de cooperar, explotar, expropiar, desarrollar, distribuir, enriquecer, donar o compartir. Que una actividad se defina como económica depende de cómo se haya definido previamente la economía.

Si añadimos el adjetivo “feminista” a la primera definición de economía, estaríamos hablando de ciencia feminista, o sea, de ciencia económica feminista. En la segunda acepción, de un sistema de producción feminista. La tercera sería una actividad económica feminista. Para la primera, tendríamos que comparar el sistema productivo feminista con el capitalista, el socialista, el cooperativista, etc. ¿En qué se diferenciaría y cómo se relacionaría este sistema feminista alternativo de producción de bienes y de servicios con los restantes modos de producción? ¿Cómo se ingresaría en él, qué relaciones de intercambio, subordinación o cooperación generaría interna y externamente? Si utilizo el condicional, es porque no existen por ahora sistemas reales de producción feminista autosuficientes, con sus propias instituciones, sistemas de incentivos y sanciones. Ni siquiera, que yo sepa, hay precedentes en la literatura utópica del tipo de los experimentos literarios que antecedieron a los movimientos comunitarios socialistas, salvo quizá la antigua invención del reino de las amazonas, que hoy no sería aceptado como propuesta utópica por la mayoría de las mujeres feministas. Tampoco tengo certeza de qué actividades económicas podrían considerarse feministas, o ajenas a cualquier relación con feminismos y antifeminismos, aunque podría haber sólido debate sobre la dimensión económica de la reproducción biológica y social.

Por lo que se refiere a la ciencia económica feminista, una búsqueda exhaustiva de bibliografía aportaría también mucha variedad de definiciones. Pero si hiciéramos una síntesis de cómo la definen los autores (en su mayoría autoras), su rasgo principal es que se desarrolla en interés de las mujeres y desde las mujeres. Esta definición no da lugar a muchas discusiones pero el debate se ahondaría, y quizá se agriaría, si continuásemos añadiendo adjetivos o calificaciones. Existen, evidentemente, personas, grupos e incluso publicaciones que se autodenominan de economía feminista; pero también existen quienes no lo autoproclaman y sin embargo son así identificadas o identificados por sus colegas o por la opinión pública, para bien o para mal; y quienes tratan de definirse como economistas y/o como feministas, sin conseguir su reconocimiento en ninguna de las dos cosas por otros sectores de la investigación económica.

En la asociación entre las dos ideas, economía y feminismo, ha cuajado más la que convierte a la economía en sustantivo y al feminismo en adjetivo, pero también ha habido influencia en la dirección contraria; se trata del feminismo económico, la corriente del feminismo que se caracteriza por destacar los aspectos económicos que subyacen en la desigualdad entre hombres y mujeres. En este feminismo caben muchos gradientes de intensidad, es poco llamativo y está muy expandido. No levanta titulares ni genera fotos de impacto pero va calando hondo en la opinión pública y en el sentir general, gota a gota y cifra a cifra.

La institucionalización de la economía feminista

Hay dos modos de definir una disciplina académica: o analíticamente, o rastreando lo que hacen quienes participan en ella. En ese empeño es habitual que se trate de identificar a los “padres fundadores”. Sin embargo, la búsqueda de las paternidades intelectuales choca con algunas características de los movimientos de mujeres, que históricamente proceden de una maternidad prolongada en el tiempo (concepción, gestación, alumbramiento, crianza y largos años de cuidados) y una cultura en que la individuación les estaba vetada. Entre el reconocimiento de las genealogías, las autoridades y la ética de lo colectivo laten sutiles tensiones y desencuentros.

Las disciplinas se institucionalizan cuando logran estabilidad, reconocimiento externo, instituciones propias y medios de expresión. Puede medirse la institucionalización de la economía feminista por la aparición de órganos de expresión tales como asociaciones profesionales o publicaciones periódicas. Eso no significa que no existieran aportaciones importantes del feminismo a la economía desde mucho antes de que tales asociaciones o publicaciones aparecieran. Ni que todo el pensamiento feminista relacionado con la economía surja en el entorno de estas consolidaciones organizativas o exista una relación de autoridad entre un movimiento social e intelectual tan amplio y algunas de sus expresiones más visibles e institucionalizadas.

Es llamativo que ninguna otra ciencia social o humana (como la sociología, la historia, el derecho, la filosofía, etc.) se haya vinculado con tanta fuerza con el calificativo de feminista como la economía. No se debe a que esta disciplina sea más proclive a aceptar los postulados del feminismo y a integrarlos en sus paradigmas dominantes, sino lo contrario. Precisamente por pretender acercarse a la condición de ciencia-ciencia y negar sus bases sociales y políticas, la economía rechaza más que otras disciplinas próximas la ideología que subyace en ella, favoreciendo que la corriente crítica feminista construya y demarque un territorio propio y escindido.

La International Association for Feminist Economics (IAFFE) surgió como un grupo de discusión dentro de la American Economic Association (AEA). En 1992 la IAFFE se constituyó como asociación, y en 1997 obtuvo estatus de ONG consultiva ante el Consejo Social y Económico de las Naciones Unidas, lo que le proporcionó una excelente resonancia internacional. En 2017 tenía 600 socias y socios en 64 países, en su mayoría economistas pero no exclusivamente. Para dar idea de comparación, la AEA tenía 20.000 miembros, y el Colegio de Licenciados y Doctores en Economía de Madrid, 8.000. En abril de 2020, en medio de la pandemia de COVID-19, la IAFFE reunía vitalidad suficiente para convocar una gran conferencia virtual en la que se expondrían aportaciones sobre la perspectiva económico-feminista de la pandemia, su impacto macroeconómico, las políticas económicas, las desigualdades en el Sur global y los grupos racializados y marginalizados.

En cuanto a las publicaciones periódicas, una de las entidades que más ha influido en el panorama internacional en la definición de la economía feminista, tanto conceptualmente como por sus prácticas, es la revista Feminist Economics, iniciada en 1995, ubicada en Houston en la Universidad de Rice, publicada en inglés, impresa y con acceso online para socios. Por sus objetivos puede reconstruirse una definición generalmente aceptada de qué es o qué contiene la economía feminista, al menos al nivel de las aspiraciones. En traducción casi literal de su web, su objetivo es expandir el pensamiento feminista a los temas económicos que afectan a la vida de “niños, mujeres y hombres. Examina la relación entre género y poder en la economía, así como la construcción y legitimación del pensamiento económico, aportándole una visión histórica, cultural y metodológica, incluso cuando no se refiera directamente al género. Promueve la perspectiva internacional e interdisciplinar”.

Del comité de directoras y directores asociados de la revista, catorce están radicados en Estados Unidos, dos en Canadá y uno en cada de los siguientes países: España, Austria, Alemania, Suiza, Holanda, Turquía, Australia y Ghana. Predominan los artículos breves, y contiene también una sección de revista de libros. La media es de 34 artículos publicados al año. La presencia de estudios sobre países de lengua castellana, lusa o francesa es escasa, lo mismo que el uso de fuentes que utilizan esas lenguas. Así como el consejo de directoras y directores asociados es muy mayoritariamente estadounidense, la revista pretende dirigirse a una audiencia internacional y los artículos publicados se refieren por enorme mayoría a países en desarrollo.

Del breve análisis de la producción de 2014-2016 (103 artículos) que he realizado expresamente para este estudio, resulta que el 90% de los artículos están firmados por mujeres. El 80% tratan de temas directamente relacionados con women o gender en países en desarrollo, generalmente sobre cuestiones muy particulares y de actualidad. Entre otros, hay artículos de alcance regional, junto a los específicos sobre Bangladesh, Irán, India, Uganda, Sudáfrica, Costa Rica, Brasil, Sierra Leona, Ghana, Kenia, Madagascar, Corea, Nigeria, Etiopía, Tanzania, Ruanda, Malawi, China, Nepal, Irán, Palestina, Israel, Chad. El resto se refieren a Estados Unidos, Italia, España, Noruega, Unión Europea y Australia. El tema de la propiedad y el acceso a la tierra está muy presente, lo mismo que el impacto de algunas leyes o programas sociales sobre el acceso al mercado de trabajo y los salarios. También tienen una presencia mayor que en otras revistas de economía los análisis sobre la conexión entre religión (principalmente sobre el islam) y organización económica. Pocos artículos se dedican expresamente a cuestiones teóricas o metodológicas, aunque eso no quiere decir que no sean objeto de estudio. Al cubrir un espectro tan amplio de temas y países que los lectores desconocen, la capacidad crítica respecto de su contenido y contexto ha de descansar muy profundamente en los pares que realicen el filtro previo. Para los próximos números se prevé dar cabida preferente a artículos sobre ecología, trabajadores sexuales, sostenibilidad y cuidado. En el volumen más reciente (enero de 2020), de los siete artículos principales cinco estudian temas con una ubicación territorial clara (dos sobre Estados Unidos, uno sobre Turquía, India, Etiopía) y otros dos ponen el acento en las intersecciones entre economía y reproducción. Ni esta revista ni la asociación antes citada son las únicas entidades de institucionalización de la corriente llamada “economía feminista”, pero son sin duda las más activas y visibles.

En el siglo XXI, la comunicación online ha desplazado a los textos sobre papel. Las redes sociales son más influyentes que las cátedras. Es el tiempo de la velocidad, de los públicos masivos, de los canales de distribución, internet, las TIC y los índices de impacto. Las corrientes intelectuales que no naveguen en estas corrientes tecnológicas y mediáticas apenas podrán subsistir, su recuerdo se borrará como si no hubieran existido. Por eso la prensa y demás medios de comunicación juegan un papel decisivo, otorgan reconocimiento y existencia.

Por poner un ejemplo, la revista The Economist ha dicho en un titular: “La economía feminista se merece el reconocimiento como una rama diferenciada de la disciplina”. No por casualidad fue en marzo de 2016, un mes propicio a que los medios hablen de mujeres, y el artículo que le seguía era amable y ligero. Comenzaba recordando una frase dirigida a las mujeres por Alfred Marshall, el autor decimonónico del influyente libro Principios de economía (1890), que advertía a las mujeres que estaban tratando de incorporarse al mercado de trabajo: “Si compiten con nosotros, no nos casaremos con ustedes” (“We shan’t marry you”). A finales del siglo XIX, y en Inglaterra, el matrimonio significaba algo muy distinto a lo que hoy significa; la frase merecería por sí sola una tesis para desentrañar cuánto latía en ella de amenaza, de tomar la iniciativa en la represalia, de retirar la protección de un nombre, un estatus, un hogar, unos hijos.

Esa cita, y la de Paul Samuelson en su famoso Curso de economía moderna (1945, con tantas ediciones posteriores que le convierten en el libro de economía más vendido de la historia), “si se casase con su cocinera, el producto interior bruto descendería”, forman parte del anecdotario que los medios de comunicación manejan profusamente para ilustrar las diferencias de género entre una concepción de la economía restringida al mercado y otra que incluya los recursos no monetarizados del cuidado. Sin embargo, es raro que los medios de comunicación se aventuren más allá de unas cuantas citas famosas o algunas cifras dramáticas para ilustrar las consecuencias de un cambio drástico de perspectivas sobre qué es economía y cómo afecta a las políticas públicas.

En una época tan sometida a la imagen como la actual, la imagen del feminismo la crean y destruyen los fotógrafos de prensa tanto o más que las asociaciones profesionales o los libros. Los torsos desnudos de las jóvenes de la agrupación ucraniana Femen mientras reclaman el derecho sobre su cuerpo, las coreografías de “Un violador en tu camino” o, por antítesis, la canción ofensiva y retuiteada del humorista Zorman sobre “Las feministas modernas” (El País, 8 de diciembre de 2016) se ganan con creces la noticia, la fulguración del día.

En tanto que corrientes separadas del mainstreaming –o, por decirlo con palabras más gratas, autónomas–, las corrientes minoritarias conquistan visibilidad al precio de la heterodoxia y, en el peor de los casos, la animadversión. A medida que se integran o son aceptadas, lo que es siempre un objetivo implícito del pensamiento innovador, pierden visibilidad y corren el riesgo de diluirse hasta perder sus características originales. Sucede en todas las disciplinas y también se aplica a la economía feminista. La lucha por la incorporación al mainstreaming fue objetivo explícito de las agendas nacionales e internacionales para la igualdad de la mujer durante las décadas del cambio de siglo, lo mismo que hoy continúa siéndolo la incorporación a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 20-30 (2020-2030).

Una pareja inestable: calidad científica y compromiso feminista

Ya he dicho que el feminismo es la aplicación de los valores democráticos a la relación entre mujeres y hombres. A partir de esta raíz común, el feminismo se ramifica. No hay un feminismo único, sino feminismos. Como movimiento social que se dirige directamente a más de la mitad del género humano, no excluye a quien quiera acompañarle. Precisamente por su amplitud, es inevitable que sufra tensiones internas, luchas por el poder y contra el poder, minorías que se autodefinen como vanguardias, infiltraciones y golpes de mano organizativos, coaliciones y mecanismos de exclusión, dispersión territorial, alianzas y guerras puntuales con otros movimientos sociales. Su historia arrastrará episodios de éxitos parciales, expansión, debilitamiento de ideales originarios, escisiones y redefinición de objetivos por grupos diferenciados.

En las encuestas sobre identificación política, la mayoría de la gente se autodefine por el eje de derecha/izquierda, por el partido al que vota o por la identificación territorial. Por poner un ejemplo, el feminismo solo es citado como primer elemento de autoidentificación política por un exiguo 2% de la población en España (estudio Nº 2.831, CIS). En términos parlamentarios diríamos que no alcanza para tener grupo propio pero, a diferencia de otras identificaciones, el feminismo en sus diferentes grados y acepciones es compatible con buena parte del espectro político y a tenor de las encuestas podría interpretarse que la población le otorga un considerable respaldo, al menos en sus actitudes manifiestas.

No obstante, si por feminismo se entiende la identificación con grupos organizados que se definen por ese nombre, y más aún si de lo que se trata es de la pertenencia a esos grupos, la proporción de adhesión al feminismo desciende considerablemente. Gran parte de las críticas expresas al feminismo vienen de quienes le atribuyen como rasgo esencial estar “en contra de” y no “a favor de”. Cuantas más etiquetas se cuelgan del feminismo, menor es la aceptación que lo respalda, y el número de etiquetas potenciales es infinito.

No existe una cifra fidedigna sobre qué proporción de la investigación científica la desarrollan investigadores cuyas actitudes pudieran corresponderse con el feminismo, o lo contrario. Ni cuántos son miembros de organizaciones feministas, ni cuántos son estables en sus actitudes o cambian de posición según convenga en la coyuntura. La adhesión a un movimiento organizado no es asunto de todo o nada. ¿Qué condiciones ha de requerir un investigador o investigadora para que se le considere, para bien o para mal, como feminista? ¿Ha de ostentar cargos, carnets, pago de cuotas, asistencia a reuniones, a manifestaciones, a encierros, recogida de firmas, asistencia a foros, o solo colaboraciones puntuales, tal vez simple simpatía? ¿Cómo traslada sus actitudes o valores políticos a su propia producción intelectual? ¿Son coherentes con la práctica cotidiana? ¿Se traslucen claramente o permanecen invisibles, solo revelados ante los íntimos o en circunstancias propicias?

Tanto la calidad científica como el compromiso feminista son variables que pueden situarse en un eje, de mayor a menor. Por ejemplo, entre cero y cien puntos. En ambas existen extremos y puntos intermedios. Si se simplificase para hacerlo más nítido, de su cruce resultaría un esquema con solamente cuatro posiciones: A, B, C y D. Corresponden al grupo A algunas y algunos buenas investigadoras y buenos investigadores que son feministas; o, dicho de otro modo, algunas y algunos feministas que también son buenas y buenos investigadores e investigadoras. En la diagonal opuesta, que se corresponde con D, caerían algunas y algunos investigadores que hacen mala investigación y son tan poco feministas por sus valores o actitudes que podría llamárseles antifeministas; a la comunidad científica le corresponde no pasar por alto la mala ciencia, porque mina al resto. Estos dos grupos extremos antitéticos, nítidos, son minoritarios porque la mayoría de la gente y de los investigadores se sitúan fuera de esos cuadrantes; predomina la tibieza y el aurea mediocritas, tanto en la calidad con que se realiza el trabajo como en el compromiso asumido respecto de ideas y valores. A esa tibia mayoría pertenecen los grupos B y C. En el grupo B caben las investigadoras y los investigadores que hacen buena ciencia y no son feministas.

¿Se puede hacer hoy buena ciencia sin ser feminista o, más exacerbadamente, siendo machista? Cada vez son más conocidas las influencias de la estructura social y de las propias organizaciones científicas sobre el tipo de investigación que se potencia, los métodos de investigación que se eligen, y también es mayor la presión para no desviarse en exceso de lo políticamente correcto. En las ciencias sociales y humanas, en las que el objeto de la investigación son (somos) mujeres y hombres, es difícil hoy en día que un antifeminismo rotundo no se traduzca en mala investigación, por la excesiva cerrazón a los temas y a las metodologías, por no escuchar seriamente a las personas investigadas. Pero, incluso en estos campos, hay especialidades en las que el sujeto es poco social y la necesidad de estar atento a los sesgos de género no resulta tan obvia.

Fuera del campo de las ciencias humanas y sociales, el riesgo de contagio de las actitudes de género de la investigadora o el investigador sobre el objeto y desarrollo de su trabajo es menor. No tan pequeño como algunos creen, porque todos los procesos de conocimiento son procesos sociales, pero sin duda menos intenso que en las ciencias sociales y humanas. Tampoco todas las ciencias naturales, experimentales o las que se estudian en las universidades politécnicas son iguales en esta cuestión. Por ejemplo, en medicina y en arquitectura es más fácil deslizar una posible contaminación actitudinal que afecte el contenido de lo que se investiga que en matemáticas o química.

En cuanto al grupo C –por mera probabilidad estadística, es inevitable que exista–, ninguna actitud política, por encomiable, detestable o voluntariosa que sea, garantiza a sus miembros el rigor y la eficacia cuando investigan, ni les inmuniza frente a las malas prácticas profesionales. La “iluminación” o la “revelación”, lo mismo que la ética y la épica, no pertenecen al terreno de la investigación científica, aunque no sean incompatibles con ella. Todas las comunidades que se identifican con un ismo, un valor o forma de ver la vida desearían que sus miembros jamás incurriesen en conductas o actitudes que no gozan del respeto y aprecio del conjunto de la comunidad, pero ninguna se salva de ello.

Igual que en cualquier otro tipo de comunidad, en las comunidades científicas existe la tentación de autoprotegerse negando los desvíos, no dándose por enterados, o en el mejor de los casos fomentando el control y la autoexigencia interna. En la historia de la ciencia son famosos algunos errores, por ejemplo en biología, en geografía, en astronomía (¡ay, Galileo: condenado por desobedecer las órbitas de los planetas!) o en botánica, que perduraron en exceso porque chocaban con creencias profesadas por comunidades religiosas o políticas. Al feminismo también se oponen algunos detractores gratuitos, que le niegan el pan y la sal en todas sus actuaciones. Le acusan de producir en bloque conocimiento falso o, en un nivel menor de denigración, conocimiento superficial y de baja calidad, poco depurado, sesgado por el afán reivindicativo. A veces las acusaciones provienen de grupos de mujeres investigadoras o docentes, que convierten a su conveniencia en ridícula caricatura lo que debiera ser el análisis serio de un movimiento social complejo. Incluso, tales parodias se cuelan a veces en sitios inesperados, como revistas u organismos de investigación científica, por lo que resulta más difícil detectar lo que se esconde tras tan respetable apariencia. Pero no es aquí el momento para ahondar en lo que dicen estas descalificaciones y en su refutación; por una parte sería ofrecerles publicidad inmerecida y por otra parte produce demasiado cansancio desmontar uno a uno las decenas de tópicos que se acumulan para utilizar como proyectiles cuando no se dispone de argumentos más sólidos.

Solo subrayo lo contrario; aunque eso no le exima de buscar la calidad científica y de reconocer que no siempre y en todo momento lo consigue, el feminismo en su conjunto es un gran revitalizador intelectual que aporta innovación y profundidad en todos los campos en que se proyecta.

Feminismos en América Latina: historia y perspectivas

Dora Barrancos

Los feminismos brotaron en la región latinoamericana al clarear el siglo pasado. En todos los países se crearon organizaciones de mujeres, algunas esmirriadas y otras algo más robustas, pero inauguraron un trazado notable, la lucha por adquirir los derechos que las equipararan a padres, hermanos y maridos. El siglo XIX había sido de enorme retroceso para la condición femenina, toda vez que el patriarcado se había hecho más sólido, más enérgico, más invasivo y por consiguiente más dominante. Peculiar circunstancia la del tránsito fáustico a la modernidad en que “todo lo que es sólido se disuelve en el aire” –según la célebre asertiva de Marx–, pero que muy lejos de socavar el sistema de subordinación de las mujeres, por el contrario, se agigantó con notas exacerbadas.

El nuevo marco jurídico que inauguró el orden republicano bajo la dominación burguesa constituyó una formidable argamasa de conculcación de derechos de las mujeres con el encuadramiento de la inferioridad jurídica. La incapacidad relativa, con que el derecho sancionó a los sujetos femeninos, fue una vuelta atrás. No faltaban, en el nuevo derecho privado, las hebras que restablecían la potestad superior del pater familias tal como la había consagrado la antigua concepción romana. El orden patriarcal fue holgadamente autorizado por la ciencia, que corría las oscuras fronteras para dar paso a la intervención racional, y nuevos estatutos disciplinarios, como la historia –que se tornaba científica–, ensanchaban aun más el sometimiento. La enorme mayoría de los enunciados, en muy diferentes dimensiones de la vida social y cultural, aseguraba que mujeres estaban apegadas esencialmente a la naturaleza, que la procreación y el cuidado de la prole eran su (único) formidable aporte, y este principio se acrisoló al punto de inhibir su presencia en las actividades públicas. El trabajo extradoméstico quedó desautorizado por la falta de legitimidad pues el orden burgués retrajo de tal modo a las mujeres en los hogares que se constituyó en una circunstancia preceptual, irradiada a todos los grupos sociales. Numerosos trabajos historiográficos refieren los cometidos patriarcales entre las clases trabajadoras, la casi intolerancia al trabajo fuera de la casa que se observaba en los obreros, especialmente entre los de mayor calificación –esa formación que Eric Hobsbawm (1978) señaló como “aristocracia obrera”– y que solo lo admitían por extrema necesidad (Stearns, 1972). Seguramente fueron más consentidos los desempeños a destajo de las mujeres en sus propios hogares, las tareas interminables como modistas, costureras, aparadoras de calzado, aunque este régimen laboral lesionara más su salud y la de la familia. Debe imaginarse el hacinamiento en hogares nada espaciosos y muy poco ventilados, con niños expuestos a toda suerte de contaminaciones. En fin, las clases obreras espejaban en buena medida los valores y las prevenciones de la burguesía respecto de lo que debían o no hacer las mujeres.

La reacción femenina fue colectiva y más enérgica a medida que avanzaba este siglo constrictor, pero solo pudo encontrar fortaleza de conjunto a fines de la década de 1840 cuando en diversos lugares se alzaron las voces del reclamo y la reivindicación. El hito fundador se ha fijado en la notable asamblea de Seneca Falls de 1848, con precursoras como Lucretia Mott, Lucy Stone, Elizabeth Cady Stanton, Susan B. Anthony –para señalar figuras emblemáticas de las luchas inaugurales en Estados Unidos–. Pero en el continente también hubo trajines en pro de la conquista de prerrogativas, como ocurrió con las francesas que iniciaron la Asociación para la Mejora de la Educación de las Mujeres, entre las que se destacan André Léo y Paule Mink, unos años más adelante, y en Inglaterra con las fundadoras de la National Society for Woman’s Suffrage (NSWS), entre las que se destacaba Lydia Becker en la misma época, finales de la década de 1860. Al finalizar el siglo, diversos movimientos de mujeres incorporaron su identidad bajo el “feminismo”, propuesto por la singular militante francesa Hubertine Aucler.[2] La ola feminista fue adentrándose en nuestra región a inicios del nuevo siglo, contando con algunos prolegómenos relacionados con la condición subalterna de las mujeres. En efecto, debe pensarse en un cierto anacronismo por el cual la codificación civil que sancionaba la incapacidad relativa se plasmara tardíamente en los países latinoamericanos en la segunda mitad del XIX, cuando en verdad ya se había despertado la conciencia acerca del sometimiento femenino.

En la mayoría de los países, los primeros movimientos reivindicativos feministas surgieron entre 1910 y 1920. Las sociedades latinoamericanas incorporaron el feminismo según las condiciones contextuales de cada país y su desenvolvimiento a lo largo del siglo no significó un movimiento masivo, numéricamente expresivo, como ha sido la historia del movimiento obrero. Esta es una circunstancia peculiar que debe abordarse; aunque las mujeres han sido y siguen siendo más de la mitad de la población, el movimiento que las aglutinaba no contó con una adhesión de proporciones, aunque en los días que corren está cambiando la composición numérica de los movimientos feministas y se está alterando notablemente la antigua fisonomía con limitado cupo de adherentes. Como he expresado en otro lugar (Barrancos, e/p), aunque la identificación con el feminismo ha sido módica en todas las sociedades, no cabe duda de que en la actualidad se ha multiplicado notablemente la empatía, ha aumentado de modo exponencial el número de mujeres que tal vez no se rotulan de modo contundente como “feministas”, pero los cambios de actitud y sobre todo las transformaciones singulares de sus subjetividades resultan una renovación de la trama de las relaciones de género en nuestras sociedades latinoamericanas. En algunos países por primera vez los feminismos están constituyendo un fenómeno de masas; tal vez sea la gran transformación a la que se asista en este siglo en el que arrecian los combates contra el sistema patriarcal. Pero volvamos a la fase inaugural.

En el primer ciclo de desempeño, la mayoría de las adherentes al feminismo se reclutaron en el grupo de las letradas, entre aquellas que ejercían el magisterio, o se dedicaban a las letras, al periodismo o conquistaron alguna profesionalidad gracias a la débil apertura que les abrió la vida universitaria. Por lo general, provenían de las clases medias y no han faltado integrantes de la elite de nuestras sociedades, y a veces –aunque de modo más raro– se incorporaron a las luchas feministas mujeres que pertenecían a las clases trabajadoras. En gran medida correspondían a las poblaciones blancas, a veces mestizas, pero es muy difícil encontrar a representantes indígenas en el primer ciclo de expansión. No obstante, hubo excepciones, como consignaré más adelante. La agenda inicial se centró en las siguientes cuestiones fundamentales, a saber: conquistar la igualdad jurídica, los derechos políticos, los beneficios de la educación y el reconocimiento de los valores del maternaje con la debida protección de las madres y la prole. Deseo detenerme en esta circunstancia, la de la maternidad, una nota dominante en la enorme mayoría de los cauces feministas, y no solo de la región. El hecho de que las adeptas subrayaran su condición reproductora tenía mucho que ver con las prescripciones sociales infranqueables acerca de ese destino, y desde luego en la interiorización que habían hecho de este. Disuadir acerca de este cometido no se vislumbraba, salvo en las decisiones de algunas mujeres díscolas o en las que propagaban la ideología que abogaba por severas rupturas del orden social y jurídico.

El imperativo maternal estaba tan resueltamente encarnado en las concepciones que una renuncia equivalía a abrir un abismo en la propia naturaleza. El maternaje como exaltación podía ser notablemente coadyuvante en la procura de derechos, y era en esa clave que había que reclamar. No puede sorprender que las mujeres que se dispusieron a enfrentar el sino de la obligatoriedad de parir no adhirieron al feminismo categorial de la procura de derechos formales. En efecto, fueron las militantes anarquistas las primeras en sostener que había que reaccionar a la maternidad forzada y que se imponía una procreación racional. Desde luego, la alternativa de la radicalidad anarquista en la materia se nutría de las tesis malthusianas que sostenía que el crecimiento exponencial poblacional significaría la imposibilidad de la subsistencia dada la limitada sustentabilidad de la producción alimentaria. A esta fórmula temeraria se unió otra receta que hizo un camino arrollador, la prescripción eugénica preocupada en evitar por todos los medios la degeneración de la especie, la procreación entre enfermos, débiles y defectuosos que disminuiría la fuerza de la “raza humana”. Ambas vertientes fueron adoptadas ampliamente por muchas agencias, pero de modo particular por quienes cultivaban el ideario anarquista, de modo que sus simpatizantes se encargaron de difundir técnicas y métodos anticonceptivos sobre todo a partir de la década de 1920.

Tal como he señalado (Barrancos, e/p), más allá de las diferencias que presentan los movimientos feministas en cada uno de los países de la región, hay un amplio ciclo que va desde su germinación en las décadas de 1900-1920 hasta los años 40; luego sobreviene un cierto estancamiento al que siguió un reflorecimiento en los años 70, con un cambio notable de la agenda que se observa sobre todo en el desempeño de las décadas de 1980 y 1990. Las manifestaciones feministas de estas décadas forjaron cambios sustanciales en los imaginarios sociales y en las normativas legales en correspondencia con las conceptuaciones y el ímpetu antipatriarcal de la denominada segunda ola, cuyo inicio tuvo lugar a mediados de los años 60. Estoy de acuerdo con caracterizar como un nuevo ciclo –una tercera ola– a las movilizaciones y los avances relacionados no solo con las mujeres sino con las agencias por las prerrogativas de las disidencias sexogenéricas, en la primera década del actual siglo. Es notable la constelación de demandas que provienen de los feminismos en buena medida asociados a las exigencias de pleno disfrute de la ciudadanía que exigen las organizaciones LGTTIBQ (la sigla está en perpetuo cambio), lo que ha permitido acciones comunes con la superación de escollos y malentendidos. Se trata de un tercer ciclo también por la eclosión de las manifestaciones feministas poscoloniales y sus reclamos de que las mujeres de los pueblos originarios y las afrodescendientes emprendan luchas e interpretaciones propias fuera de los formatos hegemónicos en buena medida portadores de huellas académicas.

Recorreré en brevísimas síntesis la historia de algunos feminismos regionales, pero por razones de espacio haré una selección de países, a saber: México, Costa Rica, Venezuela, Chile y Argentina. México ha sido una cuenca inaugural por varias razones, pero especialmente por su cercanía con el territorio norteamericano cuyas feministas han tenido influencia, y muy especialmente por la circunstancia de la revolución desatada en 1910, que entre sus conmociones permitió que afloraran las consignas reivindicativas de las mujeres. Una de las forjadoras fue Hermela Galindo, quien abogó por los derechos de las mujeres desde su inscripción “constitucionalista”, una de las fuerzas revolucionarias que respondió al liderazgo de Venustiano Carranza. En Yucatán se realizaron célebres congresos feministas en 1916, con participación de muchas mujeres donde hubo acuerdos y disidencias. Entre las organizaciones que bregaron por los derechos civiles y políticos se encuentra el Consejo Feminista Mexicano, aunque solo actuó entre 1921 y 1925, y la Sección Mexicana de la Liga Panamericana de Mujeres, que reunió a destacadas feministas, sección que adhería a los empeños de la National League of Women Voters (NLWV) de Estados Unidos de América, cuyo objetivo era empinar la lucha por el sufragio. En 1922, representantes de ambos organismos asistieron a la Conferencia de Baltimore, convocada por la National League. Una figura muy singular fue Elena Arizmendi quien, aunque radicada en Estados Unidos, no dejó de actuar en la escena de su país y promovió, tal vez de modo precursor, una concepción y actuación propia de las mujeres latinoamericanas, una reacción a la NLWV, a través de la Liga Internacional de Mujeres Ibéricas e Hispanoamericanas. En los años 30 hubo organizaciones feministas más a la izquierda y se destacó el Frente Único de los Derechos de la Mujer que desde un cauce marxista se inició en 1935 demandando derechos para las trabajadoras y campesinas. Entre sus militantes se destacaron Ofelia Domínguez Navarro y Matilde Rodríguez Cabo que propusieron, en 1936, la despenalización del aborto más allá de las causales de violación y riesgos de salud que no eran punibles en la mayoría de los estados mexicanos. México tuvo una representante al frente de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), creado en 1928 en una de las conferencias panamericanas que luego derivaría en la fundación de la OEA. En la década de 1940 la CIM fue presidido por Amalia González Caballero de Castillo Ledón, quien no se caracterizara por la radicalidad feminista, pero fue animadora de las acciones por la obtención del sufragio. El renacimiento del movimiento feminista mexicano se produjo al finalizar la década de 1960, momento de surgimiento de la “segunda ola” que llegó de modo expresivo a ese país, atravesado por circunstancias graves como la conocida represión de Tlatelolco (1968) donde murieron más de un centenar de personas. La insurrección feminista fue creciendo y surgieron numerosos colectivos, como el Movimiento Nacional de Mujeres, el Movimiento Feminista Mexicano, Mujeres en Acción Solidaria, el Movimiento de Liberación de la Mujer, La Revuelta, el Colectivo de Mujeres, el Grupo Lesbos, la Coalición de Mujeres Feministas. En 1975 México fue la sede de la Primera Conferencia Mundial de las Mujeres (ONU) y motivo de numerosos debates, con manifestaciones muy diversas. No faltaron los desencuentros ni las escisiones, uno de cuyos efectos fue la creación en 1979 del Frente Nacional por la Liberación y los Derechos de las Mujeres. Fue a mediados de esa década cuando surgió Fem. Publicación feminista trimestral, sin duda un acontecimiento para toda la región pues constituyó un alimento sustancial para las feministas de América Latina. Alaíde Foppa, Margarita García Flores, Elena Poniatowska, Elena Urrutia, Lourdes Arizpe, Esperanza Brito de Martí y Marta Lamas integraron Fem, y muchas la impulsaron durante casi treinta años. Los cambios de las últimas décadas del siglo pasado e inicios del presente han sido de vorágine, pero debe decirse que en México se edita una de las publicaciones más importantes del feminismo regional. Me refiero a la revista Debate Feminista, que por muchos años fue sostenida por Marta Lamas y que ahora tiene sede en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En todos los países centroamericanos hubo desarrollos feministas, pero focalizaré en Costa Rica ya que es una cuenca singular por el desarrollo del feminismo en torno de luchas antidictatoriales y por su articulación a lo largo de las épocas. La participación de mujeres fue decisiva en el derrocamiento de la dictadura de Federico Tinoco en 1919. Debe recordarse que esta dictadura oligárquica fue confrontada por docentes y por el estudiantado femenino de San José, y que entre las protagonistas se destacaron algunas mujeres, entre ellas Carmen Lyra, que luego se destacaría como pedagoga y escritora, y como militante comunista a partir de la creación del partido en 1931. Otra figura femenina de la gesta que derrocó a Tinoco fue Ángela Acuña, una voz adelantada en materia de demandas para las mujeres. Años más tarde, en 1925, resultó la primera abogada del país, y tuvo que vencer numerosos obstáculos hasta ser aceptada en la Escuela de Derecho. A ella se deben dos publicaciones que agitaron los derechos de las mujeres costarricenses, El Fígaro, y más tarde Mujer hoy. Junto con Lyra y Acuña se encontraban Matilde Carranza, Victoria Madrigal, Vitalia Madrigal, Esther de Mezerville, María Ortiz, Teodora Ortiz, Ester Silva y Andrea Venegas. Este conjunto en gran medida se inscribió en la lucha por los derechos de las mujeres a la que también aportarían Sara Casal, Ana Rosa Chacón y Marian Le Cappellain. Hacia fines de la década de 1930 tuvo lugar el Primer Congreso Femenino Centroamericano de Educación que reunió a numerosas representaciones. En esta década las agencias feministas se manifestaron en nuevas campañas para la obtención del sufragio, tal como ocurrió en 1931, 1932, 1934 y 1939. En 1948 estalla la guerra civil y se impone José Figueres Ferrer con diversas formas de represión al comunismo, que significaron exilios de militantes. En 1949 se sanciona el voto de las mujeres, y se inicia un curso de retracción de las demandas. En los años 60 y 70 no faltaron agencias propulsoras de los derechos; deben recordarse Acción Femenina de Evolución (AFES) y el Movimiento Femenino dentro del Partido de Liberación Nacional. Más ligados al ideario feminista fueron el Centro Feminista de Información y Acción (Cefemina) y la Asociación de Desarrollo Económico Laboral Femenino Integral (Asodelfi). Pero el reverbero más intenso ocurrió en la década de 1980, como en buena parte de las experiencias de la región, momento en que resurgieron con fuerza diversos organismos –algunos de carácter académico–, tales como el Movimiento por la Liberación de la Mujer, el Centro Pro Mujer o Asociación Colmena, el grupo Ventana, la Organización de Mujeres Carmen Lyra (OMCAL), el Colectivo Pancha Carrasco, el Grupo Germinar, el Grupo Lésbico Feminista Las Entendidas, el Comité Nacional contra la Violencia de la Mujer, Mujeres Unidas en Salud y Desarrollo (Musade), el capítulo de la Liga Internacional Pro Paz y Libertad (Limpal), el segmento local del Comité Latinoamericano de Derechos de la Mujer (Cladem). La agenda feminista tuvo una significativa renovación, como ocurrió en los países ya abordados, pues se manifestaron las denuncias sobre violencia, se reclamó por la discriminación en todos los órdenes y se abogó por el reconocimiento de la sexualidad lésbica.

En Sudamérica todas las naciones asistieron a surgimientos feministas al iniciarse el siglo XX, pero pinzaré el recorrido realizado por las activistas en Venezuela. El largo período de la dictadura de Juan Vicente Gómez, quien perpetró un golpe en 1910 que solo culminó con su muerte en 1935, tiene que ver con la demora hasta 1920 del desarrollo del feminismo en ese país. A fines de la década de 1920 surgió la Sociedad Patriótica de Mujeres Venezolanas cuya composición revelaba un buen número de feministas como Carmen Clemente Travieso, una de las primeras mujeres en ganarse la vida como periodista. Otra figura de la Sociedad fue Isabel Jiménez Arráiz, escritora feminista que al igual que Carmen se orientó hacia el comunismo, y otro tanto ocurrió con Margot García Maldonado. El fin de la dictadura de Gómez abrió un ciclo de muchas tensiones pero no impidió la organización de mujeres. En la década de 1930 surgió la Asociación Venezolana de Mujeres (AVM) y la Asociación Cultural Femenina (ACF). La AVM se destacó por la realización de tareas asistenciales y se le debe la Casa de Atención Prenatal, la creación de jardines de infancia y de algunas casas cuna. Pero también esa Asociación fue impulsora de la Biblioteca Femenina Venezolana y manifestó interés por la sanción de derechos femeninos. Formaban parte de la ACF un conjunto bastante numeroso de mujeres liderado por la ya mencionada Carmen Clemente Travieso, a la que acompañaban antiguas y nuevas adherentes como Ana Senior, Cecilia Pimentel, Eumelia Hernández –quien provenía de la vida sindical–, Estela Kleim, Mercedes Fermin –reconocida lideresa del magisterio–, Josefina Ernst, Josefina Juliac, Imelda Campos, Victoria Corao, Alida Planchard, Luisa del Valle y varias otras. En 1945 hubo una asamblea preparatoria de lo que sería el Congreso Femenino Venezolano en el que se reclamó romper relaciones con el gobierno dictatorial de Francisco Franco en España y se propuso un programa de deliberaciones que atendía aspectos como el sufragio, la condición de la mujer obrera y de la mujer indígena. Se registró un duro retroceso durante la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez, pera aparecieron grupos como la Unión de Muchachas Venezolanas y la Asociación Juvenil Femenina en 1951. Al año siguiente, a instancias del Partido Comunista, se creó la Unión Nacional de Mujeres, una iniciativa estratégica que también se replicó en otros países. No hay dudas acerca del significado de la acción femenina en el enfrentamiento de la dictadura de Pérez Jiménez, y muy especialmente la tarea cumplida por la Junta Patriótica Femenina que reunió a militantes decididas entre quienes se contaban Argelia Laya, Rosa Ratto, Esperanza Vera, Isabel Carmona, Leonor Mirabal, entre varias otras. Argelia Laya tenía ascendientes africanos por parte de madre, y se proyectó como una de las más destacadas luchadoras por los derechos femeninos. En los años 60, Argelia se incorporó a la lucha guerrillera en las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN), luego fue fundadora del Movimiento al Socialismo (MAS) y no cesó de abogar por los derechos de las poblaciones afrodescendientes e indígenas. Más allá de las difíciles circunstancias de los años 60 y 70, Venezuela fue el asiento de un vigoroso movimiento que tomó el nombre de Liga Feminista de Maracaibo en enero de 1978, que un año más tarde realizó la convocatoria del Primer Encuentro Feminista, con impulso de la notable Argelia Laya. Y también esa región venezolana abrió uno de los primeros seminarios académicos dedicados a la problemática femenina en América Latina en la Universidad de Zulia, gracias, entre otras académicas, a Gloria Comesaña, filósofa que se doctoraría en Francia y que tuvo vínculos con Simone de Beauvoir. En 1984 en esa misma Universidad se instalaría la Cátedra Libre de la Mujer. Deben recordarse los Encuentros Nacionales Feministas en 1979, 1981 y 1983. Tuvo destacada actuación el Grupo Feminista Miércoles liderado por Gioconda Espina, así como un segmento de mujeres periodistas del Sindicato Nacional de Trabajadores de Prensa –cuya representante era Helena Salcedo–, abogadas de la Federación Venezolana de Abogadas, el sector de mujeres de la Central Unitaria de Trabajadores –con María León a la cabeza– la Cátedra Manuelita Sáenz de la Universidad Central de Venezuela, la Liga Feminista de Maracaibo y la Liga Feminista de Mérida. Durante la década de 1990, a pesar de la crisis política y social, aumentó el número de agencias dedicadas a los derechos de las mujeres y la presencia de los estudios feministas; tal es el caso del Centro de Estudios de la Mujer (CEM-UCV), que desde 1996 publica la Revista Venezolana de Estudios de la Mujer, y de la Unidad de Investigación y Extensión Mujer y Salud de la Universidad de Carabobo.

Chile ha sido escenario de un notable desarrollo de los feminismos. Se advierten singularidades como el hecho de que fuera la joven Martina Barros la probable primera traductora del célebre texto de John Stuart Mill The Subjection of Women (1869), entre 1872 y 1873. Otro dato a subrayar es que haya sido Luis Emilio Recabarren el organizador de las luchas de los obreros mineros y creador del Partido Obrero Socialista uno de los más entusiastas feministas. En efecto, a raíz del viaje de una notable propagandista del sufragio femenino, Belén de Sárraga –quien visitó todos los países de la región–, promovió los derechos femeninos en el mismo cauce de las reivindicaciones obreras. En la región salitrera del norte brotaron los centro femeninos Belén de Sárraga. En 1915 surge el Círculo de Lectura bajo la inspiración de una de las figuras que se destacaría en el feminismo chileno, Amanda Labarca. Del Círculo se desprendieron dos nuevas entidades en 1919: el Consejo Nacional de Mujeres y el Centro Femenino de Estudios. El Consejo fue liderado por Celinda Arregui de Rodicio acompañada de un conjunto de mujeres de clase media, que se desempeñaban en el magisterio, en las letras y en las artes. Pero de modo muy peculiar en la década de 1920 aparecieron diversos partidos que abogaron por los derechos femeninos. En efecto, en 1921 vio la luz el Partido Femenino Progresista Nacional. Este partido fue liderado por Sofía de Ferrari Rojas. La segunda formación que apareció en ese inicio de década fue el Partido Cívico Femenino a cuyo frente estuvieron, entre otras, Estela La Rivera de Sanhueza, Elvira de Vergara, Berta Recabarren y Graciela Lacoste Navarro. Su programa era amplio y solicitaba igualdad de remuneraciones, que hubiera una sola moral para varones y mujeres, educación sexual y medidas para auxiliar a las madres pobres. Surgió más tarde una tercera fuerza, el Partido Demócrata Femenino, en 1926, y se propuso, sobre todo, la conquista del sufragio. En octubre de 1927 se organizó en Valparaíso la Unión Femenina de Chile, de modo que la década de 1920 vio un florecimiento notable de agrupamientos feministas. Los años 30 fueron promisorios y una de las que consiguió mayor acatamiento fue esta última entidad, que pudo constituirse en una referencia nacional realizando un trabajo de servicios legales para las mujeres y disponiendo de una oferta de actividades culturales y cursos destinados a profesionalizar, que atrajo a muchas seguidoras. En 1933 surgió un nuevo movimiento, el Comité Pro Derechos de la Mujer, que un año más tarde tuvo un nuevo encauzamiento, la Agrupación Nacional de Mujeres. En marzo de ese año se había sancionado el voto a nivel municipal de las mujeres, era un paso; y los principales puntos del acuerdo para dar paso a la Agrupación Nacional referían a la necesidad de reunir a todas las mujeres de Chile, cualquiera fuera su situación social, ideología o creencia religiosa. En ese ajetreado año también se manifestaron las mujeres que respondían a los sectores conservadores bajo el liderazgo de Alicia Edward de Salas, en la Acción Nacional de Mujeres de Chile. También advino otra entidad conservadora y católica, la Acción Patriótica de Mujeres, y ambas, con el apoyo de las fuerzas políticas de derecha, deseaban llevar candidatas conservadoras a los municipios, donde ya era posible votar. Pero las feministas estaban dispuestas a contender con firmeza, de modo que resurgió el Partido Cívico Femenino acentuando las cuestiones sociales, y se puso en evidencia una identificación con el marxismo. En octubre de 1935, Romelia T. de Badilla, integrante de la Unión Femenina Chilena (UFCH), ganó en las elecciones como regidora en Viña del Mar.

Un acontecimiento ocurrió en mayo de 1935 cuando vio la luz una agencia que tendría enorme gravitación durante mucho tiempo, el Movimiento pro Emancipación de las Mujeres de Chile (MEMCH) sobre la base de acuerdos con diferentes agencias femeninas, entre las cuales estaba la UFCH. Entre las principales sostenedoras de la empresa estuvieron Elena Caffarena –sin duda la principal protagonista–, y entre otras figuraban Gabriela Mandujano, Marta y Felisa Vergara, y Eulogia Román. Elena había nacido en Iquique en un hogar de clase media, participó del Centro Femenino Belén de Sárraga, se graduó como abogada y fue adentrándose en los problemas de las mujeres trabajadoras y las reivindicaciones feministas. El MEMCH fue un movimiento singular en el feminismo latinoamericano porque fue el primero en sostener de modo explícito medidas anticonceptivas que podrían evitar mayores injurias a las familias obreras –solo el anarquismo se distinguió por su temprana adopción de la anticoncepción– y también está entre los primeros movimientos de explícito apoyo al aborto. Su ensanchamiento gozó del contexto que propiciaba reformas con el Frente Popular que había llevado a la presidencia del país a Pedro Aguirre Cerda. El MEMCH se embanderó contra el fascismo y acompañó a la guerra civil española especialmente en la ayuda a los exiliados, y no cejó en apuntar a las condiciones envilecidas de las mujeres de los estratos populares, mientras ejercía una prédica inflexible por la conquista de los derechos femeninos. En 1944 surgió la Federación Chilena de Instituciones Femeninas (FECHIF), de la que formó parte el MEMCH, que subrayó la necesidad de obtener el sufragio. Ese empeño también orientó al Comité Unido Pro Voto Femenino, surgido también entonces. Todas las agrupaciones feministas reclamaban el derecho a votar con más énfasis a mediados de la década de 1940, y finalmente se conquistó en diciembre de 1948, aunque se trató de un voto censitario que alcanzaba solo a las alfabetizadas. Recién en 1970 se obtuvo el voto universal para las mujeres.

Hacia 1950 se registraron algunas crisis, sobre todo en la FECHIF con el apartamiento de las militantes de izquierda, pero en 1952 María de la Cruz fue elegida como primera senadora. Ella había fundado el Partido Femenino Chileno en 1946, con manifiestas convicciones feministas. María admiraba los planes justicia social que llevaba adelante en la Argentina el general Juan Domingo Perón, y especialmente la acción de Eva Perón en auxilio de las mujeres y de la niñez desvalida. La campaña de desprestigio contra María tuvo un elemento central en su condición de mujer: se la acusaba de recibir dinero espurio de las autoridades argentinas y finalmente, a raíz de una denuncia sobre corrupción –que parece haber sido sobre una circunstancia nimia–, fue separada de su cargo. Esta circunstancia acarreó una conmoción de graves consecuencias pues el hecho fue exhibido como una muestra de la incapacidad femenina para los cargos públicos. Solo en 1965 fue electa otra senadora mujer, Julieta Campusano, en representación del Partido Comunista. Se abrió luego un ciclo de atonía feminista si se tiene en cuenta la pujanza de las etapas anteriores, circunstancia que fue interpretada por otra notable feminista, Julieta Kirkwood (1982), en la década de 1980, en Feminismo y participación política en Chile, como una fase de “silenciamiento” de la gesta en ese país. Las mujeres que acompañaron al gobierno socialista de Salvador Allende (1970-1973) fueron partícipes activas en los procesos de distribución de derechos de ese ciclo singular, pero casi no hubo reivindicaciones feministas específicas. En septiembre de 1973 un sangriento golpe derrocó a Allende y advino la dictadura del general Augusto Pinochet. Se abrió un ciclo aciago de asesinatos, desapariciones, persecuciones y exilio masivo. Contingentes de mujeres de los sectores mejor situados, con expresiones muy conservadoras, habían propiciado el derrocamiento de Allende. Sorteando las adversidades, se fue irguiendo una corriente de resistencia feminista, y en la década de 1980, como una doble reacción a la dictadura y a las fuerzas patriarcales, surgió el nuevo Movimiento Pro Emancipación de las Mujeres de Chile (MEMPCH 83). El documento de convocatoria tuvo las firmas de Elena Caffarena, Delfina Guzmán, Teresa Carvajal, Laura Soto, Olga Poblete y Pilar Serrano, entre otras, y representaban a algo más de una veintena de organizaciones. Estaban allí el Movimiento Feminista, el Movimiento de Mujeres Pobladoras (Momupo), Mujeres de Chile (Mudechi), el Departamento Femenino de la Coordinadora Nacional Sindical, Mujeres Democráticas, Unión de Mujeres de Chile, Comisión de Derechos de la Mujer de la Comisión Chilena de Derechos Humanos. Otros grupos que surgieron fueron el Frente de Liberación Femenina, Las Domitilas, Las Siemprevivas, el Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEM). En ese ciclo de resistencias además habían surgido órganos específicos en defensa de los derechos humanos y el Movimiento Concertación de las Mujeres por la Democracia que, si por una parte sirvió como instrumento aglutinador, por otro creó resistencias debido a su adhesión al frente de centroizquierda Concertación. La agitación de las mujeres fue decisiva en el referéndum en el que triunfó el no –en octubre de 1988– impidiendo que Pinochet alargara su dictadura por una década más. La consigna fundamental que unió a la mayoría de los movimientos –más allá de su disparidad– fue “Democracia en el país y en la casa”. Los años 90 fueron intensos y se iniciaron con la procura de la unidad en el Primer Encuentro Feminista de Valparaíso (1991) que dio lugar a la organización Iniciativa Feminista, y también se invocó unidad de acción en el Segundo Encuentro Feminista de Concepción (1993), mas las feministas se desencontraban a propósito de la nueva división entre “institucionalistas” y “autónomas”. Pero las agendas, como en el resto de Latinoamérica, denunciaban la violencia y al reconocimiento de la sexualidad lésbica, junto con los reclamos por otros derechos personalísimos. No hay dudas de que el nuevo siglo aumentó las asociaciones de mujeres y se plasmó su repercusión en la vida académica. Chile ha sido escenario singular de feminismos, y recientemente hemos visto la efervescencia de las más jóvenes, una renovación de las luchas por la igualdad.

Me ocuparé muy sintéticamente de la Argentina, cuya primera adhesión al feminismo se produce al iniciarse el siglo XX. Basta pensar que la primera publicación decididamente feminista vio la luz en La Plata en 1902, en el seno de un grupo bajo el liderazgo de María Abella Caprile, uruguaya de nacimiento. María editó Nosotras con un grupo de mujeres librepensadoras, donde puede leerse el programa que reclamaba igualdad jurídica, derecho al sufragio, educación, divorcio, etc. En ese mismo año había surgido el Centro Socialista Femenino con adherentes al Partido Socialista creado en 1896, y que había determinado en su programa el voto de las mujeres. En 1900 había visto la luz el Consejo Nacional de Mujeres, una de cuyas animadoras fue Cecilia Grierson, la primera médica argentina, que había asistido en Londres al Congreso Internacional de Mujeres un año antes. El Consejo tenía una integración de mujeres de la elite y no comulgaba con todas las fórmulas de la emancipación femenina. En 1904 surgió la asociación que congregaba a las universitarias –a la sazón, un puñado de mujeres, la mayoría médicas– en cuyo seno se gestó la convocatoria al Primer Congreso Femenino Internacional de 1910. Una de las animadoras fue Julieta Lanteri, de origen italiano y egresada de Medicina, que sería una de las voces más destacadas del feminismo argentino. También actuaba en ese grupo Elvira Rawson de Dellepiane, médica y singular militante por los derechos de las mujeres. El Congreso de 1910 fue muy significativo pues contó con la adhesión de muchas mujeres y no solo de la región, y allí se consideraron los derechos fundamentales que alcanzaban además a la obtención del divorcio vincular, el auxilio a la niñez desvalida, la atención a las madres de menores recursos, entre otras cuestiones. Las expresiones feministas, que abrevaban sobre todo en el socialismo y en el librepensamiento, se hicieron más consistentes y más expansivas a medida que avanzó la década de 1910, ciclo en que a las protagonistas ya introducidas se sumó con especial fuerza Alicia Moreau, también médica que se unió al líder del socialismo, Juan B. Justo. Alicia ejerció una influencia muy importante en torno de la obtención del sufragio, de modo que al correr los años 20 junto con Julieta y Elvira fueron las más importantes referentes de los derechos femeninos. La década se había iniciado con “simulacros” electorales en diversos lugares de Buenos Aires. En 1926 se obtuvo la primera modificación de la ley civil y las mujeres obtuvieron capacidad jurídica, salvo para la enajenación de bienes propios, que solo fue resuelta varias décadas más adelante. En 1928 se reunió el Tercer Congreso Femenino Internacional que bregó por la ampliación de prerrogativas, y en 1932 se debatió por primera vez en el Congreso de la Nación el voto femenino, que obtuvo media sanción de la Cámara Baja, pero no consiguió tratamiento en el Senado. Esa derrota sopesó especialmente, se asistió a un reflujo de las demandas feministas que coincidió con la circunstancia de alza del nazifascismo y un pronunciamiento angular de las mujeres en la Argentina bajo la forma de Junta de la Victoria, en la que participaron numerosas identificaciones partidarias. Con el advenimiento del peronismo, la mayoría de las feministas se opusieron y la conquista del voto en 1947 tuvo el empeño fundamental de Eva Perón, que además creó la Rama Femenina del peronismo y convocó masivamente a las mujeres a la escena política. No comulgaba canónicamente con el feminismo, pero tuvo intuiciones de enorme inteligencia acerca de la lucha femenina. Se le debe la incorporación de más de 25% de mujeres en la representación ante el Congreso en la primera oportunidad de ejercicio del voto en 1951.

El derrocamiento del peronismo y la sucesión de golpes de Estado en la Argentina, el enrarecimiento de la atmósfera social y política que condujo a la radicalidad, impidieron el desarrollo del feminismo que no obstante tuvo al menos tres grupos de activistas: la Unión Feminista Argentina, el Movimiento de Liberación de Mujeres y el Movimiento de Liberación Femenina. Pero los disensos subieron de tono y fue limitada la perdurabilidad de sus cometidos. Ocurría que el contexto imponía exigencias a propósito de otra identificación, la que imprimía las contradicciones mayores de la época, la liberación social y la liberación nacional. La tragedia del terrorismo de Estado trajo miles de desaparecidos, persecuciones, hostigamientos y exilios. Pero no puede pasarse por alto que, en la gesta por horadar aquella fortaleza que parecía inexpugnable, fueron mujeres las principales protagonistas: las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Su acción se constituyó sobre el arquetipo del maternaje, y aunque quiso evitar las complicaciones de la politicidad, finalmente produjo dos consecuencias extraordinarias: el abandono del estereotipo femenino plegado al comportamiento hogareño y la repolitización de la escena pública en la Argentina.

El reingreso a la vida democrática a fines de 1983 trajo miles de mujeres exiliadas que habían ingresado al feminismo en sus lugares de refugio, y otras tantas que habían resistido en el país pero que adoptaron una nueva subjetividad. Era la hora de reclamar a la democracia que volviera sus percepciones hacia las profundas injusticias patriarcales. Como en el resto de los países, las tesis y las nuevas formulaciones de la segunda ola se enarbolaron y un enorme conjunto de organizaciones feministas ocuparon la escena y pudieron modificar no pocas leyes. La Argentina inauguró la ley de cuotas que desde 1991 posibilitó la incorporación de mujeres a las listas de representación, y aunque no fue país pionero en materia de paridad, recientemente se la ha conquistado. Ha sido de gran significado el desarrollo académico del feminismo, de los estudios de género y la diversidad. Pero tal vez el más importante aporte, incorporado por las agencias de los derechos de las personas GLTTTBIQ, haya sido la consagración de la Ley de Identidad de Género sancionada en 2012 que hace posible el completo reconocimiento de las personas del amplio arco sexo social.

Perspectivas

De modo sucinto, debe concluirse que la perspectiva de los feminismos en la región es promisoria por el fenómeno de derrame y de acción de masas en que estos se han transformado, por la incorporación de las jóvenes y por los nuevos retos que comporta la intolerancia a todas las fórmulas patriarcales, y también por las marcadas disidencias a la catalogación proverbial heterosexista. El orden genérico binario está asediado y las nuevas oleadas de adherentes se enfrentan a la ruptura de los mandatos de la “naturaleza”, que en realidad son fórceps sociohistóricos. Si la adopción del punto de vista antiesencialista fue una marca central del ensayo feminista de más de medio siglo, en los últimos años se ha incrementado la postulación para que los Estados entrañen que “ser mujer” no es un destino. Los más distantes escenarios de nuestras sociedades se vieron urgidos por la extinción de las violencias, la interpelación a las formas del sometimiento, y tal vez el movimiento Ni Una Menos y sus réplicas en todos los países de la región haya sido una de las circunstancias más notables vividas en materia de reacción a los femicidios que socavan nuestra existencia. Se coloca en perspectiva un haz de políticas públicas de prevención, de detención del flagelo, pero no escapa que la remoción del patrimonialismo sobre los cuerpos femeninos que todavía ocupa el fondo oscuro de las sociabilidades debe implicar impostergables acciones en todo el sistema educativo. Si como aseguraba Susan Moller Okin (1989), la cuenca más perversa se sitúa en el propio hogar, y allí hay severos reparos para que ingrese el Estado, no hay dudas de que este puede actuar en el sistema educativo. Es cierto que los contextos políticos de cada país posibilitan o impiden los avances para establecer equidad, y hay sombras oscuras en varias gobernanzas que dan lugar al fortalecimiento de los grupos “antiderechos”, renovados como fundamentalistas religiosos o simplemente como configuraciones reaccionarias. Poquísimos países gozan en nuestra región de leyes que posibiliten la interrupción voluntaria del embarazo, y las luchas por obtenerlo se miden con estas fuerzas que atrasan la autonomía de las mujeres y se pliegan a los designios de la punición letal por ocasión de abortos que se practican las más pobres, las más carenciadas, las más desprotegidas. No cabe duda de que la obtención de la ley que haga posible el aborto seguro constituye uno de los objetivos centrales de las movilizaciones que se están dando en América Latina.

Entusiasma también el giro en la agenda con relación a la dimensión de los cuidados, y no pueden dejar de mencionarse los esfuerzos realizados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en torno de la cuestión, hasta hacer vigoroso su ingreso en la agenda feminista. Debemos reconocer que hasta una década atrás era muy limitado el reclamo al Estado para ser coadyuvante central en estas tareas invalorables, que han recaído en los sujetos mujeres. La saga feminista actual para conquistar su involucramiento es un cambio decidido, un marcador del cambio de época. Pero resulta incontestable que los feminismos tienen que empeñarse en una agenda que ha sido muy poco tramitada, y que se refiere a las luchas por modificaciones sustanciales en el mercado laboral, la arena donde más se infringen los derechos de las mujeres y que, no obstante, goza de una cierta inadmisible justificación. Pensar en los diferenciales de género alude a una gama enorme de injurias propinadas patriarcalmente, y siempre ha sonado extraño en la confección de agendas reivindicativas la distancia, o la negligencia, relacionada con el nodo basal de los estereotipos: el desempeño económico de las mujeres. Es hora de subsanar esta grave desatención.

Finalmente, los nuevos feminismos de múltiples colores que se están abriendo paso contienen notas anticoloniales y abrazan a las mujeres de los pueblos originarios dispuestas a sacudir sus propias realidades. Una figura síntesis ha sido Berta Cáceres y su sacrificio, un lacerante mandato para la reflexión y el encuentro entre todas las manifestaciones de la condición femenina en nuestros territorios. En este nuevo tiempo que queremos andar juntas/juntes, es fundamental adherir a una ética de la sororidad.

Bibliografía

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Stearns, P. (1972), “Working-class women in Britain, 1890-1914”, en Martha Vicinus (comp.), Suffer and Be Still: Women in the Victorian Age, Londres, Routledge.

La irrupción de las humanas

en el campo de los derechos humanos

Susana Chiarotti Boero

Utilizando el derecho como herramienta de cambio

El derecho, al igual que otras ciencias sociales, está impregnado de concepciones que contribuyen a la perpetuación de estereotipos discriminatorios y es por ello que las mujeres han venido reclamando permanentemente su transformación, incluso en el campo de los derechos humanos. Obtener el reconocimiento de que las mujeres acceden a los derechos de manera distinta de la de los varones, que enfrentan diferentes obstáculos para ejercerlos en plenitud y que a la hora de acceder a la justicia cuando esos derechos son vulnerados encuentran barreras diferentes de las de los varones fueron frutos de un proceso de varias décadas que aún no ha terminado.

Durante todo el siglo XX se reclamó la igualdad formal entre mujeres y varones, pero la obtención de la igualdad formal no implicó automáticamente la igualdad material. En la realidad cotidiana encontramos que las mujeres deben enfrentar prácticas jurisdiccionales e institucionales discriminatorias, profundamente marcadas por las relaciones preexistentes.

Para poseer derechos se requiere ser reconocidas como sujetas y sujetos con capacidad de portar y ejercer derechos. O sea, ser reconocidas como seres humanos. Y este reconocimiento, de manera oficial, recién fue hecho por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en junio de 1993, cuando en la Declaración de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena se reconoce, en su párrafo 18, que “los derechos humanos de las mujeres y las niñas son parte inalienable, integral e indivisible de los derechos humanos universales”, que “los derechos humanos de la mujer deben formar parte integrante de las actividades de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos, incluida la promoción de todos los instrumentos de derechos humanos relativos a la mujer” y que “la violencia basada en el género y todas las formas de acoso y explotación sexuales, incluidas las resultantes de los prejuicios culturales y la trata internacional, son incompatibles con la dignidad y el valor de la persona humana y deben ser eliminadas”.

La inclusión expresa de ese texto era necesaria no solo por el sesgo androcéntrico de la teoría y el corpus jurídico de derechos humanos, cuyo sujeto hegemónico era el varón blanco, sin discapacidades, adulto, poseedor de bienes, sino también por la práctica y el activismo del movimiento social de derechos humanos, con una mirada dirigida a privilegiar los derechos civiles y políticos; y sesgado por una visión aristotélica de la justicia, que consideraba que la violencia contra las mujeres era una cuestión que debía resolverse en el ámbito privado. Además, la agenda de los derechos humanos en las décadas de 1980 y 1990 era estrecha y no incluía otras cuestiones que eran claves para las mujeres, como las tareas de cuidado, la brecha salarial, la responsabilidad en la reproducción humana, la sexualidad y los obstáculos para la participación política.

Obtener la inclusión de este párrafo en la declaración insumió varios años de trabajos previos de cientos de organizaciones feministas que decidieron participar ya no solo en las conferencias especializadas sobre las mujeres, sino en el campo más amplio de los derechos humanos, hasta el momento reservado a los varones. También requirió organizar un Tribunal Mundial sobre violencia contra las mujeres que pudo demostrar que esta violencia era tan permanente, extendida y grave que ameritaba ser considerada una violación a los derechos privados.

Se quebraron siglos de dominación patriarcal del discurso jurídico. Por un lado, se demostró que los derechos humanos podían ejercerse tanto en el espacio público como en el privado y que, por tanto, podían ser violados en ambos espacios, haciendo responsable al Estado no solo en caso de que el atentado a los derechos provenga de sus agentes, sino también cuando proviene de actores privados, en cuanto es una obligación estatal garantizar la seguridad de su ciudadanía, prevenir, sancionar y erradicar la violencia. Por otro, algo que por varios milenios había sido considerado privativo de la justicia del pater, o sea, ejercer justicia en el domus, en el hogar –los “trapos sucios que había que lavar en casa”–, pasó a ser responsabilidad de los Estados.

El movimiento de mujeres de América Latina y el Caribe contribuyó a este avance, participando en la Conferencia Regional Preparatoria de Derechos Humanos que se celebró en diciembre de 1992 en San José de Costa Rica, previa a la Conferencia de Viena. Fue la primera participación masiva del feminismo regional en un campo que tradicionalmente había tenido otros protagonistas, en su mayoría masculinos. Además de participar en la conferencia oficial, se organizó una conferencia paralela, “La Nuestra”, donde además de discutir el borrador del documento oficial, pudimos conocer y comentar el borrador de la Convención de Belém do Pará.

Esta experiencia fue desafiante en muchos aspectos. Uno de ellos fue que los principales líderes habían elaborado un borrador del documento regional que no solo tenía ceguera de género, sino que además mencionaba a las mujeres en un solo párrafo, el de los grupos vulnerables, donde también habían incluido a niñas y niños, ancianas y ancianos, indígenas, afrodescendientes, pobres, personas con discapacidad, o sea, todas las personas que no entraban dentro del paradigma de varón blanco, adulto joven, con bienes económicos y sin discapacidades.

Las personas con discapacidad plantearon que con autonomía económica y supresión de barreras de acceso no eran vulnerables, podían desempeñarse de manera independiente. Las mujeres dejamos en claro que no éramos un grupo, sino la mitad de la población del planeta, y además no éramos vulnerables; que lo que podía colocarnos en una situación vulnerable era la discriminación y la violencia. Podíamos vivir situaciones de vulnerabilidad en casos de conflictos armados, pobreza o desastres naturales, pero esas eran circunstancias que no tenían que ver con nuestra esencia. Las personas representantes de pueblos originarios plantearon que si no se les despoja de su territorio, su cultura y su lengua, tampoco eran débiles o vulnerables. Finalmente, salvo las niñas y los niños, nadie quedó en ese párrafo. Exigimos además que se incluyera la perspectiva de género en todo el documento, objetivo que no se logró.

La participación organizada

Las organizaciones de mujeres comprendieron que no solo era importante participar de las conferencias y los documentos dirigidos específicamente a ellas, sino que había que incursionar en el campo de los derechos humanos en todos sus aspectos. Desde el movimiento de mujeres comenzaron a diseñarse diferentes estrategias para influir en la teoría y la práctica de los derechos humanos visibilizando a las humanas. Para avanzar en la mayoría de ellas, recogimos el legado de cientos de mujeres que habían dado los primeros pasos, muchas en solitario.

Las principales estrategias incluyeron, entre otras, la participación activa en la creación de instituciones gubernamentales y espacios de género en el Estado; la incidencia en el marco jurídico internacional colaborando en la propuesta, redacción y ratificación de tratados; la visibilización de las mujeres en la jurisprudencia emitida por los órganos que vigilan los tratados, tanto en ONU como en la Organización de los Estados Americanos (OEA) a través del litigio estratégico; el monitoreo de la aplicación de los tratados en los distintos países con reportes sombra que visibilizan las violaciones específicas a los derechos de las mujeres; la colaboración en la reinterpretación de los tratados de derechos humanos para incorporar la perspectiva de género; la promoción de feministas para integrar los comités monitores de tratados y en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y la formación de promotoras legales o defensoras populares en los barrios.

Con relación a la construcción de una nueva institucionalidad, es necesario reconocer que muchos de los espacios de género en los Estados y en los organismos internacionales, como la ONU y la OEA, fueron creados por presión del movimiento de mujeres. A nivel nacional se ha reclamado por creaciones de secretarías o ministerios de las mujeres, servicios de asistencia y protección a víctimas de violencia, refugios, defensorías, fiscalías y juzgados especializados y otros mecanismos. A nivel internacional, como ejemplos podemos citar la Relatoría de Violencia Contra las Mujeres en la ONU, cuya creación era uno de los reclamos en el petitorio de las organizaciones sociales que asistieron a la Conferencia de Viena de 1993; el Grupo de Trabajo sobre la Cuestión de la Discriminación Contra la Mujer en la Legislación y en la Práctica; o la Plataforma de Mecanismos Mundiales y Regionales en Violencia Contra las Mujeres y Derechos de las Mujeres (2018), que agrupa siete mecanismos regionales y mundiales que trabajan en violencia.

La incidencia en el espacio regional: la OEA

Los antecedentes en la región son anteriores al nacimiento de la OEA. Las pioneras en el reclamo de los derechos de las humanas en el ámbito regional fueron las lideresas feministas que venían peleando por el derecho al voto y la igualdad en todos los países del continente americano. Estas mujeres intentaron sin éxito participar de la Segunda Conferencia Científica Panamericana que se celebró en Washington en 1915-1916. Por ello crearon una conferencia paralela que, luego de deliberar por varios meses, concluyó que debía organizarse una Unión Panamericana de Mujeres para poder avanzar con más fuerza.

La Primera Conferencia Panamericana de Mujeres (Baltimore, 1922) analizó el estatus legal de las mujeres y las vías para influenciar la Quinta Conferencia Internacional de Estados Americanos (Santiago de Chile,1923), donde no se les permitió participar, pero se les prometió incluir delegadas en el futuro. La Sexta Conferencia de Estados Americanos (La Habana, 1928), sin embargo, no incluyó mujeres en las delegaciones oficiales, ni las autorizó a escuchar los debates. Las delegadas exigían un tratado de igualdad de derechos cuyo borrador habían preparado. Aunque se les permitió hablar luego de un mes de protestas, el tratado no se consideró.

Las activistas presentes reaccionaron tomando la decisión de crear una Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) cuyo primer mandato sería realizar un estudio sobre el estatus legal de las mujeres en las Américas, que sería presentado ante la próxima conferencia internacional de Estados americanos. Su primera presidenta fue Doris Stevens. La CIM preparó luego el que sería el primer tratado sobre derechos de las mujeres, la Convención sobre la Nacionalidad de las Mujeres, aprobado por la Séptima Conferencia Internacional Americana (Montevideo, 1933).

Cuando nace la OEA, en la Novena Conferencia Internacional Americana (Bogotá, 1948) se adoptaron, además de la Carta de la OEA, las convenciones para la Concesión de los Derechos Políticos y la Concesión de los Derechos Civiles a la Mujer, así como el Estatuto Orgánico de la CIM.

Varias décadas más tarde, la CIM prepara el borrador de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, conocida como Convención de Belém do Pará, aprobada por la OEA en 1994. Diez años después, en 2004, se creó el Mecanismo de Seguimiento de la Convención (Mesecvi) que comenzó a funcionar en el 2005 y cuenta con dos órganos: el Comité de Expertas (CEVI) y la Conferencia de Estados partes.

El CEVI trabaja en rondas de cuatro años, dando seguimiento a la implementación de la Convención en los países de las Américas. Para ello, elabora informes nacionales y hemisféricos que analizan todos los artículos de la Convención. En casos especiales, también prepara informes hemisféricos temáticos y otras herramientas técnicas, como leyes modelo. Hasta la fecha, se han elaborado dos modelos legislativos, relacionados con el femicidio/feminicidio y la violencia política. Además, elabora recomendaciones generales. Hasta la fecha, se publicaron dos: la Nº 1, sobre legítima defensa y violencia contra las mujeres (Mesecvi, 2018a) y la Nº 2 sobre mujeres y niñas desaparecidas en el hemisferio (Mesecvi, 2018b).

Por otro lado, se buscó incidir también en los órganos de derechos humanos de la OEA, la CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanas (Corte IDH), para introducir la preocupación por la discriminación hacia las mujeres. En 1994 se crea la Relatoría de Derechos de las Mujeres y se impulsa la mirada de género en la Comisión y en la Corte IDH, lográndose una jurisprudencia más sensible e inclusiva.

Con la excepción del caso Baby Boy, donde se analiza el derecho de las mujeres a tomar decisiones sobre su capacidad reproductiva, no aparecen casos claros de discriminación sexual hasta 1996. El primer caso tratado fue X e Y contra Argentina, que aparece en el Informe Anual de 1996. Se trataba de una mujer y su hija de trece años que reclamaron contra el servicio penitenciario por las revisiones vaginales que sufrían cada vez que visitaban al marido preso en la cárcel. El segundo es el caso N° 10.970, Mejía contra Perú (1996), donde se reclamaba por la desaparición de Fernando Mejía y las violaciones sexuales sufridas por su esposa Raquel Mejía, a manos de las fuerzas militares.

Dos años después, en el caso Nº 11.625, de María Eugenia Morales de Sierra contra Guatemala, se plantea que las disposiciones contenidas en el Código Civil, que concedían al marido todos los derechos sobre el patrimonio y las relaciones familiares, eran discriminatorios y contravenían los artículos 1.1, 2, 17 y 24 de la Convención Americana. En 1999 la Comisión da a conocer el informe sobre el caso María da Penha contra Brasil, el primero donde se invoca la Convención de Belém do Pará.

La Corte Interamericana fue un poco más lenta en la incorporación de la mirada de género. La presencia de juristas mujeres en su composición fue clave. El primer caso en este sentido es el del penal Castro Castro contra Perú (2006), donde se reconoce la diferente manera de sufrir la violencia sexual por parte de las detenidas mujeres. Otro caso emblemático es el de Campo Algodonero contra México (2009), en el que la Corte IDH exige que las investigaciones por las desapariciones de mujeres tengan perspectiva de género y se utilice el principio de debida diligencia. Actualmente, ya se cuenta con una rica jurisprudencia de género que incluye varios casos tanto de la Comisión como de la Corte.

En 2001 se creó la Unidad de Defensores de Derechos Humanos dentro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y diez años después, en 2011, se establece la Relatoría sobre la Situación de las Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en el mismo organismo. Tanto desde el punto de vista político como del simbólico, es un gran logro que quienes defendemos derechos de las mujeres y las niñas seamos reconocidas como defensoras de derechos humanos.

La incidencia en la ONU

En la ONU, creada en 1945, se hicieron esfuerzos similares. En 1946 se crea la Comisión de la Condición Social y Jurídica de la Mujer (CSW, por su sigla en inglés). Su primera presidenta fue Bodil Boegstrup, de Bélgica, quien trató de influenciar el borrador de la Declaración Universal de los Derechos Humanos para que se incluyeran derechos de las mujeres, junto a Eleanor Roosevelt, quien reclamó que la declaración no fuera denominada “de Derechos del Hombre” sino “de Derechos Humanos”.

La CSW declaró a los años 70 la Década de la Mujer y organizó un ciclo de conferencias mundiales (México, 1975; Copenhague, 1980; Nairobi, 1985; Beijing, 1995) que fueron claves para la definición de nuevos derechos. Además, preparó un borrador de convención con derechos para la mujer. En 1979, la Asamblea General aprueba la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por su sigla en inglés).

Las autoras del borrador de la CEDAW relataron que habían preparado un artículo sobre violencia contra las mujeres, pero tuvieron que retirarlo porque varios países, incluidos algunos nórdicos, lo rechazaron. Es nuestra carta de derechos de las mujeres. Uno de sus logros es haber unido en un mismo texto los dos campos que habían estado separados durante muchos años, los derechos civiles y políticos y los económicos, sociales y culturales, exigiendo al Estado que elimine la discriminación contra las mujeres en todos ellos.

La CEDAW se introduce en el ámbito privado de varias maneras. Una de ellas es exigiendo que el Estado elimine los estereotipos discriminatorios contra la mujer en todos los espacios, incluyendo la familia, y fomente el reparto de tareas al interior del hogar y en la crianza de niñas y niños (art. 5º). Otra es cuando habla de la igualdad entre ambos miembros de la pareja (art. 16) en todos los aspectos. Asimismo, diferencia la igualdad formal de la igualdad real e incorpora las medidas especiales de carácter temporal (MECT) en el artículo 4º, que exige a los gobiernos implementar políticas que reviertan esa desventaja estructural de las mujeres y avanzar hacia la igualdad real.

Como la CEDAW no contaba con un mecanismo para denunciar violaciones específicas, se inició en 1989 una campaña para redactar y lograr la aplicación de un protocolo facultativo que permitiera ir con casos individuales ante el Comité o que este iniciara investigaciones sobre violaciones a los derechos de las mujeres, el que se aprobó en 1999.

En 1989 se firma el Convenio 169 sobre los pueblos indígenas y tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que contiene varios artículos sobre las mujeres indígenas y que consagra derechos tanto individuales como colectivos. El artículo 3º plantea que varones y mujeres gozan de todos los derechos sin discriminación: “Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación. Las disposiciones de este Convenio se aplicarán sin discriminación a los hombres y mujeres de esos pueblos”.

Por otro lado, y teniendo en cuenta la tensión existente entre derecho estatal y derecho consuetudinario indígena, el Convenio incluye un estándar indispensable para solucionar cualquier tipo de controversia sobre el tema. Es el artículo 8(2), que establece: “Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias, siempre que estas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos”.

En esa misma década se organizó un caucus o grupo de género para incidir en la redacción del Estatuto de Roma que crearía la Corte Penal Internacional y sancionaría los crímenes de guerra y de lesa humanidad. Durante siglos las mujeres fueron vistas como botín de guerra, premio de los vencedores, parte del territorio conquistado. La práctica de crímenes sexuales es tan antigua como las propias guerras y, en el mejor de los casos, era considerada “daño colateral”.

Se obtuvo que estos ataques sean considerados crímenes de guerra (art. 7º) y crímenes de lesa humanidad (art. 8º), señalando: “1. A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por «crimen de lesa humanidad» cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque […] g) Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos sexuales de gravedad comparable”. La inclusión del embarazo forzado motivó muchas discusiones debido a la oposición del Vaticano y algunos países conservadores.

Con la aprobación del Estatuto de Roma y sus Reglas de Procedimientos y Pruebas, se alentó un proceso que incluyó la visibilización de la violencia sexual contra mujeres en sentencias de tribunales internacionales y de comisiones de la verdad en varios países. Fue el fin de la “era del silencio” (Hagay Frey, 2011) con relación a la violencia sexual contra las mujeres y niñas en los conflictos armados. La adopción, por parte del Consejo de Seguridad, de las resoluciones 1.325 y 1.820, que exigen la inclusión de las mujeres en los procesos de solución de conflictos y negociaciones de paz y la no impunidad de los crímenes de violencia sexual, reforzó este proceso.

Otro esfuerzo importante fue la participación en la elaboración del Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, o Protocolo de Palermo, aprobado en Italia en 2000. Decenas de mujeres y organizaciones especializadas en el tema participaron de las discusiones. Finalmente se logró un instrumento clave para enmarcar la lucha contra la trata de personas, proteger a las víctimas y crear mecanismos legales e institucionales para perseguir a los responsables.

Un tratado donde se pueden observar los avances en materia de igualdad de género es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que reconoce que las mujeres y las niñas con discapacidad suelen estar expuestas a un riesgo mayor, dentro y fuera del hogar, de violencia, lesiones o abuso, abandono o trato negligente, malos tratos o explotación. También reconoce la difícil situación en que se encuentran las personas con discapacidad que son víctimas de múltiples o agravadas formas de discriminación. Esta convención promueve un cambio de paradigmas. Exige que en lugar de ser consideradas receptoras de servicios caritativos o personas sujetas a las decisiones de otros, las personas con discapacidad sean respetadas como titulares de derechos y se les garantice autonomía. Fue la primera convención que planteó que su comité tenga “participación de género equilibrada”.

En los primeros informes emitidos por los comités, las mujeres, sus experiencias, sus posibilidades de disfrutar los derechos humanos garantizados por cada tratado y las específicas maneras en que estos eran violados eran invisibles. En las últimas décadas y debido a diversos factores –incorporación de mujeres a los comités, influencia de organizaciones feministas que vigilan el cumplimiento de los tratados, participación de mujeres en las sesiones, etc.–, la jurisprudencia de los comités fue cambiando.

En 1976 comenzó a funcionar el Comité de Derechos Humanos, que da seguimiento al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Posteriormente, fueron entrando en funcionamiento otros comités, vinculados a tratados clave del sistema de derechos humanos. En un principio, estaban mayoritariamente compuestos por varones. Progresivamente se fueron incorporando mujeres que impulsaron una interpretación más amplia a los tratados. Ese proceso no ha sido homogéneo en todos los comités, sino que se dieron recorridos distintos que muestran avances, retrocesos y diferencias significativas entre ellos. Las organizaciones feministas dedicaron sus primeros esfuerzos a monitorear la aplicación de la CEDAW en sus respectivos países. Pero gradualmente fueron ampliando su influencia, para incidir en los comités que vigilaban otros tratados, intentando introducir a las humanas en el contenido de estos.

El Comité de Derechos Humanos emite, en 2000, la recomendación general Nº 28 que, al analizar el artículo 3º del Pacto, sobre la igualdad de derechos entre varones y mujeres, hace una interpretación con mirada de género de todos los derechos civiles y políticos.

En el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales se da el mismo proceso y durante dos años se analiza el artículo 3º, de igualdad entre varones y mujeres en el goce de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC). El resultado fue el Comentario General Nº 16 que incluye a las mujeres en una relectura de todo el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).

El 18 de abril de 2011, el Comité de los Derechos del Niño aprobó la Observación General Nº 13, sobre “El derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia”, en el que se incorporan nuevos paradigmas, como el relacionado con el concepto de víctima. En uno de sus párrafos advierte: “Tanto los niños como las niñas corren el riesgo de sufrir todas las formas de violencia, pero la violencia suele tener un componente de género. Por ejemplo, las niñas pueden sufrir más violencia sexual en el hogar que los niños, mientras que es mas probable que estos sufran la violencia en el sistema de justicia penal”.

Finalizado el ciclo de las conferencias mundiales, se exigió a todos los comités que implementen los planes de acción surgidos de ellas, incluyendo El Cairo y Beijing, y, también, que impulsen la mirada de género en los casos e informes que revisen.

El análisis género-sensitivo se fue extendiendo y va permeando diferentes iniciativas. Así, dentro del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas se inició un estudio sobre la manera en que estas afectaban de manera diferenciada a las mujeres. La estrategia de litigio internacional también fue utilizada para influenciar en la jurisprudencia. Así, casos de violaciones a los derechos sexuales y reproductivos, como la negativa a realizar una práctica de aborto legal, o las violaciones sexuales de niñas y mujeres, fueron llevadas al Comité de Derechos Humanos, que fue forzado a interpretarlos con otros estándares. Poco a poco, el corpus androcéntrico se fue llenando de matices y fue creciendo una jurisprudencia que, si bien aún es tibia, ya incluye la mirada de género en las principales áreas de interés.

El rol del movimiento de mujeres en la Cepal

Las mujeres organizadas de América Latina y el Caribe participan activamente de las actividades de la Unidad de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). Es la entidad encargada de convocar cada tres años a las conferencias regionales sobre la integración de la mujer al desarrollo económico y social de América Latina, a las que acude también la sociedad civil. La primera se celebró en La Habana en 1977.

En la XI Conferencia realizada en Brasilia en 2010 se produce un salto cualitativo en el análisis de la situación de las mujeres, ya que se planteó que para alcanzar la igualdad real entre varones y mujeres era necesario reformar íntegramente el Estado. En el documento “Qué Estado para qué igualdad” se reconoce que “para que la mujer se inserte en pie de igualdad con el hombre en el trabajo remunerado de la sociedad, se requiere aliviar la carga de trabajo no remunerado que pesa sobre sus hombros. Para lograr la igualdad, también es necesario que las mujeres participen plenamente de la vida política de sus países […] y que tengan una vida libre de violencia”. La transformación tiene que garantizar las tres dimensiones: autonomía económica, autonomía en la toma de decisiones y autonomía física.

Otra conferencia clave de la Cepal fue la XIII, realizada en Montevideo en 2016, donde se firmó el documento “La estrategia de Montevideo para la implementación de la Agenda Regional de Género en el marco del desarrollo sostenible hacia 2030”.

Esta breve y parcial síntesis del camino recorrido para visibilizar a las humanas en el campo del derecho solo intenta citar algunos de los esfuerzos y logros realizados. Afortunadamente, ese camino está siendo enriquecido día a día y de manera masiva, por miles de jóvenes mujeres que incursionan en las ciencias sociales, en la organización comunitaria, la vida política y económica.

Bibliografía

Cepal (2010), documento presentado en la XI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe “¿Qué Estado para qué igualdad?”, División de Asuntos de Género. https://www.cepal.org/mujer/noticias/noticias/1/41081/QueEstado_rev1.pdf

Hagay Frey, A. (2011), Sex and Gender Crimes in the New International Law: Past, present, future, Leiden, Martinus Nijhoff.

Mesecvi (2018a), Recomendación General del Comité de Expertas Nº 1: legítima defensa y violencia contra las mujeres.

– (2018b), Recomendación General del Comité de Expertas Nº 2: mujeres y niñas desaparecidas en el hemisferio.

OEA-Informe Hemisférico del Mesecvi (2017), Monitoreo de la violencia basada en el género en el hemisferio americano por parte de la OEA. https://www.oas.org/es/mesecvi/biblioteca.asp

El dilema de la paridad

Marta Lamas

En el debate sobre la construcción de una sociedad democrática más igualitaria persiste desde hace tiempo una inquietud: ¿cómo avanzar en cerrar las brechas de desigualdad socioeconómica y política que hay entre mujeres y hombres? Una propuesta ha sido garantizar una proporcionalidad entre hombres y mujeres en los lugares de representación política y en los espacios donde son tomadas las decisiones de política pública y gobierno, para lo cual la paridad ha resultado la palanca de cambio. El planteamiento de la paridad va a pretender algo muy sencillo y complejo a la vez: que se reconozca que existe la sexuación, o sea, que la especie humana está dividida a la mitad, en mujeres y hombres, y que por lo tanto los espacios de representación política y de toma de decisiones también se deben repartir 50/50.[3] Esto no implica que las mujeres se conviertan en las portavoces exclusivas de las demandas femeninas, o los hombres de las masculinas, sino que mujeres y hombres deberán tratar en conjunto todos los asuntos que afectan a la sociedad. Al existir una repartición numéricamente equilibrada de mujeres y hombres en todos los ámbitos relevantes de la toma de decisiones se logrará un reflejo de la forma en que está compuesta la sociedad, y al haber una representación cabal, todos los temas y las preocupaciones se expresarán.

En todo el mundo, las mujeres están infrarrepresentadas en las cúpulas de las instituciones, tanto en las políticas y gubernamentales como en las financieras y empresariales, por no hablar de las religiosas. Tal subrepresentación femenina en los espacios del poder no se debe a la inexistencia de mujeres dispuestas a dirigir, ni a su falta de capacidad o de preparación, sino a habitus milenarios (Bourdieu, 2000). Como el poder político trabaja para asegurar su sostenimiento, la dominación patriarcal se ha venido reproduciendo desde hace siglos. Tal como están las cosas, difícilmente los varones cuestionarán el arreglo social vigente, por lo que para transformar esas instituciones desde donde se refrenda la desigualdad, es necesario incluir a más mujeres. El reconocimiento de que es necesaria una mejor repartición de las responsabilidades políticas llevó a finales del siglo XX a la propuesta de paridad, con la cual se ha pretendido, justamente, desencadenar una transformación en el sistema de gobierno y el orden normativo (Gaspard, 1999). Se espera así que las mujeres lleven sus preocupaciones y sus necesidades al diseño de las políticas públicas y a la definición de los presupuestos del Estado, y que al introducir sus vivencias y perspectivas ciertas formas de la jerarquía patriarcal empiecen a ser vistas como privilegios inmerecidos.

Recordemos un poco de dónde viene la reivindicación de la paridad. En Europa, aparece primero con los Verdes, que proponen listas paritarias en las elecciones europeas en la segunda mitad de la década de 1980 (Lipietz, 1994). En 1989 se introduce formalmente la discusión sobre representación paritaria en el Consejo de Europa y se acuña el término democracia paritaria (Sledziewski, 1992). Después la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), preocupada por la forma en que las desigualdades persistentes entre los sexos contribuyen a la rigidez de los sistemas socioeconómicos, manda a hacer un estudio en el cual la composición monosexuada de los lugares de poder político cobra importancia por primera vez.[4] Al plantear que la escasez de mujeres en puestos de dirección era un freno al desarrollo económico, el informe de la OCDE se vuelve un punto de referencia fundamental para la Comunidad Europea (Bataille y Gaspard, 2000). Así, a partir de un análisis de la situación económica, la paridad se convierte en un argumento de peso ante la clase política. En 1992, la Comunidad Europea financia una cumbre de ministras y exministras europeas en Atenas, donde se analiza el déficit democrático que supone la ausencia de mujeres en la toma de decisiones políticas, y se difunde el término democracia paritaria, que había sido acuñado en 1989 en Estrasburgo (Sledziewski, 1992). En la Declaración de Atenas, las participantes plantean que, como las mujeres representan más de la mitad de la población, la aspiración democrática de igualdad impone la paridad en la representación política y la administración de las naciones (Bataille y Gaspard, 2000).

Luego de la Cumbre de Atenas la demanda de paridad se esparce como reguero de pólvora entre grupos de feministas, quienes la visualizan como la palanca para acabar con el monopolio masculino en la política y repartir verdaderamente el poder entre mujeres y hombres. En concreto, en Francia se lleva a cabo un debate monumental sobre política y sexuación, que cuestiona arraigadas ideas de representación republicana desarrolladas sobre la idea de universalidad de un sujeto abstracto. La historiadora Joan W. Scott lo estudiará ampliamente,[5] y encontrará que la lucha feminista por la paridad apuntaba a un cambio de paradigma. En su espléndida investigación, Scott muestra cómo por la turbulencia política que Francia vivió durante las últimas décadas del siglo XX, en ese país se resquebrajó el universalismo que había sido la garantía de igualdad ante la ley. La crisis de representación democrática estalla por los cuestionamientos provenientes tanto de la población norafricana, la comunidad homosexual y las feministas, y, aunque Scott registra la manera en que incidieron todos los reclamos, se concentra en el proceso feminista. En especial, la autora analiza el debate de las feministas paritarias con otros grupos del feminismo francés que intentaron instalar un paradigma nuevo, no solo sobre la sexuación o la “diferencia sexual” sino sobre la política y las relaciones sociales entre mujeres y hombres.

Las feministas francesas llevaban tiempo denunciando que la escandalosa ausencia de mujeres en puestos de toma de decisiones y la homogeneidad masculina de los representantes políticos distorsionaba la representatividad de la nación (Bataille y Gaspard, 2000). Dado que las mujeres seguían excluidas del poder y luchaban por su inclusión en ese ámbito donde se define el rumbo de la vida colectiva, el objetivo de la paridad se formuló inicialmente como el de garantizar la presencia proporcionada de hombres y mujeres en los espacios donde se toman las decisiones políticas: el gobierno y el Parlamento. La demanda fue muy criticada por quienes consideraban que esto abriría una “caja de Pandora” en relación con la representación de otros grupos sociales. Las feministas discreparon y respondieron que la diferencia sexual es una diferencia de un orden distinto de las demás diferencias. Todas las naciones del mundo pueden dividirse casi a la mitad en mujeres y varones; cada cultura, cada sociedad, está compuesta básicamente por una mitad de mujeres y otra de hombres. No existe ninguna otra característica que esté repartida a la mitad, ni la edad, ni la raza, ni la orientación sexual, ni determinada religión. Ningún otro grupo social puede reclamar paridad, solo se puede otorgar paridad a los dos sexos[6] que constituyen la sociedad. Por ello la representación paritaria de las mujeres no implica un fraccionamiento categorial similar al que podría ser una cuota de indígenas, o de homosexuales, o de musulmanes, o de cualquier otra identidad diferenciada.

El reclamo de paridad resultó un dispositivo discursivo para pensar otro reparto del poder y se sumó así a una larga batalla para que se tome conciencia de cómo la política oculta las necesidades específicas de las mujeres bajo la supuesta neutralidad del término “hombre”, en el que quedan subsumidas. El debate sobre paridad llevó a la importante distinción entre representación sustantiva y representación descriptiva (Mansbridge, 1999).[7] El movimiento francés por la paridad desafió la democracia representativa al exigir el reconocimiento de la diferencia sexual, pero ¡para borrarla! En palabras de una de las lideresas de esa lucha, Françoise Gaspard (citada por Scott, 2012: 97): “Nuestra batalla por la paridad está situada en una perspectiva diferente, igualdad de sexos basada no en diferencias glorificadas ni en la negación de una diferencia, sino en una diferencia excedida, reconocida para mejor desecharla cuando resulte en desigualdad”. Pero no fue fácil desmontar la aparente contradicción: reconocer que el ser humano abstracto (el hombre) está sexuado, y tomar dicha condición como una consideración para la representación paritaria al mismo tiempo que se reivindica una indiferenciación en el desempeño político, donde mujeres y hombres deberán tratar juntos todas las cuestiones de la sociedad.

Para un grupo específico de las “paritarias” francesas,[8] asumir la sexuación en la política implicaba reformular la relación entre el ámbito público y el privado, por lo que se requerían dos exigencias más: ampliación de la paridad al ámbito doméstico y educación en la igualdad. Así, para realmente alcanzar paridad política era necesaria una verdadera repartición de las labores de cuidados y una educación distinta, porque si en las aulas escolares no se educa en la igualdad se persistirá en reproducir la desigualdad. O sea, el desplazamiento de las mujeres al ámbito público volvía imprescindible un desplazamiento masculino al ámbito doméstico.

Sin embargo, la dificultad para darle a la dualidad anatómica un estatuto que la reconociera, para luego borrarla, y el rechazo a aceptar el sentido integral del concepto de paridad, con sus aspectos concomitantes de paridad en el hogar y en la educación, ocasionaron una ruptura entre las feministas. Se redujo la concepción original de paridad en la ley que se votó, y pese a que la sociedad francesa apoyó dicha ley y a las mujeres se les otorgaron los puestos en las listas, no se logró provocar el cambio conceptual radical que originalmente se pretendía (Scott, 2012). Y aunque Francia fue el primer país en reformar su Constitución para incluir la paridad, muchas feministas quedaron decepcionadas, pues la paridad se redujo a una cuota del 50% y como las cuotas eran percibidas como meras concesiones, finalmente se vivió como una concesión más.

Un interrogante fundamental –¿en qué son realmente diferentes el hombre y la mujer?– atravesó –y sigue atravesando– todo el debate de la paridad. ¿Es sensato reclamar reconocimiento a la diferente sexuación cuando hoy se sabe que ambos comparten una idéntica condición humana en anatomías distintas? A muchas personas les resultó inquietante que en la construcción del orden democrático todavía persista el argumento de la diferencia sexual. Sin embargo, persiste pues, aunque las democracias han tratado de erradicar la desigualdad socioeconómica y cultural entre los sexos (que en realidad es la desigualdad de las mujeres en relación con los hombres), todavía hoy los varones ocupan más posiciones de poder, y los gobernantes definen las políticas públicas desde una perspectiva que no asume a cabalidad problemas cruciales y específicos que viven las mujeres, como la despenalización del aborto y la desvalorización del trabajo de cuidado. ¿Cómo, entonces, transformar dicha situación?

Hoy se sabe que la mayoría de las desigualdades entre mujeres y hombres son resultado de procesos sociales, en concreto, de la forma en que se adjudican simbólicamente atributos, papeles y espacios a las personas en función de su anatomía. Esa conceptualización diferenciada, que hoy se denomina género,[9] implica un complejo proceso, que se internaliza en el psiquismo y atraviesa la subjetividad social. Y no obstante ha habido ya mucha investigación respecto de que la biología no es lo determinante, el reclamo igualitario se sigue topando con la creencia de que es la materialidad biológica del cuerpo lo que establece la desigualdad sociopolítica. ¿No fortalece el reclamo de paridad, con su insistencia en la diferencia sexual, una arcaica reflexión esencialista?

En política se necesita cierta idealización mínima para mover subjetividades y lograr cambios; de ahí la utilidad estratégica del dispositivo discursivo de la paridad, que obliga a repensar la exclusión de las mujeres en la repartición de posiciones de poder. Sin embargo, la insistencia sobre la paridad también obliga a cuestionarnos si el hecho de subrayar que los seres humanos venimos al mundo básicamente en dos anatomías diferenciadas no perpetúa formas de discriminación. Lo que el binarismo indudablemente hace es que invisibiliza a las personas intersexuadas, y en cierta medida a las personas transgénero. Aunque en la actualidad los avances científicos, tecnológicos y culturales han logrado que los seres humanos rebasen y cambien muchas de sus determinaciones anatómicas, ¿cómo los impacta el binarismo de la paridad? La diferencia sexual sigue apareciendo en el discurso político como una especie de fundamento “natural”, cuestión que la antropología ha documentado en muchísimas culturas,[10] por lo que es necesario debatir acerca de esa condición diferenciada. La sexuación, que sigue siendo una indagación central de nuestro tiempo, no es una convención o institución humana, y tampoco es un rol o papel. Se trata de un fenómeno fuera de la voluntad humana: nadie puede elegir su sexo, aunque después “elija” transformar su cuerpo y asumir cierta identidad de género. Pese a que la sexuación no es una forma social producida por la cultura, eso no significa en lo absoluto que los cuerpos escapen a la inscripción del momento histórico que viven ni de la cultura a la que pertenecen (Moore, 2007). Al contrario, la sexuación siempre es simbolizada y produce género: esa vivencia elaborada por procesos psíquicos y atrapada en representaciones imaginarias, que se expresa en los sistemas simbólicos. Es necesario comprender el estatuto fundante de la sexuación, al mismo tiempo que se visualiza el género como un proceso de simbolización, que se ha transformado a lo largo del tiempo con prácticas y narrativas que han variado históricamente.

Hoy en día, en el contexto de una lucha contra las desigualdades y las injusticias, es imprescindible desarrollar una comprensión distinta de la condición humana, apuntalada por información científica, que inserte un registro interpretativo no esencialista de la sexuación. En la vida social humana la sexuación, más que una causa de la desigualdad, es una excusa, y es crucial entender que los seres humanos no son un reflejo de una realidad biológica (su sexuación) sino que son un producto de una realidad social construida, en un momento histórico y una cultura determinada. El conocimiento podría, quizá, resultar un buen antídoto contra el fundamentalismo esencialista, y así articular modos de pensamiento alternativos, que vayan más lejos que simplemente revertir o confirmar viejas jerarquías.

Pero ¿acaso esta propuesta, que se diseñó para acabar con el monopolio masculino en el poder, se ha traducido en una transformación de la orientación política? Tal vez. Por lo pronto, antes no producía estupor ver fotografías de reuniones políticas o empresariales donde el 100% eran varones, lo cual hoy genera repudio y empieza a producirles a ellos mismos cierto escozor. Sin embargo, seguimos sin que nadie se sorprenda de que son principalmente mujeres las que cuidan a otros seres humanos. Para que se dé una verdadera transformación, hay que tomar en serio que la paridad política requiere la paridad educativa y, sobre todo, la paridad en la vida doméstica.[11] Y aunque la paridad ya está cambiando el debate político, la idea de que la igualdad se puede conseguir en lo público sin modificar lo privado puede llegar a funcionar como un distractor para evitar abordar temas radicales, como una distinta organización de los cuidados[12] y una verdadera conciliación trabajo/familia. No hay que olvidar que la paridad no es un fin, sino un medio. El fin es sentar un piso de igualdad sociopolítica y económica para todos los seres humanos, con indiferencia a sus identidades sociales (mujeres, hombres, queers, trans, quimeras, pero también indígenas, de condición étnica, distinta religión, personas mayores o con una discapacidad). Por eso tal vez lo más sustantivo es tener presente que se requiere una política radical democrática, dirigida a abordar las causas estructurales de la desigualdad, y esa política la hacen seres humanos con cierta ideología que no depende del cuerpo.

¿Qué hacer, entonces, cuando mucho del malestar por la discriminación las mujeres lo encauzan hacia la reivindicación paritaria? Indudablemente hay que luchar para que no existan barreras a un acceso igualitario a la educación, el empleo y la salud, pero teniendo cuidado de no alentar una política basada en la identidad. La politóloga Wendy Brown subraya que hay que desarrollar nuevos modos y criterios de juicio político, y razonar a partir de un entendimiento de lo común (“lo que quiero para todes”) y no a partir de la identidad (“lo que quiero para mí”). Brown (1995: 51) considera que “una conversación política orientada a la diversidad y lo común, hacia el mundo y no hacia el yo, que implique transformar el conocimiento que se tiene del mundo desde una posición de sujeto situada a una gramática común nos ofrece la mejor oportunidad de contrarrestar las fragmentaciones sociales y las desintegraciones políticas posmodernas”. En ese sentido, ¿es útil el reclamo por la paridad? Pese a que cuerpo de mujer no garantiza pensamiento feminista, la entrada de las mujeres en esos espacios políticos, aunque no es garantía de que cambie totalmente la política, sí lo es de que algo empiece a cambiar. El matiz, aunque sutil, es crucial. Más que desechar el reclamo paritario, hay que enriquecerlo con la compleja propuesta inicial de ir acompañado de la paridad en el hogar y en la educación.

Bibliografía

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Una introducción a la economía desde la perspectiva de género[13]

Lieve Daeren

Definición de los conceptos básicos: economía y género

Economía

La definición estándar que la gran mayoría de los estudiantes de economía aprenden es un resumen del modelo neoclásico, que es la perspectiva económica dominante. El fundador de este modelo es el economista Adam Smith, quien escribió en 1776 el libro An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations. Sin embargo, y como bien lo demuestra la economista pluralista Irene van Staveren (2016) en su libro Lo que podemos aprender de los economistas que ya (casi) nadie lee, la teoría económica actual que se presenta como “la única alternativa posible” es muy selectiva en basarse predominantemente en solo uno de los grandes trabajos que Smith escribió. Aparte del libro anteriormente mencionado, el profesor de filosofía ética fue también autor de un trabajo sobre leyes y regulación (el Estado) y uno sobre moral y comportamiento (el sistema social de la sociedad).

La teoría neoclásica actual, sin embargo, se relaciona predominantemente con el trabajo de Smith sobre las ventajas económicas de la división del trabajo, el comercio libre y el funcionamiento del mercado. La definición neoclásica nos enseña que la economía es el estudio de la conducta humana, vista como una relación entre necesidades infinitas y recursos limitados con diferentes posibilidades de aplicación.

Esta definición no incluye debidamente las relaciones entre las personas entre sí, ni las relaciones entre las personas y su ambiente ecológico, social, cultural. La teoría neoclásica adicionalmente parte de algunos supuestos sobre la conducta humana y los procesos económicos. Por ejemplo, parte de la idea de que la gente actúa por interés propio, que busca actuar racionalmente y que siempre calcula con el fin de llegar al beneficio financiero máximo. Desde la perspectiva económica dominante, la persona, como actor económico, no toma en cuenta los intereses ni el bienestar de los otros. Otro supuesto es que el mercado, de una u otra manera, siempre produce un equilibrio entre demanda y oferta. Además, en nuestra conducta económica, poseemos la información completa necesaria sobre los productos y precios en el presente y en el futuro. Finalmente, la teoría económica dominante concluye que solamente se puede lograr la prosperidad máxima cuando la economía funciona principalmente a través del mercado “libre”, sobre todo “libre” de una intervención del Estado.

Van Staveren (1995) propone otra definición de la economía: el estudio de la interacción entre las personas, y entre las personas y el ambiente ecológico y social con el fin de prever, de una manera sostenible, la supervivencia y el bienestar de todas las personas. Además, interpreta la palabra “economía” en su sentido más amplio, conteniendo los siguientes ámbitos: 1) la economía como ciencia; 2) la economía como realidad cotidiana, y 3) las políticas económicas. Si hablamos de la economía, se trata entonces de varios ámbitos relacionados.

Indaguemos un poco más en la economía como realidad cotidiana. Karl Polanyi elaboró una lectura cultural de la economía, construyendo así una base importante para un análisis de ella desde una perspectiva de género. Según Polanyi, existen en cada realidad económica tres circuitos paralelos:

1. El circuito de la reciprocidad. Se refiere a la conducta humana que parte del supuesto de que los otros actuarán de la misma manera que tú (sin que ello suceda necesariamente en la realidad). El cuidado y la educación de hijas e hijos, las tareas domésticas no remuneradas, las actividades voluntarias, el trabajo de apoyo entre vecinas y vecinos, amigas y amigos… caben dentro de esta categoría.

2. El circuito de la redistribución. Se refiere a políticas económicas y sociales gubernamentales y no gubernamentales con fines de generar o mantener una equidad y promoción social, como pueden ser iniciativas de la economía social, fondos sociales, sistemas de seguridad social.

3. El circuito de intercambio al nivel del mercado.

Género

La definición de género que utilizamos es la siguiente: el conjunto de conceptos históricos y culturales sobre lo femenino y lo masculino y las relaciones de poder entre hombres y mujeres. Por lo tanto, el género no se refiere a diferencias biológicas entre mujeres y hombres, sino a las apreciaciones sociales, culturales e históricas sobre lo femenino y lo masculino que son distintas en diferentes sociedades y lugares, pudiendo cambiar también en el tiempo.

Algunos conceptos importantes en el análisis del modelo económico dominante

A continuación referimos dos conceptos importantes en el análisis del modelo económico prevaleciente, que son la exclusión y la explotación.

Exclusión

La exclusión refiere a la ausencia de una participación en la economía. La exclusión existe cuando una economía estima inútil la participación de algunas categorías de personas (por ejemplo, personas minusválidas, ancianas, refugiadas, ciertas categorías de jóvenes o de mujeres…) y cuando limita el acceso de esos grupos a la producción o a los resultados de la producción. En el ámbito del mercado, la exclusión se refleja, por ejemplo, en el desempleo prolongado (muy conocido en algunos países europeos) o en la negación/exclusión de algunos mercados de consumo, como en África, por ejemplo. La economía mundial no necesita algunos de estos mercados cuando los mismos productos pueden ser vendidos, con menos inversiones y menos riesgos financieros, en mercados ya existentes, sea o no a través de grandes campañas publicitarias orientadas a crear más necesidades y demanda.

En el circuito de la redistribución se puede excluir algunos grupos sobre la base de conceptos políticos, económicos o culturales. Pensamos, por ejemplo, en la exclusión de las mujeres que se dio en el pasado en programas estatales de redistribución de tierra en América Latina.

También en el circuito de la reciprocidad se puede excluir a personas o grupos de personas sobre la base del sexo, la edad, la etnicidad, la cultura, la religión… Pensamos, por ejemplo, en la exclusión al apoyo comunitario de personas por motivos racistas o de personas que no se conforman a normas sociales de su comunidad.

Explotación

El segundo término importante para un análisis del modelo económico desde la perspectiva de género es el concepto de la explotación. El término hace inmediatamente pensar en Marx, quien fue el primero en elaborar un análisis profundo de la explotación en el modelo capitalista.

La explotación se refiere aquí al uso que se puede hacer de alguien o de algo sin una adecuada valoración o retribución. La explotación puede aparecer en los diferentes circuitos económicos.

En el circuito de intercambio del mercado se refiere, sobre todo, a la explotación en el empleo (por ejemplo, menores sueldos para las mujeres por el mismo tipo de trabajo).

En el circuito de redistribución, al nivel de la intervención del Estado, puede referirse a impuestos que pesan relativamente más sobre los pobres que sobre los ricos, o más sobre las mujeres que los hombres.

En el circuito de la reciprocidad, podemos pensar en el trabajo de cuidado, asistencia, mantenimiento –que llamamos también el trabajo reproductivo– que como mandato social/cultural cae generalmente en hombros de mujeres para beneficio de hombres.

Tan importante como la explotación dentro de esos tres circuitos son los mecanismos de explotación que se pueden destacar entre los diferentes circuitos. El circuito del mercado explota a los otros circuitos. La economía del mercado explota el circuito de la reciprocidad utilizando el trabajo no remunerado y no valorizado, en gran parte realizado por mujeres, sobre todo pobres. La misma economía del mercado tiene mal registro en cuanto a explotación del medio ambiente y de la naturaleza.

Ejemplos de la explotación y la exclusión de las mujeres en los diferentes circuitos de la economía actual dominante

En el circuito de los intercambios

Exclusión. La falta de infraestructura para el cuidado de niñas, niños, ancianas y ancianos y la falta de la responsabilidad paternal para compartir igualmente las tareas domésticas y la educación de hijas e hijos o en el cuidado de madres y padres mayores hace que muchas mujeres no tengan otra opción que no participar o solamente participar parcialmente en el mercado de trabajo.

Un mecanismo de exclusión indirecta son las licencias maternales cuando sus costos son asumidos únicamente o mayoritariamente por los empleadores, lo que puede llevar a un desestímulo para la contratación de mujeres en ciertos circuitos y puestos laborales. El hecho de que la maternidad sea proyectada económicamente como un costo individual pagado por el empleador a la mujer, en lugar de que sea considerado una inversión social asumida por toda la sociedad, conduce a una exclusión económica de las mujeres.

La exclusión de mujeres para heredar o poseer tierras es otro ejemplo. En comunidades o sociedades dominantemente agrarias ello dificulta el acceso a recursos económicos muy importantes.

Explotación. En todo el mundo las mujeres todavía ganan menos que sus compañeros por el mismo tipo de trabajo. El hecho de que cada vez más mujeres participen en el mercado laboral no ha alterado mucho esta diferencia salarial.

Con la globalización de la economía, que surge paralelamente al aumento en el comercio mundial y a la liberalización de los flujos de capitales, los riesgos de explotación son más bien mayores que menores. La movilización frecuente de grandes empresas multinacionales hace que la localización del trabajo sea cada vez más flexible, inseguro e inestable. Las empresas han sacado provecho de la competencia entre países con “mano de obra barata”. En una búsqueda de mayores índices de empleo, los países están dispuestos a ofrecer bajos sueldos y condiciones (más) precarias de los que las empresas pueden encontrar en otros países. La situación de la fuerza laboral –predominantemente femenina– en las empresas maquiladoras es un ejemplo muy claro al respecto.

En el circuito de la redistribución

Exclusión. Ejemplos de la exclusión de mujeres del circuito de la redistribución se pueden encontrar en la manera en que muchos sistemas de seguridad social están organizados, excluyendo a mujeres que realizan tareas no remuneradas de cuidado al interior de la familia o en la comunidad, y a empleados a tiempo parcial (en su mayoría mujeres) de muchos beneficios equitativos al nivel de vacaciones pagadas, seguros de desempleo o de invalidez, seguros de jubilación, etcétera.

Otro ejemplo se puede encontrar en algunos programas de formación para adultos o de formación profesional que –tanto en su programación, metodologías de aprendizaje y organización práctica en cuanto a lugares y horarios de cursos– se orientan mucho más a hombres que a mujeres. De esta manera muchas mujeres quedan prácticamente excluidas de gran parte de la transmisión de conocimientos y posibilidades de actualización o reorientación laboral.

Explotación. En la época de Reaganomics (se refiere a las políticas de reestructuración económica del presidente Ronald Reagan, 1981-1989) en Estados Unidos, las mujeres en ese país tenían que soportar gran parte de las cargas resultantes de la política de ajuste. La economía creció en términos de producto nacional bruto (PNB) y en términos de puestos de trabajo. La salud de las mujeres, sin embargo, empeoró y sobre todo la de las mujeres negras. Además, el 17% de las mujeres entre 15 y 44 años no tenía un seguro de enfermedad (25% de las mujeres negras). Adicionalmente, la participación de las mujeres en el mercado de empleo aumentó mucho, pero sus sueldos e ingresos eran menores dado que tenían empleos mal pagados, temporales o de tiempo parcial (Power, 1984, 1988).

Conocemos también la explotación de las mujeres a través de los programas de ajuste estructural que inciden negativamente en el empleo público que es un sector laboral con muchas mujeres. Estos programas, además, exigen a menudo recortes financieros en el presupuesto estatal para servicios púbicos –de salud o de educación, por ejemplo–, con el resultado de que las mujeres tienen que asumir estas tareas a través de un trabajo no remunerado, no visible y a menudo ni siquiera socialmente valorizado.

En el circuito de la reciprocidad

Exclusión. En nuestras sociedades actuales, las relaciones de ayuda mutua entre familias y personas vecinas ya no son tan frecuentes. Cada vez menos, las personas mayores pueden quedarse en la casa de una hija, un hijo, una nieta o un nieto para contar con el cuidado necesario. Como los núcleos familiares son mas pequeños (más gente vive sola) y como hay una mayor movilidad (se cambia más de casa, ciudad, país), la combinación de un empleo remunerado y el trabajo de cuidado –o toda actividad vinculada con el ámbito reproductivo– llega a ser cada vez más complicada.

En algunas comunidades en países africanos, las mujeres suelen ser excluidas de la comunidad cuando –voluntaria o involuntariamente– pierden la virginidad sin que estén casadas. En países de América Latina se conoce el fenómeno de la exclusión de las jóvenes embarazadas pero no casadas. En comunidades donde el circuito de la reciprocidad es crucial para la sobrevivencia, la exclusión de este circuito que se basa en relaciones sociales puede llevar a la pobreza absoluta.

Explotación. Cada cultura tiene conceptos sobre lo que hacen o tienen que hacer los hombres y las mujeres. En general, son las mujeres las que cocinan la comida diaria para la familia. Es un trabajo rutinario que exige mucha habilidad y un proceso de aprendizaje que comienza desde muy pequeñas. Es un trabajo que exige mucha creatividad (¿qué vamos a comer hoy?) y muchas veces también una habilidad de contabilidad (hacer milagros culinarios con muy pocos recursos). Es un trabajo que se hace dentro de las paredes de la cocina “en todo silencio”, que no es remunerado y ni siquiera muy valorizado (en la mayoría de los casos). Por otro lado, son los hombres los que son las “estrellas” cuando se organiza un asado o una parrillada para un grupo de invitados, aun cuando las mujeres han hecho todo el trabajo preparatorio en la cocina sin recibir el aplauso. ¿Y por qué será que los “jefes de cocina” en los restaurantes recomendados son, en su gran mayoría, hombres muy bien pagados por el mismo trabajo que hacen diariamente millones de mujeres sin reconocimiento, como “por naturaleza”?

En la India existe la costumbre de la dote: un donativo de familia de la novia para la del novio, como parte del circuito de reciprocidad. Como la mujer va a vivir en la casa de la familia de su esposo, la dote va con la mujer a su nueva casa. Tradicionalmente, la dote funcionó como alternativa del derecho hereditario en el sentido de que, si algo pasaba con su esposo, la familia de él era responsable de su supervivencia. Ahora, bajo la influencia del modelo capitalista y del comunista, las dotes han tomado proporciones exuberantes. Se perciben más como una manera de enriquecer a la familia del esposo que ahora pide cosas como refrigeradores, televisores, carros… El valor cultural y social de la dote se convirtió en un valor meramente económico. Como consecuencia, las hijas son consideradas una carga financiera para la familia; los hijos varones, como un plusvalía económica. Ello explica el hecho que en la India existe el fenómeno del aborto selectivo: la gran mayoría de los abortos se hacen con respecto a fetos femeninos. Adicionalmente, son demasiado frecuentes los casos de niñas descuidadas o hasta asesinadas por sus propios progenitores, y de mujeres jóvenes casadas que sufren llamados “accidentes de quemaduras” en la cocina para coaccionar a sus padres a aumentar –post hoc– la dote convenida.

Ejemplos de las relaciones de explotación

entre los diferentes circuitos económicos

Ya hemos visto que, hablando de “la economía”, se piensa sobre todo en el ámbito de los intercambios monetarios o, mejor dicho, el mercado. Todo ello tiene que ver con el hecho de que este circuito es el dominante en el modelo económico imperante. Las políticas económicas que emanan desde el circuito de la redistribución están –en su gran mayoría– al servicio del mercado de intercambio monetario y del empleo. Gran parte del total del trabajo que contribuye a la economía se efectúa en el circuito de la reciprocidad y, hasta hace un tiempo, no fue reconocido como económicamente valioso. Afortunadamente ello ha cambiado en las últimas décadas con las encuestas de medición del trabajo reproductivo y de “tareas no remuneradas de cuidado”.

Veamos cómo se relacionan proporcionalmente el trabajo remunerado y no remunerado de cuidado. Demos el ejemplo de los Países Bajos (reconocidos por su política progresista en cuanto a la equidad de género). En 2016 se trabajaba un promedio de 49 horas por la semana: unas 27 horas para el trabajo remunerado y 22 para el trabajo de cuidado.[14] En cuanto a la relación entre el trabajo remunerado y el trabajo de “cuidado”, se ve un cambio paulatino en las últimas décadas a favor de más trabajo remunerado y menos trabajo de cuidado (21,9 horas en 2016 versus 24,3 en 2006), y ello sobre todo en el caso de las mujeres. Aun así, ellas todavía trabajan menos horas remuneradas que los hombres. Las mujeres dedicaban en 2016 considerablemente todavía más tiempo a tareas no remunerados de cuidado (26,9) que los hombres (16,9), sin distinción del nivel de educación (Karpinska, 2018).

Quizá podamos cautelosamente suponer que en los países de América Central el circuito de la reciprocidad sea, al menos, tan grande como en los Países Bajos y que el circuito de la redistribución (gobierno) sea probablemente un poco más limitado que allí.

Recordemos que el circuito del trabajo no remunerado se basa principalmente en el trabajo de las mujeres (trabajo doméstico, cuidado de niñas y niños, personas ancianas y enfermas, trabajo comunitario…). No obstante, el circuito del mercado monetario –proporcionalmente pequeño en cuanto a su relevancia económica total– es predominante y utiliza o explota los otros circuitos para poder sobrevivir. Y ya hemos hecho referencia también a la explotación del medio ambiente, que es inherente al sistema económico capitalista prevaleciente.

El mercado también utiliza el trabajo o los productos generados en el circuito de la reciprocidad sin ninguna forma de intercambio, sin valorizar debidamente esas contribuciones que necesita. La economía capitalista requiere la educación de niñas y niños para convertirse en personas adultas saludables y balanceadas que se puedan insertar en el mercado. Utiliza todo el trabajo y las habilidades de las mujeres que son necesarios pero no (suficiente ni justamente) valorizados, tampoco económicamente y –a menudo– ni siquiera socialmente.

En América Latina, los programas de ajuste estructural muestran muy bien la relación del circuito de intercambios recíprocos hacia y con los otros circuitos. Para lograr una posición de competencia en el mercado (de intercambio monetario) mundial que –desde una perspectiva de bienestar humano y medioambiental– ya se volvió completamente irrazonable y loco, muchos países necesitan adoptar programas de ajuste estructural (PAE) para “sanear” sus economías nacionales, mejor dicho, sus mercados monetarios nacionales. En rigor, lo que se “sana” es su capacidad de pagar sus deudas externas, endeudándose más. A través de los PAE se trata de reactivar y ampliar el circuito de intercambios monetarios del mercado, y se lo hace cargando los gastos y las cargas sobre los otros circuitos.

Concretamente, ello se puede traducir en lo siguiente:

• La suspensión de subsidios (estatales) de productos básicos, como alimentos. Como consecuencia, más mujeres tienen que cultivar, producir o vender más alimentos para poder alimentar a sus propias familias.

• La suspensión de programas estatales de salud y el aumento de los costos para los usuarios de consultas médicas y hospitalizaciones. Como consecuencia, hay más personas enfermas que tienen que ser cuidadas en el ámbito privado del hogar (tarea no remunerada asumida desproporcionalmente por las mujeres).

• Impuestos y precios mayores para la utilización de servicios básicos como agua, electricidad… Como consecuencia, particularmente las mujeres tienen que trabajar más para que una familia pueda asumir este costo adicional. O deben invertir más tiempo y laborar en algunas tareas (como buscar agua, leña, lavar a mano, etc.) en el caso de que no sea posible pagar estos costos adicionales.

Ejemplos de suposiciones “incuestionables” en la teoría y la práctica económica según el modelo neoclásico

La teoría y la práctica económica según el modelo neoclásico se basan en diferentes suposiciones que son puestas como verdades indiscutibles. No obstante, la realidad cotidiana muestra que sí se pueden cuestionar estas verdades indiscutibles.

El interés propio y la racionalidad

La teoría económica dominante parte de la suposición de que, al final, la gente actúa por un solo motivo: perseguir su propio interés. Además, lo hace de una manera racional siempre escogiendo la alternativa “más barata”, a través de un análisis de costos y rendimientos. A ello se refiere el concepto de homo economicus o el de homo calculans de la teoría clásica. Alguien que compra un vestido por 50 dólares cuando el mismo vestido solamente cuesta 45 en la tienda de al lado actúa, según esta teoría, en forma irracional y no económica.

Observaciones en cuanto a la suposición del “interés propio”

En la realidad las personas tienen motivos muy diversos para actuar: el interés propio es solamente un motivo entre otros. En todos los países del mundo son sobre todo las mujeres las que trabajan en el área de cuidado y generalmente en el sector social. Son las mujeres quienes cuidan y educan a niñas y niños y son responsables por el cuidado físico de sus esposos (alimentación, lavar y planchar ropa, ordenar sus cosas…). Son mayoritariamente las mujeres quienes asisten a las personas enfermas, ayudan a vecinas y vecinos y mantienen los contactos sociales en la comunidad. Todas estas actividades son ejemplos de un actuar que va más allá del “interés propio”.

¿Son las mujeres por naturaleza más sociales y mejores cuidadoras? ¿O lo son por necesidad, porque los mecanismos de exclusión de las mujeres de los otros circuitos económicos más valorizados las condena a especializarse en el ámbito de las tareas sociales?

Observaciones en cuanto a la suposición de la racionalidad

Existen muchos ejemplos del homo economicus irracional. Una mujer pide, por ejemplo, a su vecina que la ayude con el trabajo doméstico por dinero. Según la teoría económica dominante, la solicitante tratará de pagar un monto mínimo y la oferente tratará de obtener una remuneración lo más alta posible. No obstante, en la realidad la vecina quiere ayudar a la mujer por amistad, mientras que la mujer que necesita una ayuda en la casa está dispuesta a pagar una buena recompensa a la vecina. Esas dos mujeres no actúan de ninguna manera irracional o insensata o por equivocación. Solamente toman en consideración su relación mutua, más que únicamente el intercambio de su trabajo y su dinero. Las transacciones económicas no se efectúan en un vacío social: homo economicus además es homo socialis.

Maximizar la ventaja económica y la ganancia

Se considera que el actor económico siempre trata de maximizar su ventaja económica y la ganancia. Para el consumidor ello significa esforzarse por la más alta satisfacción de sus necesidades. Para el productor, significa afanarse por lograr la más alta diferencia entre sus costos de producción y sus ganancias comerciales. Simplemente dicho, significaría que siempre –tanto los consumidores como los productores– queremos más: más ingresos, más productos, más ganancias…

Observaciones con respecto a esta suposición

Diferentes investigaciones en varios países han mostrado que personas que viven solamente con un ingreso mínimo no aspiran tanto a obtener más ingresos sino que desean más que nada una seguridad de subsistencia y una mayor estabilidad para prever sus necesidades básicas.

De parte de los productores, se puede destacar que muchas empresas se esfuerzan más por una continuidad que por una maximización de sus ganancias. Además, esta maximización de ganancias no parece ser tanto el motivo inicial de muchos empresarios sino a menudo una reacción a la conducta competitiva de maximización de sus competidores. Si un empresario en un sector deja de lado posibilidades de aumentar sus ganancias a través de precios más altos por sus productos o bajando la intensidad del trabajo y de la producción, otros empresarios aprovechan los potenciales y ocupan esta parte del mercado en perjuicio del primero. Para simplemente poder sobrevivir en el mercado actual, los empresarios no tienen otra opción que tomar parte en la competencia para obtener más cuotas del mercado, mayores cifras de venta y mayores márgenes de ganancias.

Otro punto interesante es que se define la ventaja y la ganancia meramente en términos monetarios, en dinero. Al nivel micro, los ingresos miden la ganancia y al nivel macro se miden las ganancias a través del PNB. La gran deficiencia de este criterio es que solamente puede medir el grado de la prosperidad al nivel del mercado monetario (nacional) y, aún así, no toma en cuenta la carga que este modelo pone en los hombros del medio ambiente, del circuito de la redistribución del Estado y del circuito no valorizado de la reciprocidad. Además, se pueden cuestionar muchas otras cosas con respecto a la utilidad del PNB para medir la prosperidad económica: gastos militares para armas nucleares cuentan en el PNB, igual que los gastos para remediar los daños de una catástrofe ecológica ocasionados por el mismo modelo económico.

Hazel Henderson (1996) dice que el hecho de que las políticas económicas se basen casi exclusivamente en un indicador como el PNB, mientras nuestras economías llegaron a ser tan complejas, es alarmante. Es como un piloto de un Boeing 747 tratando de pilotear su avión basándose en una sola aguja de todo su panel de mandos. Aun si el PNB midiera la prosperidad material, ¿qué diría ello sobre el bienestar general de la gente? Nunca se hace la siguiente pregunta para medir oficialmente la prosperidad: “En general, ¿cuán satisfecho y feliz está usted en su vida?”.

El problema no se encuentra tanto en la suposición de maximizar las ventajas o las ganancias. Las jefas de hogar maximizan también el rendimiento de su trabajo no remunerado. Las mujeres pobres son excelentes gerentas con respecto al uso más eficiente de sus recursos y su tiempo muy limitados. La cuestión fundamental es la siguiente: ¿qué queremos maximizar? O, dicho de otra manera, ¿qué consideramos como una ventaja y una ganancia y qué más bien como una pérdida? ¿Es justo y deseable que la economía dominante considere solamente como una ganancia lo que se puede traducir y medir en términos monetarios mientras que pasa por alto gran parte del trabajo y de la producción humana orientada al desarrollo y cuidado físico, emocional y espiritual de gente balanceada y feliz, a través de actividades educativas, culturales y sociales provistas en los circuitos de la redistribución y de la reciprocidad?

A lo mejor tenemos que redefinir a nivel micropersonal y a nivel macromundial lo que es un beneficio y lo que es un costo, lo que es una ganancia y lo que es una pérdida. De verdad, ¿es ganancia vivir en una casa de lujo, poseer un carro de doble tracción pero tener que trabajar todo el día como alienado para lograr ello, sufriendo estrés y falta de tiempo para ver crecer a hijas e hijos, o para sostener relaciones sociales satisfactorias? De verdad, ¿es ganancia para una nación ver crecer su PNB si esto va de la mano con una mayor explotación de su mano de obra, de un mayor maltrato del medio ambiente y pérdida de riqueza ecológica, de serios recortes en el presupuesto público para políticas sociales y culturales que benefician a toda la comunidad?

Nuevos caminos

Es mucho más fácil analizar críticamente un sistema o modelo económico que proponer alternativas y aportar de una manera constructiva a un cambio. La cuestión central ahora es la siguiente: ¿cómo podemos lograr una sociedad y una economía más justas, donde todas las personas participen y aprovechen en condiciones de igualdad justa, satisfactoria y real?

A través de este artículo se ha tratado de indicar algunos ingredientes de una economía más justa, desde una perspectiva de género. El reconocimiento y la revalorización de los diferentes circuitos de la economía parecen cruciales. La economía no es solamente el mercado oficial de intercambios monetarios, sino también todo el ámbito público de la redistribución a través de políticas económico-sociales, además del circuito más grande y vital de actividades humanas y económicas hasta ahora no debidamente valorizadas como tal.

Por qué no buscar, por ejemplo, soluciones e incentivos para la creación de nuevos empleos remunerados en las áreas de la economía que por ahora son subvalorizadas: el sector cultural, social, de salud (mental), el ecológico, el espiritual…?

Los grupos más excluidos y víctimas del modelo actual pueden contribuir mucho en la búsqueda de otro modelo más sostenible. No es necesario empezar de cero. Las economías tradicionales marginadas por la globalización de un modelo capitalista con un mercado supuestamente “libre” pero en la práctica muy protector de algunos intereses de monopolio pueden aportar mucho. De igual manera, los modelos económicos “caseros” de las mujeres o los modelos económicos más sostenibles de otros tiempos pueden ser un aporte.

La teoría económica hegemónica –la neoclásica– que hoy en día es presentada como enfoque único, casi como si fuera un dogma religioso, debe ser puesta en el tapete del cuestionamiento crítico. Es urgente que las y los estudiantes de economía en nuestras universidades reciban un currículum educacional más pluralista en cuanto a ramas y teorías económicas que les sean presentadas. Van Staveren (2016) habla de la necesidad de revitalizar algunas “comprensiones económicas olvidadas” de economistas –algunos muy famosos y otros menos conocidos– como Adam Smith, Karl Marx, Thorstein Veblen, John Maynard Keynes, Frank Knight, Karl Gunnar Myrdal, Joan Violet Robinson, Hyman Minsky, Barbara Bergmann, Amartya Kumar Sen, entre otros.

Dada la competencia brutal entre los diferentes sectores económicos, entre los distintos países y –cada vez más– entre los nuevos bloques económicos a nivel regional, podría ser que las estrategias de cambio más viables sean las que se dirigen a nivel local (micro) o a nivel mundial (macro). Simplemente porque requiere mucho valor y coraje político que un gobierno a nivel nacional se atreva a distanciarse del modelo preponderante, aun cuando el país esté lo suficientemente fuerte para soportar posibles sanciones económicas o políticas como consecuencia.

Modelos y medidas alternativos pueden ser desarrollados y sometidos a prueba, sea a nivel local, regional, nacional o hasta internacional. Lo que queda claro –desde una perspectiva de equidad de género, que siempre también es una perspectiva de equidad social– es la necesidad de aumentar los esfuerzos para establecer mecanismos de cooperación y solidaridad, reduciendo la economía del mercado monetario a sus justas proporciones a través de una reactivación de otros valores y ámbitos relegados. Es preciso e imperioso –tomando en cuenta las actuales urgencias ecológicas y humanas– redefinir a través de un diálogo mundial lo que consideramos como “necesidades y valores básicos”, por un lado, y “ganancias versus pérdidas”, por otro.

En este campo de redefinición y elaboración de propuestas, las mujeres y los movimientos sociales en los que nos involucramos podemos aportar mucho. Y también dentro de nuestras organizaciones, institutos o movimientos hay espacio para, y es necesario utilizarlo, la pluralidad de perspectivas y estrategias. Algunas ponen mayor énfasis en, y abogan por, una mayor y más equitativa integración de las mujeres en el modelo económico y societal actual. Se esfuerzan por lograr una mayor participación de las mujeres en los ámbitos políticos, en el mercado de trabajo, en la educación, en la investigación, etc., y ello en condiciones de igualdad de trato, exigiendo un mismo sueldo por un mismo tipo de trabajo, entre otras cuestiones.

Al mismo tiempo, cada vez más organizaciones de mujeres reaccionan contra esta estrategia de cambio, aludiendo que al final no cambia nada “en el fondo” porque se trata de integrar a las mujeres en un modelo y sistema que no vale. Además, se reclama que la estrategia de integración es ineficiente porque muchas mujeres simplemente rehúsan integrarse en un modelo que no les gusta y no les sirve. El mismo modelo dificulta el acceso y expulsa a las mujeres de los niveles más altos de la política, de los puestos de dirección de empresas o de centros académicos de investigación, aun cuando existen cuotas o medidas de discriminación positiva. No pocas mujeres no quieren integrarse en el modelo dominante, quieren cambiarlo. Como una organización de mujeres lo explicitó con una imagen muy concreta: “No queremos una parte más grande del pastel, queremos cambiar la receta”.

Estas dos estrategias de cambio a menudo son presentadas como opuestas; de manera que optar por una de ellas excluye adoptar (así sea parcialmente) la otra estrategia. Esta visión dicotómica crea divisiones y hasta conflictos entre organizaciones que persiguen, finalmente, la misma causa.

¿Y si no fuese una cuestión de exclusividad, de elegir una estrategia u otra? Si finalmente queremos cambiar la receta, es porque queremos mejorar el pastel que no nos gusta tanto. Y para poder hacer un pastel más rico, tenemos que proponer y probar otra receta. ¿Y cómo saber lo que está mal y cuáles ingredientes no nos gustan, si al menos no hemos comido una parte bastante grande del pastel para descubrir ello? Aunque este no es tanto el problema para la mayoría de las mujeres, quienes ya han comido suficiente del pastel como para saber que no les gusta. Lo más importante es que, si no colaboramos con los jefes de cocina –que mayoritariamente son hombres, como ya hemos visto– y si trabajamos de una manera paralela y aislada, nosotras quizá podamos descubrir una receta más rica, pero ellos van a continuar cocinando su pastel de siempre. Porque, como ya hemos visto, muy probablemente es la única receta que conocen y “como es la única, es la mejor” también. Más vale colaborar entonces, empezando con los que se abren a un posible cambio de receta, para juntos poder descubrir que existe un pastel mucho más sabroso.

Crece la conciencia –también la económica– de que somos mucho más que entes separados y racionales que interactuamos en búsqueda del puro beneficio propio. Cada creación es automáticamente cocreación. Este artículo, como particular cocreación, se debe a varias personas que allí por 1996 en Costa Rica empoderaban a una joven experta asociada en temas de género, recién aterrizada en América Latina: Ian Chambers y Thera Van Osch. Algunos años después y de igual manera, María Nieves Rico, mi primera jefa en la entonces Unidad de la Mujer de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en 1998, me demostró en el día a día muy concreto de las relaciones laborales que la real productividad y el profundo respeto humano pueden ir –y de hecho van– de la mano. Solamente una persona de gran autenticidad e integridad logra ser jefa y amiga al mismo tiempo, sin hacer tambalear la amistad bajo las exigencias del rigor y el respeto tanto a la función como a la jerarquía de la relación laboral.

Es fundamental que cada vez más mujeres entren y participen activamente en los espacios definidos como “importantes” de la sociedad y la economía actual, en los espacios políticos, en las ciencias exactas, en la economía del mercado, en puestos de trabajo remunerados… Al mismo tiempo se necesita a las mujeres que en su práctica diaria siguen defendiendo el trabajo de cuidado y la economía del amor. Estemos donde estemos, hagamos lo que hagamos, lo básico es nunca perder de vista lo que de verdad queremos: otro pastel más rico. Demostrar que los espacios y valores considerados “importantes y deseables” en algunos casos quizá sean más bien dañinos que vitales. Utilizar nuestras posiciones y condiciones de poder para cambiar las cosas desde adentro. Crear economías e intercambios que sean productos y generadores de bienestar, respeto y amor.

Bibliografía

Henderson, H. (1996), Creating Alternative Futures: The end of economics, Boulder, Kumarian.

Karpinska, K. (2018), Betaald werk en zorgtaken en De sociale staat van Nederland 2018, Sociaal en Cultureel Planbureau. https://digitaal.scp.nl/ssn2018/betaald-werk-en-zorgtaken/

Power, M. (1984), “Falling through the «Safety Net»: Women, economic crisis and Reaganomics”, Feminist Studies, vol. 10, N° 1, 1984.

– (1988), “The State and the family in the US: Reaganomics and the experience of women”, en J. Ruberry (ed.), Women and Recessions, Nueva York, Routledge & Kegan Paul.

Smith, A. (1976), Investigación de la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, Londres, Strahan & T. Cadell.

Van Staveren, I. P. (1995), Economanie. Een inleiding in de economie vanuit een gender perspectief, Utrecht, Oio’s.

– (2016), Wat wij kunnen leren van economen die (bijna) niemand meer leest, Ámsterdam, Boom Uitgevers. https://www.boomfilosofie.nl/product/100-1236_Wat-wij-kunnen-leren-van-economen-die-bijna-niemand-meer-leest

Nieves Rico, la RAGCYT

y los indicadores en ciencia y tecnología

Diana Maffía

Estábamos en la bisagra entre dos siglos. Con Ana Franchi, Silvia Kochen y Patricia Gómez habíamos organizado una sociedad que continúa, la Red Argentina de Género, Ciencia y Tecnología (RAGCYT) preocupadas por la situación de las mujeres en la academia, y sobre todo en el sector científico y tecnológico. Las desigualdades eran evidentes, las trayectorias y sus dificultades las conocíamos en carne propia, porque pertenecíamos a esa generación bisagra que no se contentaba con elegir entre una vida profesional satisfactoria y una familiar satisfactoria: queríamos todo, y sentíamos no solo que lo merecíamos sino que debíamos actuar para lograrlo. Académicas, investigadoras y docentes, con parejas, hijos e hijas pequeños, nos hicimos un lugar para la intervención feminista.

Nos habíamos conocido en 1994, en el Encuentro Preparatorio de Beijing que la región latinoamericana realizó en Mar del Plata. Allí participamos de un taller sobre mujeres y ciencias que nos vinculó sobre todo con las investigadoras de México, quienes estaban en una búsqueda similar. En 1996 participamos del Primer Congreso Iberoamericano de Género, Ciencia y Tecnología que se realizó en Madrid, organizado por Eulalia Pérez Sedeño. Y nuestro entusiasmo nos llevó a organizar en 1998 el Segundo Congreso en Buenos Aires. Fue una ocasión extraordinaria para reunirnos con compañeras de varios países, y dejar instalada la continuidad (aún vigente) de encontrarnos de uno u otro lado del océano cada dos años para esa todavía difícil intersección de reflexiones.

Entonces, para pensar cómo construir datos para fundar intervenciones de políticas igualitarias en ciencia y tecnología, recurrimos a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y a una experta en particular para asesorarnos: Nieves Rico. Teníamos un pequeño financiamiento, y Nieves hizo su tarea ad honorem como colaboradora institucional, con una generosidad que hoy medimos con mucha más magnitud: acababa de ser madre y había dejado a su bebé por primera vez en Chile, país donde residía. La sororidad con Nieves fue inmediata, y la complicidad feminista también. Habíamos conseguido para alojarla un hotel recién construido de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE, un sindicato progresista al que pertenecían investigadoras e investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), y en particular Ana y Silvia). Pero el lugar era humildísimo y todavía no tenía red telefónica para que Nieves se comunicara con su casa. La invitábamos a comer a nuestras casas, y todo era de una precariedad y una austeridad implacable. Pero ella con su sentido del humor y su grandeza suplía todos los abismos.

Trabajamos muy duro, en parte por la falta de datos y en parte por la dificultad para imaginar indicadores suficientemente sensibles para detectar las desigualdades estructurales. En esto fue absolutamente fundamental la pedagógica asistencia técnica de Nieves Rico, que dio los primeros resultados de nuestro trabajo (Maffía, Kochen y Franchi, 2001) con incidencia en el Conicet, donde coronando el esfuerzo hoy nuestra presidenta, Ana Franchi, es la autoridad máxima, con lo que las políticas de género son ya políticas institucionales.

Los indicadores son instrumentos utilizados para medir y comparar situaciones sociales, y para trazar su evolución. Son utilizados, entonces, para establecer diagnósticos confiables y para medir la eficacia de políticas públicas. Las investigaciones sociales feministas se han tropezado a menudo con la escasa utilidad de los indicadores tradicionales para analizar la situación específica de las mujeres, y sobre todo para poder establecer comparaciones que permitan establecer las brechas de género.

Y es que no hay indicadores en abstracto; los indicadores no nos describen las situaciones sociales, sino que expresan una parte importante del fenómeno, pero siempre es un concepto que sintetiza situaciones generalmente mucho más complejas. No pretenden describir un fenómeno sino indicar y alertar sobre el sentido en el que evoluciona.

Esto significa, por un lado, que antes de elegir o construir un indicador, debemos tener una pregunta muy precisa acerca de ese fenómeno. Los indicadores solo pueden contestar preguntas formuladas muy precisamente. Pueden medir el problema o la eficacia de las acciones para resolverlo, pero en cualquier caso debemos tener presentes previamente (y en lo posible expresarlos) los resultados requeridos para garantizar la equidad de género, las metas a alcanzar. Es decir que para poder discernir a través de un indicador si las mujeres estamos cerca o lejos de la equidad, debemos saber cuál es el resultado ideal que revelaría que tal equidad se cumple.

Las preguntas que las feministas nos formulamos (especialmente la necesidad de conocer la situación de las mujeres, evaluar la brecha que se produce entre ambos sexos y establecer las diferencias cuantitativas en los diferentes niveles entre uno u otro) requieren que propongamos indicadores específicos, ya que los tradicionales no cubren esta necesidad. Un desafío a la creatividad de estos indicadores es que deben cumplir dos objetivos aparentemente en conflicto: responder a nuestra realidad específica, y ser comparables a nivel regional o internacional. Este es parte del desafío que se ha propuesto la Red Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Género (RICTYG)[15] coordinada por Eulalia Pérez Sedeño y en el que debemos seguir avanzando.

Una pregunta que excede lo metodológico es si los indicadores diseñados por países desarrollados sirven o no para medir nuestros avances, y en todo caso si al menos resultan útiles como punto de partida para iniciar la producción de indicadores en una América Latina tan desigual, en la que ni siquiera se ha logrado que los datos accesibles estén desagregados por sexo. Porque la producción es muy compleja ya que idealmente, al analizar una política como la de ciencia y tecnología desde una perspectiva de género, los indicadores deben medir a la vez los instrumentos de políticas públicas y el impacto social.

Así debemos construir indicadores normativos (que nos indiquen el avance y retroceso en la promulgación o modificación de leyes y resoluciones), indicadores de capacidad institucional (los recursos con que cuente cada sector para aplicar el plan, no solo en cuanto presupuesto económico, sino como recursos humanos y capacitación específica), indicadores de resultados (el conjunto de acciones emprendidas en el marco del plan, y la interrelación entre diversas áreas) e indicadores de impacto (el efecto de estas acciones en la vida y la situación de las mujeres).

La medición y producción de indicadores lleva implícita la realización de actividades en diferentes campos: normalización, reflexión metodológica, investigación, capacitación de recursos humanos, producción y difusión de información, en una búsqueda de transversalidad, continuidad y profundidad.

Los indicadores deben seleccionarse y construirse desde una perspectiva de género a fin de mostrar tanto las características propias de las mujeres como las desigualdades asociadas con los diferentes roles sociales de mujeres y varones en los ámbitos de la producción, la reproducción y la distribución del bienestar social, esto se traduce en la práctica en un tratamiento comparativo por sexo, que es lo que permite la información estadística disponible

Para realizar las tareas de monitoreo, el Estado puede asociarse con áreas de la sociedad civil y con áreas académicas a fin de establecer un circuito virtuoso de conocimiento y acción. Así, la Red RAGCYT, dirigida por Ana Franchi y Silvia Kochen y con un programa en el Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la Universidad de Buenos Aires, viene realizando desde 1994 un trabajo sostenido con el objetivo de generar un espacio de intercambio entre científicas e investigadoras interesadas por la situación de la mujer en el sector científico-tecnológico; trazar un diagnóstico de la situación de las mujeres en el sector de ciencia y tecnología en distintas áreas y carreras, y un seguimiento a través de los años; elaborar tareas de registro, valoración y promoción de la contribución de las mujeres en ciencia y tecnología, y fortalecer la conciencia de género.

A través de investigación, participación académica, acciones de abogacía y el establecimiento de una red de trabajo nos propusimos hace unos años elaborar un diagnóstico de las barreras de género en el desarrollo de las carreras, y una propuesta de construcción de indicadores con perspectiva de género para cuya inclusión realizó un convenio con el Conicet, una institución estatal que concentra los principales investigadores y programas de investigación de la Argentina.

Para visibilizar la situación de las mujeres propusimos en primer lugar un indicador por disciplina científica/sexo. Este indicador, que recoge el porcentaje de investigadoras e investigadores según sexo y por disciplina, permite calificar a las carreras en feminizadas, equitativas y masculinizadas.

El segundo indicador propuesto fue por categoría/sexo. El análisis de los niveles jerárquicos alcanzados por las mujeres permite reconocer su nivel en el sistema. Vemos así claramente el “efecto tijera”, el lugar donde se produce el estancamiento de las carreras de las mujeres y la ínfima participación en los niveles superiores de investigación.

En tercer lugar propusimos un indicador por edad/sexo, ya que el análisis etario con relación al sexo permite evaluar los cambios en el acceso a los distintos niveles del sector y el tiempo de permanencia en ellos. Comprobamos así que las mujeres tardan más que los varones en ser promovidas, permanecen más tiempo en cada categoría y así retrasan sus carreras. La edad tiene relación también con el período de gestación y crianza de hijos.

También propusimos un indicador por dirección de subsidio y monto asignado/sexo. Este indicador nos permitió observar que, aunque había aumentado el número de mujeres que dirigían proyectos de investigación y accedían a subsidios, sin embargo su proporción no era equivalente cuando se analizaban los montos obtenidos por los proyectos dirigidos por varones.[16]

Otro indicador sensible es por cargo de decisión o evaluación/sexo. La estructura de gobierno del Conicet tuvo en 2008, por primera vez en su historia, una mujer como presidenta. En los últimos quince años el directorio incorporó dos mujeres, una de ellas feminista, Dora Barrancos. Y hoy su presidenta, Ana Franchi, es feminista y presidenta de la RAGCYT. Comienzan a ser más igualitarias las comisiones asesoras por área de conocimiento y el banco de evaluadores. El análisis de la proporción de mujeres en cargos de decisión política permite observar la posibilidad de ellas de alcanzar niveles de decisión. Y, por otra parte, investigar la perspectiva de género en la evaluación de proyectos. Por eso menciono en especial la condición de feminista de Dora Barrancos; porque por su iniciativa se incluyeron dos medidas muy importantes para el equilibrio entre vida familiar y trabajo para las mujeres, que son un ejemplo de políticas del cuidado en las instituciones públicas. Previamente, en una medida por la que estuvimos reclamando muchos años, se cubrió obra social y licencia por maternidad para becarias con extensión de la beca. Las medidas que se agregaron recientemente se dirigen a las investigadoras. Por un lado se extendió el límite de edad para el ingreso y la promoción en la carrera, un año por hijo hasta tres años por tres o más hijos. Por otro, se prorroga automáticamente un año la entrega del informe en el año de gestación o nacimiento. La actual presidenta, Ana Franchi, se propone medidas efectivas de paridad. Y hay en el Conicet una comisión específica para casos de violencia de género en los laboratorios que ya ha recibido y procesado varios casos. La RAGCYT se propone medir próximamente el impacto de estas medidas.

Gracias, querida Nieves Rico, por tu sabiduría y confianza en esos comienzos.

Bibliografía

Maffía, D., S. Kochen y A. Franchi (2001), “La situación de las mujeres en el sector científico-tecnológico en América Latina: principales indicadores de género”, en E. Pérez Sedeño (ed.), Las mujeres en el sistema de ciencia y tecnología, Madrid, OEI.

– y J. Atrio (2005), “Propuesta de construcción de indicadores en el sector de ciencia y tecnología con perspectiva de género”, en M. Albornoz y D. Ratto (eds.), Indicadores de ciencia y tecnología en Iberoamérica, Agenda 2005, RICYT (CYTED-OEA).

La sonoridad de décadas: intersecciones biográficas

Cristina Bloj

En estos días pensé en mis amigos y amigas, entre ellos,

apareciste tú. No estabas arriba, ni abajo ni en medio. No encabezabas

ni concluías la lista. No eras el número uno ni el número final.

Lo que sé es que te destacabas por alguna cualidad que transmitías y

con la cual desde hace tiempo se ennoblece mi vida. Y tampoco tengo

la pretensión de ser el primero, el segundo o el tercero de tu lista.

Jorge Luis Borges, “A un amigo”

Lo primero que me sobrevino cuando germinó este proyecto fue escribir un texto que destacara los aportes que ha realizado Nieves a lo largo de su trayectoria profesional; quizá era el camino más natural y a la mano. Pero, luego de dar vueltas, y frente a la pantalla en blanco, me invadió la idea de tomar otro atajo. Esta decisión no implicaba obviar cuestiones de índole laboral sino, más bien, recuperar una multiplicidad de genealogías para cristalizar, a partir de fragmentos y mixturas, nuestras biografías reales, sentimientos, viajes, trabajos compartidos; y hacia esa suerte de etnografía de la amistad se dirige mi homenaje.

Si se piensa la amistad en sentido genérico es posible que nos evoque una serie de interrogantes en torno al modo en que surge, al porqué algunas son resistentes al tiempo y otras no, a lo mucho que significan en determinados momentos; y, al mismo tiempo, que no hallemos respuestas definitivas y quedemos expuestos a enigmas trascendentes. Y si reflexiono, en particular, sobre mi amistad con Nieves me invaden, casi inmediatamente, una serie de vivencias que no pretendo narrar aquí en su totalidad, pero sí detenerme en aquellas más significativas y que, como han perdurado en mi memoria, las reivindico como consustanciales a nuestra amistad. Somos conscientes de que la memoria siempre es incompleta y selectiva y, también, que los relatos que la envuelven, y nos envuelven, portan el sello de quien los suscribe, por lo que hablar de esta amiga me lleva, inexorablemente y sin quererlo diría, a hablar de mí.

Nos conocemos desde la época universitaria. Ambas elegimos una carrera poco tradicional para entonces y en un contexto que lo era menos aún: aciago. Eran los años de la dictadura militar en la Argentina y nos cruzamos en la antigua Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Rosario. En el momento en que ingresamos, la carrera de Antropología arañaba su último año de apertura ya que luego fue cerrada por la maquinaria del proceso militar, y volvió a restablecerse en la década de 1980, con el advenimiento de la democracia. Transitamos el inicio de nuestra vida académica y lo hacíamos en la peor encrucijada de la historia nacional y, por lo tanto, también de la escena universitaria: casi sin profesores, con desapariciones, exilios, miedos, silencios; es imposible olvidar esos desventurados tiempos. A pesar de estas políticas de desmantelamiento que incluían, además del cierre del ingreso, controles policiales para las y los estudiantes, la supresión de la sociabilidad puertas adentro, el desconcierto respecto del futuro, seguimos adelante y terminamos el grado. Pero en lugar de haber sido un tiempo de disfrute tratamos de huir lo más rápido posible de ese espacio hostil, de una carrera perseguida y en una facultad extremadamente hostigada por ser identificada como “peligrosa”.

A la luz de esos agitados mares congeniamos bastante velozmente en una época de la vida en que las amigas ocupan un lugar muy importante construyendo complicidades. Y así fue, poco a poco, que experiencias y confidencias fueron consolidando un vínculo; cada una viviendo sus instantes, amores, desamores, infortunios, satisfacciones cotidianas; compartiendo momentos de estudio, la tensión de los exámenes, las meriendas en las respectivas casas, las salidas al bar El Cairo, las afinidades políticas. Y la vida empezó a correr y, a la par, a dar sus vuelcos.

Veníamos de historias diferentes, claro. De familias diferentes. Mi entorno era menos normativo, si se puede catalogar así, a diferencia de la casa de Nieves en la cual la figura de su madre marcaba el ritmo con ahínco, también con inteligencia y gracia. Los detalles forman parte de la arquitectura y de la estética de las memorias y un recuerdo imborrable de ese hogar es la caramelera dispuesta en la mesa ratona del living repleta de pepitas multicolores de chocolate siempre a la mano, y que yo disfrutaba mucho. Tampoco puedo omitir que nunca faltaban los dichos y moralejas que Paca, la madre, repetía con una intención moralizante y con auténtico acervo español. Y reconozco que, al mismo tiempo que me incomodaba, me gustaba oír esa suerte de ritual anticipado con precisión, textual, que esperábamos con un asombro fingido y qué sabíamos íbamos a transgredir.

Nieves siempre fue creyente, pero su fe y mi ateísmo nunca nos distanciaron sino que pasaron a formar parte de la liturgia de la amistad ya que en toda situación complicada, amenazante para mí o compartida, mirando al cielo ella pedía, entre risas y a modo de mantra: “Dios, ayudá a esta atea”. Siempre lo agradecí porque resultaba tranquilizador que alguien más velara por mí cuando la existencia se ensombrecía.

Pronto llegó el primer viaje de futuras colegas a la ciudad de Bariloche, como parte de un equipo que emprendía una campaña arqueológica. En nuestro caso el plan era explorar otra opción que brindaba la antropología pero que, finalmente, a ninguna de las dos nos sedujo para darle continuidad. Y tengo un recuerdo muy claro que por esos días sonaba en la radio, a la vera del helado río Pichileufú, la publicidad del recital de Luis Alberto Spineta y su “Muchacha ojos de papel”, advirtiéndonos que había una vida urbana más allá de la cuadrícula arqueológica y que, por momentos, nos dejaba fantasear con salir corriendo a la ciudad. Para mí ese viaje tuvo un plus de significación ya que por primera vez conocí la nieve, y fue en el cerro Catedral. A pesar de que era verano las altas cumbres conservaban los hielos y a mis dieciocho, quizá diecinueve años, tomaba contacto con la nieve en un viaje con amigos y con mi amiga Nieves; valga la casi homonimia.

Luego empezamos a circular por los congresos de arqueología, ya que la antropología social seguía tildada de maldita en la Argentina; y con los congresos llegaron los nexos con otras y otros estudiantes, con otras facultades, con otras historias y con nuevos amores. Cada una en su búsqueda, con sus desafíos y sus encrucijadas, pero permaneciendo en cercanía.

En los últimos años de facultad llegaron los primeros trabajos, las primeras responsabilidades, las iniciativas que nos permitieron ir construyendo y asumiendo una identidad como antropólogas. Y tengo que reconocer que Nieves fue siempre una entusiasta, una emprendedora y un motor para mí en los inicios. Así compartimos investigaciones, la redacción de textos académicos incipientes sobre temas variados, la repentina inclinación hacia la antropología urbana. Y como resultado de esa irreverencia temprana soportamos con bastante hidalguía los embates y la crítica generacional de quienes sostenían que “eso no era antropología”; pero ¿quién podría atribuirse qué era y qué no la disciplina?, ¿quién podía sentirse autorizada o autorizado para definir los alcances de una profesión que estaba en agonía por la censura política y que necesitaba ser revitalizada urgentemente?

Luego vinieron los viajes más determinantes de la vida. Finalizada la carrera, Nieves partió para España, la tierra de sus ancestros, permaneció varios años, aunque no recuerdo cuántos, y conoció a quien hasta hoy es su compañero. Allí, también, nos reencontramos yo buscando un sitio europeo donde quedarme y que, paradójicamente, se gestó en mi pasaje por Madrid; en el lugar y en el momento adecuado, y casi sin darme cuenta, llegué a la Comisión Europea en Bruselas y, en ese período, viví experiencias que me marcaron en múltiples sentidos que no vienen al caso.

Pasado el tiempo, Nieves regresa a América Latina, a Chile específicamente, y si mal no recuerdo comenzó a fortalecer, desde diferentes iniciativas e instituciones, su acercamiento a los estudios de género y su posicionamiento feminista. Y tengo que reconocer, nuevamente aquí, que le debo mi aproximación a los temas de género y, sobre todo, alrededor de la reflexión y acción sobre este campo, subrayando en sucesivas publicaciones de los años 90 cómo los estudios de género habían desencadenado una revisión trascendental de los marcos interpretativos dominantes, generando nuevas problematizaciones, interrogantes y resistencias, en sentido amplio.

Siguiendo este derrotero, intercalando nuestras historias de vida, iniciado los años 90 gané una beca para realizar un curso de posgrado en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal)-Santiago de Chile, lo que nos permitió reencontrarnos con una convivencia más cotidiana, de casi un año. Conté con la colaboración de ella y de su pareja para instalarme; compartimos reuniones y amigos en su casa y en mi nueva casa del barrio de Ñuñoa que devino en un territorio internacional muy florido ya que alojaba a personajes de diferentes partes del mundo (desde Australia a Uruguay). Y quiero destacar mi participación desinteresada en sus primeras incursiones al volante; un riesgo que corrí amigablemente.

Casi finalizando los años 90 decidí vivir nuevamente en Europa y esta vez era yo quien se instalaba en Madrid por varios años, primero en el barrio de Salamanca y luego en la calle San Mateo; fue un período muy feliz en el cual me enamoré en Berlín, finalicé mis estudios de posgrado en Madrid y conocí a quien se convirtió en mi director de tesis doctoral y me obligó a viajar al Reino Unido con asiduidad; va también mi humilde homenaje a Ernesto Laclau. La triangulación Madrid, Essex, Berlín, que repetía con bastante frecuencia, se convirtió en virtuosa y gozosa. En esa etapa nos vimos en diversas oportunidades ya que éramos, y somos, profesionales errantes; condición que siempre facilitó los encuentros en algún sitio del mundo. Y luego mi vuelta a Rosario, a la base, nos siguió reuniendo ya que, de algún modo e incluso a pesar del tiempo transcurrido fuera del país, también seguía siendo la base familiar para Nieves.

En su vida en Santiago de Chile hay un hito que no puedo dejar de mencionar y es el nacimiento de su hijo y con él la experiencia tan buscada de la maternidad, el disfrute y la complementariedad con el hacer y el desarrollo profesional.

Si me concentro en los temas laborales, Nieves ha brindado muchas contribuciones en sus diferentes inserciones previas a los diferentes roles desempeñados en la Cepal. No me voy a detener en ello porque otras y otros colegas lo harán con más autoridad, ya que han trabajado con ella cotidianamente. Pero sí quiero hacer mención a aquellas iniciativas que compartimos. Entrado el nuevo milenio fui invitada por Nieves a realizar diferentes consultorías que me acercaron aún más a los estudios de género desde diferentes hilos conductores: la preocupación por los alcances de la investigación social al campo de las políticas públicas y la construcción de intersecciones, la elaboración de políticas laborales con enfoque de género y su inscripción en la agenda pública, el “presupuesto participativo” y sus contribuciones a la construcción de políticas sociales, el relevamiento de políticas públicas de infancia y adolescencia a nivel local en América Latina y las contribuciones a la superación de la pobreza infantil, las políticas públicas para garantizar el derecho al juego, tiempo libre, deporte y participación de niñas, niños y adolescentes; la generación de conocimiento sobre las trayectorias de las mujeres con formación técnico-profesional en la Argentina y la promoción de igualdad de género. Así, mi inclinación hacia la investigación y su preocupación por la gestión y el nexo con el conocimiento se retroalimentaron eficazmente; al igual que lo procuró con otras y otros especialistas. Y estas búsquedas nos llevaron a producir publicaciones y a emprender nuevos viajes profesionales: Chile, Costa Rica, Uruguay, Buenos Aires; participando en talleres, en reuniones, en la XIII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe.

Decía al inicio que hay amistades fugaces y otras que resisten el paso del tiempo y son, estas últimas, las que nos permiten experimentar una sensación alentadora, de continuidad. A riesgo de caer en un lugar común, la amistad calma y llena vacíos emocionales que en ocasiones el amor no logra. Andanzas, diálogos banales y no tanto, afinidades, logros reconocidos y frustraciones confesadas, emparentan y sin necesidad de poner en juego la mejor cara. Y, también, nos aseguran que algo debemos estar haciendo bien para que un vínculo recorra el tiempo sin dañarse y que celebremos, hoy, una amistad con el respaldo y la resonancia de décadas. No obstante, no hay que olvidar que, como sabiamente apuntaba Simone de Beauvoir: “La amistad nunca viene dada, sino que debe conquistarse indefinidamente”; y con ese afán espero que sigamos entrecruzando nuestras historias de vida.

Los cuidados durante y después

de la pandemia en América Latina: ¿Una emergencia con oportunidades?

Juliana Martínez Franzoni

A Nieves Rico, celebrando con ella su huella intelectual

y afectiva en materia de cuidados en América Latina.

La vivencia actual de los cuidados

En un día cualquiera de abril de 2020, una niña dibuja, una mamá habla con su equipo de trabajo desde la computadora, la niña pide ayuda, la madre mira el reloj, ansía terminar la conversación laboral, y quisiera también, ella misma, pedir ayuda. Aunque es la única persona adulta a cargo de su hija, no deja de agradecer su situación: mientras ella está sentada frente a su computadora, su hermana y su cuñado, ambos enfermeros, atienden largas horas en un hospital mientras los tres hijos de ambos se quedan a cargo de la hija adolescente.

La situación de esta niña, de su mamá y del resto de su familia se repite al infinito. Producto de COVID-19, el mundo enfrenta una cuarentena sanitaria, social y económica con alcances y duración aun inciertas. La cuarentena concentra trabajo, educación, atención primaria de la salud y recreación en un único espacio. Los hogares se han convertido en el espacio donde todo ocurre: los cuidados; la educación de niñas, niños y adolescentes (NNA), la socialización y el trabajo productivo (CIM y OEA, 2020). Además, el riesgo de enfermedad de las personas adultas mayores se traduce también en más necesidad de atención (OCDE, 2020). Por si todo ello fuera poco, la mera ida a un supermercado se volvió, desde marzo, una operación compleja y mucho más lenta, desde las filas para entrar hasta el tiempo destinado a desinfectar cada producto.

Las mujeres cuidan dentro y fuera de la casa: desde trabajadoras del hogar hasta enfermeras en los hospitales, son principalmente mujeres quienes cuidan a NNA, personas mayores y personas con discapacidad en condiciones de extrema dificultad, con costos para su salud física y mental, y con un mayor riesgo de contagio. El cierre de escuelas, el aislamiento social y el aumento de personas enfermas incrementó el tiempo femenino destinado al trabajo no remunerado de las mujeres y, con ello, la desigualdad de género (Cepal, 2020a, 2020b).

La productividad de las empresas, que continúan operando, también enfrenta serios retos y dilemas. No es fácil asumir las mismas demandas sobre las personas trabajadoras que las que se tenían previamente a la pandemia; tampoco es fácil identificar maneras de resolverlo que atiendan los objetivos de todas las partes implicadas: los negocios, las personas trabajadoras, las personas que requieren cuidados.

Lejos de tratarse de un escenario temporario, el regreso a la vida prepandemia, aun en un escenario optimista, podría tomar años. Entretanto, los países estarán entrando y saliendo de medidas más o menos restrictivas de distanciamiento físico. El confinamiento tendrá así un carácter cíclico. Paralelamente, una reorganización de las economías y de la vida cotidiana buscará adaptarse a esa nueva “normalidad”.

Pero, en todo caso, la ubicuidad de los cuidados que la pandemia ha ayudado crudamente a mostrar es parte de la vida de las personas, empresas, comunidades y economías en tiempos normales. La presencia en todo momento y espacio de las necesidades de cuidados viene de la mano de otra ubicuidad: la capacidad de las familias, en particular de las mujeres, de estirar su tiempo y sus brazos para atender simultáneamente múltiples tareas y obligaciones. Se trata esta de una forma de violencia que se suma a la violencia de género física y emocional.

En efecto, igual que durante la pandemia, las soluciones suelen ser familiares y principalmente femeninas. Frente a la computadora o en la caja de un supermercado, son cientos de malabarismos cotidianos los que hacen que todo funcione y abra el espacio para el trabajo remunerado. También se observan familias que están transitando el distanciamiento físico con su personal de servicio sin retiro. Casi inevitablemente, la pandemia acentúa y lleva el déficit entre las necesidades de cuidados y la organización social existente para hacerle frente a su máxima expresión.

En América Latina, la pandemia afecta directamente exportaciones, turismo y remesas, así como la participación laboral de cientos de miles de mujeres en cadenas locales, nacionales y globales de cuidado. Las personas y en particular las mujeres enfrentan esta situación en condiciones de alta desigualdad entre sí respecto de su disponibilidad de ingresos, servicios y tiempo. De no mediar intervenciones de política pública, las desigualdades se profundizarán, en particular aquella relacionada con la organización social de los cuidados.

Los riesgos son cuatro: el profundo retroceso en la participación laboral femenina tanto en cantidad como en calidad; la pérdida de talento que ello conllevaría para las empresas, para las cadenas productivas y para la economía; el aumento de la pobreza y la desigualdad de las mujeres y de quienes están a su cargo, y los retrocesos en la calidad de los cuidados que reciben las personas cuidado-dependientes (educativos, sanitarios y de protección social).

Sin embargo, de mediar una lectura adecuada y una voluntad clara de incidir en esta crítica situación, sería posible poner la crisis al servicio de formas de organizar socialmente los cuidados que sean mejores para las personas cuidadas, para quienes cuidan y para el funcionamiento de las empresas, de las relaciones entre empresas y de las economías como tales. Dado que la región vivirá confinamiento y reapertura de las economías de manera alternada y simultáneamente, las medidas deben prever ambas situaciones.

Concretamente, los tres riesgos mencionados pueden convertirse en oportunidades si los gobiernos desarrollan estrategias en torno a cuatro “nudos”: el funcionamiento de las cadenas de valor que vinculan a las empresas, el apoyo a las familias desde los sistemas de protección social y la participación masculina en los cuidados. El hilo conductor de estas tres estrategias es pasar de respuestas femeninas y familiares en materia de cuidados a respuestas colectivas, con corresponsabilidad social dentro y fuera de la casa, tal como investigadoras y activistas feministas de la región latinoamericana han promovido de múltiples maneras durante la última década. Ello requiere hacer de los cuidados una dimensión central de las medidas que buscan mitigar la pandemia y de las medidas que buscan la recuperación económica.

La ubicuidad de los cuidados

El término “cuidado” designa un amplio conjunto de actividades, desde intensivas hasta extensivas, desde aquellas mecánicas hasta aquellas empáticas y reflexivas, puestas a disposición de resolver las necesidades de otro ser vivo (Durán, 2018). Los cuidados implican entender y atender a personas que no pueden resolver todas o parte de sus necesidades físicas, emocionales y/o afectivas. La idea de entender alude a una conexión necesaria entre quien cuida y quien recibe esos cuidados (Folbre, 2012, 2003).

En la medida en que alguien necesita algo que otras personas pueden darle, los cuidados se insertan en relaciones y estructuras de poder (Tronto, 1995). A lo largo de la vida, en varios momentos todas las personas requieren que otras les cuiden. El grado de cuidado-dependencia que unas personas tienen de otras se acentúa al inicio y al final de la vida, durante situaciones de enfermedad y ante la discapacidad temporaria o permanente. En esos escenarios, las personas requieren de otras para resolver satisfactoriamente necesidades básicas de alimentación, higiene, vestido y afecto.

A veces ello ocurre de un momento a otro. Por ejemplo, una persona perfectamente autónoma para atender sus propias necesidades de repente se tuerce el pie; en segundos deja de ser autónoma y pasa a estar, para un conjunto importante de actividades necesarias para su vida cotidiana, en manos de otras personas. En definitiva, en distintos grados, todas las personas requieren cuidados para hacer frente a la vida cotidiana y, más aún, para poder destinar una considerable cantidad de horas diarias a la generación de ingresos.

Por eso, el “llamado a cuidar” apela a una ética relacional del “hoy por ti, mañana por mí” (Tronto, 2010). Mientras los buenos cuidados se asientan en la idea de que quienes hoy atienden las necesidades de otra persona verán mañana sus necesidades de cuidado igualmente atendidas, los malos cuidados se asientan en el maltrato y la negación de las necesidades de cuidado de buena parte de la población. En América Latina, a lo largo de la historia y en el presente, con frecuencia los cuidados han sido resueltos a costa de las personas cuidadoras, generalmente mujeres, indígenas, migrantes (ONU Mujeres y OIT, 2016). La clave está en superar las asimetrías y construir dinámicas, instituciones, prácticas de cuidado en el marco de relaciones más horizontales. Para ello, es necesario descartar que toda una categoría de personas, por ejemplo, los hombres, demanden cuidados sin aportarlos (Tronto, 2010).

A la vez, la democratización de los cuidados implica reconocer y validar múltiples formas de cuidar, las cuales tienen lugar en el marco de significados y prácticas sociales diversas: no son iguales las definiciones y prácticas en el altiplano boliviano que en la capital federal de Buenos Aires. El reto de la democratización de los cuidados es así también el reto de igualar en la diversidad (Raghuram, 2016).

Atravesando la diversidad, los cuidados se manifiestan como un derecho humano, inherente a la condición humana (Pautassi, 2018, 2007). En una sociedad sin cuidados sería imposible la vida, mucho menos existiría la vida económica: los recién nacidos no sobrevivirían sus primeras horas fuera del vientre materno, niñas y niños carecerían de toda socialización para volverse parte de la comunidad, cualquier enfermedad y buena parte de las discapacidades se volverían mortales, la dependencia durante el envejecimiento de quienes milagrosamente pudieran llegar a ellas acabaría con esa personas. En definitiva, en una sociedad sin cuidados no hay seres humanos, ni sociedad ni economía.

Si por trabajo se entienden actividades que en principio podrían remunerarse para que las haga otra persona, entonces los cuidados constituyen trabajo (Folbre, 2006, 2002). Mientras nadie puede divertirse por otra persona, sí puede preparar los alimentos, encargarse de la estimulación temprana de un bebé o supervisar la ingesta de medicamentos de una persona adulta mayor. Este trabajo de cuidados es tan inherente al funcionamiento de las economías, del mercado laboral, de la protección social y de las familias, que termina dejando de verse.

Una parte de los cuidados se realizan de manera remunerada y otra parte, la mayoría, de manera no remunerada. Las actividades, sin embargo, pueden ser las mismas: lavar los dientes, administrar medicinas, preparar alimentos, escuchar, atender, ayudar son todos ejemplos de actividades que pueden realizarse tanto de manera remunerada como no remunerada.

¿Por qué cuidar distinto y cuidar mejor?

El trabajo de cuidados tanto remunerado como no remunerado es principalmente realizado por mujeres en el marco de las familias. Antes de la pandemia, este era el caso de 7 de cada 10 horas de trabajo doméstico y de cuidados. Las mujeres destinaban a las actividades de trabajo doméstico y de cuidados entre 22 y 42 horas semanales (Cepal, 2020c). Esta feminización de los cuidados atraviesa familias, mercados laborales y, en general, la vida social (Elson, 1991). Esta feminización en buena medida explica su invisibilidad. Los cuidados experimentan la llamada “penalidad” de género: son imprescindibles pero invisibles y reciben escasa remuneración y protección social (England y Folbre, 1999).

Realizados de manera remunerada, los cuidados representan una fuente significativa de empleos, de apoyo a las empresas y de ingresos en el marco de los sistemas de protección social, de servicios privados institucionales y de servicios privados ofrecidos en los hogares (Martínez Franzoni, 2010). Al hacerlo, esos cuidados se vuelven un pilar de la economía monetaria.

La actividad económica remunerada se organiza en torno a relaciones entre personas y empresas de base local, nacional o global. Estas relaciones dan lugar a las llamadas “cadenas”, conformadas por eslabones de producción, distribución y consumo que vinculan a cada persona y a cada familia con mercados locales, nacional y globales. Una cadena de valor es una red formal o informal que vincula actividades dentro de una o más cadenas productivas. Por ejemplo, la quínoa a la que una mujer indígena le quita la cáscara en el altiplano peruano es parte de la cadena de valor de un producto de belleza que una empresa líder vende en Europa.

Los eslabones que conforman una cadena de valor solo son posibles por la presencia, transversal, a lo largo de toda la cadena, de eslabones proveedores de cuidados, sean remunerados o no remunerados. Una gerenta de una empresa farmacéutica y un profesor universitario que tienen una niña pequeña solo pueden ir a trabajar una vez que la niña ha sido dejada en la guardería o con una cuidadora que llega a su casa para atenderla. Podría ser también que sea la abuela quien, de manera no remunerada, se encarga de esos cuidados. En cualquier caso, las horas de trabajo remunerado de los padres no pueden desarrollarse sin que tengan lugar los cuidados de la niña. Por ello, la productividad de las empresas se apoya directamente en que los cuidados estén resueltos de tal manera que sus trabajadoras y trabajadores puedan poner sus responsabilidades familiares “en pausa” y dedicarse de lleno a la actividad laboral.

Hay un conjunto de cadenas dedicadas exclusivamente a los cuidados (Hochschild, 2000; Pérez y García, 2014). En estas cadenas globales participan migrantes latinoamericanas en Europa y en Estados Unidos (Herrera, 2016). Estas cadenas no son necesariamente ni siempre globales; pueden ser locales y nacionales. En todos los casos, los cuidados tienen lugar en el marco de relaciones jerárquicas entre quienes contratan y quienes cuidan. Los vacíos de cuidado que dejan quienes se van, aunque en escenarios de desigualdad y vulnerabilidad (Orozco, 2010), son llenados y atendidos desde las familias, las comunidades y, en mucho menor medida, desde los servicios públicos (Herrera, 2016).

Los cuidados que se brindan de manera remunerada son parte de los servicios sociales, tanto públicos como privados. También es generalmente aceptado que, en cuanto tales, son parte de la economía de servicios. Lo que resulta menos evidente es que estos eslabones son parte de todas las cadenas de valor: sin cuidados no se produce piña, ni se extrae petróleo, ni se gestionan servicios médicos o de ningún otro tipo. En estos estos casos, las personas que participan, desde la producción a la distribución e incluso hasta el consumo, pueden hacerlo porque otras personas o ellas mismas en otros momentos están resolviendo los cuidados de quienes están a su cargo.

En suma, los cuidados, tanto en su forma remunerada como no remunerada, constituyen eslabones, netamente generadores de valor social pero también de valor económico. Estos eslabones de cuidados son generalmente invisibles, considerados asuntos estrictamente familiares, o considerados actividades productivas disociadas de las cadenas productivas a las que alimentan.

¿Qué consecuencias tiene una mala organización de los cuidados?

Las consecuencias negativas, tanto sociales como económicas, de la feminización y la invisibilidad de los cuidados son profundas. Para las mujeres, el hecho de ser casi exclusivas responsables de los cuidados no remunerados constituye, a nivel global, el principal obstáculo a su participación laboral: incide en que puedan o no participar e incide en el tipo de participación laboral que pueden tener. Por ejemplo, incide en que las mujeres busquen trabajos parciales, precarios y carentes de protección social (OCDE, 2018). Ello no es así para los hombres, quienes reportan como principales motivos del no poder trabajar el estar estudiando, estar enfermos o enfrentar una discapacidad (OIT, 2018). Las limitaciones para acceder a buenos trabajos remunerados generan a su vez otras consecuencias negativas, como las largas jornadas laborales, la falta de descanso adecuado, amenazas a la salud mental, falta de recursos económicos propios, obstáculos para construir proyectos de vida autónomos y desprotección en la vejez. Además, dado que una buena proporción de niñas y niños en América Latina viven con sus madres y no con sus padres, junto con la pobreza femenina, esta situación trae aparejada la pobreza infantil.

El efecto concreto de la organización actual de los cuidados para el empoderamiento económico femenino varía entre las mujeres. Para algunas, interrumpe trayectorias laborales y dificulta la movilidad laboral ascendente; para otras, inhibe el acceso a trabajos de tiempo completo, formales y bien remunerados –o la permanencia en ellos– y para otras, impide el acceso a ingresos laborales u obliga a tomar empleos de muy mala calidad en el servicio doméstico. De hecho, la desigualdad socioeconómica entre las mujeres latinoamericanas hoy es considerablemente mayor que en 1990: mientras unas han logrado tasas de participación laboral similares a las de los hombres, otras mantienen una muy baja inserción laboral, de la mano de enormes responsabilidades familiares y escasos apoyos para poder completar su educación formal y/o generar ingresos propios (ONU Mujeres, 2017).

En segundo lugar, las consecuencias negativas de la organización actual de los cuidados alcanzan a las empresas y a las economías. Como lo planteaba Alejandra Mora, entonces ministra de la Condición de la Mujer de Costa Rica, el hecho de no lograr la plena incorporación de las mujeres a la economía productiva restringe talento humano y recuperación de la inversión social realizada.[17] Abordar los cuidados, por el contrario, mejora el clima laboral, disminuye la rotación y el ausentismo, retiene talento y genera mayor compromiso y motivación laboral (PNUD, 2013). Así, la corresponsabilidad social constituye una herramienta empresarial de gestión de personal y de capital humano (OIT y PNUD, 2009).

En las empresas latinoamericanas la incorporación de estas medidas ha sido lenta, aunque algunas de tamaño grande muestran más adelantos que las pequeñas y medianas (OIT y PNUD, 2009). La llamada “heterogeneidad estructural” genera una profunda diferenciación entre empresas de alta productividad y márgenes de ganancia, por un lado, y aquellas de productividad baja, informales, de subsistencia, generalmente micro, por el otro lado (Cepal, 2011). Más de la mitad de las mujeres ocupadas lo están en empresas de subsistencia y esta proporción es mayor cuanto mayor es la heterogeneidad estructural de las economías; desde severa (como El Salvador, Guatemala y Perú) hasta moderada (como Argentina, Chile y Costa Rica) (Salvador y de los Santos, 2016). Por eso, a la hora de buscar maneras mejores e innovadoras de organizar los cuidados, las empresas con toda su variedad son un actor clave (PNUD, 2013).

En tercer lugar, para las personas que necesitan cuidados, la falta de una organización social adecuada pone en evidencia los límites de las familias para cuidar simultáneamente a desplegar estrategias de generación de ingresos. Estos límites se reflejan en accidentes domésticos, abandono y, en general, en un umbral de cuidados por debajo del que las personas necesitan. Es precisamente este tipo de situaciones el que la pandemia actual ha puesto en mayor evidencia. Por ejemplo, en Colombia y en Chile se reporta un aumento de los accidentes domésticos, principalmente entre niñas y niños entre uno y cuatro años y entre personas adultas mayores de setenta y cinco años (Hospital Infantil Universitario de San José, 2020).[18]

Como tendencia demográfica, es precisamente el envejecimiento de la población el que plantea mayores retos a la organización de los cuidados en la región. En las próximas décadas, lo que es hoy un rasgo muy acentuado en Cuba y Uruguay, se extenderá a toda la región. Con ello, habrá nuevas exigencias y transformaciones de las actividades de cuidado (Guimarães, Hirata y Sugita, 2011).

Ciertamente, desde antes de la pandemia, varios países de América Latina venían dando pasos en términos de la acción estatal en materia de cuidados. Se ampliaron acciones prexistentes y se crearon nuevos programas, políticas o sistemas de cuidados (Batthyány, 2015; Rico y Robles, 2016; Rico y Marco Navarro, 2015). Por ejemplo, Chile Crece Contigo articuló servicios de cuidado infantil y educación preescolar. En Ecuador, el Programa de Desarrollo Infantil atiende niños y niñas entre seis meses y cinco años mediante centros cogestionados por las comunidades. En Costa Rica, en 2010 se creó la Red Nacional de Cuido dirigida a niñas y niños menores de seis años (Batthyány, 2015). El Sistema Nacional de Cuidados de Uruguay es sin duda la iniciativa más comprensiva. Este creó y articuló transferencias y servicios existentes para garantizar un modelo de corresponsabilidad social de los cuidados entre familias, Estado, comunidad y mercado. Entre sus instrumentos se encuentran las licencias parentales, los centros de cuidado infantil, y las y los asistentes personales para personas con dependencia severa (Ministerio de Desarrollo Social y Junta Nacional de Cuidados, 2016). Sería de esperar que contar con instrumentos de este tipo les permita a los países enfrentar la pandemia de mejor manera.

¿Qué ha ocurrido con los cuidados durante la pandemia?

Bajo la epidemia de COVID-19 se ha producido una reacción en cadena: a partir de las medidas de distanciamiento físico se han ocasionado transformaciones muy rápidas y severas en la organización de las familias, de los mercados laborales y de los servicios sociales que se resumen a continuación. Aunque se piensan temporarias, estas medidas despliegan realidades que trascienden ampliamente la pandemia.

Distanciamiento físico y aumento de cuidados no remunerados

La principal medida de salud pública para hacer frente al virus es el distanciamiento físico entre las personas y la creación de “burbujas” familiares que actúan como barreras epidemiológicas. Con ello se busca enlentecer el ritmo de contagio y evitar el desbordamiento de los sistemas de salud. La consecuencia inmediata de esta medida es, por un lado, el confinamiento doméstico y, por el otro, el cierre parcial o total de las empresas e instituciones públicas. Así, la medida sanitaria se encadena rápidamente a una afectación de la demanda y de la oferta de bienes y servicios, en particular los servicios sociales en general y de cuidados en particular.

Todos los países de América Latina han experimentado en algún grado la paralización de las actividades económicas y han convivido desde marzo de 2020 con reglas especiales para la circulación y la realización de actividades sociales y económicas. En general, todos ellos han contado con un conjunto de medidas de acatamiento obligatorio, aunque solo algunos pocos llevaron a cabo el distanciamiento físico obligatorio para toda la población.

El distanciamiento físico conllevó un repliegue al ámbito doméstico de distintas esferas de la vida social, desde la laboral hasta la escolar y la recreación. De la mano con este proceso, las demandas de cuidados se incrementaron de manera exponencial y se precarizaron aún más los cuidados remunerados existentes. En el nuevo escenario, la demanda de cuidados es grande, mientras que la oferta se ha concentrado en el ámbito doméstico. La tensión es máxima (Goldin, 2020).

Para ponerlo en perspectiva, hacia fines de 2019, en tiempos “normales”, prepandemia, el trabajo remunerado alcanzaba el 54% de todas las horas trabajadas, y el no remunerado el 46%.[19] En este tiempo no remunerado, las familias destinan tiempo a llevar y traer a niñas y niños a la escuela y a apoyarles con las tareas escolares, atienden a personas temporaria o permanentemente enfermas o con algún tipo de discapacidad, solo para mencionar dos ejemplos. De este tiempo, en promedio, 76 de cada 100 horas son realizadas por mujeres, es decir, hasta 8 horas diarias en comparación a un máximo de 2,4 horas diarias en el caso de los hombres (Banco Mundial, varios años).

Con el advenimiento de la pandemia y la condensación de tareas en el ámbito doméstico, el trabajo no remunerado habría aumentado y posiblemente habría superado la cantidad de horas destinadas al trabajo remunerado. La escuela es en casa; las personas adultas mayores, aun aquellas que no son cuidado-dependientes, repentinamente necesitan apoyos adicionales como en las compras y el acceso a medicamentos; se requiere atender familiares enfermos. En este contexto, aumenta la cantidad global de trabajo que realizan las familias en general y las mujeres en particular. En Estados Unidos las horas dedicadas a los cuidados desde el ámbito doméstico aumentaron de 30 a 59, con las madres dedicando 15 horas más en promedio que los padres (Boston Consulting Group, 2020).

En América Latina la tendencia ha sido similar: hay más personas requiriendo cotidianamente asistencia física y apoyo emocional y afectivo. Distintas encuestas de opinión en varios países de la región reportan un incremento de la demanda de cuidados, cansancio, poco descanso y dificultad extrema para conciliar los cuidados con el trabajo remunerado. También se reporta descuido: con la pandemia, las personas adultas mayores y otras poblaciones de alto riesgo requieren apoyos para las tareas cotidianas como la compra de alimentos y de medicinas o las visitas médicas, que el distanciamiento físico dificulta brindarles, incluso por parte de las propias personas de la familia que no viven en el mismo hogar. Finalmente, también se reporta una profundización de la distribución desigual del trabajo de cuidados entre los hombres y las mujeres dentro de los hogares (Banco Mundial, 2020).

Como consecuencia, una gran proporción de mujeres podrían abandonar sus trabajos, especialmente aquellos que no se pueden realizar de manera remota (Mutual de Seguridad y Cadem, 2020b). Quienes conservan un trabajo remunerado de forma presencial o incluso mediante teletrabajo se debaten entre su empleo, el cuidado infantil, la educación en el hogar, el cuidado de personas mayores y el trabajo doméstico (ONU Mujeres, 2020a). Como denuncia la organización chilena Comunidad Mujeres, el teletrabajo facilita mantener los ingresos, a la vez que alarga las jornadas laborales y complejiza el armonizar los tiempos laborales, familiares y personales.[20]

Esta situación no afecta a todas las personas por igual. Tampoco afecta de la misma forma a todas las mujeres ni a todas las personas necesitadas de cuidados (Sorj, 2013). Las desigualdades de género se acentúan en los hogares de menores ingresos, en los que la demanda de cuidados es más elevada porque cuentan con un mayor número de personas dependientes, a la vez que tienen considerablemente menos espacio físico por persona, menos tecnología y, en general, menos recursos para enfrentar la sobrecarga de demandas (Cepal, 2020c).

En suma, tanto las respuestas desde el mercado laboral como desde los servicios sociales han tensionado la vida de las mujeres, ejercido presión sobre su capacidad de atender las demandas de cuidados, y en muchos casos vulnerado la cantidad y calidad de los cuidados que necesitan recibir las personas. Es por esto que durante la pandemia y en el proceso de reconstrucción posterior será fundamental reorganizar el trabajo de cuidados. En esta línea, como resultado de la profundización de la crisis de cuidados, múltiples voces desde el Estado y desde la sociedad civil han hecho llamados en esta dirección (véase apartado “Voces con sentido de urgencia ante la crisis de los cuidados”).

El tsunami laboral

Antes de la pandemia (en 2018), el 52% de las mujeres participaba en el mercado laboral de la región, frente al 77% de los hombres. El 71% de las mujeres se concentran en diez ramas de actividad altamente afectadas, tanto por la pérdida de empleo y de ingresos (turismo, servicios personales) como por la probabilidad de contagios (salud) (OIT, 2020). A continuación, se caracterizan las tendencias principales que afectan el trabajo femenino remunerado, y sus implicaciones para los cuidados.

La feminización de servicios considerados esenciales. Las mujeres representan nueve de cada diez profesionales de enfermería y el 57% del personal médico existente en América Latina (PNUD, 2020). También son la mayoría del personal de apoyo (ONU, 2020). Buena parte de estas mujeres enfrentan, además de mayores riesgos de contagio y potencial necesidad de aislamiento, sus propias responsabilidades familiares de cuidados (CIDH, 2020). En efecto, las tensiones que viven la mayoría de las mujeres se acentúan en este caso dado que estas trabajadoras no pueden fácilmente atender sus responsabilidades laborales normales, mucho menos las asociadas a las obligaciones familiares derivadas del cierre de escuelas y otros servicios sociales (Unesco, 2020). Esto podría querer decir que ellas no pueden estar cuando más se necesitan, o que están desplegando complejas estrategias familiares para poder atender ambas responsabilidades e incluso para apoyar las responsabilidades laborales de sus parejas. El pánico social también generó situaciones de discriminación a estas personas, expresadas en el rechazo a cuidar a sus hijas e hijos, o en expulsión de sus viviendas, para mencionar dos ejemplos concretos reportados en múltiples países de la región.

La expansión del teletrabajo. El traslado de las responsabilidades laborales al ámbito doméstico se ha hecho sin mayor análisis o abordaje de las implicaciones para las dinámicas familiares. El supuesto ha sido que las familias son elásticas y de algún u otro modo se amoldarán a las nuevas circunstancias. Quienes hacen teletrabajo tienen la ventaja de estar físicamente presentes en los hogares durante todo el día. A la vez, dependiendo del tipo responsabilidades familiares existente (edad de niñas y niños, presencia de personas adultas mayores con alto grado de dependencia, personas con discapacidad), se enfrentan a serias dificultades para atender ambos tipos de trabajos. La Red Pro Cuidados en Uruguay “señaló que la combinación del confinamiento domiciliario y el teletrabajo demostró a muchos las altas cargas de trabajo no remunerado asociado a las tareas domésticas y los cuidados”.[21]

El colapso del trabajo doméstico remunerado. En América Latina y el Caribe, más de 18 millones de personas, principalmente mujeres, muchas de ellas indígenas y/o inmigrantes, se dedican al trabajo doméstico remunerado. Se trata de una modalidad de trabajo tan precaria, en términos laborales, como significativa para conciliar trabajo remunerado y no remunerado en la región (Cepal, 2020d). El 77,5% de estas trabajadoras son informales (OIT, 2016). Menos de 2 millones de ellas, el 11%, tienen protección social y un contrato para hacer valer sus derechos (ONU Mujeres, 2020a). La mayoría de estas trabajadoras carece de acceso a servicios de salud, protección a la vejez o licencias por enfermedad o maternidad (CIM y OEA, 2020). Generalmente viven lejos de donde trabajan y habitan en barrios densamente poblados en los cuales las dos medidas preventivas básicas, el lavado frecuente de manos y la distancia social, son difíciles de observar (ONU Mujeres, 2020c). El riesgo de contraer el virus y de carecer de servicios adecuados de salud es muy alto (PNUD, 2020a).

Dado que no se puede hacer de forma remota, este trabajo se ha visto fuertemente afectado por la pandemia (BID, 2020). Entre marzo y junio de 2020 se habrían perdido al menos 644.911 empleos, el 3,6%. Si la crisis se prolonga, la pérdida llegaría al 7% y si hay una recesión prolongada, al 12% (elaboración propia basada en Altamirano, Asuara y González, 2020).

La afectación de los ingresos. A raíz del COVID-19 ha tenido lugar pérdida de empleo, reducción de las jornadas laborales y caída de las remesas. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal y OIT, 2020) prevé que el desempleo en la región pase de 8,1 a 11,5%. Ello supondría 35 millones de personas en condiciones de pobreza (11 millones más que en 2019) y un fuerte deterioro de los estratos medios. Las mujeres, incluyendo a quienes se desempeñan en labores domésticas, están más expuestas al desempleo porque tienen una inserción laboral más precaria y mayores grados de informalidad (CEPAL, 2020e; OIT, 2018).

En 2019 las remesas latinoamericanas representaban el 13% del PIB de Guatemala y Nicaragua, y el 20% o más de Honduras y El Salvador. El aumento del desempleo en Estados Unidos y España ha impactado negativamente el envío de remesas a América Latina. El más reciente informe del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos reporta fuertes caídas en la mayoría de los grandes receptores de la región: El Salvador (40%), Colombia (38,4%), Honduras (28,5%) y Guatemala (20,2%). Para dar una idea de la magnitud del efecto sobre la disponibilidad de ingresos, solo en El Salvador, donde un millón de hogares reciben remesas, una caída del 18% supone que unos 200.000 hogares, casi el 10% de todos los hogares salvadoreños, pierdan al menos la mitad de sus ingresos.[22]

Servicios sociales exhaustos o en pausa. Desde los servicios sociales, dos medidas tensionan la vida de las mujeres y su capacidad de cuidar: el cierre de escuelas y colegios, por un lado, y la saturación y el miedo a recurrir a los servicios de salud, por el otro. Ambas se agregan a las mayores dificultades e incluso imposibilidad de contar con redes familiares y de servicios en el hogar que trasciendan la burbuja familiar.

El cierre de escuelas y colegios. Al 30 de marzo de 2020, 37 países y territorios de la región habían cerrado sus escuelas a al menos 113 millones de niñas, niños y adolescentes- Al 18 de mayo, 24 países tenían aún cerradas las escuelas y el 95% de 159 millones de niñas y niños, fuera de clases. En junio, solo Uruguay reportaba un regreso escalonado a clases. Varios países habían anunciado entonces regresar en julio o agosto, o ya no hacerlo hasta 2021. Esta situación aumenta la cantidad de tiempo que madres y padres, también niñas y niños, deben destinar a cuidar tanto en asuntos prácticos como lo son las tareas escolares como en materia de salud mental de niñas, niños y adolescentes (Unesco, 2020).

El cierre de las escuelas afecta desproporcionadamente a quienes trabajan en el sector salud. Las tensiones conciliatorias generadas por el cierre de escuelas y colegios pueden afectar la capacidad de estas personas de atender el pico de demanda laboral que tiene lugar debido al desarrollo de la epidemia. Para Estados Unidos, Science Daily estimó que una de cada siete personas de primera línea de atención en el sector salud podrían tener ausencias en el trabajo debido al cierre de escuelas y la necesidad de cuidar a sus hijas e hijos (Unesco, 2020). Una buena práctica que se identificó de manera muy puntual en algunos países fuera de América Latina fue la de contar con servicios especialmente orientados a apoyar al personal de salud.[23] La principal alternativa es la compra de distintos tipos de servicios privados a domicilio, la cual solo está al alcance de una pequeña parte de los hogares de la región.

La saturación y el miedo a recurrir a los sistemas de salud. Desde antes de la pandemia las familias asumían buena parte de la atención de la salud, tanto mediante gastos de bolsillo como mediante cuidado familiar (Cepal, 2020c). En México, por ejemplo, el valor monetario de los cuidados de salud brindados en el hogar equivale al 85,5% del valor de los servicios hospitalarios y es en 72% aportado por mujeres (Cepal, 2017). Con la pandemia, y dado que los sistemas de salud realizan buena parte de las consultas de forma remota, mucha más de la atención de salud se ha trasladado a los hogares. Numerosas mujeres embarazadas carecen de los controles normales, se exponen a mayores riesgos de contagio durante las visitas hospitalarias y/o experimentan atrasos en el acceso a procedimientos decisivos para su vida, como una cesárea.[24] El miedo al contagio y/o los servicios de salud saturados dejan muchos problemas de salud, incluyendo algunos que amenazan la vida, como los cardíacos, sin atender (ONU, 2020b).

En general, las mujeres con responsabilidades familiares pueden demorarse en pedir ayuda, tanto para sí mismas como para sus familiares, precisamente por las demandas de cuidado que deben atender. Quienes no tienen “voz” suficiente, como la población migrante, experimenta estos problemas en mayores proporciones (CIM y OEA, 2020). Por eso, las políticas públicas y la acción comunitaria deben ser proactivas en ir a buscarlas (PNUD, 2020b).

Voces con sentido de urgencia ante la crisis de los cuidados

Distintas voces, desde el Estado y desde la sociedad civil, han abordado tres principales asuntos sobre los cuales a continuación comparto algunos ejemplos.

Los cuidados son centrales y una responsabilidad de todas las personas

El Instituto Nacional de Mujeres de México hizo un llamado al reconocimiento de los cuidados y a su distribución dentro de las familias sumando a hombres, padres y tutores como corresponsables (Inmujeres, 2020). En Costa Rica, la ministra de la Condición de la Mujer llamó a reflexionar sobre la duplicación del trabajo femenino en los hogares asociada a la pandemia, así como a repartirlo mejor al interior de las familias.[25] En Colombia, la Consejería Presidencial de la Equidad de la Mujer promueve reuniones familiares en las que las personas distribuyan de manera equitativa tareas como la alimentación, la limpieza, el vestido y la gestión de pagos y servicios (Observatorio Fiscal, 2020).

El Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de la Argentina articula acciones en el marco de la Mesa Interministerial de Cuidados creada en febrero de 2020, justo antes de la declaración de la emergencia sanitaria. Producto del trabajo conjunto de sectores como desarrollo social, educación, salud, seguridad social y atención a personas cuidado-dependientes, una guía promueve la reorganización del trabajo de cuidados al interior de las familias y más concretamente en el papel que deben asumir los hombres en dicha reorganización (Gobierno de Argentina, 2020a).

Los sistemas de protección social deben cuidar

Para atender la creciente demanda de cuidados, el gobierno argentino promueve el teletrabajo público y privado (Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, 2020) así como teletrabajo y licencias remuneradas para cuidar entre quienes trabajan en la administración pública nacional (Gobierno de Argentina, 2020b).

Desde el Servicio Nacional de la Mujer de Chile se lanzó un programa en línea para brindar orientación a las mujeres durante esta cuarentena en materia de corresponsabilidad, asesoría legal, cuidado de los hijos, entre otros. La ministra de la Mujer y la Equidad de Género manifestó estar consciente de las múltiples dificultades que enfrentan muchas mujeres chilenas, así como de la necesidad que tienen de ser apoyadas y acompañadas (Sernam, 2020).

Se necesitan políticas de cuidados adaptadas a la emergencia

Distintas organizaciones han demandado la intervención estatal. El Estado debe garantizar soluciones de cuidado para menores de edad, personas con discapacidad y personas adultas mayores cuidado-dependientes. Desde Chile, organizaciones como Comunidad Mujer, Corporación Humana y la Coordinadora Feminista 8M demandan políticas públicas y un sistema de cuidados orientados a cuidar a las personas.[26] En Uruguay organizaciones sociales defienden que las políticas de cuidado y en particular su financiamiento deje de estar sujeto a un sistema político altamente masculinizado y ajeno a esta problemática. Asimismo, han reaccionado frente al anuncio de que el gobierno desviaría recursos del Sistema Nacional Integrado de Cuidados para atender la pandemia y denuncian la desvalorización de los cuidados cuando más corresponsabilidad social se necesita (Red Pro Cuidados, 2020).

¿Cómo superar la emergencia de los cuidados, cuidando mejor?

Enfrentar la crisis multidimensional –sanitaria, económica, social y política– que vive América Latina requiere abordar la emergencia de los cuidados. En la manera de abordar como sociedades los cuidados, los países estarán exacerbando el conflicto y la desigualdad social, o contribuyendo a hilar y a cohesionar a la población en torno a un derecho, a una responsabilidad y a una necesidad básica. Inclinarse por los cuidados como solución y como apuesta por “estar en el mismo barco” a su vez requiere diseñar e implementar estrategias ambiciosas en su orientación y flexibles en su expresión específica en cada realidad nacional.

Estas estrategias deben atender simultáneamente cuatro “nudos”: los cuidados en las cadenas productivas y de valor, los cuidados en los sistemas de protección social, los cuidados en las situaciones de distanciamiento físico y la participación masculina en los cuidados.

Dar valor y lugar a los cuidados en producción y las cadenas de valor

Ante el colapso de los servicios, los cuidados han dejado de estar temporariamente escondidos detrás de estrategias familiares y femeninas. Así, la emergencia brinda la oportunidad de reconocer su valor económico en la vida económica. Desde la economía feminista se ha visibilizado que los cuidados son imprescindibles para la producción y para el funcionamiento de las economías. Empresas y economías están vinculadas por cadenas productivas y cadenas de valor, es decir, eslabones de insumos y productos de índole local, nacional o global. La creación de valor económico tiene lugar en el marco de estas cadenas. Algunos eslabones de la cadena producen más valor económico que otros; sin embargo, el que genera más valor económico no puede existir sin los restantes (Barrientos, 2001).

El análisis de las cadenas productivas y de valor desde el enfoque de género se ha planteado, primero, promover la participación femenina en esas cadenas; segundo, relevar si las políticas públicas proporcionan servicios de cuidado u otras alternativas que acompañen una mayor y mejor inserción laboral de las mujeres a partir de una mejor conciliación entre vida laboral y familiar (Stolan et al., 2018; Alesina, 2007). En definitiva, esta perspectiva ha permitido visibilizar a las mujeres y visibilizar los cuidados en los procesos productivos. Ambos retos requieren medidas de política pública que los hagan realidad.

En tercer lugar, y sin descuidar ambos aspectos, es preciso dar un paso más y abordar los cuidados como parte constitutiva de todos los eslabones de las cadenas de valor. La cadena de valor se beneficia de una fuerza de trabajo dada. Para que ello sea posible, primero, las mujeres reorganizan los cuidados de distintas maneras y logran así disponer de tiempo para incorporarse con trabajo remunerado en la cadena. Segundo, dado que no es posible derivar todo el trabajo de cuidados, se produce un aumento del total de trabajo que realizan, tanto remunerado como no remunerado. Tercero, las cadenas se benefician también del trabajo no remunerado de las mujeres incorporado en la propia fuerza de trabajo de los hombres que participan en esas cadenas. Si es así, tiene sentido que las cadenas de valor sean corresponsables en el abordaje de los cuidados. Esta corresponsabilidad se tiene que hacer efectiva no solo con prácticas de organización de la producción que faciliten la conciliación laboral-familiar por parte de las empresas que forman parte de la cadena, sino también con esquemas de financiamiento de los servicios públicos de cuidado que involucren a las empresas de las cadenas.

El convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 1981) se enfoca en trabajadoras y trabajadores con responsabilidades familiares. La protección social de las personas trabajadoras debe contemplar los cuidados mediante servicios comunitarios, públicos o privados. Para que haya igualdad de opciones laborales entre las personas con y sin responsabilidades familiares, los cuidados deben estar resueltos de una manera que trascienda las prácticas y los recursos meramente individuales. Cada puesto laboral debe contemplar y contribuir a atender las responsabilidades familiares, es decir, ejercer la corresponsabilidad social de los cuidados. Ello supone crear y/o expandir los sistemas de cuidados para la primera infancia, revisar los horarios de funcionamiento escolar para que sean compatibles con las jornadas laborales, crear programas de acompañamiento de personas adultas mayores, entre otros que permitan reorganizar la tarea cotidiana de los cuidados incluyendo, pero trascendiendo, a las familias.

Incorporar los cuidados dentro de la protección social básica

La emergencia ha traído desempleo, hambre y múltiples necesidades acuciantes de vivienda y acceso a servicios básicos. La protección social básica debe alcanzar a todas las personas, tengan o no un trabajo remunerado, buscando el reconocimiento, la reducción y la redistribución de los cuidados tanto en escenarios de confinamiento como de reactivación de las economías. Entre las respuestas requeridas, en el corto plazo está la garantía universal de ingresos, la alimentación y el acceso a los servicios básicos. En el mediano y largo plazo se requiere la inclusión laboral (Cepal, 2020e). Para ser efectivas, estas respuestas, todas ellas, requieren atender los cuidados bajo una perspectiva de corresponsabilidad social. Cómo, si no, sería posible que las mujeres se mantengan o regresen al mercado laboral, obtengan sus propios ingresos y lo hagan mediante trabajo remunerado de buena calidad.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecen que los países deben “[r]econocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados mediante servicios públicos, infraestructuras y políticas de protección social, y promoviendo la responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según proceda en cada país” (ONU, 2015, 5.4). Ello quiere decir que los sistemas de protección social deben incluir transferencias y servicios por cuidado. Se trata de hacer de los cuidados un criterio de elegibilidad (es decir, que cuidar genere derechos), apelar a todos los instrumentos disponibles en cada contexto nacional (es decir, combinar mecanismos contributivos y no contributivos) y expandir su cobertura, suficiencia y equidad (es decir, llegar a la mayor cantidad de personas, con oportunidad y calidad).

Entre los instrumentos a los que los países pueden recurrir se encuentran las licencias por nacimiento o adopción maternas, paternas y parentales. Estas licencias pueden potencialmente extenderse para atender emergencias como la pandemia actual. Tal discusión se ha planteado recientemente en Chile, enfrentando la opción de una licencia posnatal de emergencia con el uso del seguro de cesantía (Gobierno de Chile, 2020).[27] En cualquier caso, el debate político está reconociendo de manera incipiente el cuidar como un criterio de elegibilidad para hacer frente a la emergencia. Reconocido este criterio, los instrumentos específicos y la movilización de recursos pueden conllevar instrumentos contributivos, no contributivos y/o propiamente asociados al mercado laboral. Ello en gran medida dependerá de las características del sistema de protección social existente en cada país.

Además de las medidas propiamente enfocadas en los cuidados, los restantes componentes de la protección social básica también deben contribuir a reconocer, reducir y reorganizar los cuidados (Elson, 2016). El hecho de que los hogares cuenten con agua corriente en la vivienda contribuye a la salud pública, a la vez que reduce la cantidad de horas destinadas semanalmente a conseguirla. Al preservar por más tiempo los alimentos, la electricidad permite espaciar el tiempo destinado a las compras y el acceso a calefacción con menos dedicación que obtener fuentes perecederas como la leña. Similar criterio aplica a otros servicios básicos (Razavi, 2012). Unos componentes de la protección social requieren inversión pública; otros requieren capacidades estatales para relacionarse adecuadamente con las familias y las empresas. En cualquier caso, la inversión y las capacidades necesarias deben estimarse en contrapunto a los costos de no hacerlo (OIT y PNUD, 2009; Martínez Franzoni, 2010; Rodríguez Enríquez, 2018).

Prever burbujas no (solo) familiares en escenarios de confinamiento

Durante los próximos meses y posiblemente entre uno y dos años, el distanciamiento físico seguirá siento necesario y alternado con el desconfinamiento. Construir burbujas que no sean solo familiares requiere movilizar transferencias para cuidar, así como servicios de cuidado que hagan viable la continuidad laboral de las personas que deben hacer teletrabajo o que realizan trabajos definidos como esenciales, en particular cuando las escuelas y los servicios de cuidado no están disponibles. Esto es particularmente clave para el personal de salud y otro personal esencial y/o que, por la naturaleza de su quehacer, no puede volverse teletrabajo. Claramente, se necesitan programas públicos, estatales, comunitarios o de otro tipo, destinados a ofrecer estos servicios de manera gratuita ante el cierre de escuelas y servicios de cuidado. La experiencia actual brinda algunos valiosos puntos de partida, como los servicios de cuidado infantil para trabajadoras y trabajadores esenciales.

Contar con los hombres como parte de la solución

La emergencia enfrenta a la región con la posibilidad de que se refuercen patrones tradicionales en las relaciones de género. Para evitar este escenario y sus negativas consecuencias, los avances en materia de corresponsabilidad social fuera de las familias deben completarse con una reorganización de los cuidados en el ámbito doméstico. Para ello es preciso incidir en masculinidades afines al autocuidado y a los cuidados de otras personas. El altruismo asociado a cuidar, lejos de ser una mera carga, es también una fuente de reconocimiento y de sentido de la vida. Una sociedad integrada por personas, hombres y mujeres, dadores de cuidados, es una sociedad mejor, tanto en términos éticos como sociales y económicos. Concretamente, los cuidados son una fuente de empatía y de crecimiento personal, a partir del reconocimiento de las necesidades de otras personas.

Las normas sociales respecto del “ser hombre” tienden a potenciar unas prácticas como propiamente masculinas y a restringir otras. Algunas de los que se potencian, como el control y el uso de la fuerza, tienen consecuencias que le hacen daño a la sociedad, como es el caso de la violencia doméstica. Por el contrario, comportamientos que suelen verse como ajenos a “lo masculino” amplían derechos y mejoran la calidad de vida de los propios hombres. En definitiva, los hombres tienen mucho que ganar de una redefinición de la masculinidad que se relacione cómodamente con los cuidados y que les permita ser personas adultas autónomas y solventes. Ello necesariamente requiere que los hombres (y las mujeres) sean capaces de reducir sus propias demandas de cuidados y de asumir los cuidados de otras personas que los necesiten.

No todas las actividades de cuidado son igualmente ajenas a las prácticas masculinas. Es preciso impulsar un mayor involucramiento de los hombres en aquellas actividades que son menos amenazantes al modelo de masculinidad tradicional, para el cual cuidar es aún “cosas de mujeres”. Por ejemplo, puede ser más fácil sumarles en las tareas escolares que en la alimentación de niñas y niños. Una cosa es cierta: en cuanto constituyen una práctica, se cuida mejor cuanto más se cuida (Engster, 2005). Así lo evidencian estudios que muestran que aun usos acotados de las licencias por paternidad pueden tener efectos transformadores en el involucramiento paterno en materia de cuidados y de trabajo (Tamm, 2018; Lupica, 2016).

En suma: atender la emergencia de cuidados o afrontar mayor desigualdad

Este análisis ha partido de la ubicuidad de los cuidados para la vida social y económica. Ha explicado también que, de no enfrentarse adecuadamente, la pandemia exacerba una organización de los cuidados familiar y femenina que tiene repercusiones negativas en la vida de las mujeres, de las empresas, de la economía y de las personas que necesitan de cuidados, en particular niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores y personas enfermas o con discapacidad. En el delicado escenario que vive la región, la manera de abordar los cuidados inclina además la balanza entre la empatía y el malestar social respecto de un derecho humano: recibir cuidados de calidad.

La crisis multidimensional que enfrenta América Latina producto de la pandemia enfrenta a la región a un serio dilema: acogerse a la elasticidad del tiempo femenino y familiar o profundizar un camino tímidamente iniciado en algunos de los países, que acelere la creación de intervenciones de política en escenarios “ganar-ganar” para distintos sectores de la sociedad. El primer escenario pone en riesgo la inserción laboral femenina, la productividad empresarial, la reactivación económica y la calidad de los cuidados. El segundo escenario requiere adaptar instrumentos de política ya inexistentes y diseñar otros nuevos, dependiendo de los puntos de partida de los países. Para ello se requiere, concretamente, enmarcar los cuidados, remunerados y no remunerados, como eslabones esenciales de las cadenas de valor, de los sistemas de protección social y de la responsabilidad que todas las personas, hombres y mujeres, tienen en su condición de ser humanos.

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Cuidados, enfoque de

género e institucionalidad:

una y otra vez, Nieves Rico

Laura Pautassi

El campo de lo público y de las políticas públicas en general ha concentrado la mayor cantidad de esfuerzos, producción académica y luchas de las agendas feministas en América Latina y el Caribe. Sin duda, la concentración en lo público se basó en el amplísimo desarrollo previo de las relaciones del mundo privado en un continuum de interpelaciones, denuncias a la opresión y las consiguientes relaciones sociales de género. Sin pausas, las mujeres latinoamericanas y caribeñas fueron acompañando estas denuncias con una extraordinaria producción de conocimiento teórico, evidencia empírica y estrategias de acción y transformación.

Categorías como patriarcado, androginia, violencias, feminicidio/femicidio, empoderamiento, desigualdad, enfoque, transversalidad, cuidado, sororidad, ecofeminismo, feminismo poscolonial, feminismos populares, intersecciones de indigenismo y raza, interculturalidad, diversidades y disidencias sexuales fueron incorporadas o gestadas a lo largo de las décadas. La lista de conceptos, propios o interpretados desde las corrientes centrales adaptados a la región, es infinita y dieron como resultado una inmensa producción que cruza y entrelaza las fronteras entre lo público y lo privado, y se desplazan de las aulas a las marchas, de las agencias a las esferas de toma de decisión, de lo local a lo transnacional, de la casa a la plaza, pero sin lugar a dudas el mix de teoría con praxis es uno de sus aspectos más destacados.

En cada uno de los países de la región se fueron forjando, en un ida y vuelta entre teoría y acción, espacios de debate, confrontación, alianzas, disputas y rupturas, incorporando la literatura anglosajona e iberoamericana, con fuerte impronta de las feministas italianas y francesas, en el marco de un debate interdisciplinario. Un aspecto destacable de esa interacción es precisamente la conformación de una producción teórica originaria o autóctona, que desafió marcos epistemológicos conformando una suerte de repositorio teórico y práctico de enorme valor social, político, cultural y artístico que resulta imposible resumir por lo diverso y amplio de su espectro, pero que es recogido en muchos de los capítulos que integran este libro, y a ellos me remito.

En el caso de la institucionalidad y las políticas públicas, la región muestra complejas situaciones, ya que, por una parte, se ha logrado la consagración de normas, cláusulas constitucionales, ratificación de pactos y tratados internacionales, consensos globales y regionales, planes de igualdad, acciones afirmativas, reconocimiento de identidades y disidencias sexuales, cambios en el uso del lenguaje como en ningún otro hemisferio. En paralelo, una persistencia e incremento de múltiples violencias, en particular de género, sumados a las condiciones de pobreza y exclusión social, desequilibrios macroeconómicos y fiscales, junto con exclusiones de todo tipo, ponen en cuestión la efectividad de las respuestas estatales y el ejercicio de la ciudadanía, aspectos todos denunciados y reiterados por la producción teórica y empírica del feminismo contemporáneo.

Precisamente, es en el Sur global donde los cuestionamientos se producen en un momento histórico y la clásica división entre lo público y privado se encuentra en profunda crisis, con importantes revisiones sobre las responsabilidades estatales, familiares, societales y del mercado. Se ha corrido el eje desde las políticas a las capacidades –estatales, culturales, sociales o internas de las personas–, ampliando los escenarios de disputa. Y allí se han producido desde nuevos fenómenos que se caracterizan por la masividad en las movilizaciones y en los reclamos, como el caso del movimiento Ni Una Menos que emerge en 2015 desde el sur del sur, sumando el Me Too en el norte, paros feministas en Chile y movilizaciones de mujeres en el mundo árabe, ampliando y estrechando los cuestionamientos al orden dado y con reclamos que demandan cambios culturales e institucionales en el marco de los paros mundiales de mujeres que cada 8 de marzo van sumando más adhesiones en cada hemisferio. Tal como muestran muchos de los capítulos de este libro, las violencias y la salud sexual y reproductiva siguen siendo los aspectos mas críticos en el ejercicio de la autonomía de las mujeres.

Sin embargo, debido a que no se ha logrado la promovida transformación, es en el marco de la pandemia del COVID-19 que cobran visibilidad las múltiples desigualdades estructurales, las que se traducen en diversas formas de violencias y la desigual distribución sexual del trabajo y del cuidado. Y allí la transversalidad de género, como herramienta clave del accionar de las políticas públicas, todavía se encuentra en proceso de incorporación, el que oscila entre avances sustantivos en pos del reconocimiento y ejercicio de la autonomía a la adopción de medidas regresivas, resurgimiento de miradas conservadoras extremas con consiguiente reposicionamiento de los grupos religiosos, que no solo interpelan el derecho a decidir de las mujeres sobre su cuerpo, sino también el sistema educativo, contraviniendo disposiciones legislativas y jurisprudenciales, en el marco de fuerte confrontación con las coaliciones gubernamentales y la difusión de la supuesta “ideología de género”. Pero, todavía más grave aún, desafían masivamente las prescripciones sanitarias en medio de una pandemia de dimensiones abrumadoras.

No obstante esta importante brecha entre el alcance de la transversalidad de género y los objetivos políticos y sociales en pos de la equidad, no debe aceptarse que estos hayan fracasado como instrumento de transformación; en todo caso hay que tener claro que presentan límites. Así como los altísimos niveles de desigualdad económica, política y social no se eliminan solo con enfoque y transversalidad de género, el camino recorrido a nivel regional muestra esfuerzos más que significativos que efectivamente han producido cambios estructurales. Por otro lado, la experiencia nos muestra que la sanción de normas y la consagración de derechos por sí mismas no producen cambios inmediatos, pero sin ellas no es posible establecer puntos de partida ineludibles. Y el listado continúa y refiere otra vez al continuum señalado al inicio donde lo público y lo privado, lo colectivo y lo individual se entrelazan produciendo múltiples efectos.

Interpretar para transformar este entrelazamiento entre tantas esferas solo es posible cuando la experiencia vital y subjetiva puede ser parte de la producción teórica, la reflexión y la acción. Y allí surge ineludiblemente el enorme valor de los liderazgos, que nos hablan de Nieves Rico.

Con solo mirar la producción que ha desarrollado a lo largo de su vida profesional, que se encuentra en anexo de este libro pero que atraviesa todos los capítulos, son pocos los temas centrales de la agenda de géneros que no ha abordado. Gran parte de esta producción Nieves la realiza desde su inserción en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) de las Naciones Unidas (ONU), inicialmente en la Unidad Mujer y Desarrollo –luego jerarquizada y transformada en División de Asuntos de Género–, como también en su destacado trabajo en la División de Desarrollo Social, cuando las agendas ya tienen un marco común de definición bajo el amplio concepto de “desarrollo”, hoy enmarcado en el “desarrollo sostenible” y la Agenda 2030.

Sin embargo, quiero destacar que no es posible incorporar los enfoques en agendas que son tan poco permeables al género, más allá de su pomposa narrativa, y aún más difícil es poder incidir para que sean efectivamente acciones transformadoras, si no se tiene una enorme convicción feminista. Pero se requiere además solidez conceptual y un alto grado de sensibilidad para captar temas, condición humana que no es precisamente muy frecuente, en particular en espacios laborales e institucionales que estimulan la competencia, la lucha por el poder y el narcisismo. Lo difícil en cada espacio que se transite y en cada acción que se promueva es mantenerse íntegra respecto de los valores humanos, a las humanas y a una misma. Y creo yo que eso se logra si se es buena persona. Y otra vez, hablo de Nieves Rico.

Sin pretensiones interpretativas del vínculo entre subjetividad, agencia e institucionalidad, que me exceden por completo, quiero presentar a continuación algunas reflexiones sobre cómo es posible lograr avances sustantivos, en contextos altamente desfavorables, para lograr la cristalización en la incorporación del enfoque de género a nivel regional, con intervenciones estratégicas, particularmente en el campo del cuidado.

No solo quiero referirme a mi querida amiga Nieves, en primer lugar, sino a una de las promotoras centrales en los procesos de transformación en las políticas públicas regionales de los últimos años. Me refiero, sin riesgo de exagerar, a que muchos de los logros en los países tienen su impronta, sea desde la definición de agendas en documentos de posición, estudios sectoriales, realización de seminarios, congresos y debates regionales, como también desde su rol de mentora, consejera, jefa de proyectos y directora de división, que promovió la inclusión del enfoque de género.

Claro está que no lo hizo sola, sin dudas; pero sin su impulso y accionar muchos de los temas a partir de los cuales hoy inscribimos cambios y logros no se hubieran concretado. Incluso en aquellas iniciativas que cambiaron su curso, que no lograron estabilizarse, que fueron atravesadas por cambios de gestión gubernamental o medidas regresivas, considero que quedaron establecidos los pisos mínimos irrenunciables. Por cierto, este proceso –al igual que la vida de las mujeres– lejos estuvo de ser un camino lineal y exento de conflictos, y allí, otra vez, Nieves desplegó en todas las situaciones que la he visto atravesar su condición de feminista responsable, resguardando los procesos y la institucionalidad por encima de su protección individual.

A continuación, quiero detenerme en algunas consideraciones sobre el camino recorrido en este siglo desde el enfoque de género y derechos humanos, y cómo pudimos avanzar en el reconocimiento del trabajo de cuidado como un derecho humano.

El uso del enfoque de manera global

La Declaración del Milenio (2000) de la ONU incluye como estrategia central el enfoque de derechos humanos para establecer y recordar a los Estados las obligaciones estatales contenidas en los pactos y tratados internacionales de derechos humanos y su falta de incorporación efectiva en el campo de acción estatal, que involucra a todos los poderes del Estado.

El concepto de enfoque de derechos humanos, en cuanto metodología de intervención en el campo público y en el de las relaciones privadas, implicó un cambio de escenario relevante, especialmente para las políticas sociales a nivel regional, pero también un importante marco de acción política para muchas de las dirigencias políticas de inicio del siglo en América Latina. Se produjo una suerte de “boom de derechos” (Pautassi, 2016) donde, al menos a nivel retórico, los derechos integraron muchas de las plataformas de políticas a nivel regional. Sin embargo, ni a nivel de los sistemas de protección internacional o regional de derechos humanos ni de las coaliciones gobernantes se reconoció que el concepto de enfoque es uno de los aportes más relevantes del feminismo contemporáneo (Pautassi, 2020).

En contrapartida, los logros alcanzados, tanto a nivel de pactos y tratados internacionales como de avances en los países, han sido promovidos fuertemente por el accionar de los movimientos de mujeres. En toda América Latina la lucha y demandas de las mujeres han significado un factor fundamental en gran parte de las reformas alcanzadas, ya se trate de reclamos por violación de derechos humanos como en términos de salud sexual y reproductiva, violencia doméstica y visibilización en general de las demandas de género.

A su vez, el principio de universalidad, interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos, que la Conferencia de Viena de Derechos Humanos de 1993 consagra en su plataforma de acción, opera como estándar de acción ineludible para los Estados. Este precepto tracciona la promoción de políticas integrales, con respuestas de tipo sistémicas, al tiempo que se avanza en el desarrollo de indicadores de progreso para medir el cumplimiento de derechos.

Estos compromisos en pos de la transversalidad tienen centralidad en la Conferencia de la Mujer de Beijing (1995) y son incorporados explícitamente por los Estados en América Latina y el Caribe, tal como ha quedado reflejado en las diversas conferencias regionales de la mujer. En cada uno de los países, la transversalidad ha sido un mandato directo hacia los mecanismos para el adelanto de la mujer –desde ministerios, subsecretarías o áreas de la mujer– que, en muchos casos, definen su accionar a partir de planes nacionales para la igualdad de oportunidades y de trato. Pero también a nivel de aplicación de enfoque de derechos la experiencia es dispar y en muchos casos retórica (Cecchini y Rico, 2015). A nivel teórico presenta importantes abordajes como la pobreza desde un enfoque multidimensional, y otra vez, Nieves impulsando gran parte de estos procesos (Espíndola y Rico, 2010).

De esta forma, el efecto que los compromisos han tenido ha sido variado en toda la región, ya que entre otros factores se ha constatado que no se han podido desarrollar fuertes redes de apoyo a lo largo del espectro político, lo cual los hace vulnerables a los cambios políticos y ha dificultado cumplir con el mandato de la transversalidad, sino que además, a pesar de que contiene ciertas reglas y metodologías explícitas (Rico, 2000), no se logra captar su significado vinculado a la idea de “acciones integrales y transversales” en todos los ámbitos de intervención del Estado: normativo, legislativo, políticas públicas, Poder Judicial, producción económica, entre otros. Allí otra vez Nieves Rico, quien ha participado centralmente desde su trabajo en la Cepal, hizo un aporte fundamental a la consolidación de las conferencias como ámbito de consensos para la agenda de género a nivel regional.

El cuidado es un derecho humano

La relevancia del cuidado que se refleja en las múltiples intensidades que han quedado expuestas en América Latina, que comprende desde la transición demográfica acelerada hasta mujeres agotadas por tanto trabajo, refleja el colapso de múltiples situaciones de desigualdad que hasta la actualidad gozaban no solo de un alto grado de tolerancia, sino que se encontraban naturalizadas. Por otra parte, el cuidado no se encontraba reflejado dentro de la consideración del enfoque de género, sino que quedaba relegado al mundo de lo privado, y eventualmente de manera tibia, para explorar las disposiciones de conciliación trabajo-familia en los sectores formales (Rico, 2011). El mandato del cuidado, de ser “buena madre” por sobre ser mujer, de resignar y avanzar, pero particularmente de considerar la elasticidad infinita del trabajo de las mujeres, en especial por parte de las burocracias asistenciales, fue la base central de los sistemas de políticas sociales en la región (Marco Navarro y Pautassi, 2020).

En otras palabras, así como ya no resulta posible presentar o mencionar el enfoque de género desvinculado de la materialidad de los procesos de reproducción cotidiana de los cuerpos sexuados (Lamas, 2018), no fue posible avanzar hacia la visibilización del cuidado sin antes comenzar por considerar las condiciones en que las mujeres se incorporan en el mercado de trabajo. Analizar en qué sectores se insertan mayoritariamente, bajo qué condiciones lo hacen, las regulaciones laborales y de seguridad social, el uso del tiempo (Durán y García Diez, 2013), entre otros entramados, fueron el paso previo indispensable para el desarrollo de los estudios sobre el cuidado. Y otra vez Nieves Rico. Tal como lo demuestran muchos de los capítulos de este libro, desde la década de 1990 en adelante, el trabajo que la por entonces Unidad de la Mujer, luego División de Asuntos de Género, llevó adelante, en muchos de los casos bajo la coordinación de Nieves, proyectos regionales sobre las condiciones de empleo –en turismo, maquila, sector financiero y salud– que aportaron evidencia empírica para determinar las condiciones en que las mujeres se desempeñan en el mercado de trabajo, complementados por análisis respecto de los sistemas de pensiones (Marco Navarro, 2004) y regulaciones laborales (Pautassi, Faur y Gherardi, 2004), familiares (Rico, 2009), más recientemente el vínculo en las ciudades (Rico y Segovia, 2017) y sigue una larga lista imposible de citar en este texto. Otra vez, Nieves Rico impulsando este repositorio de evidencia empírica (Rico, 2001; Marco Navarro y Rico, 2006, 2009, 2013).

Con esta evidencia previa, y sobre la base de demandas de las ministras y responsables de los mecanismos para el adelanto de la mujer, que solicitaban el abordaje de economía del cuidado, es en la Décima Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe celebrada en Quito (Ecuador) en 2007 cuando el cuidado, los cuidados, la economía del cuidado y el reconocimiento del cuidado como derecho tienen su pleno tratamiento (Marco Navarro, 2007; Rodríguez Enríquez, 2007). De esta forma, y a partir de la aplicación de la metodología del enfoque de derechos al cuidado, se presenta un documento que considera que el cuidado, además de un trabajo, es un derecho humano de cada persona, que incorpora el “derecho a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado” (Pautassi, 2007). De este modo, en cuanto nueva cuestión social, se identifican las múltiples referencias al cuidado ya incorporadas en el corpus de derechos humanos, si bien no estaban mencionadas explícitamente como cuidado o trabajo no remunerado, pero sí se encontraban incluidas en cada pacto y tratado tanto del sistema de protección integral como del interamericano. Es decir, ya se reconocía que toda persona es portadora del derecho al cuidado; sin embargo, al no estar denominado como tal en esos instrumentos, no se podía visibilizar. Otra vez, se pasó de la invisibilización a la luz.

Entre las múltiples implicancias que tiene este reconocimiento, en primer lugar, al ser un derecho, impone obligaciones a los Estados tanto positivas (de hacer) como negativas (de no interferir), y a su vez, a terceros obligados, a exigir su provisión, recursos, capacidades institucionales a tal fin, igualdad y no discriminación, rendición de cuentas y producción de información, como también a establecer mecanismos de acceso a la justicia. Es decir, no depende de la voluntad política o la eventual disponibilidad de recursos, sino que debe ser garantizado. Lejos de la retórica, implica un mandato concreto y explícito de cumplimiento inmediato. El segundo impacto de alta relevancia es que se trata de un derecho humano para cada persona, independientemente de si se encuentre bajo un régimen de empleo formal, si accede a un sistema de protección social o si se encuentra en condiciones de vulnerabilidad. El hecho de haber reconocido que el cuidado es un trabajo y un derecho es uno de los grandes avances del siglo en curso y que se consolida a partir de su ejercicio. Ya no resulta necesario “rastrearlo” en el corpus protector sino que ya hay convenciones que lo incorporan explícitamente, Constituciones que lo contemplan y sistemas de políticas sociales que se fundamentan en su reconocimiento.

En suma, América Latina cuenta con un andamiaje protectorio de derechos, con obligaciones establecidas y agendas globales, en muchos países con voluntad política y un mayor grado de institucionalidad e inversión pública. Sin embargo, los avances contrastan con retrocesos institucionales que incluyen medidas regresivas respecto de derechos adquiridos y tensionan las agendas en pro de la igualdad. Sin embargo, el piso de reconocimiento alcanzado es ineludible y se ha avanzado además con jurisprudencia a nivel regional. Y desde el movimiento de mujeres, como nunca antes, la visibilización del cuidado ha adquirido una centralidad inédita, desde las consignas “no es amor, es trabajo” a su inclusión en los petitorios y reclamos.

Dado que la autonomía parte del fortalecimiento del accionar de las mujeres, pero requiere de medidas estables y activismo en defensa de los derechos, es necesario promover formas permanentes e institucionales de compromisos en favor de la igualdad, y sobre la base del cumplimiento de obligaciones a cumplir y no de retos o desafíos. Y, otra vez, Nieves Rico nos permitió incorporar y disponer de evidencia, experiencia y vías de implementación y evaluación, resignificando en cada estudio propio o realizado bajo su supervisión la trascendencia del enfoque de género y de derechos, la injusta división sexual del trabajo –remunerado, no remunerado y voluntario–, el ingreso y del tiempo, la crisis del cuidado, el impacto del reconocimiento y ejercicio de derechos y la revisión de procesos culturales y estereotipos de género existentes.

Una y otra vez: Nieves Rico

El recorrido realizado muestra, de manera parcial y sintética, uno de los tantos procesos que Nieves impulsó. En mi caso, he tenido el privilegio de haber sido convocada, una y otra vez, por Nieves para ser parte de estos procesos regionales. El primero de ellos fue en 1999, cuando la conocí a partir del proyecto de empleo regional (Rico, 2001), y donde el sector salud fue el escogido en el caso argentino.[28] A partir de esta experiencia fuimos forjando un equipo de trabajo, que en cada desafío conceptual y temático se fue ampliando e incorporando a nuevas colegas con quienes, al igual que con Nieves, fuimos forjando amistades transnacionales de una riqueza y condición humanas increíble. Junto con cada proyecto, y fieles a un estilo “femenino” de construcción de realidades, compartimos debates, bibliografía, propuestas, trabajo, viajes y conferencias, cenas y risas, pero también en estos veinte años tuvimos hijas e hijos, problemas domésticos, migraciones, cansancios, posiciones políticas, confrontaciones y un extraordinario recorrido de vida. De todas aprendí y aprendo de manera incesante, y este libro de homenaje a Nieves nos ha reencontrado nuevamente, potenciando esta comunidad feminista, que no es una red pero que sí ha entrelazado muchas de las reivindicaciones en pro de la equidad de género.

El hecho de haber podido conocer y compartir eventos en pie de igualdad con las teóricas y académicas más destacadas a nivel mundial y regional, junto con activistas y representantes de los movimientos de mujeres de varias generaciones, ha sido otra de las vivencias más estimulantes de este proceso. Hoy tenemos nuevos desafíos, interpelaciones identitarias, diversidades y disidencias sexuales, embestidas y acusaciones de “ideología de género”, escenario pospandemia y de “nueva normalidad” pero seguimos pensando cómo lograr mayor incidencia. Otra vez, estos procesos no los hubiéramos alcanzado sin que Nieves diera el primer paso. Una y otra vez, nos abriste puertas, nos brindaste de manera generosa tu conocimiento y experiencia, en pie de igualdad, y sobre todo nos permitiste innovar e inventar nuevas acciones. Ninguna estuvo sola y nos tenemos entre todas, pero, por sobre todo, una y otra vez qué bueno es que estés, Nieves Rico.

Bibliografía

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– y O. Segovia (2017), ¿Quién cuida en la ciudad? Aportes para políticas urbanas de igualdad, Cepal.

Rodríguez Enríquez, C. (2007), La organización del cuidado de niños y niñas en la Argentina y el Uruguay, Santiago de Chile, Cepal.

En la “primera línea”, pensando

y haciendo por los cuidados

en América Latina: reflexiones sobre el legado de Nieves Rico

Elaine Acosta González

Hace exactamente cinco años tuve la oportunidad de contar con los comentarios de Nieves Rico en el lanzamiento de mi libro sobre cuidados y migraciones femeninas. Entonces fue un enorme estímulo y apoyo contar con su presencia y parecer sobre la investigación doctoral que había dado origen al libro. El trabajo de Nieves había sido fuente de inspiración y consulta durante esos años de labor investigativa.

A mi regreso a Chile le contacté en su calidad de directora de la División de Asuntos de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) para comentarle sobre el programa de investigación interdisciplinar sobre cuidados, familias y bienestar que estábamos pensando crear. Contamos con el entusiasmo y apoyo de Nieves desde sus inicios. Hoy constituye un enorme privilegio escribir algunas reflexiones en homenaje a su legado, el que ha permitido, por un lado, posicionar a los cuidados en la agenda política y de investigación en la región y, por otro, vincular a mujeres y activistas de distintas generaciones, países y formaciones en pos de evidenciar la injusta organización social de los cuidados en América Latina y avanzar en una agenda con enfoque de género, donde los cuidados no sean considerados más una externalidad, sino un componente fundamental para el desarrollo de nuestras sociedades.

En el texto me enfocaré en la reflexión sobre tres temas. En primer lugar, comentaré sobre los avances y desafíos en la incorporación de los cuidados en la agenda de investigación social en América Latina. En segundo lugar, conectaré la documentada crisis de los cuidados con la necesidad de reformas de los regímenes de bienestar social en la región. Por último, reflexionaré sobre los desafíos actuales que se derivan de los impactos de la crisis sanitaria generada por la pandemia de COVID-19 en la organización social de los cuidados en América Latina.

La apuesta por la incorporación de los cuidados en la agenda de investigación social en América Latina

El concepto de cuidados, pese a su carácter polisémico y relativamente reciente formulación, ha continuado enriqueciéndose teórica y empíricamente, y llegó en la actualidad a adquirir un gran potencial heurístico (Acosta, 2015). El estado de avance de la discusión y los debates teóricos en torno a dicho concepto nos hace pensar que su rango epistemológico ha superado, contrariamente a lo que había evidenciado Carol Thomas (1982), el estatus de categoría meramente descriptiva para devenir en una categoría teórica, capaz de permitir el análisis de realidades concretas, inscriptas en contextos políticos, económicos y culturales distintos. Los trabajos de Nieves Rico y su colaboración con investigadoras e investigadores de distintos países de América Latina no solo han conseguido instalar el concepto en los debates académicos y políticos, sino también dotarlo de relevancia y especificidad para el contexto regional.

Hoy sabemos que el cuidado es un trabajo, que no siempre se realiza en forma remunerada y que está escasamente reconocido por su contribución a las economías nacionales. Supone hablar de unas partes involucradas (las personas que son sujetos del cuidado y las personas que son cuidadoras) que son, simultáneamente, opuestas y/o complementarias. Al mismo tiempo, requiere considerar otros actores que participan, directa o indirectamente, de la provisión, regulación o supervisión de los cuidados (el Estado, el mercado, las familias o la comunidad, organizada o no). Los debates sobre el cuidado también han permitido cuestionar la noción de dependencia frente a la de independencia, al resaltar la idea de que todas las personas hemos de cuidarnos en el día a día: dependemos las unas de las otras en diferentes dimensiones y en diferentes momentos de nuestras vidas.

Por más que se realicen en solitario, los cuidados no se restringen a los hogares, tampoco a una mujer concreta, sino que históricamente se han organizado en torno a redes de mujeres, dentro y fuera del hogar, pagadas o no pagadas, en familias nucleares o extensas. Actualmente los cuidados constituyen, y son constituidos, por cadenas de mujeres que atraviesan los países y las fronteras, dando materialidad a una forma de trabajo en la que múltiples tareas se entremezclan al mismo tiempo, requiriendo una gestión constante de tiempos y espacios y una polivalencia de conocimientos. Son una forma de trabajo en la que la diferenciación entre tiempo de vida y tiempo laboral es sumamente dificultosa. Como fenómeno social, entremezcla de forma indisociable lo “material” y lo “inmaterial” y atraviesa diversas esferas de actividad económica (uniendo, muy a menudo, lo mercantil con lo no mercantil).

Es tal la complejidad del concepto, que en otros trabajos hemos sostenido que en cuanto categoría analítica y unidad de análisis, los cuidados (locales y transnacionales) desbordan límites tanto geográficos (distancia/proximidad geográfica) como de las esferas de acción (público/privado), relacionales (biología/elección), morales (interés personal/altruismo), físicos (dependencia/autonomía) y temporales (tiempo de vida/tiempo de trabajo), entre otros (Gonzálvez y Acosta, 2015). Estos elementos requieren análisis situados en la transversalidad y en la liminalidad, en cuanto constituyen locus de desbordamiento que demandan miradas caleidoscópicas más inclusivas y menos estigmatizadas.

Todos estos aspectos del cuidado, debido a la transversalidad que lo define, se entrecruzan los unos con los otros, y lo convierten en una práctica difícil de analizar. En los debates y desarrollos teóricos, el concepto de social care (organización social del cuidado, como se le ha traducido al castellano) ha conseguido superar las dicotomías clásicas de su predecesor conceptual, demostrando además el potencial analítico del vínculo entre cuidado y trabajo al evidenciar la forma en que la estructura de provisión de cuidado afecta el ejercicio de ciudadanía. Ha permitido, además, explorar simultáneamente los niveles macro relacionados con la política social y los niveles micro, referidos a las prácticas cotidianas.

El concepto de organización social de los cuidados también ha permitido vincular el campo de investigación de los cuidados con otro no menos complejo para la investigación social, como el de las migraciones internacionales (Arriagada y Moreno, 2011; Herrera, 2012). Esta vinculación ha permitido sacar a la luz el protagonismo que las mujeres migrantes latinoamericanas han tomado en los movimientos poblacionales contemporáneos –tanto entre la región como fuera de ella– motivados o condicionados, en buena medida, por los procesos de reorganización social de los cuidados que han abierto oportunidades laborales en este ámbito para las mujeres migrantes (Acosta, 2015; Lube y Gonzálvez, 2019).

Sin embargo, la evolución e instalación del concepto en las comunidades científicas de los países de la región muestra desarrollos diferenciados, los que van desde su incorporación efectiva en la agenda académica, con incidencia en el diseño y la formulación de políticas sociales, hasta otros donde recién se está iniciando la discusión y su correlato político es todavía incipiente o inexistente. Están aquellas comunidades científicas que han avanzado en la aceptación y el uso del concepto de tal manera que han conseguido tener repercusiones en el debate político y legislativo, mostrando resultados concretos tanto a nivel de la normativa (Uruguay, Bolivia y Ecuador) como de diseño e implementación de la política social (Uruguay, Chile, Costa Rica, Colombia, Ciudad de México). El caso de Uruguay tal vez sea el más ilustrativo en la incorporación del concepto en distintos ámbitos (legislativo, político, programático) a través de la creación e implementación de un Sistema Nacional de Cuidados. Con todo, y pese a los esfuerzos por su mayor visibilización, el tema aún no ocupa el lugar prioritario en la región, dando cuenta del débil y variopinto compromiso político que suscita.

En paralelo, la profunda transformación sociodemográfica y el envejecimiento poblacional constituyen un fenómeno que agrega complejidad al escenario anteriormente planteado para América Latina. El envejecimiento poblacional es, sin dudas, una buena noticia en cuanto da cuenta de los grandes avances en el desarrollo humano alcanzados en la región en los últimos años. Sin embargo, al mismo tiempo, abre nuevos desafíos para la investigación social sobre los cuidados. Algunos autores han advertido sobre la magnitud y complejidad del asunto, señalando que se trata del inicio de la revolución más silenciosa de la historia de la humanidad, que carece de precedentes y cuyo alcance es impredecible (Arnold, Thumala y Urquiza, 2011).

En América Latina, la consideración de la necesidad de cuidados en las edades avanzadas como un “riesgo social” es reciente, mientras que en los países desarrollados empezó a instalarse en la década de 1970 (Huenchuan y Roque, 2009). La necesidad de asumir la magnitud y complejidad del envejecimiento poblacional y sus consecuencias como un problema social prioritario, tanto de la agenda académica como de las políticas públicas, es urgente al menos por cuatro razones. En primer lugar, porque el envejecimiento aumenta la demanda de servicios de asistencia; segundo, porque la población adulta mayor que precisa cuidados de forma permanente se encuentra en un innegable proceso de crecimiento. Tercero, porque el cuidado ha sido tradicionalmente una responsabilidad de las mujeres y estas, por distintas razones, están menos disponibles para hacerse cargo de estas tareas, sea porque no pueden o porque no lo desean. Y, en cuarto lugar, por la insuficiencia y poca adecuación de los servicios sociales de apoyo a este grupo, al tiempo que la familia continúa absorbiendo los riesgos asociados a la pérdida de funcionalidad en la vejez (Acosta, Picasso y Perrotta, 2018).

Durante las experiencias de investigación sobre el tema, se ha podido identificar que, en cuanto categoría analítica y unidad de análisis, los cuidados desbordan múltiples límites o fronteras, evidenciando visiones dicotómicas en la significación de esta actividad, que muchas veces son reproducidas por el análisis social (Gonzálvez y Acosta, 2015) e incorporadas –o no– en el diseño y la implementación de las políticas públicas orientadas hacia las personas mayores. El análisis de los cuidados ha permitido expresar, al menos, desigualdades de género, tensiones entre Estado, familia y personas que requieren cuidados, dicotomías y complementariedades múltiples (valorativas y analíticas) y mecanismos de desvalorización social (proceso de devaluación de la vejez vía el cuidado).

Con todo, continúa pendiente la revalorización social de los cuidados, cuestión que implicaría la desmitificación de ciertas ideas que se le han asociado, como su adjudicación “natural” a las mujeres y su no consideración como un trabajo. Dicha revalorización supondría continuar prestando atención a las premisas teóricas de partida desde donde se realiza el análisis del cuidado, situando a las personas en un continuo de interdependencia, y modificar, en consecuencia, los procedimientos metodológicos con los que se le investiga. En ese afán, es importante no perder de vista el contexto social y académico en el que se producen los estudios sobre el tema, para desde allí comprender sus cursos, potencialidades y limitaciones.

Reconociendo lo avanzado, es urgente continuar estimulando y facilitando el desarrollo de la investigación social en relación con los cuidados en la región. Para ello, es imprescindible seguir cultivando la generación de alianzas entre investigadoras e investigadores, universidades y centros de investigación, así como propiciar la aproximación interdisciplinaria y comparativa, junto con la innovación teórica y metodológica en el desarrollo de los estudios. La sistematización y difusión de los resultados de las investigaciones a través del uso de medios tradicionales (libros, artículos, ponencias, etc.) y de plataformas tecnológicas de más amplio alcance (páginas web, blogs, redes sociales, etc.) deben constituirse en herramienta permanente para la incidencia científica y social.

Convertir a los cuidados en el cuarto pilar de la protección social

Como resultado de la incidencia de la investigación social, a la par de las presiones sociales, especialmente procedentes del movimiento feminista y de otros movimientos sociales (personas pensionadas, personas discapacitadas, etc.), se han puesto en marcha en la región un conjunto de reformas en los últimos años que han tenido como objetivo ir incorporando, o ampliando, la protección social a grupos que, hasta entonces, no tenían acceso a ella. Se han aplicado diversos modelos con sus diferencias respecto de los instrumentos legales e institucionales utilizados, la adecuación de beneficios y sostenibilidad fiscal y económica de los nuevos programas, así como sus impactos e interacciones con otras áreas de políticas públicas, como las vinculadas al mercado de trabajo, los sistemas de pensiones tradicionales, los programas de asistencia social y la creación de sistemas nacionales de cuidado. Esta diversidad ofrece un ámbito fecundo para el análisis y la evaluación de las políticas sociales sobre los cuidados.

La investigación comparativa en esta área, si bien todavía es escasa y presenta limitaciones en cuanto a alcance y contenidos, ha ido en aumento. El trabajo de Juliana Martínez Franzoni (2007) ha dado un importante empuje al análisis comparado de la región latinoamericana, avanzando en la construcción de una tipología basada en los principales patrones de interacción entre mercados laborales, familias y políticas públicas, y considerando simultáneamente la estratificación socioeconómica y de género. A partir de la identificación de conglomerados de países, se han identificado tres principales regímenes de bienestar en América Latina. Por su parte, respecto del envejecimiento destacan los aportes recientes de estudios que comparan políticas públicas sobre envejecimiento en los países del Cono Sur (Flacso, 2015), el estudio del Banco Mundial sobre protección económica de las personas mayores (Rofman, Apella y Vezza, 2013) y el trabajo sobre envejecimiento e institucionalidad pública en América Latina de Sandra Huenchuan (2016).

La documentada crisis de los cuidados ha evidenciado la necesidad de reformas de los regímenes de bienestar social en la región de tal manera que se puedan satisfacer las necesidades económicas, sociales y de salud del avanzado envejecimiento de la población, la sangría poblacional provocada por las migraciones, así como las nuevas demandas y problemas sociales que resultan de estos procesos y de su inadecuada gestión e intervención públicas. Las características de dicho régimen dependerán de la naturaleza y el alcance de las reformas económicas y políticas, y, al mismo tiempo, de la reorganización democrática de los cuidados, a partir de la redistribución de las responsabilidades de los distintos actores (el Estado, el mercado, las familias y la comunidad o tercer sector), como administradores de los riesgos sociales y la seguridad social.

Los trabajos de Nieves Rico han sugerido avanzar hacia la construcción de un engranaje de las políticas de protección social con las políticas de cuidado (Rico y Robles, 2017). Al cuidado, que ha irrumpido en la agenda de la protección social en la región recientemente, se lo ha situado como el cuarto pilar del bienestar social, que considera además la seguridad social, la salud y los servicios sociales. El cuidado, como una necesidad social básica, presente en todas las etapas del ciclo vital, se ha conceptualizado como un derecho de ciudadanía que el Estado debe garantizar. No se trata solo de promover una mayor oferta de cuidados, sino de universalizar la responsabilidad, el trabajo y los recursos necesarios para su procura.

Para que este engranaje sea posible, en la región debe avanzarse en la discusión, el diseño y la implementación de, al menos, tres de los aspectos fundamentales que todo sistema de protección social debe considerar: 1) los aspectos jurídico-normativos; 2) la dimensión técnica operativa de la política social, y 3) la dimensión programática y de distribución de la responsabilidad social del cuidado y el bienestar (Acosta, Picasso y Perrotta, 2018). En primer lugar, se requiere la revisión y actualización de los aspectos jurídico-normativos en que se enmarcan las políticas sociales de protección social. Esto implica, por un lado, la necesidad de continuar avanzando en el reajuste de los marcos legales nacionales al estándar internacional en materia de derechos humanos. Por otro, se requiere una transformación de las normativas nacionales, de manera que puedan responder de forma específica a las necesidades actuales de la población que necesita cuidados, sus familias, y cuidadoras y cuidadores.

Hacerse cargo de la dimensión técnico-operativa de la política requiere poner atención en las distintas iniciativas (micro/macro) y actores (públicos y privados) y articularlas en una agenda común que considere el impacto de los cambios sociodemográficos sobre los cuidados. Los mecanismos de programación e implementación de políticas sociales y los sistemas de información deben clarificarse en términos de plazos, instancias de monitoreo, sistemas de evaluación y responsables. En cuanto a la información, si bien se ha producido un avance en la actualización de datos sociodemográficos a través de distintos instrumentos tradicionales (censos, encuestas de caracterización socioeconómica, etc.) y otros más nuevos (encuestas de uso del tiempo, por ejemplo), la disponibilidad de datos actualizados es dispar entre países y tipos de población que requiere cuidados. Por ejemplo, no se encuentra la misma cantidad y calidad de información respecto de la infancia que de las personas con discapacidad. El trabajo de Daniela González y Fernanda Stang (2014) es esclarecedor al respecto.

En muchas ocasiones, se carece de información desagregada en función de las variables de género, raza o condición socioeconómica. Es urgente, de cara al diseño, el seguimiento y la evaluación de la política, mejorar los sistemas de información, disponibilidad de datos y desarrollo de la investigación social sobre estos temas. Otro componente importante de esta dimensión son los recursos fiscales y de otras fuentes disponibles para el financiamiento de las políticas sociales, considerando los problemas asociados con la falta de sostenibilidad económica del gasto social, así como su ineficiencia, frente a los problemas acumulados irresueltos de gestión, monitoreo y fiscalización del gasto social. En términos de recursos, hay que considerar además los recursos humanos y de infraestructura que se requieren para sostener el sistema de protección social.

Por último, la dimensión programática y de distribución de la responsabilidad social del cuidado y el bienestar permite evaluar la existencia, disponibilidad y accesibilidad de programas y servicios en que se proporcionan cuidados, así como la forma en que el Estado, las familias, el mercado, la comunidad y el tercer sector se distribuyen esta responsabilidad. La investigación acumulada ha demostrado una distribución desigual de la responsabilidad social del cuidado en la región, con una carga muy alta para las familias y en particular para las mujeres (Rico, 2009; Arriagada, 2010). Las familias, sea a través de la provisión diaria de la asistencia o el envío de remesas, han continuado asumiendo el papel primario en la atención de los distintos grupos en situación de dependencia. La actual crisis sanitaria de COVID-19 ha dejado aún más en evidencia esta situación, como desarrollaremos más adelante.

A pesar de la derivación al incipiente –pero creciente– mercado de los cuidados y la sobrecarga de las familias, los Estados en la región no han gestionado en forma adecuada la aún deficitaria oferta de cuidados. Es posible observar una falta de imbricación entre servicios que se diseñan y ofrecen, por lo general con un enfoque salubrista, donde prima la mirada hacia algunos grupos –por ejemplo, las personas mayores o en situación de discapacidad– como un problema de salud. Frente a estos reduccionismos, en la región se debe avanzar hacia el diseño y la puesta en marcha de sistemas integrados de cuidados, entendidos como el conjunto de acciones públicas y privadas intersectoriales que se desarrollan de forma articulada para brindar atención directa a las personas que la requieren y apoyar a las familias en el cuidado y el bienestar de los miembros del hogar. Para ello es importante articular agendas, actores y sectores, contribuyendo con ello a un nuevo pacto social, de género y generacional.

La pandemia de COVID-19: las mujeres en la “primera línea” de los cuidados

Si hay una crisis de salud mundial que ha puesto en evidencia la conexión entre los problemas de salud y las desigualdades sociales ha sido la actual pandemia provocada por la COVID-19. Han bastado unos pocos meses para apreciar las innumerables –e impensadas– implicancias sociales que está generando. No solo se ha tratado de una crisis sanitaria; el impacto socioeconómico que todavía debe gestionarse habla de desigualdades estructurales y fragilidad sistémica; de vulnerabilidades múltiples que aceleraron el colapso: pobreza, acceso desigual a servicios de primera necesidad, sistemas agrícolas insostenibles, crisis de los cuidados (Castro, 2020). Su alcance ha golpeado con una escala y ferocidad sin precedentes y muchos se preguntan cuánto de nuestra sociabilidad previa a la pandemia continuará inalterable una vez superada.

La evolución de la pandemia en la región, como en el resto del mundo, hace pensar que las frecuentes expresiones del estilo “cuando esto termine” y “cuando haya pasado” deben recibirse con precaución y sospecha. Lo que está sucediendo no es algo que debamos pensar con un “final”, porque ello reduciría la actual situación solo a una crisis sanitaria. Muchos gobiernos, preocupados por los efectos económicos, se han apurado en determinar las fechas de la “vuelta a la normalidad”, con las consabidas segundas olas de contagio. Sin embargo, hay muchas problemáticas que han rebrotado con la pandemia que, aunque menos visibles, no estarán solucionadas una vez encontrada la vacuna (que, al momento de escribir estas líneas, diciembre de 2020, ya ha comenzado a aplicarse en el Reino Unido y Rusia). Podremos tenerla antes de lo anunciado, pero no habrá bastado la medicina para frenar los efectos sociales, económicos, psicológicos y hasta antropológicos de esta crisis global.

El confinamiento que demanda esta crisis sanitaria, su carácter global y sus efectos en múltiples ámbitos nos ha dado una oportunidad única de vernos a nosotros mismos, a nuestras sociedades y gobiernos desde una perspectiva más clara. Así como muchos han aprovechado para reflexionar sobre sí mismos y reestablecer prioridades, se precisa que lo hagamos con las sociedades en que vivimos y con la importancia que asignamos –o no– al cuidado en la sostenibilidad de la vida. En los párrafos finales quiero llamar la atención sobre la forma en que esta pandemia agudiza la crisis de los cuidados que ya venía padeciendo la región; una crisis que ha evidenciado que la atención de salud y los cuidados no son simplemente una serie de actos que se organizan en una emergencia de salud pública, sino también una forma de estar y relacionarse con los demás que manifiesta la interdependencia de sistemas y personas para sostener cotidianamente la vida.

Las medidas fundamentales para prevenir el contagio del coronavirus suponen un confinamiento en el espacio doméstico e, inevitablemente, ello viene aparejado con una sobrecarga de cuidados en las mujeres, teniendo en cuenta que en los hogares de todo el mundo la mayoría del trabajo no remunerado lo realizan mujeres, adolescentes y niñas. Pero en América Latina el desequilibrio en la distribución de las tareas domésticas y el cuidado es mucho peor que en otras regiones. Con anterioridad a la crisis sanitaria por COVID-19, según la Cepal, en los países de la región sobre los que se dispone de datos las mujeres destinaban a las actividades de trabajo doméstico y de cuidados entre 22 y 42 horas semanales. El cierre de las escuelas en la mayoría de los países ha implicado que deben brindarse 24 horas diarias de atención a niñas, niños y adolescentes en los hogares, lo que sin duda sobrecarga el tiempo de las familias; en particular, el de las mujeres, que en la región dedican diariamente al trabajo doméstico y de cuidados no remunerados el triple del tiempo que dedican los hombres a las mismas tareas (Cepal, 2020).

No hay que olvidar que los centros educativos también proporcionan seguridad alimentaria y cuidado –durante la jornada escolar y después de ella– a muchas niñas y niños. La suspensión de las clases tiene un impacto más allá de la educación, en la nutrición, el cuidado y la participación de los padres (especialmente de las mujeres) en el mercado laboral. Téngase en cuenta que, en la región, alrededor de 85 millones de niñas y niños reciben un desayuno, un refrigerio o un almuerzo en la escuela, según datos de la Organización de las Naciones Unidas de la Alimentación y la Agricultura (FAO, por su sigla en inglés) de 2019 reportados en el informe de la Cepal de abril de 2020 sobre los efectos económicos y sociales de la pandemia.

Además del impacto desigual que las medidas de confinamiento suponen para las mujeres, las niñas y los niños, estas se acentúan en los hogares de menores ingresos. En ellos, la demanda de cuidados es mayor (dado que cuentan con un número más elevado de personas dependientes), las condiciones de habitabilidad son insuficientes para proporcionar la atención sanitaria requerida y proteger a los grupos de alto riesgo de la exposición al virus, y el acceso a los servicios básicos es deficitario. Como se ha evidenciado, el acceso a la seguridad social en América Latina está altamente estratificado por nivel socioeconómico. Solo una de cada diez personas en el quintil de ingresos más bajo tiene acceso a la seguridad social en comparación a siete de cada diez en el quintil de ingresos más alto. Los hogares con menores de edad se han identificado como un grupo particularmente vulnerable en el acceso a la seguridad social (Blofield y Filgueira, 2020).

Los efectos del desempleo también afectarán de manera desproporcionada a los pobres y a los estratos vulnerables de ingresos medios. Es probable que la crisis aumente el empleo informal como estrategia de supervivencia, considerando que en América Latina y el Caribe más de la mitad de los trabajadores labora en el sector informal y un porcentaje significativo de las familias con menos recursos se ven obligadas a enviar a sus hijos al mercado de trabajo. La OIT estima que actualmente el 7,3% de las niñas y los niños de 5 a 17 años (unos 10,5 millones) de la región trabajan. Las medidas de confinamiento han exacerbado además la violencia contra las mujeres, las niñas y los niños. Las denuncias han subido de manera alarmante: 100% en Chile, 90% en Colombia, 60% en México y 40% en la Argentina, mientras que los feminicidios se triplicaron en Colombia (Pagés et al., 2020).

En la gestión de la crisis sanitaria, se ha visibilizado y reconocido el papel de “las trabajadoras y los trabajadores de salud de primera línea”, aquel grupo que labora en hospitales o centros de salud y que atiende los casos más críticos de COVID-19 (médicas y médicos, enfermeras y enfermeros, paramédicas y paramédicos, auxiliares de enfermería, laboratoristas y personal de servicios de apoyo como trabajadoras y trabajadores de limpieza, camilleras y camilleros, mantenimiento, ambulancias, etc.). En este reconocimiento, vale recordar un dato que no ha sido suficientemente divulgado y es el hecho de que el sector de la salud, a nivel mundial y también en la región, está altamente feminizado.

Como resultado, la presión sobre los sistemas de salud afecta significativamente a las mujeres, ya que estas representan el 72,8% del total de personas ocupadas en ese sector en la región (Cepal, 2020). Frente a la alta demanda de atención que ha generado la crisis sanitaria, las mujeres deben enfrentar jornadas laborales más largas con los consiguientes efectos negativos sobre su salud física y mental, así como sobre sus familias, en particular sobre quienes requieren cuidados en sus hogares (niñas y niños, personas mayores, etc.) que, por estar en confinamiento, no cuentan con sus cuidados ni con otros apoyos (escuelas, centros de cuidado diurno para mayores, etcétera).

Como parte del sector salud, hay un sector que forma parte de esta primera línea (sin quitar mérito a los mencionados), pero cuyo trabajo no se ha reconocido lo suficiente y, en la gran mayoría de los casos, pasa invisibilizado. Son aquellas trabajadoras y trabajadores –en mayor proporción mujeres, migrantes– que prestan labores de cuidado y acompañamiento en los domicilios (también en centros de cuidados de larga duración), fundamentalmente atendiendo a las personas mayores, las más vulnerables frente a esta crisis. En situaciones de cuarentena, algunas trabajadoras domésticas migrantes que viven en sus lugares de trabajo continúan realizando sus actividades sin recibir las remuneraciones correspondientes, lo que no solo las deja a ellas sin dinero, sino que imposibilita el envío de remesas a sus países de origen.

Suelen ser un colectivo usualmente poco considerado y valorado, tanto en términos de su contribución al sector salud como a la sociedad en su conjunto. Son esas trabajadoras las que a diario facilitan que miles de familias, y en especial las mujeres, puedan continuar atendiendo sus propios compromisos laborales y familiares. Una situación similar, pero de aún mayor fragilidad dado su alto grado de informalidad, se manifiesta en el trabajo doméstico remunerado, sector en el que trabaja el 11,4% de las mujeres ocupadas en la región.

A pesar de la imprescindible labor de estas mujeres, durante la emergencia del coronavirus han experimentado situaciones de mayor vulnerabilidad. La falta de instrumentos de protección para realizar su trabajo (mascarillas, guantes, gel desinfectante), los atrasos en los pagos y los abusos laborales frente a situaciones de denuncia son algunas de las problemáticas que han tenido que enfrentar. Estos problemas no solo exponen a estas trabajadoras a mayores riesgos de contagio, sino que, al mismo tiempo, exponen a las personas más vulnerables al riesgo de ser infectadas por las propias personas que los cuidan.

Agrega mayor complejidad el hecho que este sector se encuentra en una situación previa de precariedad laboral y vulnerabilidad social caracterizadas por bajas remuneraciones, derechos laborales limitados, poco descanso, escasa capacitación, bajo nivel asociativo y poca protección frente a abusos. Además de lo anterior, son trabajadoras y trabajadores que experimentan una doble o triple devaluación social. Esto es así porque realizan una labor que, aunque pueda ser calificada como “esencial”, es poco valorada en la medida en que se ejecuta al interior de los domicilios (ámbito privado), en su mayoría por mujeres, inmigrantes, afrodescendientes o de algún pueblo originario y, usualmente, con baja calificación profesional. A ello se suma que a quienes proporcionan cuidados son sujetos con un bajo estatus social (personas mayores, en situación de discapacidad, niñas o niños con algún tipo de diagnóstico que demanda atención especializada adicional, etcétera).

Por otro lado, la menor cobertura de los sistemas de protección social al desempleo y la menor capacidad de respuesta en materia de políticas para preservar el empleo afectan fundamentalmente a las mujeres, quienes suelen incorporarse a empleos más precarios. Los sistemas de seguro de desempleo son escasos en América Latina y el Caribe. Solo existen en ocho países y allí donde existen cubren a una población reducida de trabajadoras y trabajadores. Las elevadas tasas de informalidad –superiores al 50%– dejan por fuera de estos mecanismos a la mayoría de los personas que trabajan y las exponen a situaciones de gran precariedad laboral, con ingresos y empleos extremadamente vulnerables (Pagés et al., 2020).

Vale recordar que esta pandemia ha llegado en un momento cuando la protección social en América Latina y el Caribe aún es insuficiente, a pesar del aumento producido en los últimos quince años en el acceso tanto a la seguridad social como a diferentes formas focalizadas de transferencias no contributivas de ingresos, especialmente para familias con niños (Blofield y Filgueira, 2020). Los gobiernos han desarrollado en muchos casos capacidades administrativas relativamente sofisticadas y no discrecionales para identificar, contratar y prestar servicios a la población vulnerable.

Sin embargo, siguiendo el análisis de Merike Blofield y Fernando Filgueira (2020), la mala noticia es que pocos gobiernos se están moviendo lo suficientemente rápido como para activar las garantías básicas en el contexto de la pandemia del coronavirus. Atribuyen la lentitud de la respuesta a la crisis al estrés fiscal y al comportamiento miope, que se enfoca únicamente en las preocupaciones epidemiológicas. El problema radica en que la velocidad con que algunos gobiernos de la región se están moviendo para apoyar a las instituciones financieras y grandes empresas, como a los empleados del sector público, también sugiere que esto podría ser simplemente la expresión de un patrón común en la región: los vulnerables son los últimos. Lo peor, además de lo éticamente inaceptable de tal comportamiento, es que sin considerar a la población vulnerable en medio de una pandemia no podrá existir una estrategia epidemiológica eficaz.

Como resultado, la crisis sanitaria y sus impactos sociales y económicos no harán otra cosa que ejercer una presión adicional sobre los países con espacio fiscal reducido, con las esperables consecuencias indeseables para el gasto social, que usualmente suele recortarse cuando más necesita expandirse. Esta crisis ha vuelto a poner en evidencia la injusta organización social de los cuidados en la región. Esperemos que podamos extraer las lecciones adecuadas, repensando los modelos de atención y cuidados que tenemos en la región con un enfoque de género y que, en su rediseño, las mujeres, en general, y las trabajadoras domésticas y de cuidado, en particular, sean consideradas y valoradas efectivamente como “esenciales”. Sería el mejor homenaje que podríamos brindarle a Nieves Rico: continuar y multiplicar su legado.

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Las cadenas del cuidado[29]

Alicia Maguid

Durante los primeros años del nuevo milenio y hasta el advenimiento de la crisis económica internacional de fines de 2008, las sudamericanas y los sudamericanos protagonizaron un cambio en sus patrones de emigración hacia países fuera de América del Sur al dirigirse masivamente a España. El propio escenario socioeconómico sudamericano y las ventajas comparativas de España lo consolidaron, al menos hasta la última crisis mundial de 2008, como destino alternativo al preferido anteriormente por las personas emigrantes, Estados Unidos de América.

La atracción ejercida por España jugó un papel decisivo en la elección de ese destino, más allá de la persistencia de factores fuertemente expulsores en los países de origen (Cerrutti y Maguid, 2011). A estos se suman otros factores, como el endurecimiento de la política migratoria y de las medidas de control en Estados Unidos con posterioridad a los hechos del 11 de septiembre de 2001, que hicieron atractiva la entrada a un país más permeable, como fue España hasta hace unos años. Además, hay que añadir los vínculos histórico-culturales, el idioma común y la posibilidad de acceder a la ciudadanía europea de sus ancestros por parte de algunos grupos, como los argentinos, uruguayos y venezolanos.

La llegada de nuevos flujos migratorios de latinoamericanos a España se produjo en un contexto inmigratorio caracterizado por la aceleración, la diversificación de los orígenes y el aumento de la situación de irregularidad de su residencia (al menos, en las etapas iniciales del proceso migratorio).

El de los sudamericanos fueron uno de los grupos que más contribuyeron a este incremento notable de inmigrantes en España: el número de personas originarias de América del Sur aumentó casi diez veces entre 1998 y 2009, al subir de 213.591 a 2.097.825, y esta tendencia se refleja en que actualmente constituyen la tercera parte del total de inmigrantes.

España se convirtió en un país de atracción en el marco de un proceso de intensos cambios económicos, sociales y demográficos que se inició a fines de la década de 1970, donde se destacan el rápido descenso de la fecundidad y el aumento de la esperanza de vida, junto con la ampliación del sistema educativo, en especial para las mujeres, y la incorporación de estas al mercado de trabajo. El alto crecimiento económico generó una demanda en sectores de actividad específicos –que abasteció la mano de obra inmigrante–, como la construcción, para los varones, y los servicios personales, para las mujeres. Entre estos últimos, predominaron los servicios a los hogares privados, tanto referidos al servicio doméstico como al cuidado de personas dependientes.

Es justamente la interacción entre la ausencia de oportunidades en el país de origen y las oportunidades laborales en el de destino la que ha moldeado la dinámica de la migración desde los países de Sudamérica hacia España. En función de esta situación, los ritmos y las características de la migración difieren entre los distintos orígenes: algunas personas han llegado a España más tempranamente, como es el caso de las nativas de la Argentina y Perú frente a las de Bolivia, que llegaron más recientemente; algunas han sido más numerosas, como las de Ecuador y Colombia. También las realidades nacionales, tanto en origen como en destino, han contribuido a moldear los perfiles sociodemográficos y económicos de los inmigrantes, sus expectativas de retorno y los vínculos que mantienen con sus países.

Sin embargo, más allá de estas diferencias, esta migración se caracteriza por originarse en motivos laborales. Como señala Andreu Domingo (2002), la inmigración pasa a tener importancia no solo para favorecer el crecimiento poblacional, sino también para abastecer un mercado de trabajo segmentado, que le asigna a la población extranjera un rol complementario a la movilidad de las jóvenes generaciones españolas más educadas. En este sentido, existen nichos sectoriales para las personas inmigrantes, como la construcción, la hostelería y, en el caso de las mujeres, el servicio doméstico, donde la demanda no es abastecida por los españoles. David-Sven Reher y Miguel Requena (2009) también destacan la contribución de los inmigrantes a la sociedad española en distintos aspectos, siendo uno de ellos su contribución a la organización familiar de los servicios personales de atención a la población dependiente –niños y adultos mayores–, que facilita la participación de las mujeres españolas en el mercado laboral.

Uno de los rasgos salientes de la inmigración sudamericana a España ha sido, entonces, la significativa presencia de mujeres, particularmente al inicio de este proceso migratorio. Como se señalara, esta situación se debe en gran medida al surgimiento de una nutrida demanda laboral en los servicios doméstico y de cuidados, actividades típicamente femeninas. En este contexto, el presente artículo sintetiza un trabajo que tuvo como propósito general examinar las imbricaciones entre la familia, el género, el proceso migratorio y las actividades de cuidado en la inmigración sudamericana en España. Se incluyó además un análisis de las posibilidades de las mujeres inmigrantes de emprender un proceso de reunificación familiar. En otras palabras, se examina el fenómeno de las familias divididas y sus posibilidades de reunificación, la maternidad a distancia y la conformación de las cadenas globales de cuidado. Mediante los resultados, se pretende contribuir al conocimiento de las significativas conexiones entre los sistemas de género, las inequidades sociales y los sistemas de provisión de cuidado.

El análisis empírico se basa en los datos provenientes de la Encuesta Nacional de Inmigrantes 2007 (ENI 2007). Relevada entre noviembre de 2006 y marzo de 2007, fue diseñada y aplicada por el Instituto Nacional de Estadísticas de España (INE), con la colaboración del Ministerio de Trabajo e Inmigración y el equipo de investigación del Grupo de Estudio Población y Sociedad (GEPS), de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, y permite profundizar el conocimiento de los colectivos migratorios con mayor presencia en España.

Migración, familia y género

De manera creciente, los estudios migratorios han ido incorporando la dimensión familiar en el proceso migratorio, enfatizando su rol no solo en la determinación de quién migra y cómo se reproduce la migración, sino también respecto de las consecuencias de la separación de las familias en la reproducción familiar. El fenómeno de las familias divididas por la migración –particularmente cuando se encuentran involucrados niñas y niños pequeños– es, desde hace ya unos años, objeto de debate tanto en el ámbito académico como en el de la acción y la política. Inicialmente, esta preocupación fue introducida en los estudios sobre género y migración y, más tarde, pasó a converger con la preocupación sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes (UNFPA, 2006; Instraw, 2007).

La creciente participación de las mujeres en la migración internacional, en particular la migración individual, en contraposición a la migración familiar o asociativa, se vincula a los cambios ocurridos a nivel global tanto en las sociedades de origen como en las de destino. En el caso de América Latina, los procesos de ajuste estructural y reestructuración económica implementados por largos períodos afectaron las condiciones de vida y de reproducción cotidiana de vastos sectores de la población. El deterioro en la capacidad de acceder a empleos dignos y a bienes y servicios públicos tuvo repercusiones en la división sexual del trabajo. En este contexto, las mujeres comenzaron a integrarse con mayor intensidad al mercado de trabajo y las familias con doble proveedor se incrementaron de forma notable. Si bien el resquebrajamiento del modelo de proveedor único (masculino) que se observa a lo largo de la región podría ser entendido como parte de un proceso de emancipación de las mujeres, lo cierto es que, para una gran parte de ellas, implicó la incorporación en empleos de baja calidad y remuneraciones, sin que se haya alterado en forma sustancial su participación en labores de tipo domésticas y de cuidado de los miembros dependientes del hogar. En un contexto de creciente protagonismo en cuanto a su rol económico, la migración internacional de las mujeres aparece como una estrategia viable tanto social como culturalmente, la cual ha sido facilitada por un abaratamiento de los costos de transporte, una mayor fluidez de la comunicación y la operatoria de redes sociales transnacionales.

Cuando las personas que migran son quienes tradicionalmente, por motivos sociales y culturales, han tenido a su cargo las tareas de cuidado, las familias deben necesariamente readaptarse a una nueva situación. Las migrantes, con sus lazos familiares y sociales que, al menos en la etapa inicial, se ven fragmentados, deben enfrentar nuevos códigos sociales y generar ingresos suficientes para enviar remesas a sus familias en los países de origen, cuya subsistencia depende en gran medida del miembro del hogar que emigró (Rico, 2009) y, a su vez, redefinir formas de brindar cuidado entre quienes han sido dejados atrás.

A partir de la emergencia de estas nuevas realidades familiares como consecuencia de la migración, es que comienzan a discutirse conceptos tales como la “maternidad a larga distancia” o las familias transnacionales. Los trabajos pioneros de Pierrette Hondagneu-Sotelo (1994, Hondagneu-Sotelo y Ávila, 1997) sobre la migración de mujeres mexicanas a Estados Unidos pusieron al descubierto las vivencias y estrategias de las madres inmigrantes que trabajan en el servicio doméstico y en el cuidado de niñas y niños en la sociedad receptora. Las descripciones sobre cómo se cuida, se socializa y se mantienen lazos de afecto y respeto ponen al descubierto diferentes formas de ejercer la maternidad. Mediante esta desnaturalización del concepto, se ha venido intentando ampliar los horizontes en torno a la definición social del rol apropiado de madre en los nuevos escenarios. En este sentido, se proponen nuevas perspectivas a la teorización feminista tradicional, desplazando la mirada desde las mujeres de clase media hacia las experiencias de las madres para quienes su trabajo productivo compromete la supervivencia de los hijos (Solé y Parella, 2005). Barbara Ehrenreich y Arlie Hochschild (2004) –en su introducción al volumen editado sobre mujeres globales– describen crudamente la tendencia a la importación del cuidado y del cariño de los países pobres a los ricos. Ellas señalan que, hoy en día, además de la tendencia a la “fuga de cerebros”, existe una “fuga de cuidados” y que los mayores costos de estas tendencias son pagados por niñas y niños de los países emisores, como se verá con mayor detalle en el apartado siguiente, centrado en las cadenas globales de cuidado.

Si bien las reflexiones en torno a la migración de las mujeres, la importación del cuidado y el ejercicio de la maternidad a larga distancia han puesto al descubierto las imbricaciones entre la globalización y la privatización de la reproducción social, lo cierto es que existe escasa evidencia empírica representativa sobre las dimensiones del fenómeno. En general, los estudios realizados son de carácter etnográfico, por lo que poco se conoce sobre la extensión de estas cuestiones. Tal vacío de conocimiento empírico se debe, en parte, a la falta de fuentes de información sobre procesos migratorios en general y con un enfoque de género en particular.

Las cadenas globales de cuidado

Paralelamente con la creciente importancia de la migración femenina en el contexto de la globalización, no solamente parecen extenderse las familias transnacionales y el fenómeno de la maternidad a distancia, sino que se generan las denominadas cadenas globales de cuidado. De acuerdo con Amaia Orozco (2007: 3), se trata de “cadenas de dimensiones transnacionales que se conforman con el objetivo de sostener cotidianamente la vida, y en las que los hogares transfieren trabajos de cuidados de unos a otros en base a ejes de poder, entre los que cabe destacar el género, la etnia, la clase social y el lugar de procedencia”. Este es un proceso complejo de transferencia de cuidados, que supone nexos transnacionales entre los hogares en el país de origen y en el país receptor. En términos empíricos, surgiría una cadena cuando, por ejemplo, una mujer latinoamericana que emigra a España deja a sus hijos bajo el cuidado de su madre o de su hermana en el país de origen y, luego, es contratada por una familia española para cuidar a sus niños porque ambos padres trabajan.

La conformación de estas cadenas responde a la confluencia de factores sociales, económicos y culturales que operan en ambos extremos de ellas, es decir, en las sociedades de origen y de destino. Por un lado, los aspectos mencionados anteriormente, referidos a la adopción de la emigración como una estrategia de supervivencia para garantizar su reproducción social. La distribución intrafamiliar de la responsabilidad de los cuidados de niñas, niños y personas adultas mayores recae en las mujeres, quienes además son más proclives a asumir también la responsabilidad de proveer recursos enviando remesas de manera regular para garantizar el bienestar familiar, dando lugar a la formación de estas cadenas. Por otro lado, es necesario que en los países receptores exista una demanda importante para los trabajos de cuidado –que incluyen cuidado de niñas, niños, personas adultas mayores y personas discapacitadas y, también, las tareas domésticas requeridas para el mantenimiento cotidiano de la vida y la salud– que no es abastecida por la mano de obra local.

El caso español ejemplifica como ningún otro la fuerza con que el mercado de trabajo configura espacios segmentados de acuerdo con el género para la fuerza laboral migrante, asignándole a las mujeres –preferentemente, a las latinas que llegaron más recientemente– el papel de “cuidadoras” en los hogares particulares. La denominada “crisis de los cuidados” (Zimmerman, Bose y Litt, 2006) comienza a presentarse en España a fines de la década de 1970. A la ruptura con el modelo anterior, en el que prevalecía la división sexual del trabajo al interior de las familias y en la esfera pública, se sumó la ausencia de respuestas institucionales para asumir los cuidados que antes recaían en las mujeres. Frente a esta situación, surge la necesidad de transferir el trabajo doméstico contratando trabajadoras para que se hagan cargo de él, y aquí es donde las mujeres migrantes juegan un papel central para abastecer esta demanda, caracterizada por peores condiciones de precariedad e inestabilidad laboral.

El enfoque de género es imprescindible para comprender no solamente por qué se ha producido esta transferencia global de los cuidados y se han conformado familias divididas o transnacionales, sino también –y siguiendo a Saskia Sassen (2003)– para esclarecer la dinámica organizadora de la globalización. Esta autora plantea la conveniencia de enfocar el análisis de estos circuitos de mujeres que traspasan fronteras con el fin de comprender las dinámicas de género presentes en la economía global; lo que denomina “la feminización de la supervivencia” alude tanto a la creciente dependencia del trabajo de las mujeres por parte de las familias y comunidades de origen y destino como a la de los Estados, que delegan en ellas las funciones de cuidado.

El trabajo se propuso indagar, con un enfoque de género, algunas dimensiones del proceso migratorio con fuertes vinculaciones con la economía del cuidado. La cuantiosa migración de sudamericanos a España, hasta la crisis mundial iniciada en 2008, tuvo una fuerte presencia femenina, cuya motivación principal fue la de incorporarse al mercado de trabajo para mejorar sus condiciones de existencia y las de sus familias. Muchas de estas mujeres, en rigor la mayoría de las adultas migrantes, tenían responsabilidades familiares al momento de partir. Sin embargo, la posibilidad de migrar en forma familiar o autónoma, dando lugar a la conformación de familias divididas o transnacionales, dependió en muchos casos no solo de su situación migratoria (regular o irregular) sino de factores socioeconómicos y del tipo de demanda laboral predominante en España.

En efecto, las argentinas, dada su situación migratoria (acceso a ciudadanía y residencia), son quienes tuvieron las mayores posibilidades de emprender una migración como proyecto familiar que involucrara a todos los miembros. Sus perfiles educativos y su nivel socioeconómico les permitieron acceder a un rango más variado de ocupaciones. En cambio, y como contraste, este no fue el caso de otros colectivos, como por ejemplo el de las mujeres bolivianas. Su migración más tardía, su condición irregular y sus perfiles de calificación bastante más bajos condicionaron fuertemente su inserción laboral. La abundante demanda de trabajadoras domésticas y de mujeres proveedoras de servicios de cuidado generada por una sociedad con una creciente participación de mujeres en el mercado de trabajo, una escasa provisión estatal de servicios e infraestructura de cuidado y un proceso significativo de envejecimiento poblacional atrajo a estas inmigrantes cuyos ingresos, si bien bajos en comparación con otras trabajadoras en España, eran muy superiores a los percibidos en los países de origen.

Dejando a sus propias hijas e hijos atrás, en el proceso migratorio, en manos del cuidado de otras y otros, se dirigieron a aceptar tareas de cuidado por una paga que valía el esfuerzo. Las remesas pasaron de ese modo a ser el aspecto más tangible de la migración y el propósito, al menos inicial, de la división de las familias.

Los procesos de reunificación familiar, aspiración de muchas mujeres inmigrantes, aparecen favorecidos por ciertas condiciones. Una vez más, la regularidad migratoria se erige como un factor esencial. Sin duda existen otros, vinculados a las condiciones materiales de brindar cuidados a hijas e hijos propios en España, tales como la tenencia de pareja, los perfiles educativos más elevados (que facilitan una mejor inserción laboral) y, consecuentemente, una mejor situación socioeconómica. Nuevamente en este caso, algunas mujeres tuvieron mejores chances que otras.

De todos modos, es importante alertar que existe también otro conjunto de condicionantes en las decisiones de reunificación familiar que, por su carácter netamente subjetivo, no ha podido ser analizado mediante la información disponible. Algunos de estos motivos subjetivos son la preferencia de las madres a mantener a sus hijas e hijos en ambientes culturales y sociales sobre los cuales se ejerce, aun a la distancia, un supuesto mayor control. Este es un tema sumamente complejo, que demanda otras estrategias metodológicas para un adecuado acercamiento.

¿Cuáles fueron los efectos de la crisis económica de fines de 2008 en España sobre estas cadenas globales de cuidado? En principio, pareciera que las actividades de servicio doméstico y de cuidado se han visto menos afectadas que otros nichos ocupacionales de los inmigrantes. La demanda relativamente se mantiene, dado que no son funciones fácilmente reemplazables; es más, en muchos casos son imprescindibles. Si la crisis continuara, y se recortaran los servicios de la seguridad social y aumentara el desempleo de las mujeres españolas, podría verse impactada la demanda de empleos de cuidado.

En cuanto al retorno, en condiciones de inestabilidad laboral, es bastante más probable que aquellas inmigrantes que no han logrado reunificar a sus familias y que ahora tienen muchas menos posibilidades de hacerlo, si pierden sus empleos, consideren la vuelta a sus países de origen como una opción.

Bibliografía

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Ehrenreich, B. y A. R. Hochschild (eds.) (2004), Global Women: Nannies, maids and sex workers in the new economy, Nueva York, Henry Holt & Co.

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– y E. Ávila (1997), “I’m here, but I’m there: The meanings of Latina transitional motherhood”, Gender & Society, vol. 11, Nº 5.

Instraw (2007), Género y remesas. migración colombiana del AMCO a España, Bogotá, Nuevas Ediciones.

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Reher, D.-S. y M. Requena (2009), “Introducción: el impacto de la inmigración en la sociedad española”, en D.-S. Reher y M. Requena (eds.), Las múltiples caras de la inmigración en España, Madrid, Alianza.

Rico, N. (2009), “Desarrollo y remesas en femenino”, en Miradas diversas: sobre migración femenina, remesas y (co)desarrollo en América Latina, Las Palmas de Gran Canaria, Fundescan.

Sassen, S. (2003), Contrageografías de la globalización: género y ciudadanía en los circuitos transfronterizos, Madrid, Traficantes de Sueños-Mapas.

Solé, C. y S. Parella (2005), “Discursos sobre la «maternidad transnacional» de las mujeres de origen latinoamericano residentes en Barcelona”, Mobilités au féminin, 15-19 de noviembre.

UNFPA (2006), “Estado de la población mundial 2006”, en Hacia la esperanza: las mujeres y la migración internacional, Nueva York.

Zimmerman, M., C. Bose y J. Litt (2006), Global dimensions of Gender and Care Work, California, Stanford University Press.

El cuidado institucionalizado

en espacios locales:

experiencias en Bolivia

Flavia Marco Navarro

Este artículo aborda el cuidado, remunerado e institucionalizado, en los espacios locales, que son dos temas que me recuerdan a María Nieves Rico, no solo por sus contribuciones en ellos, sino porque hace dieciséis años, cuando tenía la suerte de trabajar con ella, me pidió redactar un proyecto sobre economía del cuidado. Supondrán lo poco que había en esa época sobre la materia. Esa fue mi entrada al tema que me atrapa hasta hoy. De otra parte, varias veces conversamos sobre las ciudades, los espacios municipales y las posibilidades de trabajo a estos niveles, que para mí eran algo lejano aún, y sin embargo hoy son mi espacio recurrente de trabajo y un espacio privilegiado de acercamiento a la realidad y de ejercicio de mi compromiso con los derechos humanos.

Damos cuenta brevemente de cómo se ha ido instalando el tema del cuidado en Bolivia no solo en las agendas de las mujeres, y más tímidamente en la academia, sino en las agendas municipales, sobre la base de la evidencia recolectada en diecinueve municipios de Bolivia. Sin embargo, también mostraremos que son conquistas bastante endebles en contextos de reducciones presupuestarias y de imaginarios repletos de contradicciones.

Se trata de municipios que pertenecen a los departamentos de Beni, Cochabamba, La Paz, Oruro, Potosí, Santa Cruz y Tarija, es decir, siete de los nueve departamentos del país. Son municipios que tienen entre 20.000 y 100.000 habitantes (Ascensión de Guarayos, Camiri, Challapata, El Puente, La Guardia, Mizque, Riberalta, Rurrenabaque, San José de Chiquitos, San Ignacio, San Javier, San Carlos, Sorata, Tupiza, Uyuni, Vallegrande, Villamontes, Yapacani), con excepción de Tarija, que tiene cerca de 240.000 habitantes. Además, referiremos las dinámicas de cuidado de trabajadoras de las tres ciudades más grandes del país: El Alto, La Paz y Santa Cruz de la Sierra.[30]

Nos centramos en los centros de cuidado infantil, que cubren la población de 0 a 4 años, que representa en promedio el 10% de la población del país y para personas mayores, que para el tramo de 65 y más años representan el 7% de la población.

El cuidado ingresa en la agenda de varios feminismos

En Bolivia, los actores sociales en materia de cuidado han ido aumentando, pues este pasó de ser un tema de algunas feministas ligadas a la investigación y los organismos internacionales a una preocupación creciente en espacios locales y feminismos diversos. Es así, por ejemplo, que en 2018 se conforma la Plataforma Nacional de Corresponsabilidad Social y Pública del Cuidado, que aglutina a organizaciones de mujeres, académicas y activistas independientes.

La Constitución Política del Estado reconoce el valor del trabajo no remunerado, aun cuando no habla de cuidado. A niveles subnacionales, se destaca la ley de Corresponsabilidad en el Trabajo de Cuidado no Remunerado para la Igualdad de Oportunidades (2019) de Cochabamba, y su Carta Orgánica Municipal (2012- 2018)[31] que integra el cuidado como responsabilidad pública. En todos estos casos la incidencia de los movimientos de mujeres ha sido determinante.

Asimismo, la Agenda Política de las Mujeres (2019)[32] integra el cuidado como demanda ciudadana y responsabilidad estatal.

A pesar de estos avances, en cuanto se mira con detenimiento los documentos o se escuchan los debates de organizaciones de mujeres, puede apreciarse que el cuidado, aun cuando está presente, no es una prioridad (como lo es la violencia) y en gran parte sigue anclado a una visión del cuidado como obstáculo: al empleo, a la participación política. En general no se lo percibe como un derecho. Se lo concibe sobre todo ligado al trabajo no remunerado, y en esta línea crecen las demandas a los gobiernos locales y departamentales por una mayor cobertura del cuidado institucionalizado para la primera infancia.

De la madre omnipresente a la necesidad

de cuidado institucionalizado: el cuidado

se va tornando una demanda ciudadana

El cuidado se va convirtiendo en una demanda ciudadana, más allá de los feminismos, al menos en las capitales de departamento.

No es que como sociedad hayamos superado la naturalización de la feminización del cuidado, ni mucho menos; es que las mujeres ya vislumbran otras alternativas. En 2008 hicimos entrevistas a trabajadoras de distintas inserciones ocupacionales en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, capital del departamento de Santa Cruz, y lo más visible y reiterado era el mandato de la maternidad omnipresente. Desde la perspectiva de estas mujeres, las niñas y los niños pequeños estaban mejor con sus madres en la calle, en el mercado, en un puesto de venta de comida o en algún otro lugar de trabajo, que en una guardería pública (Marco Navarro, 2008). Desde entonces y en poco más de diez años hay un cambio en este sentido; nos referimos específicamente al rol y la percepción de las aun denominadas guarderías.[33] Es así que en esa misma ciudad, en 2019, hay un despido masivo de funcionariado municipal que trabaja en guarderías y estas se ven obligadas a cerrar unos días. El cierre duró poco precisamente por las manifestaciones de la ciudadanía frente a la medida.[34] Algo antes impensable, pues no eran servicios considerados de primera necesidad.

Con el cuidado de otras poblaciones dependientes no pasa lo mismo, quizá porque nuestra pirámide de edades de población hace que aún el cuidado de personas mayores no sea algo tan masivo como el cuidado infantil. Esto no quiere decir que esta oferta de cuidado no sea valorada. De hecho, es muy bien valorada, solo que no es demandada. Por ejemplo, en San José de Chiquitos el centro para personas mayores se percibe como parte del patrimonio de la ciudadanía, como un logro de todas y todos (porque al menos en un par de ocasiones la ciudadanía ha concurrido a reparar sus instalaciones o realizado actividades para reunir fondos), como un espacio para la calidad de vida de las personas mayores y como una instancia de integración social (porque acuden a él personas de distintos estratos sociales).

En 2014 entrevistamos a trabajadoras de distintos grupos ocupacionales en Santa Cruz de la Sierra y constatamos que el cuidado era un punto de quiebre, determinante en sus trayectorias laborales (Marco Navarro, 2014). Igualmente, en 2016 aplicamos entrevistas a trabajadoras del empleo formal, trabajadoras asalariadas informales y trabajadoras por cuenta propia, y veíamos también que en todos los casos el cuidado era determinante de sus elecciones ocupacionales. La muestra fue extraída aleatoriamente de las encuestas de hogares, seleccionando características del empleo, según la presencia de menores en el hogar y cubriendo distintos estratos socioeconómicos en las ciudades de La Paz, El Alto y Santa Cruz de la Sierra (Marco Navarro, 2016). En esa ocasión apreciábamos con claridad que paralelismo y alternancia son dos estrategias claves en la informalidad, es decir, entre las trabajadoras por cuenta propia y las asalariadas informales. Se trataba de asumir paralelamente el trabajo pagado y el cuidado no remunerado, en la oficina, la calle, el puesto de venta o el propio domicilio. Se trataba también de alternar entre las labores domésticas y el trabajo pagado o, en ocasiones, el cuidado, con la alimentación o las tareas escolares.

De todas formas, como se verá a continuación, dentro de la informalidad hay variantes y por cierto que existe una clara diferencia con relación a la carga de cuidado y el modo de afrontarla respecto de las trabajadoras del empleo formal. Aquí se aprecia cómo el cuidado institucionalizado es una alternativa para unas pocas.

Entre las trabajadoras por cuenta propia sin personal a cargo lo más frecuente era la alternancia y el paralelismo entre las actividades pagadas y el cuidado y las labores domésticas. Estas trabajadoras se encargan en su mayoría de la totalidad o casi la totalidad de estos trabajos no remunerados, en circunstancias en que sus parejas hombres los asumían solo en ausencia de ellas o los fines de semana. El cuidado institucionalizado no representaba una alternativa.

A pesar de las jornadas de trabajo extenuantes que significan estas estrategias, estas trabajadoras no veían como positivo un cambio de las condiciones laborales, precisamente por la posibilidad de asumir el cuidado: el móvil de elección de la ocupación fue la posibilidad de conciliación y al momento de la entrevista no deseaban un cambio laboral.

Por su parte, en las trabajadoras por cuenta propia con personal a cargo lo más frecuente era la combinación de recursos (trabajadora asalariada del hogar/paralelismo, trabajadora asalariada del hogar/abuela, tía/doble escolaridad, centro de cuidado/comida preparada comprada, guardería/trabajadora asalariada del hogar), seguida de la realización paralela de la ocupación pagada y el cuidado no remunerado.

Entre las asalariadas informales,[35] la práctica de ir con hijas e hijos al empleo, o al menos con la menor o el menor de ellas y ellos, es una estrategia frecuente (paralelismo), así como realizar el trabajo doméstico entre horarios, es decir, al mediodía o en la noche, dependiendo de los casos.

En cambio, para las asalariadas formales, la dinámica familiar más frecuente es repartirse el trabajo de cuidado y doméstico con la pareja, luego está recurrir al trabajo doméstico de hijas e hijos y la trabajadora asalariada del hogar. Se presenta entonces en este caso una importante diferencia respecto de las otras categorías de trabajadoras. No obstante, igualmente hay casos en los que el hombre no hace casi nada y, más aún, representa trabajo.

Cambios mediante, persisten imaginarios que establecen una relación esencializada entre cuidado y feminidad y que al mismo tiempo idealizan la actividad. Es así que un estudio sobre percepciones del cuidado realizado por la ONG Ciudadanía (Oxfam, 2019), da cuenta de que 5 de cada 10 personas encuestadas (mujeres y varones) creen que las mujeres son más felices cuidando a sus hijos que realizando una carrera profesional, y 7 de cada 10 mujeres (y 6 de cada 10 varones) creen que sus hijos sufren cuando la madre trabaja. Sin embargo, entre las mujeres menores de veinticinco años, el 70% de las encuestadas cree que la actual división sexual del trabajo y distribución del cuidado es injusta. Quizá lo más sorprendente es que el 90% de los encuestados (mujeres y varones) cree que el Estado debería responsabilizarse más por el cuidado. Esta encuesta revela también las razones de no uso de los servicios de cuidado infantil: desconfianza, costos elevados, horarios inadecuados.

La oferta de cuidado institucionalizado

La oferta pública de cuidado es, en todos los casos abordados, cubierta por el municipio, al menos en manera parcial. Cuando el Ejecutivo municipal, la alcaldía, se hace cargo de los centros de cuidado infantil, generalmente las gobernaciones del país asumen parte del coste de mantenimiento. En el departamento de Santa Cruz, por ejemplo, el gobierno municipal suele cubrir los cosos de infraestructura y personal de las denominadas guarderías, y la gobernación se hace cargo de la alimentación de los infantes.

El cuidado de la primera infancia y de la población mayor es, según el ordenamiento jurídico boliviano, competencia concurrente entre los niveles de gobiernos nacional, departamental y local. En los hechos, en la última década los costes y la administración de la función pública se han transferido a los niveles subnacionales, sin que esta transferencia de responsabilidades haya estado acompañada de mayores recursos.

En el caso de la primera infancia, esta transferencia responde en buena parte a la Ley de Educación Avelino Siñani y Elizardo Pérez, con la cual hay cierto retroceso en materia de educación inicial y cuidado de la primera infancia, pues considera que para los y las infantes menores de cuatro años la educación debe darse en el seno de “la familia comunitaria”. Con anterioridad, aun cuando la cobertura era igualmente insuficiente, hubo un hito en el tema que fue el programa PAN-6, Programa de Atención a la Niñez menor de seis años, que era competencia del Ministerio de Desarrollo Humano en 1997 y tenía un presupuesto regular, y el apoyo y asesoramiento del Programa Mundial de Alimentos, en lo que constituyó el esfuerzo más grande a nivel país para sentar en muchos casos y ampliar en otros una oferta estatal de cuidado infantil (Marco Navarro, 2007). En muchos departamentos y municipios este programa fue continuado hasta la actualidad por las gobernaciones y alcaldías, pero las regulaciones o requisitos de calidad se fueron relajando.

De los diecinueve municipios[36] investigados, dieciséis tienen alguna oferta de cuidado infantil institucionalizado a cargo del municipio, pero de ellos solo nueve tienen algún mecanismo público de cuidado de día para personas mayores, algo que a pesar de su insuficiencia es un avance importante. Hay dos municipios que no tienen ninguna oferta estatal de cuidado: San Carlos y San Javier, en Santa Cruz.

La suficiencia de la oferta de cuidado institucionalizado, la cobertura, es junto con la calidad del servicio una enorme deuda pendiente del Estado con la ciudadanía. El promedio nacional de cobertura para infantes de 0 a 4 años era de alrededor del 3% en 2017 (Oxfam, 2019), aun cuando no existe un dato oficial de cobertura, precisamente porque estos centros, la mayoría bajo la categoría de guarderías, están fuera del sistema educativo. En los municipios estudiados, en los mejores casos la cobertura ronda el 20% y sí en esos casos es una prioridad pública, sea por influencia del movimiento de mujeres y de la cooperación internacional (Tupiza) o porque hubo una política decidida del municipio que consiguió alianzas clave y que con sus vaivenes consiguió mantenerse (La Guardia) o porque se logró sostener con alternativas comunitarias de cuidado la herencia del PAN-6 (Mizque). Hay otros casos con coberturas muy superiores al promedio nacional, como en el municipio de San Ignacio de Velasco, que resulta interesante porque tiene además un mecanismo para el adelanto de las mujeres en el Ejecutivo municipal, que fue una de las primeras experiencias a nivel nacional en este sentido.

Respecto del cuidado de las personas mayores, en todos los casos se trata de inactivas municipales, aun cuando algunas veces la iniciativa se limita a la construcción de infraestructura sin que luego se ponga en funcionamiento la prestación del cuidado. Esto ha sido visible más allá de los municipios aquí abordados, aunque también en un par de ellos, y puede obedecer a que una vez lista la infraestructura se procede a la inauguración con algún acto público, lo que tiene al menos en el corto plazo un rédito político, sobre todo en épocas electorales. Además, la infraestructura suele ser el área más accesible y redituable para la corrupción…

De todas formas, en once de los diecinueve municipios abordados hay centros de cuidado de día para personas mayores, conocidos como Centros del Adulto Mayor, mientras que en dos municipios hay infraestructuras listas que no han sido puestas en funcionamiento. Es una oferta claramente insuficiente, pero que ya denota un cambio en las prácticas de cuidado. Cabe destacar que en el caso de estos municipios, que son ciudades intermedias, los horarios de atención de estos centros son más acordes a las necesidades y dinámicas de las familias. Es así que mínimamente atienden durante siete horas, mientras que en ciudades más grandes del país han proliferado centros para el adulto mayor pero que no son centros de cuidado. Tienen actividades como gimnasia, baile, clases diversas impartidas por voluntarias, muy loables y útiles para personas mayores que no están en situación de dependencia, pero que no contribuyen a la redistribución del cuidado.

Cuando el zapato aprieta…

En el balance nacional el panorama de la provisión institucional del cuidado en Bolivia es terriblemente deficitario. Sin embargo, al mirar los municipios, sobre todo las ciudades intermedias, hay varios casos en una mejor situación, tanto en términos de cobertura como de otros aspectos, como los horarios de atención, más adecuados a las dinámicas de las mujeres. De todas formas, aun en los mejores casos, lejos estamos del paradigma de ciudad cuidadora que propone Nieves (Rico y Segovia, 2017).

Ha habido municipios que, aun en tiempos difíciles, de recortes presupuestarios, han mantenido sus servicios de cuidado; es el caso de San José de Chiquitos y San Ignacio, mientras que otros, la mayoría, los han reducido. El caso más paradigmático es Villamontes, que tenía un centro de cuidado infantil por distrito y ahora solo quedan un par para todo el territorio. El pasado gobierno (2006-2019) implementó una importante reducción de las asignaciones a los municipios que se sumaron a la disminución de ingresos por concepto del impuesto a los hidrocarburos. Esto ha tornado dramática la situación financiera de los gobiernos locales.

Las prioridades se ponen más en evidencia precisamente en tiempos difíciles, como dice el refrán el popular “cuando el zapato aprieta la cosa cambia”, y se recorta lo considerado prescindible. En las ciudades intermedias estudiadas lo recortado ha sido cuidado y tratamiento de la violencia contra las mujeres, salvo excepciones como las mencionadas.

Sin embargo, el contexto ha cambiado. Si algo ha movido a la humanidad ha redefinir sus prioridades es la pandemia de COVID-19. Se espera que las prioridades de Estados e instituciones cambien también. Asimismo, esta coyuntura ha revelado la importancia del cuidado y su carácter de bien público como nunca antes en la historia.

La forma de materializar nuestras nuevas prioridades como sociedades será sin duda interpelación mayúscula para las ciudades.

Comentarios finales: tras las huellas de Nieves

Nieves Rico y Olga Segovia (2017) nos recuerdan en su libro que varias utopías se han ideado en torno a las ciudades. Ellas nos plantean la ciudad cuidadora no como utopía, sino como un nuevo paradigma, y nos dan algunos lineamientos para materializarlo. Recuperamos aquí las características de las ciudades cuidadoras desde esta propuesta.

Para empezar, una ciudad cuidadora es inclusiva. En el contexto regional urbano de desigualdades múltiples, construir ciudades inclusivas supone implementar políticas que modifiquen la división sexual del trabajo y, con ello, las relaciones de género. Esto implica, como sabemos, considerar las distintas necesidades, demandas e intereses de mujeres y varones, así como el efecto que las acciones de los gobiernos locales puedan tener en la atenuación o en la perpetuación de las desigualdades. Es así que una ciudad inclusiva va más allá de la dicotomía de espacios público y privado, productivo y reproductivo, haciéndose cargo del continuo espacial y social y de las intersecciones e interacciones entre estos espacios.

Una ciudad cuidadora es al mismo tiempo actor y escenario donde todos cuidan: el Estado, la comunidad, el mercado y las familias, y dentro de ellos mujeres y varones. El diseño, la gestión y las políticas de ciudad apuntan a satisfacer las necesidades de cuidado de una parte significativa de la población y el respeto de las personas que cuidan.

En una ciudad cuidadora los servicios públicos locales se adecuan a los horarios del cuidado y de las personas cuidadoras, al revés de lo que ocurre en gran parte de la región donde los horarios de atención parten del supuesto de que mientras el varón proveedor trabaja hay una mujer con tiempo disponible, que puede incluso volver si no es atendida a la primera vez en horarios laborales o de cuidado.

La ciudad cuidadora supone un gobierno de proximidad, protege a las personas ante la violencia en las calles y espacios públicos, previene esta violencia. Está al mismo tiempo consciente de su vocación productiva y hace a las mujeres partícipes de esta vocación con sus emprendimientos o como empleadas en igualdad de condiciones.

La ciudad cuidadora es consecuente con este cambio de paradigmas en sus asignaciones presupuestarias y esto se manifiesta también en su constante protección y cuidado del ambiente.

Los tiempos de COVID nos exigen más que nunca pensar el mundo del riesgo desde la sociedad del cuidado, como diría Joan Tronto (2020).

Queremos pensar en una pospandemia con ciudades que cuidan a niñas, niños, adolescentes, personas mayores con dependencia y otras que lo necesiten; que cuidan el ambiente y exigen a sus Estados y gobiernos nacionales sistemas de protección social robustos, que hagan efectivo el ejercicio de los derechos. Ciudades donde estos valores, estas conquistas, generen sentido de pertenencia y hagan que la gente viva en ellas no porque no pueden migrar, porque sea la única opción, sino porque es la mejor.

Bibliografía

Marco Navarro, F. (2007), El cuidado de la niñez en Bolivia y Ecuador: derecho de algunos, obligación de todas, Santiago de Chile, Cepal.

– (2008), “Entre la escasez y la ausencia: políticas de armonización, empleo y familia en los países andinos”, informe final de consultoría para la OIT.

– (2014), Derechos económicos de las mujeres en Bolivia: la brecha entre la ley y la realidad, La Paz, Conexión-Fondo de Emancipación.

– (2016), Entre el ideal de la estabilidad y el sueño del negocio propio, Santa Cruz, CIEDUR-IDRC-Fundación ARU.

Oxfam (2019), “Tiempo para cuidar: compartir el cuidado para la sostenibilidad de la vida”, informe de investigación, La Paz, Bolivia.

Rico, M. N. y O. Segovia (2017), ¿Quién cuida en la ciudad? Aportes para políticas urbanas de igualdad, Santiago de Chile, Cepal.

Tronto, J. (2020), ¿Riesgo o cuidado?, Buenos Aires, Fundación Medifé.

Construyendo genealogía desde los cuidados

Herminia Gonzálvez Torralbo

Los cuidados, en cuanto categoría de análisis social y política, han venido mostrando el lugar que ocupan las mujeres en los trabajos de sostenimiento de la vida, otorgándonos a muchas investigadoras una herramienta fundamental para visibilizar las múltiples relaciones de desigualdad existentes con el propósito de contribuir al diseño de políticas públicas, y/o a generar aportes en el ámbito de las ciencias sociales. Esta categoría tan primordial en nuestras propias trayectorias de vida –personal, académica, laboral– a cuya polisemia aludimos en la gran mayoría de nuestros escritos ha puesto en evidencia aquello que es tan fundamental para la vida humana (y no humana) (Haraway, 1991), la centralidad del cuidado, dotándolo de significado a la luz de la observación de las prácticas cotidianas. Y es justamente por su potencialidad que hoy existe una gran cantidad de definiciones sobre cuidados, cuyos contenidos aparecen representados en acciones, prácticas, necesidades, muchas veces desde aquellos elementos por los que son atravesados, principalmente en términos dicotómicos (Precarias a la Deriva, 2004; Gonzálvez y Acosta, 2015). Todo ello, además, situado en diferentes marcos teóricos, políticos e ideológicos (England, 2005; Duffy, 2011; Hanlon, 2012; Gonzálvez, 2015; 2016; Pérez Orozco, 2017; Comas-d’Argemir, 2017; Comas-d’Argemir y Soronellas, 2019). Es por ello que, después de varias décadas de producción de conocimiento con mucho cuidado, hoy día nos encontramos con una literatura tremendamente robusta sobre el tema, que trasciende las disciplinas, los cuerpos y las geografías. Qué duda cabe de que hablamos de una producción cuyo surgimiento se enmarca al interior del pensamiento feminista[37] desde cuyas investigaciones se producen el origen y la continuidad de sus elaboraciones teóricas y empíricas enriqueciendo desde múltiples miradas disciplinarias –economía, antropología, sociología, entre otras– este fundamental campo de estudio.

Y es que la importancia de los cuidados como categoría reveladora de las múltiples desigualdades de género, parentesco, clase social, extranjería, entre otras, a la luz de diversos fenómenos sociales como son las migraciones, el envejecimiento o la violencia, por mencionar algunos, es un hecho constatado. Y aun cuando reconozcamos que son muchos los esfuerzos pendientes para contribuir a situar la vida –y no el capital– en el centro de nuestro bienestar, y desde allí ver la indudable centralidad de estas prácticas, el andamiaje teórico y conceptual que el cuidado provee desde la investigación social y feminista ha sido y sigue siendo fundamental para visibilizar el trabajo de sostenimiento de la vida que hacen las mujeres de muchas formas distintas, en diferentes partes del mundo. Hablamos, por tanto, de una categoría alejada de miradas dicotómicas, que desborda fronteras geográficas, de acción y de sentido (Gonzálvez y Acosta, 2015) y pone en evidencia la crisis de reproducción social, especialmente ahora, que se agudizan las dificultades para sostener la vida producto de la pandemia desencadenada por el virus denominado SARS CoV-2, causal de COVID-19 (Corona Virus Disease 2019) a nivel global.

Pero incorporar los cuidados como un eje de análisis social y político para comprender los problemas sociales no es, ni ha sido, una tarea fácil. Si bien los cuidados están recobrando una renovada visibilidad frente a la plena vigencia de una crisis multidimensional en la que salen a la luz perversidades relativas tanto a la forma en la que se sostiene la vida como a la comprensión misma de la vida, nos encontramos que la sobrecarga del trabajo productivo y reproductivo en las mujeres no es nada nuevo, ni tampoco es posterior a la crisis sanitaria, económica y de cuidados de los tiempos que vivimos (Pérez Orozco, 2017). Esta ya existía previamente y continúa existiendo. Lo que la pandemia nos permite proyectar es que estas múltiples crisis que se entrecruzan agudizarán todavía más esta sobrecarga en las mujeres de diferentes edades en los próximos años haciendo imposible desconocer la necesidad de incorporar los cuidados en los análisis sociales actuales pospandemia y en el diseño de políticas públicas.

Si bien no me propongo hacer un recorrido respecto de este contundente campo de estudio, estas palabras iniciales sirven de antesala para situar en María Nieves Rico parte fundamental de esa producción de saberes y conocimientos asociados a los cuidados, reconociendo en ella un eslabón crucial de esta genealogía feminista (Gómez et al., 2008; Rico, 2014; Filgueira et al., 2014; Ullmann et al., 2014; Rico y Robles, 2017). Es claro que su trayectoria da cuenta de sus aportes, aquellos relacionados con visibilizar las desigualdades de género, entre otras inequidades. Por este motivo es que quisiera hilvanar aquí un hilo más íntimo, aquel relacionado con la trastienda de esta producción, es decir, con ese conjunto de prácticas y saberes asociados a cómo habitar con mucho cuidado los espacios de poder.

Por todo lo mencionado, y de la mano de estas breves palabras de encuadre, a continuación relataré desde mi propia subjetividad biográfica la forma en la que Nieves Rico hizo parte de mi devenir como mujer, joven, extranjera, antropóloga feminista en Chile, colaborando con generar, desde el cuidado, las condiciones de posibilidad para afianzar un camino, no exento de dificultades, en el ámbito de la universidad. Si construir genealogía feminista conlleva favorecer que fluya el conocimiento para con ello tratar de derribar todas las barreras sociales a las que nos enfrentamos las mujeres, qué duda cabe que construir genealogía desde los cuidados implica reconocer, tal como señala María Puig de la Bellacasa (2017), que “las relaciones de pensamiento y conocimiento exigen cuidado y afectan a cómo cuidamos”. Sobre esas prácticas de cuidado que posibilitan construir conocimiento me centraré a continuación, por una parte, porque en el marco de la Universidad neoliberal y extractivista se hace cada vez más necesario promover la reflexividad epistemológico-política a partir de nosotras mismas sin desconocer, nuestra condición relativamente privilegiada encarnada por cada cual a partir de la intersección entre clase, género, “raza/etnicidad”, edad, entre otras (Álvarez Veinguer y Sebastiani, 2020: 249). Por otra parte, porque mi homenaje a Nieves Rico consiste en tirar de ese hilo íntimo promoviendo esa reflexividad presente en nuestros modos de relación a la luz de las prácticas de cuidado que producen conocimiento, justamente, sobre cuidados. Sobre estas prácticas me centraré a continuación.

A la primera de ellas la llamo “tendiendo la mano” llevándome a mirar un poco hacía al pasado. A poco de terminar mi tesis doctoral, hace ya más de diez años, me fui a vivir a Chile, aterrizando en un ámbito académico nuevo para mí. Traía en mi maleta mucha incertidumbre, pero también todas las fortalezas que venían conmigo a partir de haber finalizado mi investigación doctoral relacionada con el campo de la organización social de los cuidados en la migración. Tres meses después de mi llegada comencé a trabajar en un centro de investigación de una universidad privada. En ese momento, mis jefaturas no consideraron relevante ahondar en el fenómeno migratorio, por lo que me pidieron liderar una línea sobre estudios de familia, dejando al margen, dentro de mi jornada laboral, el campo de las migraciones. Ante este desafío, decidí postular a un concurso de fondos internos de esa misma universidad con un proyecto titulado “Los estudios de familia en Chile: miradas desde la antropología feminista”, del cual se desprendía un doble objetivo: por una parte, construir un estado del arte respecto de lo que se había escrito sobre género, familia y cuidados en Chile, y por otra, a través de una metodología que incluía no solo revisión de fuente secundarias, sino también entrevistas a expertas y expertos, aproximarme a aquellas feministas que habían contribuido a la construcción de este campo de estudio. Una vez adjudicado dicho proyecto inicié el trabajo de escribir a quienes había identificado como fundamentales en el marco de esta producción, entre ellas, Nieves Rico. A todas y todos a quienes escribí les conté con detalle el propósito de la investigación, proponiéndoles un espacio de conversación.

Todavía recuerdo muy bien que fue Nieves la primera en tenderme su mano, al ofrecer una respuesta positiva a mi solicitud de entrevista. Llevaba acumulados muchos silencios en los emails enviados. Acordamos un día de encuentro, y semanas después nos encontramos por primera vez en la cafetería de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). La calidez de su acogida y la fuerza de su relato respecto de su trayectoria académica amplió la conversación a temas más personales. La complicidad que emergió a la luz de esa conversación trascendió a ese momento. También conversamos sobre cómo, según su experiencia, ella pensaba se había ido construyendo el campo de estudios sobre género y familia en el país. Las lecturas realizadas sobre la producción científica asociada a los estudios de familia en Chile, unidas a las voces de quienes pude entrevistar, entre ellas, la de Nieves, posibilitaron una aproximación desde posiciones feministas a un conjunto de saberes, a una genealogía de producción de conocimiento, que sin lugar a duda me permitió reconocer también lugares de fricciones y disputas.

La segunda de las prácticas sobre las que me detengo la llamo “abriendo la genealogía”. Con el paso de tiempo y ante la exigencia productivista en la que nos sitúa la Universidad neoliberal[38] postulé a un concurso público,[39] liderando mi segunda investigación como investigadora responsable desde mi arribo al país. A la formulación de dicha propuesta pude incorporar el corpus teórico que había aplicado al estudio de las familias migrantes en mi tesis doctoral: la etnografía feminista, el campo de estudios sobre la organización social de los cuidados, así como también la forma en la que había comenzado a aprender a habitar la academia no solo en España, sino también ahora en Chile. Mi propuesta consistía en traer el concepto “trabajo de parentesco” y “trabajo de cuidados” a los estudios de familia en Chile, y constatar su potencialidad como categoría analítica develadora de las desigualdades de género (Gonzálvez, 2016). Y aunque no es necesario para los propósitos de este escrito detenerme en los alcances de la investigación, lo que deseo rescatar de este proyecto es que, como resultado del segundo año de ejecución, pude invitar a Nieves Rico a moderar uno de los paneles en el que sería el primer seminario internacional que estaba organizando en Chile.[40] En dicho encuentro mostraría los resultados alcanzados hasta la fecha en dicho estudio, y contaría con la presencia de colegas expertas en la temática del proyecto, entre ellas, Doris Quiñimil y Elaine Acosta, mis colegas que venían desde España Ana Alcázar y María Espinosa –cruciales compañeras durante el desarrollo de la tesis doctoral–, pero además también me acompañaría una persona fundamental en mi camino, la antropóloga feminista, directora de mi tesis y mentora Carmen Gregorio. Esta invitación fue la primera expresión de continuidad de mi relación con Nieves Rico desde que sucediera, unos años atrás, nuestro encuentro en la cafetería, permitiendo aunar en un solo evento pasado, presente y, sobre todo, mucho futuro.

Habiendo pasado solo un año de este segundo encuentro, durante el último año del proyecto (2014), realizaría un segundo seminario internacional, continuidad del anterior,[41] organizado en esta ocasión junto con mi colega Elaine Acosta. Nieves participaría dando las palabras de clausura con una intervención que se llamó “Sin cuidado no hay bienestar: políticas públicas de cuidado en América Latina”. Lo relevante de ese seminario, entre otras cosas, no solo fue la constatación de que su presencia constituyó un apoyo fundamental para mí ofreciendo además la conferencia de clausura, sino también porque además se produjeron ciertas confluencias, llenas de mucho cuidado.

Por una parte, pude contar con la presencia de la antropóloga Ana María Rivas, quien ofreció la conferencia inaugural “Del ocaso al renacimiento de los estudios de parentesco: ¿sigue siendo la sangre más espesa que el agua? Nuevas formas de parentesco y familia”. Y, por otra parte, realizamos la presentación y el lanzamiento del Programa Interdisciplinario de Investigación sobre Cuidados, Familia y Bienestar[42] (CUIFABI) en un momento en el que los cuidados se percibían como una categoría de poco peso para el estudio de las desigualdades sociales en el contexto chileno. Mirando en retrospectiva, me doy cuenta de que ambos seminarios fueron expresiones de una genealogía que estaba comenzando a tomar forma también en Chile y en la que Nieves, sin pretenderlo, ya era un eslabón fundamental.

La tercera de estas prácticas de cuidado la llamo “construyendo puentes”, que todavía hoy persisten. Pasados casi tres años de haber iniciado esta segunda investigación, y después de haber organizado los seminarios mencionados que posibilitaron tantos encuentros, invité a todas las participantes a hacer parte del libro Diversidades familiares, cuidados y migración: nuevos enfoques y viejos dilemas. Si bien por motivos de agenda no todas las personas pudieron participar con la publicación, recuerdo claramente cuando Nieves, a través de un bello email, me puso en contacto con Laura Pautassi y Flavia Marco Navarro, ampliando los alcances de dicha publicación y estableciendo esos puentes que hoy me llevan a ser parte de este hermoso libro. Ellas no me conocían personalmente; sin embargo, no tardaron en aceptar ser parte de dicha materialidad contribuyendo con sus trabajos a la sección del libro relacionada con el “El desafío de los cuidados en Chile y América Latina”. Se produjo una transferencia de confianzas, una cadena de cuidados, así como cercanía entre quienes no se conocían a través de un eslabón común que fue Nieves.

Pero esta manera de construir una especie de cadena de cuidado entre quienes pensamos y escribimos sobre ellos no quedó solo ahí. Otros de los puentes que Nieves propició se expresó cuando propuso mi nombre para asistir al Segundo Coloquio Latinoamericano de Antropología Feminista Latinoamericana que se realizaría en esa ocasión en la Ciudad de México. Todavía recuerdo cuando me escribió Martha Patricia Castañeda, quien, junto con Mary Goldsmith y a través de ese vínculo con Nieves, me ofrecería participar de dicho encuentro. Recuerdo mi participación en ese coloquio como un espacio de mucho valor y aprendizaje para mi. Allí me reencontré con Teresa del Valle (maestra de maestras) y estreché vínculos de cariño con quienes asistieron.

Pero estos puentes no solo tomaron forma fuera del país; también se fueron consolidando al interior de Chile. Un ejemplo de ello fue cuando nos invitaron a Elaine Acosta y a mí como directoras de CUIFABI al seminario sobre políticas integradas de cuidado en Chile –y Costa Rica– organizado por la Cepal y el Ministerio de Desarrollo Social. Nos estaban invitando a comentar las exposiciones que allí se realizarían con el propósito de profundizar en el papel de la sociedad civil en la construcción de una política nacional de cuidados. Y aunque estas son solo unas muestras de la importancia y la necesidad de estos anclajes a través de prácticas de cuidado que se expresaran aquí o allá, lo relevante en ellos es que fueron consolidando una presencia y una visibilidad que tuvo como soporte los vínculos alrededor de los cuidados.

Sabemos que la vida es imposible sin cuidado (Hanlon, 2012), y que muy pocas relaciones podrían subsistir sin algo de él (Puig de la Bellacasa, 2017), pero sabemos menos todavía respecto de cuán necesarias son estas prácticas de cuidado para sostenernos, o simplemente permanecer, en espacios de poder. Una hipótesis respecto del porqué sabemos poco es justamente porque hablar de estas prácticas demanda ponernos en un lugar de apertura que implica mostrarnos como seres en relación, contar de nosotras “junto con” otras y otros. Implica hablar de quienes nos “tendieron una mano”, de quienes no ayudaron a “abrir la genealogía”, a “construir puentes”. Mi voz, en este libro, la pensé como una invitación a tirar con mucho cuidado de ese hilo íntimo, mostrando a partir de mi relación con Nieves aquellas prácticas de cuidado que emergieron desde y junto con ella y que también son parte de su legado. No me cabe la menor duda que la coralidad de voces que se reflejan en la materialidad que es este libro está llena de muchos hilos de los que tirar: tiremos de ellos, para seguir aprendiendo que la genealogía es un espacio de fisuras, pero también es nuestro espacio de contención y de mucha potencia.

Bibliografía

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Ullmann, H., C. Maldonado, M. N. Rico y Unicef (2014), La evolución de las estructuras familiares en América Latina, 1990-2010: los retos de la pobreza, la vulnerabilidad y el cuidado, Santiago de Chile, Cepal.

Cuando Mafalda se hiciera mayor

Sergio González

Nieves era una joven antropóloga argentina en Madrid, realizando sus estudios de posgrado, cuando nos conocimos. Plena de preguntas sensibles a realidades sensibles. Desde allí, con esa joven inquieta, entusiasta y comprometida hasta ahora han pasado cerca de treinta y cinco años juntos, compartiendo diversas y significativas vicisitudes. Además de casarse conmigo aceptó, al año siguiente, venirse a vivir a Chile, en 1987, cuando aún estábamos en dictadura. Para mí una muestra patente de su coraje y resolución. Se adaptó, sin dejar de marcar sus diferencias, al país, a mi familia y a diversas formas de trabajo académico y profesional. Sus intereses en ciencias sociales convergían entre los estudios de temas urbanos y su motivación por contribuir sustantivamente al desarrollo de la teoría y práctica de los estudios de género con su inteligente impronta feminista.

Además de la vida familiar que hemos compartido junto con nuestro hijo Sebastián, ha cultivado los afectos y sus diversos intereses que mutan desde las lecturas de Hannah Arendt, Simone de Beauvoir, Julio Cortázar y Pía Barros, su amiga y comadre. Junto a sus gustos por el cine de autora y autor, practicar las recetas de cocina con tradición, coleccionar fotos de grafitis y desentrañar el misterio de las animitas que cubren las calles y carreteras de este país.

Comenzó a investigar, en sus inicios, de forma autónoma, y cuando era aún un tema inédito, la realidad de las mujeres populares urbanas y sobre el impacto de la violencia de género en sus biografías, mientras estaba domiciliada inicialmente en la ONG La Morada. Desde entonces, su militancia fue y ha sido su trabajo en pro de la equidad de género y de aportar con sustento conceptual a la agenda del enfoque de género y de los derechos humanos en América Latina en sus dimensiones económica, sociocultural y medioambiental. Su trabajo en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) fue una gran oportunidad para su desarrollo profesional, pudiendo influir y apoyar técnicamente lo que estaba en concordancia con sus convicciones y valores, al tiempo de superar voluntariosamente las limitaciones propias de una burocracia internacional.

Su jubilación este año en el sistema de las Naciones Unidas ocurre en una insólita sincronía, coincidiendo con el cierre del trabajo presencial de la sede de la Cepal en Santiago de Chile, producto de la pandemia. En esta organización se desempeñó por más de veinticinco años y desarrolló su trabajo con alegría y manteniendo el entusiasmo que la caracteriza. Sus estudios e investigaciones estuvieron marcados por el sello de la solidez en las argumentaciones, el rigor metodológico y su consistencia ética, muchas veces a contraviento de la orden del día.

Se comprenderá que es difícil desde mi vínculo y condición subjetiva poder dar una opinión sin sesgos, pero me permito sintetizar la imagen que esta persona tan significativa y entrañable para mí en una imagen. Si tuviera que decir algo aventurado y, a la vez, completamente seguro, diría que Nieves es, tal como imagino que sería Mafalda cuando se hiciera mayor, es decir, una señora de tomo y lomo con similares reflexiones de esa niña preguntona y aguda. La veo al momento de resignificarse en una nueva etapa, con sus renovadas preocupaciones y ocupaciones, trascendentes y cotidianas, manteniendo la lozanía de esa mirada implícita en las preguntas de su admirada Mafalda a la búsqueda de nuevas respuestas.

26 de agosto 2020, cuando Cortázar hubiera cumplido ciento seis años.

Del ensueño a los temas de trabajo:

contribución de Nieves Rico a las

publicaciones y el imaginario de la Cepal

Diane Alméras

Históricamente la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) ha sido reconocida, tanto en la región como en el sistema de las Naciones Unidas (ONU), por su capacidad de fomentar un pensamiento original que sea un aporte sustancial para encontrar respuestas a los problemas del desarrollo. En sus setenta años de existencia, ello se construyó sobre la base de un método histórico-estructural que buscaba identificar las condiciones que necesita el Estado para contribuir “al ordenamiento del desarrollo económico en las condiciones de la periferia latinoamericana” (Bielschowsky, 1998), principio normativo inicial al que se integró el concepto de desarrollo social a lo largo de los años. Después de haber dirigido su atención desde la década de 1950 a los temas de industrialización e integración internacional con vistas al crecimiento económico, el gran paso hacia una visión más integral del desarrollo fue dado en el período de sesiones de abril de 1990, con la presentación de la propuesta de transformación productiva con equidad. Digo “más” integral, porque el documento inicial no consideraba el aporte de las mujeres, ni se interesaba en las condiciones requeridas para incluir una perspectiva de género en el análisis de “la forma cómo las estructuras productivas y de propiedad condicionan la distribución de los frutos del desarrollo y cómo esta última afecta la estructura y la dinámica económicas”.[43] María Nieves Rico llegó ocho meses después como consultora, en enero de 1991, convocada por la jefa de la Unidad Mujer y Desarrollo para reforzar la capacidad del pequeño equipo, al cual yo pertenecía desde junio de 1990, y para aprovechar la coyuntura excepcional de ebullición de ideas y apertura al futuro generada por la entusiasta acogida del secretario ejecutivo a la nueva propuesta.[44]

El destino de cada persona se forja en torno a un tejido complejo de influencias, experiencias, lecturas y sueños personales, haciendo difícil aislar un factor dominante. Con el propósito de pensar la producción de Nieves en el marco de su aportación al imaginario colectivo, que cruza el acervo de conocimientos de la Cepal en sus mejores momentos, me parece relevante mencionar un componente significativo de su imaginario personal.[45] En su temprana juventud, ella se enamoró de la visionaria saga Anne, la de los tejados verdes, publicada en Canadá al inicio del siglo XX y hoy transformada en una exitosa serie de Netflix. Leyó y releyó todos los libros de la saga, sin adivinar probablemente que el relato de Lucy Montgomery instalaba en su mirada un conjunto de cuestiones que serían el objeto de sus investigaciones como antropóloga social y socióloga, primero en la Casa La Morada y luego en la Cepal: temas que van desde la igualdad de género hasta el medio ambiente, pasando por la equidad, la discriminación, los derechos sociales, la pobreza, la niñez, el cuidado y la violencia contra las mujeres.

No pretendo aquí hacer una revisión exhaustiva de lo que fue el aporte individual de Nieves en los más de cincuenta libros y artículos que publicó en el marco de su trabajo en la Cepal, sin contar lo que escribió fuera de esa o presentó en ponencias. Intentaré más bien mirar al anhelo de un mundo mejor y el deseo de contribuir a su edificación que sustentaron sus investigaciones, los proyectos que lideró y su pasión por la docencia, sea en salas de clase o de conferencia. Examinaré como conjunto los temas que la inspiraron, desde su primera publicación sobre la violencia doméstica hasta la última todavía en revisión sobre la urgencia de los desafíos sociales en el contexto de la crisis ambiental, un tema que recorre lo que podemos llamar su obra. Anne quería enderezar las injusticias a su alrededor y en fin de cuenta encontraba soluciones en armonía con el bien común, a pesar de su gran impulsividad y capacidad de ponerse en problemas. Nieves es más reflexiva antes de tomar acción, pero tiene la misma pertinacia y es movida por el mismo instinto por la justicia y los derechos de las personas, además de beneficiarse de una mente educada para pensar, entender las causas de los problemas y esbozar soluciones. Es desde allí que se arriesgó en investigar temas poco considerados en la Cepal al principio de los años 90, temas que el movimiento y las pensadoras feministas habían instalado con dificultad en el discurso público, pero que todavía necesitaban un considerable impulso para inscribirse en la realidad social e institucional, tanto en la región como en el mundo.

Después de su primera publicación, Violencia doméstica contra la mujer en América Latina y el Caribe: propuestas para la discusión (1992), el estudio Desarrollo y equidad de género: una tarea pendiente (1993) planteó el marco de análisis y las propuestas que organizaran su contribución sustantiva y técnica posterior. Ese estudio buscaba completar el documento Transformación productiva con equidad (1992), que no garantizaba la emergencia de “un modelo de sociedad donde se superen las desigualdades existentes entre los sexos” (Rico, 1993). El marco propuesto por Nieves apuntaba a integrar una perspectiva de género “en el proyecto de modernización y desarrollo económico, tecnológico y social para la región, que requiere la participación activa de las mujeres”. Para lograrlo, era preciso “analizar las regulaciones del sistema de género como mecanismos de poder y control, para establecer así nuevas formas de inserción de las mujeres en el desarrollo basadas realmente en la equidad”. Aquí, ya, todo estaba dicho. Desarrollo y equidad de género: una tarea pendiente se organiza en torno a la democratización de la sociedad, la reconceptualización de la ciudadanía y el cambio cultural necesario para modernizar el mundo reproductivo, para luego detallar los fundamentos de una perspectiva de género como “nueva mirada a la realidad” y formular una estrategia para que este enfoque se incorpore a la planificación del desarrollo, empresa ambiciosa que debía necesariamente empezar por casa.

En las reflexiones finales, Nieves fijaba un programa que mantendrá hasta el final de su carrera en la Cepal, guiada por cierto por los programas de trabajo adoptados por las consecutivas reuniones de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe y sus respectivas mesas directivas, elaborados sobre la base de las recomendaciones sustantivas del equipo de la Cepal, del cual era un elemento clave. De esas recomendaciones, Nieves elegirá los temas atingentes a los aspectos de la condición social de las mujeres que más han limitado su participación igualitaria en la sociedad. Ello requería la identificación de los espacios en los que se constituía la desigualdad y su relación con los demás componentes de las instituciones y de la vida social. Para ello era esencial la incorporación de una perspectiva de género en cualquier investigación, estudio o proyecto, desde su formulación y en todas las etapas y aspectos de su implementación. Esta preocupación fue también el sustento de una estrategia iniciada en 1998 con vistas a la institucionalización del enfoque de género en el trabajo sustantivo de la Cepal, compuesta por un estudio-consulta (Rico, 1998, 2001) y un proyecto interinstitucional.[46] Ese impulso fue necesario para, primero, fomentar voluntades y abrir espacios en el trabajo sustantivo de las demás divisiones de la Comisión y, luego, generar una visión común de los cambios económicos, políticos, sociales y culturales imprescindibles para una transformación productiva que vincule la equidad de género con la equidad social.

Después del estudio-consulta, en 1998, la Unidad Mujer y Desarrollo se trasladó a la Secretaría de la Comisión para darle suficiente legitimidad para impulsar un enfoque de género en el trabajo de las demás divisiones sustantivas. Con un propósito similar, la jefa de la Unidad Mujer y Desarrollo, Miriam Krawczyk, tomó la dirección de la División de Planificación de Programas y Operaciones, y Nieves se hizo cargo de la Unidad hasta el nombramiento de Sonia Montaño en 2000. Con ello, dejó su posición de consultora por un contrato formal de funcionaria profesional de la Cepal. Esos dos años fueron fundamentales para asentar su visión en el programa de trabajo de la Unidad Mujer y Desarrollo.

Ya en el documento de 1993 se determinaban los tres motivos fundamentales por los que las políticas de desarrollo no podían prescindir de las mujeres, motivos que se han mantenido como la columna vertebral de todo su trabajo: porque (1) son mayormente representadas en los sectores más vulnerables; (2) “han demostrado capacidad de acción e interlocución al plantear sus demandas” en todos los sectores y “su experiencia de «institucionalidad» desde el micronivel social constituye una gran arma para el desarrollo”, y (3) “deben poder tomar decisiones, sobre todas aquellas acciones dirigidas a solucionar problemas que las atañen directamente” (Rico, 1993: 37).

En un primer tiempo, se delineaban las acciones que constituirán el programa de trabajo que hasta hoy orienta los estudios, los proyectos y la asesoría técnica llevados a cabo por la Cepal en ese campo:

Contar con diagnósticos, indicadores y estadísticas que permitan tomar decisiones y formular planes coherentes, por lo que merece especial atención el desarrollo y la creación de metodologías y procedimientos para producir información discriminada por sexos, como asimismo lineamientos de interpretación, a partir de un enfoque de género, de los contenidos semánticos de las cifras. (Rico, 1993: 37-38)

Luego, establecía el campo de acción cardinal para generar cambios de magnitud en cualquier realidad social: “Sensibilizar, concientizar y comprometer a los diversos actores sociales a que replanteen la organización social”, en este caso “en pro de una mayor equidad entre hombres y mujeres”, y fomentar la voluntad política necesaria para levantar las barreras “que impiden a las mujeres beneficiarse de los logros del desarrollo social y económico”. Desde allí, definía los sectores prioritarios que harán luego el objeto de su trabajo, siempre en el marco del examen de las complejidades “de los modelos dicotómicos de la división sexual del trabajo, lo privado y lo público, y lo masculino y lo femenino”: el trabajo reproductivo, los sectores tradicionales de educación, salud y mercado laboral, la participación en la toma de decisión política, social y cultural, junto con la elaboración de un nuevo concepto de ciudadanía “que implique revalorizar lo cotidiano, la reproducción, la maternidad, los derechos reproductivos y las diferencias, y simultáneamente, lograr que las mujeres alcancen mayor autonomía” (Rico, 1993: 38).

En cumplimiento de este programa ambicioso, en la década de 1990 sus publicaciones enfocaron la integración de una perspectiva de género en los temas relacionados con la formación de los recursos humanos femeninos, el desarrollo de los asentamientos humanos, el medio ambiente y la sustentabilidad del desarrollo y el lugar primordial de las mujeres en los procesos asociados al agua. En paralelo, Nieves siguió ampliado el examen de la violencia doméstica en contra de las mujeres como problema de derechos humanos.[47]

En la década siguiente, sin dejar de seguir profundizando los temas anteriores, se incluyó en el programa de trabajo una mirada en profundidad sobre un amplio abanico de cuestiones relacionadas con la incorporación del enfoque de género en las políticas laborales y económicas: el mercado laboral, el capital social en el desarrollo rural, la relación entre fecundidad y trabajo femenino, el aporte de las trabajadoras migrantes, el empleo sectorial, con una mirada especial al sector financiero, y el impacto sobre el empleo de la reforma de salud en la Argentina.[48] El conjunto de la información recogida contribuyó a la preparación del documento de trabajo de la Décima Conferencia Regional sobre la Mujer (Ecuador, 2007) sobre el aporte de las mujeres a la igualdad en América Latina y el Caribe (Montaño y Rico, 2007). De la misma forma, el panorama alcanzado dejó en evidencia la crisis generada en el ámbito del cuidado por la evolución de la presencia de las mujeres en el mercado laboral. El estudio Crisis del cuidado y políticas públicas: el momento es ahora (Rico, 2009), después de la promoción que llevó Nieves a la División de Desarrollo Social, abría así un campo de análisis que se volvió omnipresente de allí en adelante.

La preocupación del cuidado y del ser cuidado en igualdad se colocó desde entonces en el centro de las investigaciones que Nieves llevó a cabo en la nueva división, en estrecha colaboración con un equipo de trabajo que ya estaba embarcado en el análisis de las transformaciones demográficas, sociales, económicas y culturales que afectaron en las últimas décadas a las familias latinoamericanas, junto con las tensiones que estas generaban en la sociedad. Con su llegada, se sumó el tema de la organización del trabajo no remunerado y de cuidado. Desde allí, se definieron lineamientos para la elaboración de sistemas nacionales y de políticas públicas de cuidado, así como de pactos sociales para una protección social inclusiva, con una particular atención a la pobreza infantil, al bienestar futuro de la adolescencia y a los desafíos generados por el creciente envejecimiento de la población.

De 2009 a 2017, hay que añadir a este listado los aportes de Nieves a la preparación de las ediciones anuales del Panorama social. Entre 2009 y 2014, contribuyó como miembro del comité editorial y responsable de la coordinación general al boletín Desafíos, publicado en conjunto por la Cepal y Unicef.[49] Los temas examinados por el boletín reflejaban los ejes del proyecto “Pobreza infantil, desigualdad y ciudadanía” que ella coordinó entre 2008 y 2016,[50], fecha en la que fue nombrada directora de la División de Asuntos de Género. El conjunto de estos temas era enteramente dirigido a la infancia, en varias de sus aristas: trabajo, maltrato, pobreza y cuidado infantil, infancia y migración internacional, derecho a la identidad y registros de nacimiento, derechos humanos de niñas y niños indígenas, infancia y adolescencia con discapacidad, infancia urbana, derecho a la educación en la adolescencia y derechos de la infancia en la era digital.

Al llegar a la División de Asuntos de Género como directora, Nieves tomó las riendas del programa de trabajo y escribió menos en su nombre propio, pero siguió colaborando con la División de Desarrollo Social en los estudios sobre el cuidado como bien público esencial, pilar de la equidad de género y de la protección social. A partir de 2017, incorporó el eje del cuidado en la planificación y la gestión de las políticas urbanas de igualdad, como nuevo paradigma de la igualdad de género (con Olga Segovia).

En todo momento, Nieves tuvo la humildad y la conciencia de enmarcar su contribución en “la experiencia acumulada en los estudios sobre la mujer y el género [que] ha ido conquistando un espacio significativo en las ciencias sociales y en las investigaciones actuales en torno al desarrollo”. Nunca perdió de vista este reconocimiento inicial, expresado en la introducción de Desarrollo y equidad de género: una tarea pendiente (Rico, 1993: 5). El alcance de su aporte conceptual, en temas que hasta hoy son partes de la columna vertebral de la agenda estratégica feminista a nivel regional y mundial, está revisado en las páginas del presente libro por varias de las personas que colaboraron con ella. Por mi parte, quisiera ahondar ahora en su valor para la emergencia de un nuevo imaginario social en el programa de trabajo de la Cepal.

Contribución al imaginario social de la Cepal

La construcción de todo imaginario requiere el constante enriquecimiento de recorridos figurativos que se crucen y entretejen en nuevos paradigmas. Ello implica que crezca de manera significativa la presencia de las figuras semánticas que nutren los nuevos campos de significación, requiriendo a su vez la multiplicación y reiteración de esos contenidos. Como primer elemento de demostración, quisiera ilustrar el peso cuantitativo de la contribución de Nieves en el conjunto de la producción institucional de la Cepal. Para demostrar la invisibilidad de las mujeres en la producción de la Comisión, Rebeca Gómez Betancourt y Camila Orozco Espinel publicaron en 2018 “The invisible ones: Women at Cepal (1948-2017)”, sobre la base de la revisión hasta 2016 del Cepal Digital Repository, que reagrupa el conjunto de las publicaciones institucionales desde sus inicios en 1948.[51] Las autoras prepararon dos clasificaciones (ranking), una primera de los treinta autores más publicados, sin distinción de sexo, y otra de las treinta mujeres más prolíficas. En esta segunda clasificación, Nieves se instala en el rango número 4, con 45 publicaciones por el período 1992-2016, inmediatamente después de Alicia Bárcena Ibarra, actual secretaria ejecutiva, que contaba con 49 publicaciones en el período 1985-2016. Ambas se ubicaban entonces, respectivamente, en los rangos números 31 y 27 de los autores más publicados de la Cepal sin distinción de sexo, Alicia Bárcena siendo la tercera mujer en este listado general. Las dos mujeres que entraron primero a este restringido círculo son Carmen Arretx (54 publicaciones entre 1971 y 1989) e Irma Arriagada (50 publicaciones entre 1976 y 2008). Sin contar sus publicaciones posteriores a 2016, a partir de 2008 Nieves fue la segunda mujer más prolífica de la casa después de la secretaria ejecutiva.

La cantidad de sus publicaciones no es sin embargo lo que hace su aporte realmente valioso. Lo destacable es la coherencia del acervo de conocimientos que construyó por medio del desarrollo de los ejes temáticos que abordó en su labor. En sus trabajos sobre la institución imaginaria de la sociedad, Cornelius Castoriadis muestra que la unidad de la sociedad como institución global refleja la cohesión interna de la red inmensamente compleja de significados que permea, orienta y dirige la vida social, es decir, tanto la de las instituciones como aquella de los individuos concretos que la integran.[52] En su visión, el imaginario social no es la representación de un objeto o un sujeto. Es la continua creación psíquica y sociohistórica de figuras, formas e imágenes que proveen significación y son entretejidas en las estructuras simbólicas de la sociedad. La institución de la sociedad, dice Castoriadis, es lo que es y cómo es en la medida en que se materializa lo que él llama un “magma” de significados del imaginario social (Rico, 1993: 356). Ejemplos son los espíritus, Dios, la polis, la ciudadanía, la nación, el Estado, el partido político, el dinero, el capital, las tasas de interés, los tabús, las virtudes, los pecados, etc. También lo son los conceptos de hombre/mujer/niño por el hecho de ser específicos en cada sociedad, más allá de su anatomía y de sus definiciones biológicas (Castoriadis, 1997: 7-8).

La semiótica aclara cómo, en el despliegue de la significación, la sintaxis alimenta el sistema de lenguaje de una cultura dada, donde se encuentran configuraciones simbólicas que reúnen las figuras propias a una idea o un concepto abstracto, tal como igualdad, equidad, desarrollo, autonomía, como solos ejemplos. Las figuras elegidas en la enunciación establecen relaciones en razón de sus afinidades, que llegan a construir una red o malla de figuras que se designa como el recorrido figurativo que apunta a producir la ilusión referencial que las transformará en imágenes del mundo (Greimas y Courtés, 1979). Este procedimiento discursivo está consolidado por el concepto de isotopía, que designa el proceso de filtración y orientación de la significación que asegura la coherencia del discurso a partir de la reiteración de las unidades de sentido presentes en un mismo recorrido figurativo.[53]

Sin pretender que las instituciones pueden ser entendidas simplemente como redes simbólicas en desmedro de sus otras funciones, Castoriadis examina las relaciones entre instituciones y orden simbólico y cuestiona las razones por las cuales se encuentra involucrado un determinado sistema de símbolos y no otro. Así, las instituciones, tanto como el lenguaje, los valores, las necesidades y el trabajo, participan en cada sociedad en especificar la organización de su mundo, la que se refleja en los significados sociales imaginarios institucionalizados por esta misma sociedad. Las variaciones en la articulación de las imágenes presentes en el imaginario llevan a la formación de un segundo orden (second-order) de instituciones y de significaciones, más concretas, las que a su vez sostienen la institucionalización de un conjunto central de significaciones de la sociedad sin el cual no podrían existir (Castoriadis, 1998: 371). Por ejemplo, la división sexual del trabajo es una institución de segundo orden relacionada con el imaginario patriarcal y sin la cual no habría patriarcado. El funcionamiento y la continuidad de la sociedad como sociedad instituida están asegurados por medio de estas instituciones de segundo orden, las que generan una proliferación de instituciones y significaciones derivadas, vale decir, las instituciones tales como las conocemos en la vida diaria (Alméras, 2001a).

La observación de la evolución de estas instituciones de segundo orden da cuenta en las últimas décadas de la creciente incorporación de la memoria de las mujeres en el imaginario de nuestras sociedades –impulsada por el movimiento de mujeres y los estudios de género–, la que se expresa por medio de la creación de una red de instituciones orientadas hacia el fomento de la igualdad de las mujeres, cuya expansión en todas las sociedades del mundo representa la emergencia de un nuevo conjunto de significaciones en el imaginario social de la humanidad: la igualdad de género. En su estudio La memoria colectiva y los retos del feminismo, Amelia Valcárcel (2001) demuestra cómo la exclusión de la memoria de las mujeres de la historia cambia el significado de las representaciones de la colectividad. De la misma forma, la exclusión de las necesidades y del aporte de las mujeres de las redes de significados relacionadas con el desarrollo económico y social impacta en el imaginario social de segundo orden, y a su vez en las intervenciones en el mundo de las instituciones responsables de responder a los requerimientos del desarrollo y de la sociedad. El mismo análisis es válido para entender la formación del imaginario social que permea el acervo de conocimientos producido por una organización como la ONU, institución derivada del imaginario de segundo orden relacionado con la cooperación internacional, formado sobre la base de, entre otras, las imágenes simbólicas de paz, seguridad, libertad y justicia.

Según Castoriadis (1998: 146-160), el imaginario social de una sociedad específica constituye una reserva dinámica de imágenes y formas sociales, en la que “la infinidad de posibles estructuras simbólicas” están orientadas hacia una dirección. Todas las imágenes y formas presentes, incluyendo las imágenes de género, están así organizadas en un sistema simbólico único. La imaginación radical que transforma el imaginario social tradicional se manifiesta por medio de actividades concretas y con la creación de un nuevo universo de significaciones. Los temas enfocados por la Cepal y por Nieves son el producto histórico de la constitución imaginaria de la sociedad, o sea, de su imaginario social. Como red primaria de significaciones del imaginario social, el patriarcado fabrica individuos que se refieren a esas significaciones, imponiendo a la sociedad un código patriarcal en el que la desigualdad de género y la violencia contra las mujeres son, entre otras, parte de un sistema simbólico determinado (Alméras, 2001b).

Denunciar los contenidos de las imágenes tradicionales del patriarcado conduce entonces a la creación de nuevas formas que son esenciales para el cambio. Cuando los contenidos del nuevo discurso están adoptados a nivel social e introducen nuevas formas en el imaginario, se inicia la modificación de las instituciones existentes y se puede generar la creación de nuevas. A partir de los años 80, un testigo de ello ha sido la paulatina creación de entidades públicas encargadas de “la mujer”, que empezaron a aparecer en el mundo en ritmos distintos. Inicialmente tenían baja jerarquía en la estructura estatal y muy pocos recursos, pero a medida que se fortalecía el nuevo discurso y sus recorridos figurativos –gracias a las crecientes demandas del movimiento de mujeres, a su propia participación en la producción de nuevas imágenes de igualdad de género y al apoyo de organizaciones internacionales como la Cepal, que vivían su propio proceso de instalación de unidades administrativas responsables del tema–, estas entidades adquirieron poder y autonomía, hasta que, en los años 2010, una mayoría de países tuvieran su ministerio de asuntos de género. Reencontramos aquí el proceso de institucionalización del enfoque de género descripto anteriormente, el que no hubiera sido posible sin la creación de un recorrido figurativo relacionado, tanto en la Cepal como en el mundo.

El imaginario social está arraigado en formas de pensamiento que se organizan en un código que constituye su logos. Este concepto del logos ofrece solamente una comprensión parcial del funcionamiento del imaginario social, el que debe además reunir, inventar y construir los elementos de las instituciones de cada sociedad: ello es el techne de la imaginación primordial. La interconexión entre logos y techne es esencial para entender el imaginario porque ambos se refieren el uno al otro de manera circular, cada uno suponiendo al otro (Castoriadis, 1998: 260-268). De ese modo, el discurso emergente (logos) de la igualdad de género que desafía al patriarcado tradicional se complementa en el imaginario por la acumulación en la vida real de nuevas prácticas que se construyen sobre nuevas capacidades y conocimientos (techne) de los grupos sociales. La interacción del logos emergente con la techne en proceso de edificación impacta entonces el orden simbólico central (el patriarcado), dando paso a nuevos significados y comportamientos que entretejen el nuevo imaginario (igualdad de género).

El programa de trabajo de la Cepal y la contribución de Nieves a este ilustran bien la relación circular entre pensamiento emergente y desarrollo de capacidades y conocimientos. Los nuevos recorridos figurativos que se desplegaron por medio de las investigaciones, los estudios, la ejecución de proyectos, la asesoría técnica a los gobiernos y las relaciones con las organizaciones de la sociedad –reforzadas por la cercanía de Nieves con el movimiento de mujeres– desafiaban instituciones de segundo orden del imaginario social de los países de América Latina y el Caribe. Obviamente, su aporte se enmarca en una construcción colectiva del imaginario que tiene dimensiones mucho más amplias y complejas que la incidencia instrumental de una organización internacional y su funcionaria.

Es sin embargo innegable que la contribución individual de Nieves se plasmó en aportes tangibles, tanto para el programa de trabajo de la Cepal como para la institucionalidad de los países de la región. Sus iniciativas generaron un recorrido narrativo y semántico ejemplar de las necesidades y del aporte de las mujeres a la igualdad y el desarrollo de los países de América Latina y el Caribe (logos), el cual se completó por la formulación de propuestas de políticas, ejecución de proyectos y asesoría técnica que contribuían a su vez al ejercicio más efectivo de los derechos de las mujeres y al debate sobre el rol del Estado en la transformación social (techne). La realidad material de ese aporte se transparenta en el examen de su desarrollo profesional y en el reconocimiento que sigue recibiendo, hoy jubilada, por parte de la academia y del movimiento de las mujeres.

Al cerrar mi propio ejercicio de reconocimiento, imagino a la joven Nieves, la de Rosario, que leía y releía las aventuras de Anne, la de los tejados verdes. La veo tirada en un prado o sobre su cama, sentada en un banco bajo un árbol, absorta, dueña del mismo carácter imaginativo y despierto que deslumbraba a los habitantes de Avonlea y a las lectoras de la saga. Es con esa energía impetuosa y emprendedora que Nieves ideó su vida y su trabajo conceptual como antropóloga y socióloga. Nada existe que no haya sido soñado antes. No sé hasta qué punto la realidad de su vida se parece a la que deseaba, allí en Rosario, pero estoy convencida de que uno de sus propósitos era hacer una diferencia en el mundo. Lo hizo.

Bibliografía

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Gómez Betancourt, R. y C. Orozco Espinel (2018), “The invisible ones: Women at Cepal (1948-2017)”, en K. Madden (ed.), Handbook of the History of Women’s Economic Thought, Londres, Routledge.

Greimas, A. J. y J. Courtés (1979), Sémiotique: dictionnaire raisonné de la théorie du langage, París, Hachette.

Montaño, S. y M. N. Rico (2007), El aporte de las mujeres a la igualdad en América Latina y el Caribe, Santiago de Chile, Cepal, LC/L.2738(CRM.10/3). http://hdl.handle.net/11362/2855/S3282007_es.pdf

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A veinticinco años de Beijing: los derechos de las mujeres en un mundo cambiante

Silke Staab

En septiembre de 1995, cuando Nieves viajó a la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, yo tenía dieciséis años. No entendía mucho de feminismos, ni había viajado fuera del llamado mundo desarrollado. En marzo de 2020, poco antes de que Nieves se jubilara, me encontré en una sala de prensa en Nueva York, lanzando el informe global de ONU Mujeres para el vigésimo quinto aniversario de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, marco normativo clave para las “feministas institucionales”. Entre estas dos fechas, se ubica mi primer encuentro con Nieves en la entonces Unidad Mujer y Desarrollo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). Ahí, sentada en la sala de prensa, se me ocurre que nunca le he preguntado sobre su experiencia en Beijing. ¡Que ganas de haber estado ahí! En ese momento histórico, lleno de esperanzas y posibilidades. Dos días después del lanzamiento, Nueva York y Santiago de Chile entran en cuarentena por COVID-19. A pocos días, el 64º período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW 64), que iba a revisar logros, desafíos y mecanismos para acelerar la implementación de la Plataforma, se suspende.

Nieves participaba regularmente en la Comisión y durante muchos años lideró el proceso preparativo regional a través de las conferencias regionales de la mujer. Para celebrar sus contribuciones a la agenda regional de género –que a través de los Estados de la región también reverberó en las negociaciones intergubernamentales globales–, este ensayo reflexiona acerca de los logros y retrocesos en los derechos de las mujeres a lo largo de los últimos veinticinco años. La primera parte traza uno de los avances clave en la agenda regional de género desde 1995: la trayectoria del cuidado de la periferia al centro de los consensos adoptados en el marco de las conferencias regionales de la mujer y del pensamiento económico de la misma Cepal. La segunda parte revisa brevemente el progreso en las tres dimensiones de la autonomía de las mujeres definidas por la Cepal sobre la base de estadísticas globales y regionales. Se constata que, a pesar de importantes avances desde 1995, también hay señales de estancamiento en el contexto de un modelo económico que genera cada vez más desigualdad y amenazas a derechos establecidos en el contexto de un backlash fulminante por parte de grupos conservadores cada vez más organizados y con mejor acceso a los espacios políticos formales.

Más allá de Beijing: avances normativos y contribución global de la agenda regional de género

Sin duda, el gran legado de Beijing es la apuesta por la transversalización y la institucionalización de la perspectiva de género, sea a nivel de los Estados a través de los diversos mecanismos para el adelanto de la mujer (MAM) o a nivel de las organizaciones internacionales como las Naciones Unidas (ONU). A nivel regional, el avance de esta apuesta se manifiesta tanto en el espacio intergubernamental –específicamente en las conferencias regionales de la mujer– como al interior de la Cepal. Nieves participó en la mayoría de las conferencias regionales de la mujer entre 1997 y 2020 que llevaron a una serie de consensos adoptados por los gobiernos de la región (Cepal, 2017). Dichos consensos regionales se construyeron sobre la base de Beijing, pero también abrieron horizontes nuevos. Tan es así que, desde una perspectiva de género, el consenso global que se generó en 2015 alrededor de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible le parecía quedar chico a una región que había llegado a construir una agenda regional de género más sólida y progresista que otras regiones en desarrollo. Sin pretender revisar la trayectoria de esta agenda de manera exhaustiva, este apartado se centra en la emergencia del cuidado como uno de sus pilares fundamentales, que se instala a partir de 2007.

La Plataforma de Beijing subrayó la responsabilidad desproporcionada de las mujeres para el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado como barrera clave para la igualdad de género, llama a reconocer, medir y evaluar el aporte de dicho trabajo a la economía y a una división más justa entre mujeres y hombres al interior de las familias. En las décadas siguientes, la región observa un auge en las encuestas de uso del tiempo y los ejercicios de valorización económica. Pero también realiza un giro conceptual que va más allá de Beijing, y enmarca el cuidado en una agenda de derechos y corresponsabilidad de los Estados (Esquivel, 2011; Montaño, 2010). Este giro se detecta claramente en los consensos regionales adoptados por los Estados de América Latina y el Caribe.

De manera similar a la Plataforma de Beijing, el Programa de Acción de Mar del Plata (1994), el Consenso de Santiago (1997), el Consenso de Lima (2000) y el Consenso de México (2004) todavía se enfocan en el reconocimiento del trabajo doméstico no remunerado y la promoción de la corresponsabilidad entre mujeres y hombres al interior de las familias. Este enfoque cambia radicalmente a partir del Consenso de Quito (2007) que define “el cuidado como un asunto público que compete a los Estados, gobiernos locales, organizaciones, empresas y familias”. Consecuentemente, llama no solo a “formular y aplicar política de Estado que favorezcan la responsabilidad compartida equitativamente entre mujeres y hombres en el ámbito familiar”, sino también a “adoptar las medidas necesarias […] para que los Estados asuman la reproducción social, el cuidado y el bienestar de la población como objetivo de la economía y responsabilidad pública indelegable”.

El Consenso de Brasilia (2010) reitera la necesidad de “una nueva ecuación entre el Estado, la sociedad en su conjunto, el mercado y las familias, en la que el trabajo doméstico no remunerado y las tareas de cuidado se entiendan y traten como asuntos públicos, de responsabilidad compartida entre todas estas esferas” y, de paso, introduce el concepto del “derecho al cuidado”. También se agrega especificidad respecto de las políticas públicas requeridas para realizarlo, como son los servicios universales de cuidado y sistemas de protección social que responden a las necesidades de las personas que cuidan y requieren cuidado. La definición del cuidado como derecho y la responsabilidad del Estado para su realización se mantienen en el Consenso de Santo Domingo (2013) y la Estrategia de Montevideo (2016), que reconoce la división sexual del trabajo y la injusta organización social del cuidado como uno de los cuatro nudos estructurales a superar para alcanzar la igualdad de género en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

La centralidad acordada al cuidado en estos documentos es un fenómeno manifiestamente regional que no se replica de manera semejante en las conferencias y los consensos de otras regiones en desarrollo. A nivel global, el cuidado empieza a entrar de manera creciente en las conclusiones acordadas a partir de 2009 cuando la Comisión Jurídica y Social de la Mujer de 2009 (CSW 53) deliberaba sobre “el reparto equitativo de las responsabilidades entre mujeres y hombres”. Si bien la corresponsabilidad estatal no queda tan expresamente definida como en el Consenso de Quito, las conclusiones acordadas de 2009 avanzan hacia una agenda clara de políticas públicas desde la protección social y los servicios de cuidado hasta la infraestructura básica. Son estos tres componentes los que cinco años después se incorporan como meta 5.4 en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

El avance del cuidado en la agenda regional de género no hubiera sido posible sin el liderazgo intelectual y técnico de la División de Asuntos de Género (DAG) que con una plétora de informes, estudios y trabajos estadísticos contribuyó a avanzar en la comprensión del cuidado como base de la economía y asunto de derechos.[54] Estos esfuerzos dieron sus frutos no solamente en el espacio intergubernamental, sino también dentro de la misma Cepal. Lentamente, la agenda del cuidado empezó a permear la producción de conocimiento de otras divisiones hasta llegar a constituir una pieza clave de la propuesta de la Comisión para alcanzar la igualdad. La transición de Nieves de la DAG a la División de Desarrollo Social (DDS) en 2009 seguramente facilitó la integración del cuidado al informe emblemático Panorama social de América Latina (Mahon, 2019). Aunque la DDS ya tenía un largo recorrido de investigación y propuestas de políticas públicas respecto de las familias, las ediciones de 2009 y de 2012 claramente retoman la idea del derecho al cuidado (Cepal, 2010a, 2013), introducido en un estudio publicado por la DAG en 2007 (Pautassi, 2007), y plantean un pacto social para realizarlo.

A partir de 2010, el cuidado también hace su aparición en los documentos preparados para los períodos de sesiones, que constituyen la reunión bienal más importante de la Comisión. El conjunto de informes conocida como “trilogía de la igualdad” reconoce la relevancia de la economía del cuidado (Cepal, 2010b), plantea la necesidad de “avanzar de manera decidida en redes de cuidado donde el Estado juegue un rol más protagónico” (Cepal, 2012) y refleja la contribución de la literatura feminista a plantear el cuidado como “dimensión perdida” del desarrollo y eslabón crítico para “avanzar hacia el horizonte de igualdad que postula la Cepal” (Cepal, 2014).

A veinticinco años de Beijing:

¿Un paso para adelante y otro para atrás?

Los avances normativos descriptos en el apartado anterior coinciden con cambios radicales en el contexto económico, político y social, los que no necesariamente son positivos. Es importante recordar que la Cuarta Conferencia Mundial sobre la mujer ocurrió en un punto histórico específico, después del fin de la Guerra Fría y la tercera ola de democratización a nivel mundial. Aunque pocas feministas creían en el “fin de la historia” y el avance irrefrenable de la democracia, muchas apostaban por transformar a los Estados por dentro y así lograr la igualdad (Waylen, 2007). Sin duda, esta marcha por las instituciones fue acompañada por luces y sombras, éxitos reales y frustraciones repetidas, con ideas feministas transformadoras que al llegar a los espacios institucionales a veces fueron distorsionadas hasta hacerlas irreconocibles.

Con todo y a pesar de los avances, el progreso hacia el goce efectivo de los derechos ha sido lento y no lineal. Tampoco se ha dado en condiciones de igualdad para todas las mujeres. En la región y en el mundo persisten brechas importantes no solamente entre mujeres y hombres, sino también entre las mujeres mismas, debido a que el estrato social –junto con las desigualdades territoriales y de origen étnico– sigue determinando el grado de autonomía de las mujeres en cada una de las tres dimensiones (ONU Mujeres, 2017). Un breve recorrido de las tres dimensiones de la igualdad de género definidas por la Cepal (2016) ilustra estas tendencias con datos globales.

Si bien la mortalidad materna se redujo de la mano del mejor acceso a la atención de salud antes, durante y después el parto, sigue habiendo barreras legales, económicas y sociales importantes para el alcance de la autonomía física de las mujeres, incluyendo el pleno goce de sus derechos sexuales y reproductivos. En 2019, 190 millones de mujeres en edad reproductiva en todo el mundo, que querían evitar el embarazo, no utilizaron ningún método anticonceptivo. La proporción de mujeres con necesidades insatisfechas de planificación familiar se ha mantenido en 10% desde 2000.

El progreso hacia la promulgación de leyes para abordar la violencia contra la mujer ha sido constante. En 2019, más de tres cuartos de los países contaban con leyes sobre violencia doméstica. No obstante, la violencia contra las mujeres y las niñas sigue siendo generalizada. A nivel mundial, el 17,8% de las mujeres sufrieron violencia a manos de una pareja íntima en los doce meses anteriores. Las tasas de denuncia son bajas, lo que indican que las mujeres continúan experimentando barreras importantes y carecen de confianza en el sistema de justicia formal.

La autonomía económica también sigue esquiva para la mayoría de las mujeres. A nivel mundial, la brecha de género en la participación de la fuerza laboral se ha estancado durante los últimos veinte años. En 2019, menos de dos tercios de las mujeres estaban en la fuerza laboral, en comparación con más del 90% de los hombres. Al mismo tiempo, las mujeres realizan tres veces más trabajo doméstico y de cuidados no remunerado que los hombres, con consecuencias a largo plazo para su capacidad de obtener ingresos y acumular activos para su vida posterior. A pesar de la constante reducción de la pobreza y la pobreza extrema, esta se mantiene feminizada, particularmente durante los años clave de crianza. Datos obtenidos de las encuestas de hogares de 91 países en desarrollo muestran que las mujeres de 25 a 34 años tienen el 25% más de probabilidades de vivir en la pobreza extrema que los hombres (ONU Mujeres, 2020). Si bien es cierto que los avances normativos en materia del cuidado en la región fueron acompañados por políticas públicas concretas –expansión del cuidado infantil, bonos previsionales para reconocer años dedicados a la crianza, reformas a las licencias maternales, paternales y parentales–, estos esfuerzos quedaron truncos frente a la desaceleración económica y las medidas de austeridad a partir de la crisis global del 2008-2009.

Desde 1995, la proporción de mujeres en los Parlamentos del mundo se ha más que duplicado. Sin embargo, ellas están aún lejos de alcanzar paridad representativa y autonomía en la toma de decisiones. En 2019, los hombres todavía representaban el 75% de los parlamentarios, el 73% de los ejecutivos en los sectores públicos y privados y el 87% de los negociadores de paz. Como planteaba Phumzile Mlambo-Ngcuka, directora ejecutiva de ONU Mujeres, con motivo del Día Internacional de la Mujer en marzo de 2020: “Hemos creado un mundo donde las mujeres nos encontramos hacinadas en el 25% –un cuarto– del espacio”.[55] Mientras tanto, y más allá de los espacios de representación formal, la capacidad de las mujeres de exigir responsabilidad y rendición de cuentas a los Estados se encuentra cada vez más restringida. Entre 2008 y 2018, la represión de las organizaciones de la sociedad civil empeoró significativamente en 26 países; solo 17 países registraban mejoras (Universidad de Gotemburgo, 2019).

En resumen, la promesa transformadora de la Plataforma de Beijing permanece lejos de ser realizada al momento en que el mundo entra en la mayor crisis del siglo causado por la pandemia de COVID-19.

COVID-19: las desigualdades al desnudo

La crisis sanitaria ha dejado al desnudo las desigualdades sociales y a la vez las ha exacerbado. Aunque las tasas de mortalidad por sexo indican que los hombres se ven más afectados por los impactos directos más graves en la salud, las mujeres se ven especialmente afectadas por las consecuencias económicas y sociales: como la mayoría de las trabajadoras de la salud que arriesgan sus vidas para salvar a otras personas, como víctimas de violencia doméstica obligadas a “refugiarse en el lugar” con sus abusadores, como cuidadoras no remuneradas en familias y comunidades que se hacen cargo del vacío dejado por el cierre de las escuelas y como trabajadoras precarias cuyo ya frágil vínculo con el mercado laboral se ve amenazado por la recesión económica.

Pero digamos que incluso antes de que el virus pusiera el mundo patas para arriba, las cosas no iban del todo bien: una economía global cada vez más volátil, estructuras productivas poco sostenibles, clivajes políticos y sociales cada vez más acentuados, erosiones democráticas, tendencias xenófobas y misóginas. El espacio multilateral global se había transformado de tal manera que, a partir de la primera década del nuevo milenio, las negociaciones anuales en el marco de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer eran un campo de batalla donde las fuerzas progresistas se veían crecientemente en la defensiva (Sen, 2018). En varios países, el desmantelamiento y la reorientación de leyes, políticas públicas y las mismas instituciones encargadas de promover la igualdad de género se habían vuelto política de Estado (Biroli, 2019; Roggebrand y Kriszan, 2020). Como constataba el informe de ONU Mujeres (2020): “Se perdió ímpetu. Las mujeres y niñas de este mundo están corriendo para mantenerse en pie”.

Este correr queda plasmado en el levantamiento de los movimientos sociales –muchas veces encabezados por mujeres–, quienes expresan su impaciencia y demandan cambios sistémicos. La fuerza con la que los movimientos feministas irrumpieron en la región y en el mundo –para decir “ya basta”, “ni una menos”, “ni un paso para atrás”, para derrumbar el patriarcado y reclamar con confianza el derecho de las mujeres a la autonomía– es un rayo de esperanza en un mundo que pareciera acercarse cada vez más al precipicio. Son ellas quienes, en medio de la pandemia, proponen alternativas para un mundo diferente. ¿Será la actual crisis sanitaria la llamada de alerta que marca el cambio de rumbo? Solo el futuro lo dirá.

Bibliografía

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De Beijing al horizonte 2030:

contribuciones de Nieves Rico

al posicionamiento de la

violencia contra las mujeres

en la agenda regional de género

Francisca Miranda

Cuando, en 1975, la Ciudad de México acogió la Primera Conferencia de Naciones Unidas para las Mujeres, la Declaración Final mencionaba tímidamente, en el numeral XI, que “uno de los principales objetivos de la educación social debe ser enseñar el respeto a la integridad física y su lugar central en la vida humana” (Cos-Montiel, 2019). Asimismo, en 1979, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) aprobó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, con lo que se incorporó a las mujeres a la esfera de los derechos humanos, solo abordó en forma tangencial el problema de la violencia contra las mujeres; una de sus deficiencias era precisamente la falta de una definición clara de la violencia de género (Rico, 1996).[56] Tuvieron que pasar cuarenta años desde la histórica Conferencia de México para que finalmente los Estados miembros adoptaran una meta específica: la meta 5.2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que compromete a los Estados miembros a eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación (Cos-Montiel, 2019).

Haciendo eco a esa evolución global, en América Latina y el Caribe, desde la Primera Conferencia Regional sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social de América Latina (La Habana, 1977)[57] hasta la XIV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe (enero de 2020), la lucha contra violencia contra las mujeres se fue configurando como pilar de la agenda regional de género. A lo largo de cuatro decenios (1977-2020) y catorce conferencias regionales sobre la mujer, los espacios de diálogo y concertación de las distintas conferencias regionales pusieron en el centro de los debates las condiciones necesarias para garantizar la autonomía física de las mujeres.[58] En la Estrategia de Montevideo para la Implementación de la Agenda Regional de Género en el Marco del Desarrollo Sostenible hacia 2030, aprobada por los gobiernos de la región en la XIII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe (Montevideo, 25-28 de octubre de 2016), se consolida ese enfoque, posicionando la violencia como nudo estructural de la desigualdad de género, junto a los patrones culturales patriarcales discriminatorios y el predominio de la cultura del privilegio (Cepal, 2017b). La autonomía física, la autonomía económica y la autonomía en la toma de decisiones son hoy reconocidos como ejes indispensables para el ejercicio pleno de los derechos humanos en un marco de plena igualdad y, por lo tanto, se consideran una condición para superar las injusticias de género (Cepal, 2016).

En cuanto principal foro intergubernamental sobre la igualdad de género de la región, las normativas y los acuerdos de las conferencias regionales sobre la mujer han reflejado no solo la voluntad política y el trabajo articulado de los Estados miembros, con el apoyo del sistema de la ONU y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, sino también la contribución activa de la sociedad civil y del movimiento feminista y de mujeres (Cepal, 2017b), a través de los aportes del Foro Regional de ONG y del Foro de Organizaciones Feminista (FOF). El diálogo emanado de las conferencias regionales permitió a los movimientos de mujeres lograr incidencia en la agenda regional, poniendo de manifiesto nuevos sujetos políticos y nuevos campos de conflicto: la reproducción, la producción, así como ampliar el campo tradicional de la política pública, por ejemplo, a través de la construcción del derecho al cuidado (Pautassi y Rico, 2011; Batthyány, Genta y Perrotta, 2015; Montaño y Calderón Magaña, 2010; Pautassi, 2013). Desde una mirada retrospectiva, la construcción de la Agenda Regional de Género sobrevivió a dictaduras, crisis económicas, épocas de neoliberalismo y tiempos de crisis, para dar forma a una mirada regional sobre los derechos de las mujeres y la igualdad de género, haciendo oír su voz más allá de los límites de la región (Cepal, 2017a).

Como Secretaría Técnica de los gobiernos de la región de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe (primero a través de la Unidad Mujer y Desarrollo, y posteriormente de la División de Asuntos de Género), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) ha colaborado con distintas generaciones de feministas, que a lo largo de estos años han contribuido a visibilizar las brechas de género de la región y a promover el principio de equidad de género en los objetivos, las estrategias, los mecanismos de ejecución y de evaluación de las políticas públicas de la región.[59] Entre ellas, y durante veintiocho años de carrera en la Cepal (1992-2020), Nieves Rico estuvo implicada en la organización de muchas conferencias regionales de la mujer y realizó múltiples aportes a la reflexión trazada en la agenda regional de género. Desde el comienzo de su trabajo en la Cepal, en 1992, como consultora de la Unidad Mujer de la División de Desarrollo Social, hasta su nombramiento como directora de la División de Asuntos de la Mujer (2015), realizó contribuciones sustantivas al desarrollo de ciertas temáticas, como la violencia de género, la agenda del cuidado, el desarrollo sostenible y el empleo, entre otras.

Su vocación feminista, iniciada a través de su colaboración y compromiso con la organización Abuelas de Plaza de Mayo, en la década de 1980, y mientras realizaba sus estudios de doctorado en España, quedó plasmada en sus múltiples contribuciones a una agenda feminista para las políticas públicas, inspirando a la vez a personas como yo, desde 1999, mientras trabajaba como consultora en la División de Desarrollo Social, para luego colaborar más estrechamente con ella, como oficial asociada de la División de Asuntos de Género.

Una agenda transnacional de desarrollo y por los derechos humanos bajo el liderazgo de las Naciones Unidas

En América Latina, el movimiento feminista ha logrado avances innegables en términos institucionales y legales, así como una visibilidad significativa en el ámbito de la violencia contra las mujeres. Fue la acción de los movimientos de mujeres y feministas en la década de 1970, así como las acciones de capacitación y educación, investigación y asistencia jurídica y psicológica de ONG, la que permitió visibilizar e integrar en la agenda pública la violencia contra las mujeres (Guerrero Caviedes, 2002). La temática emergió luego con fuerza, como prioridad de las organizaciones y de la reflexión feminista durante el Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer (1976-1985) (Rico, 1996),[60] y gracias a las tres conferencias mundiales sobre la mujer (México, 1975; Copenhague, 1980, Nairobi, 1985), en las cuales la ONU insta a los Estados a adoptar medidas para eliminar las discriminaciones en contra de las mujeres (Guerrero Caviedes, 2002). Al mismo tiempo, se sanciona la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por su sigla en inglés), que es el principal instrumento jurídico a nivel internacional para promover la igualdad de las mujeres (Guerrero, 2002).[61] La búsqueda de la equidad de género y la igualdad de oportunidades de las mujeres en las agendas públicas, que se proyectó a partir de la CEDAW (1979), generó la demanda de conocimientos enfocados a las políticas. Al mismo tiempo, se legitiman y promueven la formalización de los estudios mujer/género, permitiendo ratificar los diagnósticos de la primera etapa sobre la condición social de la mujer (León, 2007).

El feminismo en América Latina despegaba en torno a tres estrategias: 1) su autonomía respecto de los partidos de izquierda, lo que provocó muchos debates entre “feministas” y “políticas”, en palabras de la feminista chilena Julieta Kirkwook; 2) el establecimiento de encuentros feministas continentales, y 3) la invención del “feminismo del sector popular” (Falquet, 2007).[62] En un contexto de “masificación” de organizaciones y movimientos, articulados a un feminismo panamericano (Valdés, 2000),[63] durante la década de 1980 la existencia de una importante financiación internacional contribuyó a la organización de encuentros feministas continentales, que permitieron a sus integrantes conocerse, enfrentar estrategias, rejuvenecer y forjar alianzas (Falquet, 2007). En un contexto de crisis económica, dictaduras en el Cono Sur y guerrilla en Centroamérica, un fuerte movimiento de mujeres, muy diversificado, se desarrolló en todo el continente: las Madres de la Plaza de Mayo en la Argentina, mujeres de mineros en Bolivia, mujeres de las ciudades nuevas en Lima (Falquet, 1998). Las mujeres en la academia de algunos países (se destacan los del Cono Sur) inician la crítica a los paradigmas de las ciencias sociales por sus sesgos sexistas y la demanda de democratización en las relaciones entre mujeres y hombres en lo privado, perfilando su entrada a lo político-social y lo público. Es el amanecer de nuevas visiones de democracia. Recordemos el lema que nos dejó como legado la feminista chilena Julieta Kirkwood: “Democracia en la calle y en la casa” (León, 2007). A partir de la década de 1980 comienza a instalarse en la agenda pública de los países latinoamericanos la igualdad de oportunidades para las mujeres o la equidad de género. Se crean oficinas, institutos, secretarías, ministerios, etc., dentro del gobierno para dar cumplimiento a la CEDAW y para promover la igualdad de género (Valdés, 2007).

En el ámbito de la violencia contra la mujer, durante el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, realizado en 1981 en Bogotá, las mujeres asistentes decidieron declarar el 25 de noviembre como Día Internacional por la No Violencia contra las Mujeres, en conmemoración de la muerte de las hermanas Mirabal, por parte de la dictadura de Rafael Trujillo, en la República Dominicana, constituyéndose así uno de los principales hitos del movimiento de mujeres con relación a este tema. También cobraron forma y fueron replicándose un conjunto de respuestas sociales frente a la violencia contra la mujer, como las casas refugio (la primera fue la Casa Protegida Julia Burgos, en Puerto Rico, en 1979), los servicios de atención legal y psicológica para las mujeres, así como los grupos de autoayuda, entre otros (Guerrero Caviedes, 2002). Se formaron redes temáticas, como la Red Latinoamericana y del Caribe contra la violencia doméstica y sexual, creada en 1990. Se inició una dinámica de internacionalización de las reivindicaciones y organizaciones feministas, y una creciente onegeización del movimiento.

Los años 90 son escenario de la globalización y ampliación de los derechos humanos con conferencias mundiales como la Conferencia de la ONU sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Río de Janeiro, 1992), la Conferencia Mundial de Derechos Humanos (Viena, 1993), la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (El Cairo, 1994) y la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995), cuyos preparativos y procesos embarcan a una parte del movimiento feminista, dando cuenta de una creciente pluralización, profesionalización e institucionalización de prácticas feministas; así como de una mayor visibilidad de los feminismos y de la perspectiva de género en la región (Falquet, 2007). La perspectiva de género adquiere carta de legitimidad fuera de la academia en diferentes espacios institucionales. Según Natacha Molina (2001), el esfuerzo del feminismo, tanto académico como militante, se ha dado por incorporar el enfoque de género en las políticas públicas, por promover la afirmación de derechos y el acceso al poder de decisión de las mujeres (empoderamiento y ciudadanía), además de ejercer un control ciudadano (veeduría) sobre las acciones estatales (León, 2007).

Durante la década hubo importantes progresos en la región, relacionados a la creación e implementación de los mecanismos para el avance de las mujeres y los planes de igualdad entre mujeres y hombres (Cepal, 2017c), así como la sanción de leyes vinculadas con la protección ante situaciones de violencia familiar o violencia doméstica, tanto en normas específicas como en la incorporación de figuras penales en los códigos respectivos y un significativo aumento de medidas legislativas y planes nacionales en todos los países de la región (Cepal, 2016). Además, la adopción de la recomendación Nº 19 (1992) y la recomendación Nº 21 (1994 ) por parte del Comité de Expertas de la CEDAW, y la aprobación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer o Convención de Belém do Pará (1994)[64] aportaron un marco de derechos, uno universal y el otro regional, que se fue enriqueciendo con el avance doctrinario producto de las diferentes conferencias mundiales de la ONU y de las recomendaciones que surgen de las entidades encargadas de su monitoreo. En el ámbito regional, instrumentos emanados de las conferencias regionales de la mujer, si bien no gozaban de carácter vinculante, sirvieron para orientar a los Estados en la implementación de las acciones dirigidas a superar las desigualdades de género. Ejemplo de ello fue el Programa de Acción Regional para las Mujeres de América Latina y el Caribe 1995-2001, cuya implementación fue fortalecida por el Consenso de Lima, incluso más allá de 2001 (Alméras et al., 2002).

Visibilizar la violencia contra las mujeres en un marco de ampliación de los derechos humanos

El proceso de Beijing en América Latina indujo a las activistas –casi siempre por la iniciativa o bajo la dirección de las ONG feministas– a forjar nuevas coaliciones locales, nacionales, regionales y mundiales, con lo que se reforzó la tendencia a transformar los informales vínculos de la década de 1980 en las redes o articulaciones más formales y estructuradas de los años 90. Este proceso de participación y articulación de la sociedad civil global fue fomentado por los organismos bilaterales y multilaterales, así como por la filantropía de los países del norte (Tarrés Barraza, 1998), llevando asimismo a la consolidación de sectores críticos dentro del propio feminismo (Falquet, 2007). Al instalarse la agenda internacional contra la discriminación (CEDAW y las conferencias mundiales de los años 90), se generó una demanda creciente de conocimientos enfocados a las políticas. En términos temporales, temáticos y de volumen de conocimientos generados, en los países del Cono Sur estos están claramente enmarcados en la agenda de la ONU sobre los diferentes temas a partir de financiamientos otorgados por sus agencias a diversas instituciones (Valdés, 2007). Las feministas latinoamericanas que trabajaban en ONG y las que operaban en ámbitos políticos, partidos, Estados, instituciones y organismos multilaterales incrementaron la visibilidad de los derechos de las mujeres y del tema de la violencia de género, permitiendo que, si bien ni siquiera había sido mencionado en la Plataforma de Acción de Nairobi, ocuparía un lugar preponderante en los documentos nacionales y regionales de Beijing (Friedman, 1995; Jelin, 1996; Tarrés Barraza, 1998).

Durante el período, la Cepal, de conformidad con lo dispuesto en la resolución titulada “Mujer y violencia” emanada de la Quinta Conferencia Regional sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social de América Latina y el Caribe y la resolución 45/114 de la Asamblea General de la ONU “Violencia en el hogar”, elaboró diversos documentos y recomendaciones de políticas, que abordaron la violencia contra la mujer como fenómeno multicausal y como obstáculo para lograr un desarrollo con equidad.

Ambas resoluciones mostraban preocupación por ese problema, reconociendo la carencia de información e investigación. En 1992, en un primer estudio pre-Beijing de la Cepal sobre la violencia hacia la mujer (Violencia doméstica contra la mujer en América Latina y el Caribe: propuestas para la discusión), Nieves Rico hace un llamado a realizar un diagnóstico especifico del fenómeno en la región, señalando que “los organismos internacionales tiene un papel muy importante, a partir de sus resoluciones y programas, en la toma de conciencia y sensibilización de los gobiernos de la región, desde el momento en que sitúan la violencia doméstica como un problema de desarrollo, íntimamente ligado a la concreción de la paz y la profundización de las democracias. Además de realizar aportes en la fundamentación de la violencia doméstica como problema público, íntimamente ligado a los derechos humanos, avanza en la definición de tipos de violencia, como un paso más para alcanzar intervenciones apropiadas y eficaces (Rico, 1992). El posicionamiento de esta temática, estaría asimismo presente en el Programa de Acción Regional para las Mujeres de América Latina y el Caribe (1995-2001),[65] también hará alusión a los derechos humanos, planteando como línea estratégica la necesidad de “asegurar el carácter universal, inalienable, indivisible e integral de todos los derechos humanos de las mujeres (civiles, políticos, económicos, sociales, y culturales), así como su permanente respeto y protección en un ambiente sano y en todo tiempo y lugar”, respondiendo al objetivo estratégico de “consolidar el pleno respeto de los derechos humanos (civiles, políticos, económicos, sociales, y culturales) de las mujeres de la región en un marco que otorgue prioridad a la eliminación de la violencia y de la discriminación en virtud del sexo, así como a los derechos de las mujeres más pobres y de las desarraigadas, tomando en consideración las diferencias étnicas y raciales” (Alméras et al., 2002). Por otra parte, días previos a la Sexta Conferencia Regional de Mar del Plata se desarrolló el Foro de las ONG de América Latina y el Caribe, organizado por la Coordinación Regional de ONG de América Latina y el Caribe, el cual asumió como uno de sus ejes centrales el de la violencia contra las mujeres. En su informe, las ONG llaman la atención sobre la agudización y ampliación de las modalidades de violencia contra las mujeres expresada en una gama de manifestaciones que ocasionan daños, riesgos y desventajas que comprometen su desarrollo y su vida (Guerrero Caviedes, 2002). Luego, en el Consenso de Lima, los Estados miembros insistirán asimismo en la necesidad de prestar particular atención a todas las formas de violencia sobre la base del género y sus causas básicas, incluida la reproducción de una cultura de violencia (Cepal, 2000).

Los preparativos de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Beijing llevaron a diversos actores, entre ellos oficinas nacionales de estadística, a recolectar y elaborar estadísticas desagregadas por sexo e información con perspectiva de género, siguiendo distintas recomendaciones del Comité de la CEDAW (recomendaciones generales Nº 9, N° 17, N° 24, N° 25, en 1989), que instaba a los Estados parte “a hacer todo lo posible para asegurar que sus servicios estadísticos nacionales encargados de planificar los censos nacionales y otras encuestas sociales y económicas formulen cuestionarios de manera que los datos puedan desglosarse por sexo” (Inegi, Inmujeres y ONU Mujeres, 2019: 11).[66] Este esfuerzo permitiría coadyuvar a la sustentación de lo que sería la Plataforma de Acción de Beijing. El propósito era visibilizar la contribución de las mujeres al desarrollo económico y social y contar con una línea de base que permitiera el monitoreo de los progresos en la agenda acordada (ídem). A nivel internacional, en 1991 la División de Estadística de la ONU logró, tras varios años de esfuerzos de sistematización y armonización de datos provenientes de una gran cantidad de países, publicar por primera un diagnóstico global, basado en un compendio de estadísticas oficiales, titulado Las mujeres en el mundo: tendencias y estadísticas (ídem). El esfuerzo se nutrió de otros proyectos con el mismo objetivo. En el ámbito regional, el proyecto Mujeres Latinoamericanas en Cifras (coordinado por Flacso, en colaboración con el Instituto de la Mujer de España) fue desarrollado en diecinueve países de la región como aportación a la Cuarta Conferencia Mundial de las Mujeres de Beijing, que contribuyó a instalar en la agenda pública de diversos gobiernos las políticas de igualdad de oportunidades después de la Conferencia de Beijing (Valdés, 2007).

La Unidad Mujer y Desarrollo de la Cepal había iniciado un plan de trabajo en torno a la producción de estadísticas e indicadores de género, recogiendo las experiencias de medición en diversas dimensiones de la condición de las mujeres, llevadas a cabo en América Latina y el Caribe, para analizar sus logros y los desafíos pendientes (Alméras, et al., 2002).[67] En el ámbito de la violencia contra la mujer, este esfuerzo quedó plasmado en una publicación, Violencia contra la mujer en relación de pareja: América Latina y el Caribe, una propuesta para medir su magnitud y evolución (ídem).[68] En un trabajo conjunto de Nieves Rico con Diane Alméras, Rosa Bravo, Vivian Milosavljevic y Sonia Montaño, se inició una reflexión que sentaría las bases para la definición de los indicadores de autonomía de las mujeres que hoy forman parte del OIG de la Cepal (autonomía física, autonomía económica, autonomía en la toma de decisiones). Este trabajo quedó materializado en diversas publicaciones y se realizó en colaboración con Thelma Gálvez y Teresa Valdés (Alméras et al., 2002).

Cuando se aprobó más tarde la creación del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (Consenso de Quito, agosto de 2007), existía plena convicción de que este era necesario para contar con más y mejor evidencia cuantitativa y cualitativa de los logros y avances alcanzados, por una parte, y poder identificar los desafíos y generar respuestas adecuadas, así como contar con herramientas que permitieran a los gobiernos anticiparse a las tendencias y visualizar nuevos procesos, por la otra (Cepal, 2010).

Una nueva institucionalidad género, tanto en los organismos internacionales como en los países

En el contexto previo y posterior a Beijing, Nieves Rico realizó asimismo un aporte sustantivo al proceso de transversalización de género en la Cepal, el cual, si bien podía remitirse a una historia institucional de varias décadas, en 1993 recibió un nuevo impulso, con la incorporación de la Unidad Mujer y Desarrollo a la Secretaría de la Comisión. De este modo, la unidad adquirió un carácter proactivo, facilitando las tareas de seguimiento y cooperación con las otras divisiones en la incorporación del enfoque de género en los programas y proyectos. Esto fue refrendado y enfatizado en posteriores documentos de consenso, tales como el Programa de Acción Regional para las Mujeres de América Latina y el Caribe (1994), el Plan Mundial de Beijing (1995) y los Consensos de Santiago (1997).

En el 27° período de sesiones de la Cepal (Aruba, 1998), los países miembros aprobaron un nuevo subprograma, a partir de 2000, al interior del Programa Regular de Trabajo. Este subprograma amplió las competencias temáticas, de trabajo y de cooperación interna y externa de la Unidad Mujer y Desarrollo, y le otorgó un papel de coordinación del proceso de institucionalización del enfoque de género en la organización. En este primer subprograma la Cepal procura posicionarse dentro del nuevo enfoque (gender mainstreaming) en dos vertientes: hacia el interior de la institución en lo que respecta al plan de trabajo, y hacia afuera, a través de las actividades de cooperación técnica. De esta manera la Cepal toma posición respecto de la estrategia “hacia adentro” y “hacia afuera”, lo cual fue posteriormente reforzado en el Consenso de Lima (2000) y México (2004) (Rico, 2005).[69]

Para fortalecer este trabajo en 1996 la Unidad Mujer y Desarrollo inició actividades de colaboración con la División de Planificación de Programas y Operaciones para incorporar de manera intencional y sistemática el enfoque de género en el Programa Regular de Trabajo y en los proyectos sectoriales que ejecuta la Cepal, participando en la elaboración de los términos de referencia de las consultorías y en la definición de objetivos y actividades.[70] En 1997 se dio un paso decisivo con el objeto de pasar del concepto a la acción. La Unidad Mujer y Desarrollo llevó a cabo, con el apoyo de la Sociedad Alemana de Cooperación Técnica (GTZ, por su sigla en alemán), un proyecto específico para la “institucionalización del enfoque de género en el trabajo sustantivo de la Cepal”. En este marco se realizó un estudio-consulta con los cuadros directivos de las divisiones sustantivas de la Cepal que permitió el diseño participativo y consensuado de una estrategia de institucionalización del enfoque de género en la Cepal (Cepal, 1997; Rico, 1998). Estos avances se concentran principalmente en el mejoramiento de la información estadística y el desarrollo de indicadores de género, así como en la profundización de análisis sectoriales en áreas no tradicionalmente abordadas desde los estudios de género pero sí de interés de la Cepal, como son el funcionamiento de las economías y específicamente del mercado laboral, la pobreza, el desarrollo productivo, los sistemas de pensiones, las nuevas tecnologías de información y comunicación, y las reformas del Estado y la gobernabilidad.[71] Estas temáticas se abordan vinculando los aspectos productivos y reproductivos y desde un enfoque de derechos (Rico, 2005).

Además de colaborar en dicho proceso, Nieves Rico coordina desde 1999 el proyecto denominado “Institucionalización de la perspectiva de género en la Cepal y en ministerios sectoriales”, cuyo objetivo es fortalecer capacidades tanto al interior de la Cepal como en los países para incorporar un enfoque de igualdad de género en políticas, programas e instrumentos técnicos. En esta iniciativa se diseñó una estrategia de intervención que potencia la interrelación de los mecanismos nacionales para el avance de las mujeres, los ministerios sectoriales y otros actores gubernamentales y no gubernamentales, así como con la sociedad civil. La principal estrategia de transversalidad del proyecto era el trabajo intersectorial e interinstitucional, adoptada como forma de cooperación a los países de la Unidad Mujer y Desarrollo realizaba tanto a través de sus actividades regulares como de proyectos específicos (Rico, 2005). El proyecto incluyó el desarrollo de diversas reuniones y seminarios que buscaron promover, en las políticas públicas, así como en las instituciones gubernamentales de todo tipo de América Latina y el Caribe, el principio de equidad de género incorporado en sus objetivos, estrategias, mecanismos de ejecución y de evaluación. Por ejemplo, en 2001 se realizó el Seminario Regional “Hacia la institucionalización del enfoque de género en las políticas económico-laborales en América Latina” (Santiago de Chile, 12-13 de junio de 2001). El proyecto se había propuesto asegurar la importancia del liderazgo de las oficinas de la mujer en estos procesos y del fortalecimiento de sus capacidades técnicas y políticas. En una de las publicaciones derivadas del seminario, Nieves expone su visión sobre los procesos de transversalizacion de género:

La institucionalización de enfoques como el de género, que son transversales –desde la perspectiva de los actores y los sectores sociales involucrados, en este caso las mujeres– e intersectoriales –considerando los problemas y las áreas temáticas que cruzan–, no debe verse solo como una integración, ni como una adición a las estructuras y objetivos ya existentes. La institucionalización hace referencia tanto a los objetivos y actividades de las propias organizaciones como al conjunto de reglas formales (leyes, regulaciones, acuerdos, convenios) e informales (ética, confianza) y sus mecanismos de ejecución. Nos situamos en una nueva forma de hacer políticas, en el paso de un paradigma que acentuaba las ideas de plan y planificación “desde arriba” –como conceptos matrices ordenadores de la actividad estatal– a un modelo de políticas públicas intersectoriales y a la gestión estratégica de esas políticas, donde se expresan las demandas sociales y territoriales, así como la concertación de intereses, en el marco de la modernización del Estado. (Bravo y Rico, 2001: 20)

Hacia un enfoque integral multidimensional y multisectorial de la violencia

Si entre las décadas de 1980 y 1990, después de la Tercera Conferencia Mundial del Decenio de Naciones Unidas para la Mujer (Nairobi, 1985) o de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995), la mayoría de los mecanismos de género han sido instalados, a inicios de 2000 la existencia de redes transnacionales de mecanismos de género y el papel de la Unidad Mujer y Desarrollo de la Cepal, a través de sus conferencias regionales o mesas directivas, habían proporcionado a estos mecanismos un espacio de debate, de creación de consensos, de aprendizaje y de apoyo a sus respectivas gestiones nacionales (Guzmán, 2003). Los acuerdos de las sucesivas conferencias internacionales del sistema de la ONU de la década de 1990 habían significado también una presión a favor de la aceptación o redefinición del sentido y alcance de la institucionalidad de género (Guzmán, 2005) y su quehacer en el marco de las políticas públicas.

Como se señaló, la institucionalización de las políticas públicas con perspectiva de género fue un proceso originado en los años 80, cuyos objetivos principales se orientaron a crear las bases necesarias para erradicar todas las formas de discriminación contra las mujeres. El instrumento central que le dio legitimidad a la institucionalidad de género fue la CEDAW adoptada por la ONU en 1979. La Convención fue firmada por todos los países de América Latina en los inicios de los años 90, su carácter vinculante propiciaba las reformas legales y favorecía las instancias de coordinación entre el Estado y las organizaciones de las mujeres. Luego, la Cuarta Conferencia Mundial sobre las Mujeres, celebrada en 1995 en Beijing, significó un importante avance en cuanto a la responsabilidad de los gobiernos respecto a establecer compromisos en la igualdad de género. La Plataforma de Acción de Beijing señala que “el éxito de las políticas y de las medidas destinadas a respaldar o reforzar la promoción de la igualdad de género y la mejora de la condición de la mujer debe basarse en la integración de una perspectiva de género en las políticas generales relacionadas con todas las esferas de la sociedad, así como en la aplicación de medidas positivas con ayuda institucional y financiera adecuada en todos los niveles” (ONU Mujeres, 1995, párr. 57, p. 40). La resolución del Consejo Económico y Social de la ONU definió la incorporación de la perspectiva de género como una estrategia destinada a hacer que las preocupaciones y experiencias de las mujeres, así como de los hombres, sean un elemento integrante de la elaboración, la aplicación, la supervisión y la evaluación de las políticas y los programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales, a fin de que las mujeres y los hombres se beneficien por igual y se impida que se perpetúe la desigualdad (Segovia, 2016).

En este marco, uno de los focos centrales de las políticas nacionales de igualdad y del quehacer de los mecanismos para el adelanto de las mujeres fue el ámbito de la erradicación de la violencia por razón de género. Desde la adopción de la Convención de Belém do Pará se observó un proceso de convergencia regional y de inclusión de la perspectiva de género en las legislaciones nacionales, el cual se intensificó durante la década de 2000, cuando los países latinoamericanos vivieron un proceso de creciente legislación y regulación de los delitos contra la mujer. El proceso implicó una generación de legislación que proporcionó un enfoque más integral, multidimensional y multisectorial para luchar contra el crimen de género mediante el aumento y la ampliación de la regulación. La primera generación se había centrado entre 1994 y 2002 solamente en la dimensión privada de la violencia doméstica, una segunda generación empezó alrededor de 2005 y consistió principalmente en la implementación de leyes que clasificaron (o tipificaron) el homicidio de género como un delito penal específico y más grave, llamado “femicidio” o “feminicidio”.

En 2000, la histórica resolución 1.325 del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Mujeres, Paz y Seguridad reconocía el impacto de género en la guerra sobre las mujeres, e instaba a la adopción de medidas especiales para protegerlas –en particular de los abusos sexuales–, por lo que pedía el aumento de la participación de la mujer en todos los organismos internacionales y en los procesos de resolución de conflictos. A continuación, vino una década de más resoluciones y de revisión sistemática de procesos y mandatos de mantenimiento de paz de la ONU. En el ámbito internacional, existen al menos 36 organismos de la ONU con mandatos o programas específicos para abordar la violencia contra la mujer (Brysk, 2017).[72]

Por otra parte, las conferencias regionales sobre la mujer de América Latina y el Caribe se abocaron a debatir y generar los denominados consensos de Santiago (1997), Lima (2000), México (2004), Quito (2007), Brasilia (2010) y Santo Domingo (2013), en los que se expresó la voluntad política y el compromiso de dar pasos decididos hacia la igualdad de género, se hizo hincapié en la importancia de la institucionalidad de género en el Estado y en la imperiosa necesidad de otorgarle un financiamiento específico, y se interpeló a otros actores gubernamentales y no gubernamentales para que se sumaran a las políticas de igualdad y asumieran la transversalización de la perspectiva de género. Los debates y las propuestas sobre la violencia contra las mujeres y el femicidio, los derechos sexuales y reproductivos, la diversidad de situaciones e identidades, la migración, el trabajo no remunerado, la distribución del uso del tiempo, el cuidado, la división sexual del trabajo, las nuevas tecnologías, el desarrollo económico, la participación en los procesos de adopción de decisiones, la ciudadanía y la democracia paritaria resultaron hitos de gran densidad política y discursiva que se vieron replicados e influyeron en otros acuerdos internacionales y en otras agendas, como la de población y desarrollo.

Desde la segunda mitad de la década de 2000 algunos países han aprobado legislaciones de “segunda generación”, que suponen notables avances respecto de las anteriores, que amplían y toman en cuenta las distintas manifestaciones de la violencia (física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, obstétrica, simbólica y mediática, entre otras) y que contemplan la diversidad etaria, sexual y étnico-racial de las mujeres, así como la atención integral a las personas afectadas y la adopción de medidas de protección y acciones en caso de incumplimiento (Cepal, 2015, citado en Cepal, 2016: 100). A la fecha, 34 gobiernos han adoptado marcos normativos de violencia contra las mujeres; de este total, 11 países cuentan con leyes integrales de violencia y 18 aprobaron leyes o reformas a los códigos penales en los que se tipifica el femicidio o feminicidio, o se lo califica como una agravante de un homicidio.

En el período 2014-2019, cuatro países tipificaron el femicidio (Ecuador, 2014; Brasil, 2015; Paraguay, 2016, y Uruguay, 2017) y otros dos promovieron reformas a las leyes que ya sancionaban el asesinato de mujeres como homicidio agravado (la República Bolivariana de Venezuela, 2014, y Colombia, 2015). Por ende, ya son 18 los países latinoamericanos que tipifican este delito y han puesto en marcha las reformas correspondientes a sus códigos penales (Cepal, 2019). A veinticinco años de la Plataforma de Beijing, todos los países de América Latina y el Caribe cuentan con leyes de violencia contra la mujer y, en el último quinquenio, cuatro de ellos han aprobado leyes integrales de lucha contra la violencia (Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay). Por ende, trece países latinoamericanos disponen de normativa que permite abordar de manera amplia las diversas manifestaciones de la violencia en los múltiples espacios en que esta se produce, además de posibilitar la elaboración de herramientas y de protocolos de actuación interinstitucionales para dar cumplimiento a las obligaciones y responsabilidades de los Estados (Cepal, 2019).

Los aportes de Nieves durante esta década fueron múltiples.

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Viejas violencias, nuevas visibilidades: política y sexualidad como espacios de agresión

Verónica Aranda Friz - Miguel Ángel Sevilla

Conocimos a Nieves en nuestras trayectorias laborales…

Ingresé para realizar mi práctica profesional en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), a la División de Asuntos Sociales. Al poco tiempo de haberla terminado, y ya titulada, comencé a trabajar como consultora alternadamente en dicha División y en la llamada Unidad Mujer y Desarrollo, siendo ahí donde tuve la oportunidad de conocer y trabajar con María Nieves Rico. Una feminista intensa, comprometida con los derechos humanos, y de una gran consecuencia social. Compartimos en distintos períodos en los cuales aprendí de su lucidez y creatividad, así como la virtuosa y necesaria interrelación entre el conocimiento que produce la academia y el quehacer de las Naciones Unidas (ONU), la riqueza de lo interdisciplinario, lo interseccional y la búsqueda de la argumentación certera, siendo un referente en mi formación profesional.

(Verónica)

Aterricé en Santiago de Chile en 2015, recién llegado de Moscú, para trabajar bajo la coordinación de María Nieves Rico en la División de Asuntos de Género

de la Cepal, pocos meses después de que ella se iniciara como directora. Mi visita de un trimestre se convirtió en años, un período en el que, sin duda, gracias a ella fortalecí mis herramientas profesionales y humanas. Ha sido un honor trabajar con ella: su buen hacer, su constancia, su ética, su respeto por todas y todos,

y su empatía. Laborar con ella es esforzarse por hacer lo correcto, es aprender

a no enceguecerse ante un sigiloso y camaleónico patriarcado acomplejado

y ambicioso que, también, se oculta en hermosos, y peligrosos, cantos de naufragadas sirenas perdidas en océanos bañados en nimiedad y fruslería.

Tiene la fortaleza del roble y una calidad humana brillante.

(Miguel Ángel)

Una aportación visionaria

El aporte de Nieves Rico fue vital para encauzar dos tipos de violencia, contra las mujeres y hacia las personas de la diversidad sexual y de género. En este artículo intentamos dar cuenta de ello. Nieves se incorporó a la Unidad Mujer y Desarrollo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) de las Naciones Unidas (ONU) a principios de la década de 1990. Su trabajo investigativo forma parte e incide en este debate de la región, en un escenario en el que la temática del enfoque de género en su sentido holístico todavía no estaba institucionalizada como lo está en la actualidad. Su labor estuvo centrada en diversas áreas de la institución, entre las que se destaca su activo rol en la Unidad Mujer y Desarrollo y en la División de Desarrollo Social y, desde 2015, como directora de la División de Asuntos de Género de la Cepal.

Ya a fines de la década de 1990, señalaba la importancia de la transversalidad en las políticas públicas regionales y, especialmente, en las de la propia institución para repercutir en el mejoramiento de la cooperación al desarrollo que presta la Cepal.

A pesar de los avances mencionados, aún falta que el análisis de género se integre de manera transversal y sistemática en el trabajo de todas las Divisiones y Unidades como parte de una “buena práctica” que conduce a otorgar mayor calidad a los análisis sobre la realidad socioeconómica de América Latina y el Caribe, así como a realizar propuestas de políticas públicas más acordes con las necesidades de los distintos sectores de la población. (Rico, 1998: 6)

Más de veinte años después del llamado a la necesidad de transversalizar la investigación vinculada con asuntos de género, se ha logrado un gran avance en la materia. Durante su labor como directora de la División de Asuntos de Género de la Cepal, lideró y condujo la XIII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe en Montevideo, en 2016. Un encuentro histórico, tanto en participación como en diversidad de contenido y de enfoques.

El desarrollo de la XIII Conferencia, bajo su dirección, deja un legado institucional y social del que gobiernos e instituciones continuarán nutriéndose para marcar la hoja de ruta de la región durante la próxima década.

América Latina y el Caribe es la región del mundo con mayores avances en legislación sobre violencia contra las mujeres, pero la voluntad política expresada en esas normativas no es suficiente para erradicar el flagelo. (Rico, 2017)

El principal producto de la XIII Conferencia Regional ha sido la Estrategia de Montevideo (Cepal, 2016b) aprobada para la implementación de la Agenda Regional de Género en el marco del desarrollo sostenible, un acuerdo trascendental de carácter regional que comprende diez ejes interrelacionados de implementación de la Agenda Regional de Género con un total de 74 medidas. Los compromisos asumidos en la Estrategia de Montevideo implican responsabilidades y acciones en diferentes escalas: internacional, regional, nacional, subnacional y local. Se trata de una herramienta con ambiciosas medidas que fueron aprobadas con un amplio consenso político, institucional y social, en la que se incorporó la participación activa de todos los actores gubernamentales, con una adaptación a nivel nacional y subnacional, incluyendo a la sociedad civil en toda su diversidad y, también, al sector privado.

La Estrategia de Montevideo suministró una hoja de ruta para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) considerando las prioridades y los desafíos de América Latina y el Caribe, dirigida a todas las personas de la región que enfrentan discriminación por razones de género, en el amplio sentido del concepto, ampliándolo y centrándolo en un enfoque de derechos humanos en el que no se deja a nadie atrás.

El trabajo realizado por Nieves en cuanto directora de la División de Asuntos de Género de la Cepal se ha plasmado en la Estrategia, la cual ha sido, y es, clave en el avance y desarrollo de políticas transversales centradas en la eliminación de la violencia hacia mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas de la diversidad sexual y de género, tanto en el ámbito social como político. La Estrategia de Montevideo impulsa la participación democrática paritaria y convoca a adoptar leyes y normativas para garantizar el acceso igualitario de las mujeres al poder político, impulsando su participación paritaria en todos los espacios públicos.

La región presenta grandes desafíos vinculados con el desarrollo de políticas públicas y estrategias de fortalecimiento de la institucionalidad para lograr una igualdad real entre todas las personas. Por un lado, la violencia política contra las mujeres y la no inclusión en la participación equitativa en los ámbitos políticos de toma de decisiones son dos obstáculos interconectados clave para poder trabajar en la defensa de los derechos políticos de las mujeres. Por otro lado, la no inclusión de la perspectiva de diversidad sexual y de género en las políticas públicas regionales es también un obstáculo en el desarrollo regional en materia de género, siendo un grupo poblacional especialmente castigado, sufriendo una violencia derivada de su supuesto desafío a las normas de género. Las dos cuestiones señaladas tienen en común la necesidad de modificar marcos normativos sobre estas violencias específicas, junto a cambios culturales y sociales, que aún sustentan patrones culturales patriarcales discriminatorios y violentos; asimismo, se requieren políticas públicas integrales y transversales que subviertan las relaciones de poder que cristalizan la discriminación, la desigualdad y las violencias, junto a la producción de estadísticas que permitan obtener un nítido escenario que prevenga su avance y, también, trabaje en su erradicación.

La influencia de Nieves ha sido importante en distintos planos de lo profesional, un acierto significativo para el avance en las temáticas de género que se posicionaron en la XIII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe y, también, su gestión como directora de la División de Asuntos de Género de la Cepal, liderando la División con el mayor grado de satisfacción de toda la institución, dato publicado a través de una pesquisa[73] interna de la ONU con el objetivo de evaluar el grado de satisfacción y desempeño de funcionarias y funcionarios, y cuyo resultado constituyó un dato empírico que legitima su eficiente voluntad en la creación de condiciones de superación individual y colectiva en el entorno laboral, incidiendo sin duda en el rendimiento y desempeño de la División, avalado no solo por el resultado de esta investigación interna, sino en el material sustantivo elaborado junto con todo el equipo liderado por Nieves.

Fue sin duda un aprendizaje trabajar bajo el liderazgo y la gestión de Nieves Rico en diferentes temáticas y proyectos, y ser testigos de su ética y de la consolidación de ambiciosas investigaciones que marcan, en aporte de información, un antes y un después en la región. En lo profesional, nos ofrece un legado de libros publicados, investigaciones y análisis, siendo estas las más visitadas y descargadas de la Cepal. De las publicaciones vinculadas con la División de Asuntos de Género, al observar los contenidos más visitados de la Cepal, la autoría de Nieves ocupa el primer lugar. Para 2018, la publicación Violencia de género, un problema de derechos humanos, de 1996, lidera la primera posición en visitas y en descargas, con 11.695 y 2.394 respectivamente. Y entre los seis más descargados de la institución en materia de género está el trabajo gestionado bajo el liderazgo de Nieves, Autonomía de las mujeres e igualdad en la Agenda de Desarrollo Sostenible (Cepal, 2016a).

Como cientistas sociales, ha sido una experiencia enriquecedora trabajar en la ONU, y junto a Nieves lo ha sido más aún: aprender, especialmente en lo humano, en la forma de trabajo en colectivo, desde el respeto y el reconocimiento profesional. Nos ha enseñado cómo observar, a perseverar y a trabajar para contribuir a la lucha contra la violencia en todas sus formas. Por ello, en el presente libro homenaje, hemos querido aportar con una reflexión de cómo el trabajo realizado en la División de Asuntos de Género bajo su dirección ha influido en nuestros caminos de investigación.

Conferencias regionales sobre la mujer:

de La Habana a Santiago, más de cuarenta años

El camino recorrido desde la Primera Conferencia Regional sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social de América Latina y el Caribe (La Habana, 1977) hasta la actualidad muestra cómo se fue construyendo –con la participación del movimiento feminista, los gobiernos y los organismos internacionales– una agenda y una concepción de política pública que van más allá del enfoque de igualdad de oportunidades, para llegar a una perspectiva de análisis y propositiva centrada en la titularidad de derechos y la autonomía como base para la igualdad y el desarrollo sostenible (Cepal, 2016a: 13). De este modo, se colocó en la mesa temática la igualdad entre hombres y mujeres (Primera Conferencia Regional sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social de América Latina, La Habana, 1977) con el fin de posicionar la equidad de género (Sexta Conferencia de Mar del Plata, 1994; Séptima Conferencia de Santiago, 1997) e igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres (Consensos de Lima, Ciudad de México, Quito, Brasilia, Santo Domingo, Estrategia de Montevideo y Compromiso de Santiago).

Hasta 2020, América Latina y el Caribe ha celebrado catorce conferencias regionales, siendo la única región del mundo que tiene un órgano permanente de estas características.[74] Las últimas décadas de este camino han estado muy marcadas por el principio de transversalidad del enfoque de género, estrategia adoptada en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer realizada en Beijing en 1995 para superar la discriminación de género y lograr la igualdad. Además, se ha transitado desde los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) establecidos en la Cumbre del Milenio (2000) hasta la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible aprobada por los Estados miembros en el septuagésimo período de sesiones de la Asamblea General de la ONU en septiembre de 2015, asumiendo que el desarrollo sostenible solo será posible al promover la igualdad, superar la discriminación y transformar el sistema sexo-género, el binarismo, así como la tradicional división sexual del trabajo.

Entre 1997 y 2013, la Conferencia Regional sobre la Mujer ha aprobado e impulsado una serie de acuerdos en los denominados Consensos de Santiago (1997), Lima (2000), Ciudad de México (2004), Quito (2007), Brasilia (2010) y Santo Domingo (2013). Si bien a lo largo del tiempo se presenta una pluralidad de temas y problemas sociales que han implicado compromisos de diferente naturaleza, así como también se observa que se han logrado avances y reconocimientos en algunas temáticas más que en otras, develándose asimismo dimensiones más críticas, todo este entramado es interdependiente e indivisible y asume un enfoque de derechos y no discriminación, siendo central la consideración de las mujeres como sujetos de derechos y del Estado como garante de esos derechos, obligado a su protección y realización (González Perret y Deus Viana, 2015). En la XIV Conferencia Regional de la Mujer, estos desafíos vuelven a tensionar las discusiones y los debates, y en el Compromiso de Santiago (2020) se reitera la riqueza del enfoque de derechos, así como la obligación de los Estados de ser el principal garante.

El principio de no discriminación e igualdad implica reconocer las formas de discriminación –múltiples e interconectadas– contra las mujeres, un piso clave para avanzar en el logro de la igualdad formal y sustantiva para todas las mujeres.

Los acuerdos de las conferencias regionales abordan variados y amplios temas desde asuntos sectoriales a multisectoriales. A lo largo del tiempo se plantean diversos temas de un consenso a otro que están determinados, sin duda, “por las urgencias, las coyunturas y los contextos, pero también por los avances respecto del grado de conocimiento que se tiene sobre las distintas formas de discriminación que enfrentan las mujeres, la falta de reconocimiento pleno de sus derechos humanos y la voluntad política para comprometerse con su erradicación” (Cepal, 2016a: 24).

En lo que respecta particularmente a la participación de las mujeres en los ámbitos de decisión, se ha avanzado de las cuotas a la paridad, se llama a adoptar todas las acciones necesarias para aumentar la participación de las mujeres en la toma de decisiones y asegurar su acceso en condiciones de igualdad en todos los ámbitos del poder político, como parte del fortalecimiento de la democracia representativa y participativa (consensos de Santiago, Lima, México, Quito, Brasilia y Santo Domingo), y solo más tardíamente se avanza al promover legislación para prevenir, sancionar y erradicar el acoso y la violencia política y administrativa contra las mujeres que acceden al poder, dando cuenta así del cruce entre la violencia contra ellas y su acceso a los procesos de adopción de decisiones públicas, que hasta el momento había sido invisibilizado (consenso de Santo Domingo). El Compromiso de Santiago reiterará la importancia de aumentar la representación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones a fin de alcanzar la democracia paritaria, afianzando su presencia en todos los poderes del Estado y niveles y ámbitos de gobierno, de garantizar la protección de los derechos de las que participan en política y de condenar la violencia política, además de dar visibilidad a las formas de violencia facilitadas por las tecnologías, en particular las tecnologías de la información y las comunicaciones, las tecnologías emergentes y en el ámbito de las redes sociales.

En relación con la inclusión de las personas de la diversidad sexual y de género, es posible observar su tímida presencia en el Consenso de Quito (2007), donde se incluyó a las mujeres en su “diversidad”. Posteriormente, se explicita el concepto de orientación sexual, marcando un hito importante (Consenso de Brasilia), y siguiendo la línea con los avances de estos consensos en relación con la necesidad de protección de la diversidad y la orientación sexual y la identidad de género. Se suma en el Consenso de Santo Domingo (Cepal, 2013) la necesidad de incluir en el enfoque de derechos humanos a las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgéneros, travestis e intersexuales (LGBTTI) (diagrama 1).

En este transitar se insiste en la importancia de la transversalización, reconociendo la pluralidad y multiculturalidad de las mujeres y sus aportes, y se comenzará a avanzar hacia un enfoque de interseccionalidad, estrechamente ligado con el enfoque de derechos humanos.

Violencia contra las mujeres en la política:

una amenaza para la democracia paritaria

En la diversidad de temas que Nieves ha trabajado, hay una persistente ecuación de leer la violencia como una violación a los derechos humanos, proponiendo un desarrollo conceptual y una potente reflexión de análisis. Ya en la década de 1990 nos advierte que “la violencia […] inhibe la participación de las mujeres en la adopción de decisiones […] por lo que influye directamente en su participación pública y, por lo tanto, en el ejercicio de la ciudadanía […] el carácter irreductible y siempre vigente de los derechos de las mujeres, y la obligación de protegerlos y garantizarlos en toda circunstancia sin subordinarlos ni mediatizarlos para de este modo no vaciarlos de contenido” (Cepal, 1996: 24-35). Releer estas afirmaciones tres décadas después, y aplicarlas a lo que hoy emerge conceptualmente como violencia contra las mujeres en la Política (VCMP), no solo cobra vigencia y sentido, la insistencia de su pensar claro y pionero, es también un referente para develar la violencia política como problema de derechos humanos que actúa para resistirse a la autonomía en la toma de decisiones.

El ejercicio de la plena ciudadanía por parte de las mujeres –es decir, el desarrollo de la capacidad de autodeterminación, de expresión y representación de intereses y demandas, y de pleno ejercicio de los derechos políticos individuales y colectivos– aún constituye uno de los nudos de la desigualdad de género pendiente en América Latina y el Caribe, a pesar de los avances significativos en materia de igualdad de género, autonomía y derechos de las mujeres.

La declaración de los objetivos de la Plataforma de Acción de Beijing fijaba en 1995 el objetivo de lograr que hubiera 30% de mujeres en puestos directivos, debiendo alcanzarse por conducto de diversas estrategias, incluidas las medidas positivas en favor de la mujer, los debates públicos y la capacitación y la orientación profesional de las mujeres para que se conviertan en líderes (Declaración y Plataforma de Acción de Beijing; Cepal, 1995) colocando un punto de inflexión para la agenda de igualdad de género en la región de América Latina y el Caribe hispano, que antes había firmado y ratificado la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). Esta Convención, de carácter vinculante, aprobada en 1979 por la Asamblea General de la ONU y que entra en vigencia en 1982, establece que “las medidas temporales destinadas a acelerar la igualdad de facto entre hombres y mujeres no serían consideradas discriminación” (art. 4º) y que se “tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y, en particular, garantizarán a las mujeres en igualdad de condiciones con los hombres” (art. 7º). Cabe señalar que las posteriores revisiones de Beijing +5, +10, +15 y +20 han avanzado en introducir medidas que incorporen políticas públicas con equidad de género para aumentar la participación de las mujeres en política (diagrama 2).

La Décima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, realizada en Quito en 2007, incluyó como tema central la participación política y la paridad de género, reconociendo que la paridad es “uno de los propulsores determinantes de la democracia, cuyo fin es alcanzar la igualdad en el ejercicio del poder, en la toma de decisiones, en los mecanismos de participación y representación social y política” (Consenso de Quito, 2007).

La Agenda 2030, adoptada en 2015 por la Asamblea General de la ONU, hace un llamado a asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública, de modo que la toma de decisiones sea inclusiva, participativa y representativa, y convoca a los Estados a abordar y combatir la discriminación de género y la violencia contra las mujeres.

El incremento de la participación femenina por vía de las leyes de cuota o paridad no ha sido un derrotero fácil. En América Latina, diecisiete países cuentan con legislación que establece cuotas de participación femenina o con leyes que establecen paridad para la inscripción de candidatas a los parlamentos nacionales. Y en el Caribe, actualmente dos países (Guyana a partir de 2001 y Haití a partir de 2012) poseen legislación en estas materias.[75]

Estas acciones han permitido avanzar en un contrato social que promueva la participación en los ámbitos de poder y de toma de decisiones, pero que no se agota con la adopción de la cuota o de la paridad electoral, dado que “estos cambios no deben ser interpretados como un proceso lineal y progresivo, pues de no tener estrategias de seguimiento, así como reformas jurídicas y políticas públicas que acompañen dichas transformaciones, se pueden observar retrocesos y estancamientos. Aún persisten factores estructurales y una cultura basada en modelos patriarcales, estereotipos sexistas y roles tradicionales que tensionan la igualdad sustantiva” (Aranda, 2020). Podemos observar que los países de la región han tenido un progreso lento y heterogéneo, coexistiendo grandes disparidades entre países y al interior de ellos, y en general, la participación de las mujeres no ha alcanzado niveles de equidad.

Las mujeres continúan enfrentando múltiples desafíos para desempeñar funciones en la vida política y pública. “Aunque son muchos factores que limitan la participación política de las mujeres, quizá lo más alarmante sea la percepción del incremento de la violencia contra las mujeres activas en la vida política” (ONU Mujeres y PNUD, 2017: 8), discriminación, acoso y violencia durante sus candidaturas, así como en su mandato, lo que advierte que las cuotas y la paridad no son suficientes para garantizarles igualdad en el ejercicio de sus derechos políticos.

De este modo, mientras se avanza en materia normativa y legislativa, paralelamente se configura una forma de resistencia más compleja e intrincada, como es el caso del acoso y la violencia política de género como uno de los factores que dificultan la mayor participación de las mujeres en política, su ingreso y permanencia en el ámbito público, en partidos y en cargos de representación política, existiendo un vínculo directo entre la desigualdad de género y la VCMP. De ahí que analizar este tipo de violencia en particular “implica colocar la atención en las estrategias y los focos de resistencia que se dan en el complejo entramado de las relaciones entre los géneros, en sus prácticas y sus efectos y cómo estas buscan mantener la hegemonía masculina” (Aranda, 2015: 46). “Las resistencias de género al cambio no son otra cosa que la defensa del statu quo y la perpetuación de lo dado” (369).

Existe un vasto marco normativo que establece los derechos políticos de las mujeres, en declaraciones, consensos, pactos y convenciones, además de los tratados internacionales y regionales e instrumentos políticos internacionales y de carácter regional.

En términos de acuerdos internacionales, en el marco de las conferencias regionales sobre la mujer de América Latina y el Caribe realizadas en Quito (2007), Brasilia (2010) y Santo Domingo (2013), se suscriben documentos que reconocen el problema del acoso y la violencia política contra las mujeres y se insta a los Estados a adoptar medidas legislativas y reformas institucionales para la prevención, sanción y erradicación. En 2015 se adopta la Declaración sobre la Violencia y el Acoso Político hacia las Mujeres, como Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (Mesecvi) de la Organización de Estados Americanos (OEA) y en 2016, la Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en la Vida Política.[76] Dicho modelo de legislación serviría como punto de referencia a los países latinoamericanos para cumplir con la Convención de Belém do Pará de 1994, exhortando a los Estados signatarios a promulgar leyes que contemplen específicamente la VCMP.

En el marco de la XIII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe (2016), el documento de posición “Autonomía de las mujeres e igualdad en la agenda de desarrollo sostenible” y la “Estrategia de Montevideo” reflexionan sobre los acuerdos celebrados en el Consenso de Santo Domingo, el Consenso de Quito y la declaración de Mesecvi de 2015, y los revitalizan. Y en el contexto la XIV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe (2020), el documento “La autonomía de las mujeres en escenarios económicos cambiantes” reitera que, a pesar de los avances, la violencia sigue siendo una de los grandes preocupaciones:

Se requiere ampliar o profundizar los marcos normativos sobre violencia para hacer frente a las nuevas manifestaciones de este fenómeno: el acoso político hacia las mujeres, el acoso callejero y en espacios públicos, y el acoso por medios digitales. (Cepal, 2019: 27)

Los países en la región que han abierto espacios para discutir leyes contra el acoso y la violencia política contra las mujeres son la Argentina, el Estado Plurinacional de Bolivia (norma pionera en la región), Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Paraguay, Perú y Uruguay. A pesar de estos avances, aún persiste en la región el desafío de promulgar legislación que proteja a las mujeres de las violencias que se ejercen en el ámbito público, incluyendo el ámbito de la política.

Distintas organizaciones, así como la academia, trabajan en la conceptualización de una definición acerca de acerca de qué constituye la VCMP, compartiendo como base que dicha violencia impide el ejercicio de los derechos políticos.

Entre las principales contribuciones de la Ley Modelo se encuentra la consagración del derecho de las mujeres a una vida política libre de violencia y de la definición del concepto de violencia contra las mujeres en la vida política, en seguimiento a lo establecido en la Convención de Belém do Pará y en la CEDAW, señalando que debe entenderse por “«violencia contra las mujeres en la vida política» cualquier acción, conducta u omisión realizada de forma directa o a través de terceros que, basada en su género, cause daño o sufrimiento a una o a varias mujeres, y que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos. La violencia contra las mujeres en la vida política puede incluir, entre otras, violencia física, sexual, psicológica, moral, económica o simbólica” (OEA y Mesecvi, 2017: 26-27).

La clave de la definición de esta violencia se encuentra en la expresión “basada en su género”, de modo que el concepto abarca toda manifestación de violencia en la vida política dirigida contra las mujeres por el hecho de serlo y participar en el espacio público y político, teniendo presente que no es el espacio físico donde se realiza la violencia el que la define, sino las relaciones de poder que se producen en ese espacio (OEA y Mesecvi, 2017).

La VCMP es cometida tanto durante las campañas electorales como después, cuando las mujeres asumen posiciones políticas; tanto directamente como en los medios de comunicación y las redes sociales (Cepal, 2016a; Krook, y Restrepo, 2016), observándose diferentes manifestaciones como el aumento del acoso y agresión en los distintos medios de comunicación, intimidación, violencia sexual y física, así como un continuo escrutinio público que se centra en su apariencia, vestimenta, estilo de vida, en lugar de su experiencia y sus políticas (ONU Mujeres y Marco, 2016).

Según la experiencia regional, las expresiones de acoso político a las mujeres son de variada naturaleza y gravedad. Entre dichas expresiones cabe señalar la asignación de distritos claramente perdedores, la ausencia de apoyo material o humano, las agresiones o amenazas durante el período de campaña y, en el caso de mujeres electas, la asignación a comisiones o áreas de poca importancia, con bajo presupuesto o sin él; el trato discriminatorio por parte de los medios de comunicación; mayores exigencias de rendición de cuentas, e intimidación, amenazas o violencia física dirigidas a ellas mismas o a sus familias, que en situaciones extremas pueden incluir violación o asesinato u otras formas de violencia. (Cepal, 2016a: 138)

En este contexto, los medios de comunicación tienen un rol relevante, pues preparan el terreno, instigando a la negatividad, los prejuicios y la agresión contra las mujeres en cargos públicos y electos. Además, los nuevos medios sociales y las tecnologías de la información y de la comunicación, incluidas las redes sociales como Facebook y Twitter, presentan en sus plataformas oportunidades para transformarse en espacios de un gran despliegue de violencia política hacia las mujeres (ONU Mujeres, PNUD e ITU, 2015). Cabe recordar en este aspecto que la Ley Marco reconoce la importancia que tienen las redes sociales como herramientas de influencia política, así como el rol del Estado en adoptar medidas para que los mensajes y las imágenes de las mujeres que se transmiten a través de estas plataformas sean respetuosos con sus derechos (OEA y Mesecvi, 2017).

El propósito de la VCMP es subordinar a las mujeres, silenciarlas en los órganos de toma de decisión mediante el intento de evitar que ejerzan sus mandatos políticos o se postulen a posiciones de liderazgo, obligarlas a dimitir antes de terminar su mandato, desalentarlas y presionarlas a no postularse para una reelección.

Las mujeres sufren violencia política por razón de género porque su participación en el proceso electoral amenaza la supremacía de una estructura de poder masculino y como forma de sanción por desafiar y no ajustarse a los roles de género asignados tradicionalmente en un sistema patriarcal binario y jerárquico. De este modo, la presencia y participación, cada vez mayor en la política, son consideradas amenazas potenciales para la base y el statu quo del poder masculino tradicional (Krook y Restrepo, 2016; Ballington, 2016).

La emergencia de la violencia política por razón de género es una manifestación –la más extrema y compleja– de las resistencias de género a la redistribución del poder. Dichos mecanismos interpelan al sistema y abren la posibilidad de permitir la entrada de nuevos actores a la política, las mujeres.

Violencia desde la diversidad sexual y de género. Marco: desde la sexualidad/político

Junto con la violencia política, se aprecia otro gran campo de análisis tradicionalmente no prioritario. No excluir la perspectiva de diversidad sexual y de género es necesario en el trabajo vinculado con la violencia de género. El patriarcado es un enemigo común que hay que compartir desde el pleno concepto de transversalización.

La violencia contra las mujeres y las personas de la diversidad sexual y de género, incluyendo también a hombres que no encajan en el esquema, está muy presente en América Latina y el Caribe, situándose en la primera posición a nivel internacional en relación con la violencia hacia LGBTTI.

Lamentablemente, se evidencia la invisibilidad de la expresión pública de formas sexo-genéricas no heteronormativas que exigen cambios socioculturales, pero también movimientos políticos que combatan la ausencia de datos censales sobre esta población (Stang, 2018). Entre los pocos datos de los que se dispone, las cifras son alarmantes, por ejemplo, 2.349 personas trans fueron asesinadas en América Latina y el Caribe entre 2008-2018, de un total de 2.982 a nivel mundial (TvT Research Project, 2019), siendo la región con mayor número de transfemicidios registrado a nivel global.

Se trata de un sistema patriarcal obsoleto en lo teórico, pero más presente que nunca, legitimando violencias o luchando contra un supuesto “enemigo” materializado en los asuntos de género. Se aprecia en Latinoamérica un escenario donde se han fortalecido en los últimos años discursos de oposición a los temas de género, liderados en muchos casos (pero no únicamente) por parte de grupos religiosos y de derecha conservadora, que han puesto sobre la mesa su fuerte oposición hacia la “ideología de género” (Troncoso y Stutzin, 2019).

Un escenario de conservadurismo en el que la violencia hacia las personas LGBTTI es preocupante. El tema no es nuevo: ya en 2011 la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH, 2011) describía estas agresiones hacia personas de la diversidad sexual y de género como una “forma de violencia de género, impulsada por el deseo de castigar a quienes se considera que desafían las normas de género”.

El estallido social en Chile iniciado el 18 de octubre de 2019 mostró prácticas violentas de los cuerpos de seguridad del Estado hacia personas de la diversidad sexual y de género. El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) contabilizó desde el comienzo hasta el 31 de diciembre de 2019 veintitrés agresiones por parte de la policía a personas LGBTTI, describiendo torturas, burlas, abusos sexuales e, incluso, montajes cruzados por componentes homofóbicos o transfóbicos, un escenario hostil “donde el incremento de la virulencia en razón de la orientación sexual o la identidad de género de las víctimas fue tan alarmante como violento” (Movilh, 2020).

Nieves Rico, sin duda, con una demostrada valentía, ha puesto en perspectiva regional un verdadero enfoque holístico de la relación entre violencia y género en todas sus aristas, como se describe en el presente texto. Empoderó delicadas y arriesgadas temáticas, posicionándolas en entornos políticos cambiantes de la región, donde la relación progresismo-conservadurismo tiene movimientos bruscos y, además, sometidos a un sistema patriarcal que aprecia la realidad de forma binaria. Unido a ello, América Latina y el Caribe ha experimentado un crecimiento importante de grupos evangélicos que ya no se sitúan en la esfera marginal, pues ahora han creado sinergias con partidos de derecha conservadores (Corrales, 2018), siendo además un grupo que tiende a ser más religioso en sus prácticas que el tradicional catolicismo (Pew Research Center, 2014) y que, sin duda, ha golpeado el progreso en materia de derechos de las mujeres y de las personas de la diversidad sexual y de género en la región.

Si bien América Latina y el Caribe ha presenciado en las dos últimas décadas avances importantes en materia de género, la fuerte oposición conservadora (cada vez más fortalecida) ha demostrado su nítida intención de evitar su desarrollo. Brasil es un ejemplo claro, con una importante bancada evangélica que ha frustrado avances en asuntos legislativos en favor de las personas LGBTTI (Corrales, 2018). Un patrón que se suma a la intensa violencia en el país y en la región hacia estudiantes LGBTTI, provocando que sean particularmente vulnerables (Unesco, 2016). Con la experiencia de estos años, no hay duda de que las posturas de los grupos de poder evangélicos en relación con la población LGBTTI han sido las más radicales (Corrales, 2018). Prueba de este complejo entorno en el ámbito latinoamericano en el que Nieves Rico ha estado trabajando es, por ejemplo, el Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia celebrado el 22 de febrero de 2017 en Chile, cuando Marcela Aranda (asesora política y activista contra la “ideología de género”) señaló que instituciones como la Cepal (entre otras) constituían el “espíritu del Anticristo”, al nombrar cuestiones vinculadas con la identidad de género: “La guerra que estamos dando es una guerra en el nivel de las ideas, una guerra semántica, una guerra de significados”.[77]

Un entorno difícil en el que Nieves ha sabido, sin miedo y con demostrada perseverancia, poner sobre la mesa temas que urgían ser trabajados. Ejemplos de avances en materia de género se aprecian en la Argentina, país que ha convertido los progresistas Principios de Yogyakarta[78] en fuente del derecho del país (Red Lactrans, 2014), siendo citados en los fundamentos de las sentencias por matrimonio igualitario e identidad de género. El país ha sido no solo un referente regional sino también mundial en el avance de las políticas públicas a favor de las personas de la diversidad sexual y de género, tomando acciones valientes y transformadoras.

Siglo XXI: presencia de la diversidad sexual y de género en los consensos de las conferencias regionales sobre la mujer de América Latina y el Caribe

El principal encuentro intergubernamental sobre los derechos de las mujeres y la igualdad de género en la región ha experimentado en las pasadas dos décadas importantes avances regionales en materia de los derechos de las mujeres y, ampliándose en los últimos años, a la diversidad sexual y de género.

En 2016 se llevó a cabo en Montevideo la XIII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, momento en el que casi se cumplían los cuarenta años desde su inicio en La Habana. Encuentros cargados de intensos y productivos debates, consensos y acuerdos, desde el comienzo han contado con una amplia participación de países, organismos internacionales, órganos intergubernamentales y la sociedad civil, con fuerte presencia de organizaciones de mujeres, feministas y miembros de la diversidad sexual y de género, convirtiendo la decimotercera edición en un éxito sin precedentes hasta la fecha en términos de participación: alrededor de 1.200 personas y 37 países de la región (Latinoamérica Mujeres, 2016). También fue un triunfo en lo sustantivo, tanto en contenidos como en el resultado: la aprobación de la Estrategia de Montevideo para la implementación de la Agenda Regional de Género en el marco del desarrollo sostenible hacia 2030 (Cepal, 2016b), un innovador y ambicioso proyecto liderado por Nieves Rico y que, por primera vez de forma explícita, introduce con fuerza la necesidad de combatir la violencia contra las mujeres desde un amplio espectro, incluyendo a las personas de la diversidad sexual y de género en toda su “diversidad”.

Diversidad en los consensos regionales

Desde un enfoque amplio del concepto de género, se observa que en las dos últimas décadas el término diversidad aparece por primera vez en un consenso de la Conferencia, concretamente en la novena edición, desarrollada en la Ciudad de México (Cepal, 2004). Sin embargo, el concepto se presenta acotado y vinculado en el total de apariciones con interracialidad, haciendo caso omiso a cualquier ámbito más allá del especificado.

En la décima edición convocada en Quito (Cepal, 2007), aparece en el Consenso el concepto de diversidad sin acotación ninguna, referido a la diversidad de todas las mujeres. Es un gran avance, pero aún lejos de conceptos claros y arriesgados que marquen apoyo a una aceptable diversidad sexual y de género.

Brasilia celebró el undécimo encuentro (Cepal, 2010) retomando lo aportado y añadiendo, por primera vez en el texto de un consenso, la orientación sexual como elemento de protección.

En la Conferencia de Santo Domingo (Cepal, 2013) comienzan a materializarse demandas de la sociedad civil en la materia y, por primera vez, se aprecia el término paraguas para abarcar la diversidad sexual y de género, señalado como “LGBTTI” y, tímidamente, haciendo referencia a las mujeres en su diversidad. Fue en esta ocasión cuando se ratificó, en el último punto del Consenso de Santo Domingo, que el enfoque de derechos humanos en las políticas y los programas requiere un alto nivel de concreción en acciones específicas que induzcan cambios reales en todas las etapas del ciclo de vida de las mujeres, haciendo hincapié en las diferentes formas de vulnerabilidad/marginalidad que viven las personas de la diversidad sexual y de género (ver gráfico).

Sin duda, la Estrategia de Montevideo (Cepal, 2016b) marca un antes y un después en materia de diversidad sexual y de género a nivel regional, no solo por su potente presencia en todo el proceso, sino también por los grandes compromisos acordados al respecto. Si bien en los consensos de Quito, Brasilia y Santo Domingo se había hecho referencias al tema, es en la XIII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe cuando toma un histórico impulso, plasmándose en la amplia hoja de ruta que tuvo como resultado el encuentro de la Estrategia de Montevideo. Además, por primera vez en una conferencia regional sobre la mujer se plasman los términos diversidad sexual e identidad de género.

El Compromiso de Santiago nació de la XIV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe celebrada en Santiago de Chile en 2020, donde se reduce la creciente tendencia en la inclusión de conceptos vinculados con la diversidad sexual y de género, donde desde el Consenso de Quito (2007) se aprecia un aumento.

A modo de conclusión

La región ha avanzado en la formulación de políticas, planes nacionales y el fortalecimiento de las capacidades institucionales para progresar hacia una mayor igualdad de género y autonomía de las mujeres y de las personas de la diversidad sexual y de género, si bien se ha puesto el foco de atención en las políticas y medidas tendientes a la democracia paritaria, mejorando las condiciones de acceso a la política institucional y estableciendo cuotas de género en las instituciones. Sin embargo, frente a estos avances, ha tenido lugar un resurgimiento de culturas poco democráticas, así como tendencias a la concentración de poder político y económico, constriñendo la autonomía de las mujeres y de las personas de la diversidad sexual y de género.

En lo que respecta a la participación política de las mujeres, el problema ya no es solo si llegan a los espacios de poder político, sino que cuando los alcanzan no permanecen en ellos y, si lo hacen, enfrentan complejas resistencias, en un marco con una impune violencia que criminaliza el activismo en sus distintas vertientes. Respecto de la autonomía de las mujeres y de las personas de la diversidad sexual y de género, conviven en un escenario regional preocupante en relación con el evidente aumento de ataques LGBTTIfóbicos: la lesbofobia, la homofobia, la bifobia y la transfobia se presentan en un escenario en el que, si bien hay progresos en su lucha, también los hay en su protagonismo, constriñendo así el avance de la diversidad dentro de un marco de derechos humanos.

Se hacen entonces necesarias condicionantes interrelacionadas para la realización efectiva de los derechos políticos de las mujeres y de las personas LGBTTI que requieren una especial atención: por una parte, una participación equitativa en los ámbitos políticos de toma de decisión y, por otra, la erradicación de la violencia política contra las mujeres, sumada a la violencia hacia las personas de la diversidad sexual y de género.

En relación con ello es clave mejorar los mecanismos que nos permitan lograr una política institucional igualitaria respecto de la VCMP y hacia las personas LGBTTI, ampliando y profundizando los marcos normativos sobre violencia para hacer frente a las nuevas manifestaciones de estos fenómenos. Resulta vital en este contexto la elaboración de mapeos y la producción de estadísticas, no suficientes en la actualidad, pues ello permite la visibilización del problema, es decir, es importante conocer su dimensión real a través del acceso a información relevante para mitigar y prevenir presentes y futuras propuestas que minan el avance de los derechos de las mujeres en el ámbito político y de toma de decisiones y de las personas de la diversidad sexual y de género.

Todo ello ocurre en un marco complejo, donde olas de conservadurismo han ido en aumento en la última década, ligadas en muchos casos (no siempre) con grupos religiosos extremos y su vinculación con la derecha conservadora, y donde se aprecia un mayor avance en la lucha por los derechos, pero, al mismo tiempo, una oposición con una intensidad que también crece.

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Desigualdades y violencias de género en la ciudad[79]

Olga Segovia Marín

Los efectos de la crisis sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19, y las medidas de mitigación asociadas, no se producen en el vacío: tienen lugar en territorios determinados. Se concentran en los sectores de alta vulnerabilidad económica y social de las ciudades. Sus consecuencias, de gran alcance, amenazan profundizar las desigualdades existentes, incluidas las desiguales de género.

El presente artículo explora en las desigualdades y violencias de género según lugar de la ciudad en que se habita, y en el uso y la apropiación del espacio urbano, por parte de hombres y mujeres. Su contenido está basado en el Proyecto de Investigación “Understanding the tipping point of urban conflict: Violence, cities and poverty reduction in the developing world” (2010-2012), coordinado por Caroline Moser (Global Urban Research Centre University of Manchester, Reino Unido).

Tomando como objeto de estudio la ciudad de Santiago en Chile, se indagó en las manifestaciones de violencia de género como punta del iceberg de una violencia estructural, indirecta, asociada a la desigualdad y vinculada a una violencia cultural que ha legitimado procesos de inequidad, segregación y discriminación urbana (Rodríguez, Saborido y Segovia, 2012). Es importante destacar que unos años después de realizada la investigación, durante 2019, un “estallido social” que se expresó en masivas manifestaciones ciudadanas ha demandado cambios estructurales por mayor justicia e igualdad al sistema político del país. A un año del inicio del “estallido”, se realizó en Chile en octubre de 2020 un plebiscito para un cambio constitucional.

En la ciudad segregada social y territorialmente que es Santiago de Chile, las manifestaciones de violencia e inseguridad, en forma mayoritaria, son la irradiación de una violencia subyacente, anidada en la raíz misma de las relaciones sociales. Son, por una parte, la expresión visible de una violencia estructural indirecta, asociada a procesos económicos y sociales que han restringido o cancelado las demandas básicas de la población y, en ese sentido, están vinculadas a la extendida y creciente desigualdad económica y social. Por otra, se sustentan en una violencia cultural, aquella que ha legitimado los procesos de concentración de la riqueza, la segregación y la discriminación. Desde la perspectiva analítica adoptada por la investigación (la de Galtung más la de Moser), estas formas de violencia, que hoy se ven cuestionadas pública y masivamente no solo en Chile, sino a lo largo del mundo, están interconectadas.

Tipos y categorías de violencia

Según Caroline Moser (2004), la mayoría de las definiciones de violencia presentan a esta como “el uso de fuerza física que causa daño a otros” con la finalidad de imponer la voluntad de quien la ejerce. Sin embargo, señala que existen “definiciones más amplias, que van más allá de la violencia física”. Esto nos lleva a Johan Galtung (2004), quien señala que el fenómeno de la violencia puede compararse con un iceberg, en el sentido de que la parte visible es mucho más pequeña que la que no se ve.

Galtung propone el concepto “triángulo de la violencia” para representar las relaciones existentes entre estos tres tipos de violencias:

1. La violencia directa, la cual es visible, se materializa en comportamientos y responde a actos de violencia física o psicológica.

2. La violencia estructural, invisible, se centra en el conjunto de estructuras que no facilitan o impiden la satisfacción de las necesidades y se materializa, precisamente, en la negación de estas.

3. La violencia cultural, la cual crea un marco legitimador de las violencias estructurales y directas y se materializa en actitudes.

La violencia directa puede ser física, verbal y/o psicológica, es realizada por un emisor o actor intencionado (una persona), y la sufre un ser vivo dañado, o herido física o mentalmente. Se refiere a un abuso de autoridad, acto que sucede generalmente en las relaciones asimétricas. Según Galtung, es la manifestación de algo, no el origen.

La violencia estructural se refiere a situaciones en las que se produce un daño en la satisfacción de las necesidades humanas básicas (supervivencia, bienestar, identidad, libertad). Es un tipo de violencia indirecta que se asocia a procesos económicos o sociales que restringen o cancelan la satisfacción de alguna o algunas de las necesidades humanas básicas mencionadas, y cuyas causas, por lo tanto, no son visibles con evidencia. Remite a la existencia de un conflicto entre grupos sociales (normalmente caracterizados en términos de género, etnia, clase, nacionalidad, edad u otros), en el que el reparto o la posibilidad de uso de los recursos es resuelto sistemáticamente a favor de alguna de las partes y en perjuicio de las demás. En palabras de Galtung (2004): “Si en un conflicto, sistemáticamente, una parte sale ganando a costa de la otra, esto no es un conflicto sino que es violencia estructural”.

Estas formas de violencia aquí mencionadas tienen una referencia territorial fácilmente asociable al proceso de transformaciones ocurrido en Santiago, que ha incrementado la fragmentación social. Son ejemplos de esto las erradicaciones de campamentos y dispersión de sus habitantes –realizadas en el gobierno militar–, los programas de viviendas sociales que no consideran la identidad de los beneficiarios, etcétera.

En cuanto a la violencia cultural, se refiere a aquella que “se expresa desde infinidad de medios (simbolismos, religión, ideología, lenguaje, arte, ciencia, leyes, medios de comunicación, educación, etc.), y […] cumple la función de legitimar la violencia directa y estructural, así como de inhibir o reprimir la respuesta de quienes la sufren” (Galtung, 2004). De manera cercana, para Pierre Bourdieu (1999) la violencia simbólica oculta las relaciones de fuerza verdaderas, esto es, el dominio de quienes imponen su discurso sobre los otros.

Aceptando los tipos de violencia de Galtung (2004), retomamos la propuesta de Moser (2004), quien señala que a menudo los diferentes tipos de violencias se entrecruzan y sobreponen, y que se requiere de un conjunto de categorías que cubran los diferentes tipos de violencias, a saber:

• Violencia política: se refiere a la que se ejerce para ganar o mantener el poder político.

• Violencia institucional: la que realizan las instituciones del Estado, no solo la policía. Algunas de estas violencias las ejercen funcionarios públicos en la aplicación de políticas públicas que afectan derechos ciudadanos o civiles.

• Violencia económica: la que se realiza para obtener ganancias económicas y/o bienes materiales. Cubre un rango amplio que va desde las violencias directas, como el hurto, a violencias estructurales como lo es la distribución regresiva de los ingresos.

• Violencia social: la que ocurre en la vida cotidiana en las ciudades, en los barrios, en las familias, al interior de los hogares.

La creciente desigualdad en cuanto a distribución del ingreso, acceso a la educación, a la salud y a la seguridad social –violencia estructural– está relacionada con una importante segregación social y espacial en la ciudad, que lleva a la discriminación, el clasismo y el temor a los otros: violencia cultural. Señal de ello son los altos índices de temor vinculados a informaciones sobre violencia directa (homicidios, asaltos y robos, entre otros) y niveles extremadamente bajos de confianza interpersonal, según mediciones de los últimos diez años.

Esto afecta de manera particular a las mujeres, sobre todo las de sectores de bajos ingresos, que por temor a ser víctimas de hechos de violencia directa muchas veces se privan de hacer uso de los espacios públicos y de otras ofertas de la ciudad, lo que implica desigualdades de género y de clase legitimadas socialmente –“las mujeres no deben andar solas por barrios peligrosos”–, que en sí mismas constituyen violencia estructural y cultural.

Violencia de género

En Santiago, como en otras ciudades del mundo en desarrollo, persisten antiguas y emergen nuevas formas de limitación a la vida urbana que no solo están referidas a las violencias estructurales vinculadas a las desigualdades económicas, culturales, políticas, sino también a persistentes asimetrías entre mujeres y hombres, las cuales van más allá de las violencias físicas e incluyen tanto privaciones materiales como desventajas simbólicas (Falú y Segovia 2007).

La Convención de Belém do Pará[80] indica que se entenderá como violencia contra las mujeres “cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”. Señala que la violencia contra las mujeres incluye la violencia física, sexual y psicológica que ocurre al interior de la familia o la unidad doméstica, y aquella que tiene lugar en la comunidad y es perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, sin importar dónde ocurra. Por lo tanto, la Convención identifica la violencia contra las mujeres como todo acto agresivo “basado en su género”, vale decir, que sea expresión de dominio ejercido por un hombre contra una mujer porque es mujer, con el supuesto de que las mujeres son inferiores, y con el respaldo de una cultura de la desigualdad y discriminación.

Ahora bien, junto con identificar las violencias desde una perspectiva de género, es interesante destacar –por obvio que resulte– que sus manifestaciones ocurren en un determinado espacio, lo cual remite a los múltiples usos y significados del espacio público y del espacio privado.

En Chile, por lo general, el concepto violencia urbana, y en las últimas décadas el de seguridad ciudadana, han estado asociados principalmente al espacio público. Este enfoque reafirma la idea de que es allí donde están la violencia y la inseguridad, y que el hogar es el lugar acogedor, el espacio del refugio, de lo protegido.

Violencias en Santiago, según lugar, clase y género

Aun cuando en Chile el porcentaje de hogares victimizados en 2010 presenta cifras bastante homogéneas tanto a nivel nacional como regional y comunal, un análisis que introduzca otras dimensiones, como las de género y nivel socioeconómico, deja al descubierto matices diferentes. Ello queda claro al examinar los distintos tipos de violencia –directa, estructural y cultural– en las tres comunas del Gran Santiago donde se realizó el trabajo de campo con la Encuesta de Caracterización Socioeconómica (CASEN) de 2009: Lo Barnechea, estrato socioeconómico alto (4,3% de pobreza), La Florida, sectores medios (9,8%) y La Pintana, la comuna con mayor tasa de pobreza del Gran Santiago (30%).

Violencias directas: lo visible, la punta del iceberg

En Santiago, un rasgo característico es la no correspondencia entre los niveles de inseguridad y temor de la población en relación con la violencia directa, esta última expresada principalmente en los registros de tasas de delitos.

Según datos de 2011, en el 35,1% de los hogares urbanos de la Región Metropolitana (Santiago) al menos uno de sus miembros ha sido víctima de algún delito. Y de estos, los más victimizados son principalmente hombres, jóvenes y del nivel socioeconómico bajo (según Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana). Sin embargo, declara sentirse inseguro un porcentaje mucho mayor de personas –40 y 60%, respectivamente, en La Florida y La Pintana–, del cual las cifras más altas representan a las mujeres, adultos mayores y del nivel socioeconómico bajo y medio.

Aun cuando los estudios muestran que la incidencia de la violencia intrafamiliar trasciende las clases sociales, los casos registrados están señalando una segmentación por comuna y, por ende, socioeconómica.

A la inseguridad que sufren las mujeres se suma su temor a ser víctimas de delitos de carácter sexual en su barrio. En el sector socioeconómico bajo, este temor se ve justificado por la realidad: la tasa de violaciones registradas es de 19,3 por cada 100.000 habitantes, mientras en el estrato alto es de 5,5. No obstante, pese a que en los estratos socioeconómicos altos se suelen hacer más denuncias de delitos que en otros niveles, en temas considerados “privados” –como la violencia intrafamiliar, violaciones u otro tipo de delito sexual– sus niveles de denuncia decrecen considerablemente.

Un caso aparte de violencia urbana en Santiago, que también afecta desigualmente a los diferentes sectores socioeconómicos y que en los últimos años ha adquirido relevancia pública, es el que se da en torno a una microeconomía de la droga o microtráfico, que se expresa desigualmente en el espacio urbano y que también constituye violencia económica directa. Chile no es un productor, pero sí un corredor por el que circula droga proveniente de otros países. Se trata de un microtráfico que remite a la venta de pequeñas cantidades de droga por parte de individuos o familias de menores ingresos, ubicados bajo la línea de pobreza y que forman parte del último eslabón de las redes de narcotráfico. En estos sectores se ha verificado, además, un aumento de las mujeres que forman parte del negocio, lo que iría de la mano con la feminización de la pobreza, el aumento de la jefatura de hogar femenina y la recarga en la familia (como institución primaria) de la resolución de problemáticas sociales y de la respuesta a derechos sociales.

A lo anterior se agrega que la población más vulnerable y de mayor riesgo de consumo y adicción es la compuesta por jóvenes pobres y desempleados, que han abandonado los estudios –violencia social estructural–, lo que los lleva a formar o integrarse a pandillas cada vez más activas en ciertos barrios.

Si se examinan las distintas manifestaciones de violencia directa reseñadas, sean de tipo social, económico o político-institucional, se observa que tienen un efecto manifiesto en la percepción de inseguridad, esto es, en la sensación de vulnerabilidad de las personas frente a diferentes situaciones. Esta percepción se mide al preguntarles cuán seguras se sienten caminando en su barrio cuando ya está oscuro: 61,6% en La Florida se siente inseguro o muy inseguro, 55,5% en La Pintana y 56,3% en Lo Barnechea. Esto implica que la percepción de inseguridad de la población es generalizada, por lo cual se puede hablar de un miedo “al otro” instalado en el sentir de la ciudad.

Ahora bien, aunque la percepción de vulnerabilidad está de alguna manera generalizada en los distintos sectores socioeconómicos de la ciudad, en todos las mujeres se sienten más vulnerables que los hombres, pero la brecha en la percepción de vulnerabilidad entre mujeres y hombres es mayor en los estratos socioeconómicos inferiores (cuadro 1).

Cuadro 1

Percepción de vulnerabilidad frente al delito (porcentajes)

Fuente: Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Encuesta Nacional de Seguridad Ciudadana Urbana, 2010. No se consideraron las respuestas “no sabe”, “no corresponde” y “no responde”.

Refiriéndose ahora a la medida en que la percepción de seguridad en el barrio se relaciona con la calidad de vida, se tiene otra vez que el impacto que tiene la violencia sobre las personas está influido por su pertenencia socioeconómica y por su sexo. Así, en todos los distritos, la violencia afecta la calidad de vida de las mujeres en mayor grado que la de los hombres, pero esta brecha es mayor en el distrito más pobre, La Pintana, donde llega a 23 puntos porcentuales, comparada con los 7,2 puntos del sector medio y de 7,9 en el de mayor nivel socioeconómico (cuadro 2).

Cuadro 2

¿Cuánto afecta la violencia directa a la calidad de vida?

Fuente: Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Encuesta Nacional Seguridad Ciudadana Urbana, 2010.

En cuanto a la violencia directa y el uso de la ciudad, al consultarse acerca de las actividades que las personas dejan de hacer para evitar ser víctimas de delito –como ocupar lugares públicos con fines recreativos, llevar dinero en efectivo, salir de noche, dejar la casa sola–, aparece que son las mujeres las que más se abstienen de realizarlas, en particular cuando implican salir de noche. Atendiendo al nivel socioeconómico, son las mujeres del sector más bajo las que tienen mayor temor de ser víctimas de algún delito.

Un alto porcentaje de mujeres de La Pintana ha dejado de realizar todas las actividades consultadas, y ello en un nivel mucho mayor que el de hombres. Como consecuencia, en este sector socioeconómico la inhibición de realizar actividades como las nocturnas en muchos casos puede afectar las condiciones económicas de los hogares, al no poder aceptar sus miembros empleos con horarios tardíos o impedirse estudiar junto con trabajar a fin de mejorar su empleabilidad. Por lo tanto, para las personas del estrato socioeconómico bajo, la violencia que viven en sus barrios puede tener consecuencias más graves que en los otros sectores, ya que puede afectar la posibilidad de salir de la situación de pobreza de cada individuo y de su familia.

Según un estudio sobre el uso del espacio público por parte de hombres y mujeres en un barrio de la comuna de La Pintana (Mires y Macuer, 2011), una alta proporción de las personas encuestadas se siente insegura en su barrio, pero esta inseguridad es más generalizada entre las mujeres que entre los hombres. Se expresa principalmente en el mayor temor a las agresiones de diverso tipo hacia ellas, y en el temor que sienten ante el peligro que puedan correr sus hijas e hijos.

Es así que, en un contexto en el cual aún existe en gran medida una división sexual de roles, según la cual a las mujeres se les ha asignado una responsabilidad casi exclusiva sobre el cuidado del hogar y sus miembros, su inseguridad está en parte asociada a la mayor cantidad de tiempo que permanecen en el barrio y a las demandas de la vida cotidiana. El hecho de que la tasa de participación laboral de las mujeres del sector estudiado alcanzara en enero de 2010 al 46,3%, en tanto que la masculina era de 70,7% es una pista más en la conclusión de que sus vidas se desenvuelven primordialmente en el barrio, donde –al menos las pertenecientes a sectores socioeconómicos más bajos– se sienten inseguras.

En el caso de los hombres, en cambio, con una más alta representación en la fuerza de trabajo, el barrio es el lugar donde llegan a dormir y descansar. Para la mayoría de ellos, el uso del espacio es más limitado que en las mujeres, circunscribiéndose al trayecto desde el hogar al trabajo en la mañana y viceversa en la noche, actividades de esparcimiento nocturnas y de fines de semana. Son los varones de más edad –muchos de ellos ya inactivos– los que aumentan el uso del espacio público y muestran diferencias importantes en sus percepciones de inseguridad, más semejantes a las de las mujeres.

En cuanto a las actividades que se han dejado de hacer por temor a ser víctimas de un delito, en la comuna de La Florida las personas evitan las actividades nocturnas, que pueden ser de recreación, laborales o sociales. Por su parte, en la escasa cantidad de actividades a las que han renunciado las mujeres pertenecientes al sector de altos ingresos probablemente influye la disponibilidad de automóvil para movilizarse, el contar con equipamiento de seguridad instalado en sus hogares, la contratación de guardias privados y servicios municipales de seguridad ciudadana, y un mayor servicio de vigilancia policial.

Entre quienes atribuyen la delincuencia a la ocupación de lugares del barrio por pandillas y grupos peligrosos, las mujeres de La Pintana duplican a los hombres; sin embargo, en La Florida los hombres que atribuyen esta causa a la delincuencia son 2 puntos porcentuales más que las mujeres.

Lo anterior muestra cómo el uso del espacio público está segregado por sexo, pero también por estrato socioeconómico: en las comunas más pobres se utilizan en forma más intensiva las calles, pese a que se las reconoce como un lugar inseguro, particularmente en el caso de los paraderos de locomoción colectiva. Esta tendencia obedece en gran parte al tamaño reducido de las viviendas, que obliga a las y los habitantes de La Pintana, y comunas de similar nivel socioeconómico, a salir a las calles a actividades recreativas y vida social.

Violencias estructurales: restricción y/o cancelación de satisfacción de necesidades básicas

En materia de violencias estructurales, puede distinguirse entre aquellas de carácter social, las de índole económica y las político-institucionales. La violencia estructural social se manifiesta en Santiago, al igual que en otras ciudades, de diversas formas, dos de las cuales –notorias y relevantes– son la desigualdad en la calidad de vida y la desigualdad en el acceso a la educación y a la salud.

En cuanto a la desigualdad en la calidad de vida, el comportamiento del índice de desarrollo humano (IDH) en las tres comunas en estudio es el siguiente: en la de bajos ingresos aumentó levemente, pero su posición en el ranking del total de comunas del país disminuyó fuertemente: expresión de una desigualdad que se acentúa en el territorio de la ciudad, el sector de ingresos medios disminuyó levemente su IDH y bajó su posición en el ranking y el de mayor ingreso aumentó su IDH en el período y subió su posición en el ranking general de comunas del país.

En cuanto a la desigualdad en el acceso a la educación y a la salud, si bien en Chile la escolarización tiene alta cobertura, la brecha entre la educación pública o la subvencionada y la educación particular pagada es de una magnitud insalvable. Los habitantes de las comunas más pobres no solo son segregados educacionalmente en cuanto a la cantidad de años de escolaridad que logran, sino también con respecto a la calidad de la educación que reciben (según pruebas del Sistema de Medición de la Calidad de la Educación, Simce).

Los resultados educativos a escala comunal muestran que la distribución de la calidad de la educación es inequitativa también a nivel socioeconómico y territorial, y que las desigualdades se van ampliando a medida que se avanza en los niveles de educación.

En cuanto a la salud, el acceso a un sistema deficiente que discrimina socioeconómicamente es una forma de violencia a la cual se enfrentan cotidianamente las personas de menores ingresos. La privatización del sistema de salud trajo como consecuencia la convivencia de un sistema privado, de mayor calidad, que responde a las necesidades sanitarias de sus afiliados, y otro público, que en la mayoría de los casos no es capaz de dar respuesta de calidad a las necesidades urgentes de la población a la que atiende.

Si, por su parte, en la categoría violencia estructural económica se considera los ingresos, se tiene que la desigualdad e inequidad de la distribución del ingreso en Chile[81] se reproduce territorialmente a nivel de las comunas del país, y en líneas generales va en aumento. Así, en 1990, tan solo 3,8% de la población de La Pintana correspondía a los dos deciles más ricos, mientras en La Florida esa cifra subía a 17%. Casi dos décadas después (2009), en La Pintana esa cifra prácticamente se mantuvo, aunque ligeramente a la baja (3,4%), mientras en La Florida había aumentado a 25%. Para Lo Barnechea, la población de los dos deciles más ricos llegaba al 46,6% en 2009. La comparación inversa muestra que, en 1990, las personas que se encontraban en los dos deciles más pobres alcanzaban en La Pintana al 28,3% y en La Florida al 17,8% de su población. En 2009, la población más pobre subió al 34% en La Pintana, mientras en La Florida se observa un retroceso, a 10,7%.

Ahora bien, si se aplica a la violencia estructural una perspectiva de género, se tiene que indicadores como ingresos propios, participación laboral, embarazo adolescente, desigualdad en el uso del tiempo permiten identificar importantes diferencias entre hombres y mujeres.

El indicador “ingresos propios” constituye una buena representación de la falta de autonomía económica de las personas: en América Latina, donde el promedio de mujeres sin ingresos propios alcanza al 31,6%, mientras que la proporción de hombres llega solo al 10,6%. En el caso de Chile, el promedio de mujeres sin ingresos propios alcanza al 35%. En el caso de Uruguay, solo representa el 16,8%.[82]

Al comparar la tasa de participación laboral en las tres comunas, se observa que en La Pintana dicha tasa es más baja, tanto en hombres como mujeres, con relación a las otras dos comunas, y particularmente lo es entre las mujeres, quienes se ven enfrentadas a la dificultad de delegar las responsabilidades domésticas ante una oferta pública de cuidado insuficiente.

La distribución del embarazo adolescente en las distintas comunas de la Región Metropolitana muestra que en 2009 las mayores tasas de embarazo adolescente se encontraban en las comunas de menor nivel socioeconómico. Por ejemplo, en la comuna de La Pintana se observa más del 20% de embarazos adolescentes, en tanto en Las Condes el 2,3 % (Minsal, 2013). Al mismo tiempo, el tema del aborto es especialmente tabú en Chile. Más de la mitad de la población (52%) señala que bajo ninguna circunstancia las mujeres deberían tener derecho a hacerse un aborto. En el segmento de menores ingresos este porcentaje alcanza el 70%.

Respecto del uso del tiempo, las mediciones reflejan cómo la imposibilidad de comprar servicios domésticos en el mercado afecta a las mujeres más pobres, inhibiendo su participación laboral. Las diferencias entre el primer y el quinto quintil ponen de manifiesto la gran brecha entre las propias mujeres.

El tiempo dedicado al trabajo doméstico no remunerado muestra la enorme barrera que significa para las mujeres más pobres la dedicación a este trabajo: prácticamente una media jornada en los quintiles segundo al cuarto, llegando a 5,7 horas en el primero. Las cifras muestran que un porcentaje cercano a la mitad de las mujeres del quintil más pobre (47,3%) desarrolla este tipo de actividad durante un promedio de 3,5 horas diarias. Es así que la pertenencia a uno u otro sector socioeconómico también incide en la segregación de género, que es mayor entre las mujeres más pobres, ya que las de estrato alto, si bien no se liberan de los roles reproductivos que les están adscriptos, pueden contratar servicios domésticos y de cuidado en el mercado.

En buenas cuentas, se agrega a la pobreza material de las mujeres de estratos bajos una nueva carencia: pobreza de tiempo.

¿Qué violencias hacia las mujeres

y los hombres, en la calle y en la casa?

En coherencia con el marco conceptual de la investigación, en el caso de Santiago se seleccionaron los tres sectores de la ciudad ya mencionados, en los que se aplicó la metodología Evaluación Participativa de la Violencia (EPV). Esta metodología de tipo cualitativo tiene como principal objetivo dar voz a las comunidades para recoger su propia visión de mundo y, por esa vía, generar percepciones y conocimiento acerca de cómo es experimentada la violencia en su interior. Esta metodología no solo hace posible que los grupos identifiquen en qué medida los problemas vinculados a la violencia afectan a sus comunidades; también los estimula a evaluar las causas y consecuencias de la violencia, y a afinar sus percepciones sobre el papel que las instituciones locales pueden desempeñar en el desarrollo de estrategias y soluciones para “cortar” o interrumpir las cadenas de violencia.[83]

¿Cuales fueron los principales hallazgos?

Uno de los principales hallazgos de la investigación fue que, al contrario de lo que generalmente se cree, la violencia no está limitada a las áreas pobres, sino que ocurre en diversos sectores, con víctimas al igual que victimarios en todos los niveles socioeconómicos.

En el sector de bajos ingresos, la violencia es consecuencia de la exclusión y falta de oportunidades; entre las elites, se relaciona con la acumulación de riqueza y su conservación, junto con el temor a los “otros”; en el sector económico de ingresos medios, la violencia ocurre en un contexto en el cual los hogares luchan por mejorar su estatus, dedicando gran cantidad de tiempo al trabajo, lo que genera altos niveles de estrés, particularmente en las mujeres, y rupturas familiares.

Un segundo hallazgo fue el hecho de que el tipo de violencia existente varía según al menos tres factores: el lugar de la ciudad que se considera, el nivel de ingresos de los involucrados, y su género.

En el sector de bajos ingresos, el consumo de drogas, las redes de microtráfico, las peleas y balaceras, y las luchas de poder que generan altos niveles de temor aparecían como situaciones que constreñían el libre uso del espacio público por parte de hombres, mujeres, niñas y niños. Las viviendas no eran consideradas lugares seguros: por su pequeño tamaño y consiguiente hacinamiento, eran fuente de estrés y frustraciones que llevaban a la violencia en las relaciones familiares, maltrato infantil y agresiones contra las mujeres. Ahora bien, si los hombres se veían más afectados por violencias asociadas a peleas, uso de armas (vinculadas a las drogas) y conflictos entre pandillas, la violencia contra las mujeres se daba más en el hogar, asociada no solo a relaciones de género patriarcales, sino también a la droga. De hecho, ambos conflictos se vinculaban con el tráfico ilegal de drogas, al igual que con la violencia entre los consumidores y otros integrantes del hogar.

A diferencia del caso anterior, en el sector de ingreso medios la violencia contra las mujeres al interior de las parejas era explicada por los entrevistados en términos estructurales, como resultado de “la presión del sistema” y “el estrés que vivimos como sociedad”.

En el sector de ingresos altos, en tanto, la principal preocupación recaía en algunas formas directas de violencia económica, como asaltos, robos en las casas y hurtos de automóviles o de los elementos que hay dentro de ellos. Una indagación más detallada reveló que la intolerancia a la diversidad y el temor al “otro”, como diferente, pobre y violento, generaba fuertes sentimientos de inseguridad y la percepción de que la comunidad se encontraba insegura.

En síntesis, observando los tres sectores del estudio, se puede señalar la existencia de violencias visibles e invisibles.

Violencias visibles

• Violencia directa, de carácter económica, económica-social y social. Es decir, violencia contra las personas (contra las mujeres, maltrato infantil, entre padres/madres e hijas/hijos, acoso y abuso sexual, bullying, peleas, balaceras y muertes por drogas, robos y hurtos), y violencia contra la propiedad (asaltos y robos a casas y vehículos).

• Violencia directa político-institucional. Se expresa en las condiciones de hacinamiento en las viviendas y en la deficiencia de los servicios urbanos en barrio de menores ingresos, y en el temor y la percepción de inseguridad en los tres sectores estudiados.

Violencias invisibles

• Violencia estructural, expresada en las profundas desigualdades económicas y sociales que destacaron los habitantes de tres sectores, y la falta de oportunidades: falta de educación, falta de trabajo y falta de dinero, específicamente en el sector de estrato económico bajo.

• Violencia cultural. Las expresiones más sobresalientes son el machismo, el consumismo y el individualismo, presentes en los tres sectores; el estrés y la presión del sistema por el acceso al consumo, destacados en estrato económico medio; la cultura ganadora y la falta de valores, destacados en el sector económico alto, y la discriminación que perciben los habitantes del estrato económico medio.

Doreen Massey (1994: 40) escribió:

Mi pretensión se limita a afirmar que los espacios y los lugares, así como el sentido que tenemos de ellos, se estructuran recurrentemente sobre la base del género […] esta estructura genérica del espacio y lugar simultáneamente refleja las maneras como el género se construye y entiende en nuestras sociedades, y tiene efectos sobre ellas.

Hoy, décadas después, podemos decir que persisten antiguas y emergen nuevas formas de limitación a la vida urbana que no solo se refieren a desigualdades económicas, culturales, políticas, sino también a persistentes asimetrías entre mujeres y hombres, que van más allá de la violencia física e incluyen tanto privaciones materiales como desventajas simbólicas. La creciente violencia e inseguridad en nuestras ciudades sin duda afecta la convivencia del conjunto de la ciudadanía, pero es vivida por hombres y mujeres de manera distinta (Falú y Segovia 2007).

Bibliografía

Bourdieu, P. (1999), Meditaciones pascalianas, Barcelona, Anagrama.

Chambers, R. (1992), “Methods for analysis by farmers: The professional challenge”, 12th Annual Symposium of the Association for FSR/E, East Lansing, Michigan State University.

Falú, A. y O. Segovia (eds.) (2007), Ciudades para convivir: sin violencias hacia las mujeres, Santiago de Chile, Unifem/Aecid-Sur.

Galtung, J. (2004), “Violencia, guerra y su impacto: sobre los efectos visibles e invisibles de la violencia”. http://them.polylog.org/5/fgj-es.htm

Massey, D. (1994), Space, Place and Gender, Cambridge, Polity Press.

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Rodríguez, A., M. Saborido y O. Segovia (2012), Violencias en una ciudad neoliberal: Santiago de Chile, Santiago de Chile, Sur.

Construir autonomía: estrategias

para promover espacios laborales libres de violencia con enfoque de género

Natalia Gherardi

Hace algunos años, mientras se multiplicaban las masivas movilizaciones en varios países de la región para evidenciar el reclamo de una sociedad cansada de presenciar inerme la persistencia de los femicidios, María Nieves Rico me invitó a reflexionar más allá de las violencias de las que se ocupaban principalmente las políticas públicas para prevenir, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres. Muy a su estilo, innovador y creativo, me propuso pensar en aquellas otras formas de violencia por razones de género que generalmente no despiertan las mismas alarmas en la sociedad ni generan respuestas sostenidas desde las políticas públicas.

La invitación me llevó a analizar algunas de aquellas expresiones cotidianas de violencias que eran (y en cierta medida siguen siendo) esquivas para las normas y las políticas impulsadas desde los Estados de la región.[84] Violencias expresadas en la vida pública, en el ámbito laboral y educativo, en la atención de la salud, en los medios de comunicación, que hasta hace algunos años permanecían solapadas y que, sin embargo, contribuían a sostener la estructura de discriminación de género reproductora de la violencia más extrema. Estas formas de violencia todavía tienen un impacto determinante para socavar la autonomía de las mujeres en sus distintas dimensiones: las violencias en los procesos reproductivos impactan en la autonomía física, las violencias mediáticas y simbólicas multiplicadas en el discurso público restringen la autonomía política y las expresiones de violencia en ámbitos sociales, educativos y laborales limitan el ejercicio de la autonomía económica de las mujeres.

Desde aquellos años mucho ha cambiado: las marchas masivas comenzaron a mostrar la complejidad e integralidad de la agenda de los movimientos de mujeres y los feminismos. La visibilización del tiempo de las mujeres y su contribución a las tareas de cuidado derivó en los paros de mujeres organizados de manera coordinada en varios países de Iberoamérica.[85] El trabajo sostenido de la Campaña Nacional por la Legalización del Aborto en la Argentina[86] derivó en la impactante visibilidad de la marea verde que tuvo un rol central en el marco del debate por la legalización del aborto en el Congreso de la Nación durante 2018 (REDAAS, 2019). En un contexto que no se detiene, donde los feminismos van asumiendo nuevos desafíos y diálogos interseccionales, en este artículo quisiera concentrarme en los avances que se registraron en el abordaje de las violencias y el acoso por razones de género en el mundo del trabajo.

Las relaciones personales en el mundo del trabajo, y en particular las relaciones de género, están en una etapa de plena transformación.[87] Desde la irrupción del movimiento Me Too se multiplicaron las denuncias públicas de mujeres que vivieron distintas expresiones de violencia y acoso en espacios de trabajo en Estados Unidos, Europa y América Latina.[88]

Al calor de ese movimiento creció la necesidad de buscar estrategias para acabar con la indiferencia generalizada sobre este tema que dominó durante largos años el mundo del trabajo (Lamas, 2019). La proliferación de las denuncias públicas que en la Argentina se fortalecieron luego de la divulgación de un caso de alto impacto bajo consignas como “Mirá cómo nos ponemos” y “No nos callamos más”[89] permitió quebrar el silencio que encubría prácticas tan nefastas como habituales. Al hacerlas visibles, se hizo pública su desaprobación y se abrió otro debate. ¿Qué sigue a la denuncia pública? ¿Qué herramientas aporta el derecho para responder a la persona agraviada y reparar el daño? Más aún, ¿pueden de alguna manera los marcos normativos contribuir a la prevención de conductas de violencia y acoso en el ámbito del trabajo?

En plena búsqueda de respuestas sociales y legales apropiadas para atender las expectativas que se generan en este proceso de transformación de las relaciones de género en ámbitos laborales, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) aprobó en junio de 2019 el convenio 190 sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo. Este convenio, impulsado en gran medida por las mujeres del movimiento sindical, propone un enfoque que enfatiza la necesidad de visibilizar, prevenir y responder con políticas apropiadas que contribuyan a la transformación de las culturas organizacionales habilitantes de las relaciones de subordinación, desde un enfoque inclusivo e integrado. Con una mirada muy enfocada en las consideraciones de género como una de las causas subyacentes de las violencias y el acoso en el mundo del trabajo, los factores de riesgo y las formas múltiples e interseccionales de discriminación, el convenio reconoce los factores de riesgo asociados a los estereotipos de género presentes en las diversas formas de interacción en el mundo del trabajo.

Cuando la violencia y el acoso se producen en un ámbito laboral, las razones por las cuales sus víctimas pueden encontrarse compelidas a permanecer en esos espacios responden a razones y lógicas relacionadas muchas veces con la situación de vulnerabilidad económica, la precariedad del vínculo de empleo o las posibles dificultades para obtener otro empleo en el corto o mediano plazo. Por eso, la estructura misma de segregación vertical y horizontal del mercado de trabajo está tan imbricada en la persistencia de este fenómeno.

En este artículo propongo delimitar algunas de las manifestaciones de violencia y acoso por razones de género aportando reflexiones que puedan orientar este proceso. A partir de la diferenciación entre distintas expresiones de violencia, no me voy a concentrar aquí en aquellas manifestaciones (especialmente de contenido sexual) que constituyen delitos o asumen formas más graves, que necesariamente deben encontrar respuesta en mecanismos apropiados de acceso a la justicia protegiendo a la persona agredida y reparando el daño causado. La propuesta aquí es aportar al análisis sobre las respuestas que podría brindar el derecho para ese continuo de violencias y formas de acoso que durante mucho tiempo fue simplemente parte de la cotidianidad en el empleo, expresando formas de discriminación, subvaloración, sometimiento y hostigamiento de las mujeres que generalmente se encuentran en posiciones de subordinación dentro de los ámbitos laborales.

Con el objetivo de contribuir a visibilizar algunas de las aristas de un debate que apenas comienza, en este artículo ofreceré una breve conceptualización de la violencia y el acoso en razón de género dando cuenta de la dimensión que parece tomar el fenómeno de acuerdo con algunos indicadores disponibles. Luego, considerando algunos testimonios relevados en una indagación cualitativa y el marco que ofrece el convenio 190 de la OIT, argumentaré que muchas formas de violencia y acoso por razones de género en el empleo pueden ser atendidas con una respuesta integral, no enfocada en una respuesta punitiva sino que recupere la importancia de un abordaje pedagógico que permita la protección y reparación de la víctima y al mismo tiempo un aprendizaje institucional colectivo. En el manejo de estos conflictos sociales, muchas veces se requiere la transformación de culturas organizacionales arraigadas en la desvalorización de las mujeres como colectivo y la persistencia de problemáticos estereotipos de género, atendiendo además a todas sus diferencias y diversidades en términos de identidad, origen, edades, trayectorias y condiciones de vida.

Definiciones, dimensión, y su recepción en las normas internacionales

La violencia contra las mujeres es una problemática social compleja que atraviesa clases sociales y los distintos niveles socioeducativos, aunque solo se haga más visible en determinados contextos. Entre las diversas manifestaciones de las violencias, aquella que se produce en las relaciones de parejas (definida como “violencia doméstica” en la legislación argentina),[90] que muchas veces precede a la violencia extrema y letal,[91] es la que ha recibido más atención en los últimos años marcados por masivas movilizaciones contra los femicidios.

Las leyes integrales de protección contra las violencias como la que rige en la Argentina comparten un abordaje delineado conforme la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (conocida como “Convención de Belém do Pará”). La ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales sigue esos lineamientos: describe tipos y modalidades de violencia que incluyen la violencia doméstica sin agotarse en ella, e interpela a los órganos y poderes del Estado frente a una problemática que demanda una respuesta integral con distintas herramientas jurídicas y de políticas públicas.

Con este movimiento hacia una comprensión más amplia de los modos en que se manifiestan ciertas lógicas de dominación en la vida cotidiana, se fue dando forma en la región a las normas que permiten un abordaje holístico, con un enfoque integral y crecientemente interseccional. La legislación que promueve una mirada integral encuentra sus cimientos en el reconocimiento de que la violencia que ocurre en la privacidad de las relaciones personales muchas veces encuentra reflejo en las que se producen en ámbitos públicos y comunitarios, que naturalizan las relaciones desiguales de poder entre los géneros.

En línea con la Convención de Belém do Pará, la ley de Argentina contempla las diversas manifestaciones de la violencia (física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, y simbólica) que se producen en distintos ámbitos de la vida (en las unidades domésticas o familiares; en las instituciones públicas, comunitarias o sindicales; en espacios laborales, en los medios de comunicación, en relación con los procesos y las libertades reproductivas, en espacios públicos y la violencia público-política)[92] que afectan la integridad, la dignidad y la libertad de las mujeres.

Con la mayor visibilidad de las violencias, se amplifican las alternativas de intervención. Los espacios laborales cuentan con un potencial importante para trabajar en la prevención y erradicación de las violencias, tanto aquella que ocurre en el ámbito laboral como la que eventualmente pueden padecer sus colaboradoras fuera del espacio de trabajo pero que impacta en su salud, bienestar y desarrollo.[93] Mientras que solo el 22% de las mujeres que ha vivido situaciones de violencia por parte de una pareja actual o pasada en la ciudad de Buenos Aires recurre a espacios de atención de esta problemática,[94] contar con mayor sensibilización en una variedad de instituciones resulta central para que la detección y el acompañamiento tempranos puedan contribuir a quebrar los círculos de las violencias.

Promover la igualdad en el mundo del trabajo requiere establecer las condiciones para fomentar la diversidad en todos los espacios generando las condiciones necesarias para facilitar el acceso, la permanencia y el ascenso de las mujeres y de las identidades de género no hegemónicas en el ámbito del empleo. La exclusión de las mujeres en los lugares de decisión dentro de las estructuras de empleo refuerza los mecanismos de discriminación estereotipados donde las personas que se apartan de la hegemonía masculina y heteronormativa son más fácilmente señaladas como objeto de acoso y violencia (Schultz, 2018).

La violencia y el acoso en el mundo del empleo no son una problemática nueva ni exclusiva de una región en particular. De acuerdo con la Agencia de Derechos Humanos de la Unión Europa, el 55% de las europeas han experimentado una o más formas de acoso sexual a lo largo de su vida, y de ellas más de la mitad sucedió en el trabajo.[95] En América Latina, el acoso sexual, aunque con diferencias regionales, es transversal a todos los países: el 32% de las mujeres declaró haber sufrido acoso sexual en el último año, siendo mayor esta proporción entre las más jóvenes. En la Argentina, según la consultora Voices el 31% admite haber sufrido violencia de género en el último año, mientras que el 29% dijo haber sufrido acoso sexual en el último año.[96] Por otro lado, en cuanto a la violencia laboral, la Oficina de Asesoramiento de Violencia Laboral (OAVL) dependiente de la Secretaría de Trabajo de la Nación brindó atención a más de 4.500 personas entre 2007 y 2017.[97] La mayoría de ellas fueron mujeres de 26 a 45 años que sufrieron violencia psicológica y/o acoso de parte de un superior varón.

Partiendo del reconocimiento del acoso y la violencia laboral como un problema extendido y una violación de los derechos humanos de trabajadoras y trabajadores, la OIT incorporó este tema como uno de los ejes de su 107ª Conferencia.[98] Poco después, en el año del centenario de la creación de la OIT, se adoptó el convenio 190 sobre la Eliminación de la Violencia y el Acoso en el mundo del trabajo. Es una herramienta internacional jurídicamente vinculante que genera estándares de protección, prevención y atención a la violencia y el acoso, dirigido tanto a trabajadoras como trabajadores.[99]

Este nuevo instrumento internacional define la violencia y el acoso en el mundo del trabajo como un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables, o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, sea que se manifiesten de manera puntual o recurrente, que tengan por objeto, que causen o sean susceptibles de causar un daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye la violencia y el acoso por razón de género. El convenio enmarca la violencia y el acoso en razón de género en los estereotipos de género, las formas múltiples e interseccionales de discriminación y las relaciones de poder desiguales.

A través de este convenio se reconoce el derecho de toda persona a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso, incluyendo la violencia y el acoso por razón de género. Además, afirma que estas problemáticas constituyen una violación de los derechos humanos, inaceptables e incompatibles con el trabajo decente.[100] A la vez, incorpora de manera transversal un enfoque de género, reconociendo que aun cuando las mujeres no son las únicas destinatarias de la violencia y el acoso en el empleo, existe un impacto diferencial de la violencia y el acoso sobre ellas. También se reconoce el impacto más pronunciado sobre otros grupos en situación de vulnerabilidad según se interpreta en normas internacionales del trabajo e instrumentos internacionales de derechos humanos, comprendiendo entre otros a las personas del colectivo LGBT, las personas con discapacidad, migrantes, pueblos indígenas o minorías étnicas.

El ámbito de aplicación del convenio es amplio: rige tanto para el sector público como el privado, el empleo formal y la economía informal, en zonas urbanas o rurales. Además, incluye en su ámbito de protección a trabajadoras, trabajadores y a otras personas en el mundo del trabajo.[101]

Tal como sucede frente a todo instrumento internacional, su ratificación por los Estados requiere la obligación de adoptar legislación que exija a los empleadores tomar medidas apropiadas y acordes con su grado de control para prevenir la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, incluida la violencia y el acoso por razón de género. Además, se deberá adoptar y aplicar, en consulta con trabajadoras, trabajadores y sus representantes, una política del lugar del trabajo para prevenir y abordar estas formas de violencia.

A pocos meses de su aprobación algunos países, incluidos la Argentina, comenzaron a dar los primeros pasos hacia la ratificación del convenio 190, de acuerdo con las normas de derecho internacional.[102] Esta nueva herramienta de defensa de los derechos humanos permitirá exigir al Estado que respete, promueva y asegure el disfrute del derecho de toda persona a un mundo de trabajo libre de violencia y acoso, y, en consulta y articulación con organizaciones de trabajadoras, trabajadores, empleadoras y empleadores, adopte un enfoque inclusivo e integral de prevención, sanción y eliminación de estas violencias.[103]

Voces y protagonistas: aproximaciones para buscar un abordaje integral

Las experiencias de mujeres que han atravesado distintas situaciones de violencia y acoso en el ámbito del empleo contribuyen a la aproximación de lo que podrían ser una respuesta apropiada, desde la prevención, la atención y el seguimiento de las situaciones que se generan dentro de los espacios de trabajo.[104]

Las formas cotidianas que asumen las violencias, los malos tratos y las situaciones de acoso en el empleo remiten a situaciones infinitas, que por cotidianas pueden pasar desapercibidas. En rigor, fueron naturalizadas e ignoradas durante largos años. Sin embargo, sus voces contribuyen hoy, en otro contexto, a hacerlas visibles.

Matilde

(35 años, empleada en una empresa de construcción, en el área comercial)

Mi familia esta compuesta por mi marido y por mi hija y ambos tenemos trabajo pero en este momento para poder subsistir debemos mantener ambos trabajos.

En mi trabajo yo viví una situación con uno de los dueños de la empresa de construcción en la que trabajo. Hace un año en la empresa decidieron hacer una reunión con el personal para informarnos que, como las cosas no andaban bien, nos iban a reducir la jornada laboral, por lo tanto nos iban a reducir el sueldo y que si no estábamos de acuerdo podíamos retirarnos.

En esa reunión yo pregunté delante de todos cómo iba a ser que este cambio apareciera en nuestro recibo de sueldo y cómo se iba justificar una reducción horaria de una manera legal para que después no pudieran despedirnos con una causa justa. En cuanto pregunté esto el dueño de la empresa (del cual yo había sido su secretaria), dijo: “Yo me llamo”, y dio su nombre y apellido, “y si no te gusta lo que hago, te podes ir a la mierda”. Y me lo vuelve a repetir con esas palabras: que me podía ir a la mierda si quería, y que él hacía lo que quería. Siguió gritándome delante de todos y nadie dijo nada. Después de esta situación en la empresa la relación con los jefes es insostenible hasta el día de hoy. Pasó a ser de completa ignorancia, y hasta me sacan trabajo y tareas. Me dejan sin cosas para hacer y se lo dan a los demás… simplemente porque pregunté cómo se iban a tomar las medidas.

Hablé con mis compañeros y ellos no pueden creer que el jefe me haya contestado así y que ahora ni me dirija la palabra ya que no es una persona así. Yo no pude denunciarlo porque es uno de los dueños de la empresa.

Yo estuve esperando que viniera a pedirme disculpas todo este tiempo y es algo que no sucedió. La verdad es que es duro e insostenible para mi ir a trabajar todos los días en esas condiciones. Desde que ocurrió el hecho estoy buscando trabajo afuera pero no conseguí, y la verdad es que me quisiera ir porque la paso mal yendo todos los días y no sé como solucionarlo. Necesito un ingreso fijo, ni siquiera me sirve una indemnización. Creo que me faltan herramientas.

Las consecuencias duraderas de la violencia psicológica ejercida por el propietario de la empresa tiene repercusiones en el resto de las personas con cargos jerárquicos. Ante la ausencia de mecanismos de intermediación dentro de la compañía, la mujer afectada se encuentra sola e inerme. La posibilidad de considerarse despedida (por el agravio moral que genera la violencia, sumado a la situación de reducción de salario) no representa para ella una solución satisfactoria: una indemnización no alcanza a cubrir sus necesidades de vida, que requieren un ingreso fijo.

Juana

(35 años, trabaja en el call center de una empresa de medicina)

Mi familia esta compuesta por mí y por mi hijo de edad chica, aún va al jardín y mi ingreso es el único que sostiene la familia.

Lo que me sucedió una vez fue que estaba en mi actual trabajo, hace un año, mientras estaba en el comedor del lugar… un señor bastante mayor de edad se me paró atrás mientras yo pedía la comida y me empezó a decir: “Vos el pollo te lo comés todo, te gusta crudito o más cocido…”. Yo en ese instante me di vuelta y le dije: “¿Cómo…?” y él siguió: “Sí, sí; si te gusta crudito o lo preferís cocido”. Yo me di vuelta, pagué y me fui a sentar a una mesa individual para poder comer sola y tranquila. En ese momento el señor me vio y se sentó en la mesa donde estaba y empezó nuevamente a acosarme diciéndome si me gustaba comer crudo o cocido… con voz insinuante y provocadora. En ese momento me quedé paralizada, dejé todas mis cosas y me fui a sentar al lado de un compañero de la oficina. A mi compañero le conté lo que estaba pasando y me dijo que agarre mis cosas y me quede con ellos. En ese momento mis compañeros me dijeron que vaya a Recursos Humanos para poder hacer la denuncia. Fui a contar lo que me había pasado y, como yo no sabía el nombre de la persona, en Recursos Humanos me pidieron que si lo veía se los señalara. Esto hice y les avisé.

Lo que hicieron los de Recursos Humanos fue contenerme y decirme que cualquier cosa vuelva a hablar con ellos. Yo en ese momento me enteré de que este señor que trabaja en otro sector ya había hace un tiempo hecho lo mismo con otra mujer que también lo había denunciado.

Este hecho pasó hace un año y nunca supe qué fue lo que hicieron con el señor. Pero este año, a raíz del despido de un supervisor mío por acoso, del cual nos enteramos al momento del despido, la empresa decidió hacer capacitaciones sobre cómo detectar los casos de acoso y violencia. En esas capacitaciones yo conté la situación que había vivido hace un año y qué es lo que había hecho, y conté que nunca había sabido qué era lo que efectivamente había pasado con mi caso. A los días me llamaron de Recursos Humanos y me contaron que en su momento habían hablado con la otra parte involucrada y le habían dicho que ese accionar no era el correcto y que no podía volver a repetirse.

Yo creo que actuaron bien, porque está bueno que den una segunda oportunidad y que piensen que se puede no volver a hacer. Creo que la empresa, al poner estas capacitaciones, mails con información y concientización, está haciendo bien, ya que es muy difícil a veces saber lo que tenés que hacer frente a una situación incómoda como la que viví yo.

A mí lo que me pasó en ese momento fue mucho miedo a perder un trabajo al que recién había entrado. Eso no podía pasarme porque yo necesito mantener a mi hijo. Por suerte no pasó. La verdad que me hizo bien poder hacer en su momento la denuncia en Recursos Humanos.

Las situaciones de malestar y hostigamiento en los lugares de trabajo tienen distinta dimensión y por eso ameritan respuestas diferenciadas por parte de los empleadores. Que una situación no sea de gravedad severa, no significa que no haya acciones que deban adoptarse desde el sector empleador. La reafirmación de la persona agraviada, la reparación del daño, la garantía de que no se va a repetir, el llamamiento a la recapacitación y la advertencia a la persona agresora pueden funcionar como un mecanismo apropiado antes que la situación impropia y agraviante escale. Además de resultar reparatoria para la mujer, también funciona como preventiva de futuras situaciones que podrían afectar a otras personas.

Gisela

(33 años, empleada pública con cargo gerencial medio)

Mi familia está compuesta por mi pareja y por mí. Él se acaba de recibir de médico, por lo que el único trabajo que hay en la casa es el mío, por lo cual soy el sostén de la familia. En mi trabajo anterior sufrí una situación de violencia verbal y psicológica con mi jefe directo. Desde que empecé a trabajar… mi jefe directo (el tercero en escala) siempre tuvo un trato muy malo hacia mí y también hacia mi compañera de puesto (que coordinaba otro de los equipos). Cada vez que teníamos una reunión con mis jefes superiores en los que teníamos que planificar el año siguiente, él solo nos avisaba con pocas horas de anticipación. O cuando había que hacer una presentación no nos informaba y lo avisaba una hora antes para dejarnos expuestas con nuestros jefes superiores. Así constantemente, todo el tiempo. Yo me quedaba a trabajar horas y horas y nunca alcanzaba. Por ejemplo, me decía: “A tal le aumento el sueldo porque hizo esto bien, y a vos no”. Pero nunca alcanzaba lo que hacía y siempre me dejaba expuesta.

Esta situación era muy desgastante. Solo la podía compartir con mi compañera a la que le pasaban las mismas cosas, estábamos en la misma situación y lo hablábamos entre nosotras. Yo al principio no me daba cuenta de que eso que pasaba y todas las situaciones que vivía eran violencia, me costó mucho poder entenderlo y exteriorizarlo.

Cuando me fui dando cuenta de que lo que vivía estaba mal, busqué otras oportunidades laborales y conseguí un trabajo. En el momento en el que tuve que informar que me iba, esperé que mi jefe directo estuviera de viaje y tuve una reunión con el segundo en rango de jerarquía para contárselo. Él lo primero que me preguntó es cuánto tenía que ver la decisión de irme con el trato que tenía mi jefe, y yo le dije que tenía que ver con la relación laboral que manejábamos, pero nunca le hablé de cómo me sentía con esos tratos.

Siento que en ese momento fui una cobarde porque nunca me animé a denunciarlo. Además, creo que tampoco hubiera sabido cómo, porque los jefes, a pesar de que sabían del hostigamiento que tenía él hacia las mujeres de su equipo, lo justificaban diciendo que eran su formas.

En la misma semana que me fui yo, también renunció mi compañera por los mismos motivos. Ella sí lo dijo, pero nada cambió: él sigue trabajando ahí y el 70% de la planta que eran mujeres fue cambiando, lo cual es un gran número para un equipo de trabajo de veinte personas.

Yo siento que fui muy cobarde y que recién ahora estoy empezando a exteriorizar lo que pasó. Pero sí creo que mis jefes deberían haber hecho algo.

Los problemas para identificarse a sí misma en la situación de violencia, la naturalización propia y ajena de las formas de violencias y acoso, atenta contra la posibilidad de buscar herramientas para afrontarlo. Como enfatiza el convenio 190 de la OIT, es responsabilidad de empleadores (públicos y privados) disponer los medios necesarios para garantizar la difusión de información que permita la prevención, y espacios de atención para poder tramitar con confidencialidad y rapidez respuestas apropiadas, proporcionales e integrales para que las violencias no sigan siendo una realidad cotidiana.

Dar protagonismo a las voces de las mujeres y personas que han estado atravesadas por experiencias de violencias y hostigamiento en el mundo del trabajo requiere también pensar cuáles son las respuestas que resultan apropiadas para ellas. Un estudio exploratorio en esa línea muestra que el nivel de exposición a la violencia y el acoso en el mundo del trabajo se encuentra muy extendida (ELA y Nodos, 2019).[105] La encuesta citada evidencia que existe un alto grado de exposición de las personas encuestadas (77%) a comentarios sobre el cuerpo y/o la vestimenta que fueron inadecuados y les generaron incomodidad. En el mismo sentido, casi nueve de cada diez personas (el 88%) dijo haber recibido algún chiste, comentarios sexistas, machistas y/o discriminatorios que le generaron incomodidad. La mitad de las mujeres (52%) respondió que fue excluida de reuniones de trabajo o reuniones sociales que eran sensibles para el desarrollo de sus objetivos laborales. El 68% informó que en su historia laboral sus opiniones profesionales han sido denigradas e ignoradas; mientras que el porcentaje que vivió esas experiencias aumenta al 79% entre quienes se identifican como descendientes de pueblos indígenas o afrodescendientes. En un sentido similar, el 69% percibió un trato laboral diferencial con sus pares varones, porcentaje que crece al 77% entre las descendientes de pueblos indígenas o afrodescendientes. En el 58% de las respuestas se señaló al jefe o la jefa como la persona que ejerció el acoso y el 41% a un par en el trabajo. Entre las jóvenes crece significativamente la exposición ante malos tratos por parte de clientes (33%).

Un aspecto de alarma evidenciado en este estudio, que deberá ser abordado de manera ineludible por las políticas que se implementen en particular a partir de la aprobación del convenio 190, es la dificultad que se plantea para quienes atraviesan estas situaciones y el acceso a espacios de contención y/o denuncias. De acuerdo con el relevamiento de ELA y Nodos, casi el 62% no pudo realizar la queja, reclamo o denuncia y el 34% sí lo hizo. Sin embargo, entre quienes plantearon una queja, casi el 84% no recibió una respuesta por parte de la empresa o empleador. Para dos de cada tres personas encuestadas, la denuncia no redundó en un cese de la situación de acoso o violencia y para el 47,5% hacer la denuncia trajo aparejada alguna consecuencia negativa, represalia o desventaja laboral.

Hacia la construcción de un enfoque integral basado en la prevención, la atención y el monitoreo

Para que el abordaje de la violencia y el acoso laboral sea exitoso, debe realizarse desde una perspectiva integral. Esto implica generar políticas que atiendan no solo a sus manifestaciones más explícitas, sino también a las normas y prácticas sociales que promueven la discriminación y generan las bases para la reproducción de la violencia de género.

Las relaciones sociales de género se caracterizan por ser desiguales y jerárquicas, privilegiando las características asociadas a lo masculino y restándole valor a aquellas asociadas a lo femenino. Tienen mucha fuerza, ya que van moldeando los comportamientos, las acciones y las expectativas de varones y mujeres en los diferentes ámbitos (en las familias, en el trabajo, en el espacio público). Como resultado de esas desigualdades, la mayor parte de las actividades de cuidado y trabajo doméstico recae sobre las mujeres, en especial aquellas de menores ingresos, aquellas con niñas y niños que no han alcanzado la edad de escolarización. Esta sobrecarga de tareas de cuidado ejerce un condicionamiento estructural sobre las posibilidades de las mujeres de incorporarse al mercado laboral, de desarrollar trayectorias educativas, de posibilitar su autocuidado, y de disfrutar del ocio y descanso necesarios para su bienestar.

La desigualdad de género en el ámbito laboral se refleja en un amplio abanico de aspectos: una menor y peor participación de las mujeres en el mercado laboral en términos de calidad laboral, sumada a una mayor participación en el empleo informal y precario; la segregación vertical en el empleo, que se expresa en las dificultades persistentes de las mujeres para alcanzar puestos de decisión y gerencias dentro del mercado laboral; la segregación ocupacional horizontal, expresada en la alta concentración de mujeres ocupadas en segmentos de empleo que tienen menores beneficios y son socialmente menos valorados, como el empleo doméstico y la docencia, y la exclusión de personas transgénero y de la diversidad sexual del mercado laboral. En este contexto de desigual distribución de las tareas de cuidado, se destaca la importancia de las políticas de conciliación laboral y familiar al interior de las empresas y espacios laborales, promovidos para mujeres y varones de modo que actúen como una herramienta para promover la igualdad de género.

Una propuesta de abordaje que reconozca la relevancia pedagógica de contribuir a la transformación de las relaciones sociales de género en el mundo del trabajo al mismo tiempo que prioriza la protección de las personas agraviadas y la modificación de las condiciones que permiten la perpetuación de las violencias estaría en línea con la propuesta del convenio 190 de la OIT.

Frente a la demanda social contra la impunidad, es preciso afinar las respuestas normativas para que, sin sobrerregular fenómenos de la vida cotidiana, puedan implementarse mecanismos que prevengan, protejan y transformen espacios donde la violencia y el acoso en razón de género han estado silenciados durante demasiado tiempo.

Bibliografía

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ELA y Nodos (2019), “Visibilicemos el acoso laboral: encuesta sobre experiencias de acoso laboral por género en Argentina”. http://www.ela.org.ar/a2/index.cfm?muestra&aplicacion=APP187&cnl=15&opc=49&codcontenido=4173&plcontampl=43

Gherardi, N. (2016), “Otras formas de violencia contra las mujeres que reconocer, nombrar y visibilizar”, serie Asuntos de Género LC/L.4262, noviembre.

– (2020), “Relaciones de género en el mundo del trabajo: estrategias para promover espacios laborales libres de violencia y acoso”, en M. Herrera, S. Fernández y N. de la Torre (eds.), Tratado de géneros, derechos y justicia, t. V: Políticas públicas, Santa Fe, Rubinzal Culzoni, e/p.

– y M. Krichevsky (2017), La violencia no es negocio: guía para prevenir y erradicar la violencia doméstica desde los lugares de empleo, Buenos Aires, ELA. http://www.ela.org.ar/a2/index.cfm?muestra&codcontenido=2994&plcontampl=43&aplicacion=app187&cnl=15&opc=49

Lamas, M. (2019), Acoso y justicia: conferencias magistrales, Ciudad de México, Instituto Nacional de Ciencias Penales.

REDAAS (2019), “De la clandestinidad al Congreso: un análisis del debate legislativo sobre la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en Argentina”, Red de Acceso al Aborto Seguro de Argentina. www.redaas.org.ar

Schultz, V. (2018), “Reconceptualizing sexual harrasment, again”, The Yale Law Journal Forum, 18 de junio.

Vínculos y aprendizajes feministas para la transformación individual y colectiva

Carolina Muñoz Rojas

La militante feminista es pensante, sintiente y actuante.

Julieta Kirkwood

Las perspectivas feministas, en su amplia diversidad, albergan un aspecto en común: su mirada crítica respecto del mundo y su consecuente apuesta por la transformación global. La tarea no es sencilla, ni de corto plazo, sino que implica procesos sociales, donde lo individual y lo colectivo dialogan y se tensionan, surgen confrontaciones, disputas, desacuerdos que van dando lugar a avances y acuerdos, pero también a nuevos desacuerdos y retrocesos, todos los cuales aspiran, en suma, a generar profundos procesos de aprendizaje. El proceso no es lineal, no es automático, sino que es un aprendizaje continuo, personal y comunitario, donde los feminismos transformadores se encarnan en experiencias, crean y construyen desde una mirada tan crítica como trascendente.

Entender las propuestas feministas como procesos transformadores, generadores de aprendizajes, es lo que motiva las reflexiones de este artículo. Es necesario concebir el aprendizaje feminista como una experiencia individual y colectiva, como un proceso intelectual y también afectivo, donde los vínculos intergeneracionales, la amistad política entre mujeres, los procesos de formación son claves para el desarrollo de la conciencia feminista. Para Julieta Kirkwood (2010: 31), esto se va a entender como “un proceso continuo de sucesivas tomas de conciencia de que el orden, que es esencialmente discriminatorio, puede ser reconstruido de acuerdo a un nuevo sistema de valores e ideologías, de relaciones concretas alternativas y no contradictorias”.

Según Gerda Lerner (1985: 345), “cuando las condiciones históricas son las apropiadas y las mujeres disponen del espacio y de la experiencia social sobre los que fundamentar sus nuevas ideas, surge la conciencia feminista”. Por ello, el contexto y el momento histórico serán claves para permitir –u obstaculizar– el proceso, que ocurriría en diferentes etapas: 1) cuando se tiene conciencia de que hay un error; 2) con la aparición del sentido de hermandad; 3) con la definición autónoma que hacen las mujeres de sus objetivos y de las estrategias para cambiar su condición, y 4) con el desarrollo de una visión alternativa de futuro. El proceso de aprendizaje será entendido entonces como estas sucesivas “tomas de conciencia”, un proceso continuo, situado, encarnado, donde aprendemos y desaprendemos una y otra vez y donde vamos construyendo un nuevo proyecto de sociedad y también de humanidad.

Por ello, para avanzar en la construcción de propuestas políticas, hemos tenido que aprender de las miradas críticas aportadas por los feminismos en su larga trayectoria intelectual, y a la vez avanzar en nuevas propuestas que trasciendan las formas tradicionales de hacer políticas y comunidad. En este proceso, transitamos del aprendizaje individual al colectivo de la mano de otras personas con los mismos sueños de transformación, justicia e igualdad. Lo que necesitamos aprender y lo que aprendemos no se agotan en nuestro propio aprendizaje. Se transforman en la base para generar vínculos junto con otras personas, otras mujeres, donde el espacio de aprendizaje son nuestras propias vidas y experiencias, en cuanto propias experiencias de transformación, de aquellas “sucesivas tomas de conciencia”. Y es aquí donde encontramos un aspecto crucial de los feminismos: que no se realizan ni teorizan en los abstracto, sino situados en nuestras propias experiencias, feminismos que se construyen “con mujeres que vivían sus propios procesos” (Gaviola, 2015).

Los feminismos, sea desde sus propuestas teóricas como desde sus bases populares, se encaminan a generar cambios sociales, cuyo punto de partida son las transformaciones individuales, y de ahí que el aprendizaje sea un proceso clave para leer, comprender y vincularse desde una perspectiva feminista. Estos procesos de aprendizaje son fundamentales para el desarrollo de políticas transformadoras (políticas de desarrollo o políticas públicas), pero por sobre todo para la conformación de redes de aprendizaje feministas, de las conexiones intergeneracionales entre quienes abrazan los sueños de transformar un orden social desigual, injusto y profundamente resistente al cambio.

Motivada por estos temas, en el primer apartado de este artículo abordaré algunas ideas y reflexiones en torno a los vínculos feministas, destacando la importancia de la amistad política entre mujeres, la sororidad y las relaciones de confianza y formación intergeneracional. En el segundo apartado reflexionaré sobre los aprendizajes feministas, relevando los espacios de formación, la especificidad de las pedagogías feministas, la transmisión del conocimiento y experiencia destacando las ideas de affidamento y mentoría para la conformación de redes, tejidos y conexiones feministas.

Vínculos feministas

Las perspectivas feministas son, por definición, desafiantes. Desafían el orden establecido, cuestionando las estructuras patriarcales de la sociedad, pero también otros órdenes hegemónicos. Y no solo los cuestionan, sino que avanzan proponiendo nuevas formas de organización social. Nos confrontan e invitan a la deconstrucción casi de manera permanente, a desaprender aquello que dimos “por sentado” en la sociedad, para volver a construir nuevas formas de ser y hacer en el mundo, ojalá un mejor mundo. Nos invitan para ello al aprendizaje y al conocimiento, planteando la “necesidad de estudiar, comprender y explicar los contenidos de los movimientos”, avanzando para integrar y reconocer “sus aportes, latentes o manifiestos, al proyecto de cambio global” (Kirkwood, 2010).

Estos desafíos incluyen también mirar y remirar los vínculos entre las propias mujeres, dentro y fuera de los movimientos, los vínculos cotidianos y los deliberadamente transformadores. Las relaciones de confianza entre ellas han estado presentes en las reflexiones feministas, en cuanto representan un ámbito donde caben también cuestionamientos y donde aplican los propios conceptos e ideas aportados por los marcos teóricos y de referencia feministas. Como ha señalado Margarita Pisano (citada por Gaviola, 2015), la amistad entre mujeres “se construye con un pie en lo privado y el corazón, y el otro, en lo público-político del pensar juntas, con todo lo que esta dimensión conlleva de valores y de responsabilidades sociales y humanas”.

Socialmente hablando, la amistad entre mujeres ha estado desvinculada de su dimensión política y teñida por estereotipos y sesgos, instalados por medio de complejos procesos de socialización que bien han ayudado a comprender los estudios feministas y de género. Sin embargo, la amistad entre mujeres también es parte de los vínculos a deconstruir, a analizar y a remirar. Para Marcela Lagarde (2015: 165), las amistades corresponden a un ámbito específico de las autonomías, ya que “son un círculo vital en la vida de las mujeres, muy importante social y políticamente”, por ello se vuelve necesario revisar “la ética de la amistad, las ideologías de la amistad, la cultura de la amistad entre mujeres”.

La idea misma de “amistad política” nos conecta con una de las principales consignas que ha movilizado a los feminismos de ola en ola, de generación en generación durante las últimas décadas: lo personal es político. Una frase tan simple como compleja, que sigue interpelándonos y exigiéndonos dotarla de nuevos contenidos e interpretaciones aplicables a las transformaciones sociales y los nuevos contextos que enfrentamos. Para Edda Gaviola (2015), esta amistad política entre mujeres se trata de un “proceso que arranca en el encuentro y en la necesidad urgente de cambiar de signos la vida y la historia, pasando por la construcción respetuosa de confianzas y querencias mutuas que se van perfilando en el camino del descubrimiento de la otra, de una misma y de una genealogía de mujeres”. Y esta amistad deconstruida es en sí misma un acto revolucionario y contrahegemónico, ya que “no le conviene al patriarcado la solidaridad entre mujeres” (Lagarde, 2015: 139), por ello, como “mandato primario en el patriarcado, a las mujeres se nos enseña a desconfiar de las otras” (Espinosa Miñoso, 2011). Al partir de esa solidaridad podría surgir –quizá– un proceso amenazante de toma de conciencia y, tal vez, feminista y revolucionario.

Esta idea de la solidaridad o hermandad entre mujeres, si bien no es nueva, recobra fuerza cada tanto, al alero de los tiempos y de la mano de las nuevas olas feministas, que vuelven a recordar y dotar de sentido a la idea de sororidad. Este término es mucho más que el antónimo de fraternidad (o hermandad masculina), y no es solo un nuevo término aportado por las perspectivas feministas al prolífico glosario del género. Es una palabra que encarna más que una simple idea. Para Lagarde (2015), implica establecer una nueva ética entre mujeres, cuestionando la competencia, la propia misoginia que hemos adquirido en los procesos de socialización formales y no formales, y que las perspectivas feministas nos invitan a cuestionar, observar y desaprender. Y es aquí donde la propia noción de sororidad implica profundos procesos de aprendizaje, ya que, como todo lo que hemos aprendido, no es innato, sino que es resultado de un proceso de “sucesivas tomas de conciencia”, siguiendo las ya citadas palabras de Kirkwood que guían buena parte de esta reflexión.

Por lo tanto, la hermandad entre mujeres o sororidad no es un proceso natural, sino que, al igual que la propia noción de género, es social y culturalmente construida, situada en un contexto histórico que la hace (o no) posible, tal como la propia idea de autonomía. Por ello, es necesario cuestionar, mirar y remirar la noción de sororidad a la luz de las propuestas teóricas, pero también de nuestras propias experiencias de vida. Para Julia Cámara (2017), “sigue siendo necesario cuestionar la pretendida naturaleza dada de la hermandad entre mujeres: ¿la sentimos porque un cierto ser mujer universal nos conecta empáticamente logrando la identificación emocional de las unas con las otras? ¿O es quizá el resultado de procesos socialmente complejos que interaccionan con nuestro rol social y que afectan a distintos grupos de mujeres de manera diversa?”. Tal vez la propia noción de sororidad alberga una idea esencialista en torno a lo femenino, o quizá nos plantea una nueva forma de relacionarnos entre mujeres, a la luz y sombra de la conciencia feminista en proceso permanente de construcción.

La idea de sororidad es tensionada desde los vínculos intergeneracionales entre mujeres. Y es que, de ola en ola, muchas veces los “silencios feministas” (como denominó la propia Julieta Kirkwood a la etapa de desarticulación de los movimientos posterior a su auge) producen desconexiones intergeneracionales, que minan la continuidad y sostenibilidad de los avances y las propuestas, así como de los vínculos y aprendizajes feministas. De acuerdo con Lagarde (2015), se observan rupturas intergeneracionales, que hacen necesario reconocer la importancia de transmitir la experiencia entre mujeres como capital político de los movimientos, pero también como procesos de aprendizaje intergeneracional. Como señala Rosa Cobo (2011: 190): “¿Sin la memoria de nuestras luchas y conquistas, podremos proponer transformaciones profundas?”, sin conexiones y aprendizajes intergeneracionales, la memoria feminista se erosiona y debilita. Para Lerner (1985), “tan solo a través del descubrimiento y el conocimiento de sus raíces, de su pasado y de su historia, las mujeres, del mismo modo que otros grupos, serán capaces de proyectar un futuro alternativo”.

Se ha señalado que construir desde las perspectivas feministas implica construir desde la sororidad (Largarde, 2015). Sin embargo, este proceso de construcción debe ser entendido como un proceso de aprendizaje, donde la idea de autonomía y la amistad política entre mujeres podría derivar (o no) en sororidad, si logra trascender las barreras culturales y sociales impuestas por el propio orden social patriarcal. Para ello, requerimos transformar las jerarquías, construyendo respeto y horizontalidad en las relaciones entre mujeres, lo que implica un esfuerzo cotidiano de deconstrucción (Gaviola, 2015). Y es aquí donde los aprendizajes feministas cobran fuerza, necesidad y pertinencia para trascender las barreras sociales y culturales, y derivar en procesos individuales y colectivos genuinamente transformadores.

Aprendizajes feministas

Cómo se ha señalado previamente, la amistad política entre mujeres, la sororidad o hermandad es en sí misma un proceso de aprendizaje vincular. Y es que las perspectivas feministas, más que aspirar a ser un nuevo orden hegemónico, procuran construir deconstruyendo. Tal vez esto nos hace más lento, largo y difícil el proceso. Pero también nos obliga a hacernos cargo de los procesos de formación para la transformación, centrando nuestra atención en el aprendizaje donde la propia experiencia es el vehículo del conocimiento y del cambio. Así, los vínculos pueden derivar en aprendizajes, los que a su vez tienen el potencial de generar otros vínculos y nuevos aprendizajes, ojalá transformadores.

Podemos experimentar aprendizajes individuales a raíz de los vínculos con otras mujeres, así como podemos experimentar aprendizajes colectivos entre mujeres como parte del proceso continuo de formación de la conciencia feminista. Los procesos de formación feministas pueden darse en el ámbito formal o informal, vinculados a procesos educativos tradicionales o a las relaciones entre mujeres con intereses afines, los que pueden igualmente derivar en procesos trans-formadores. En Feminarios, Kirkwood (2017: 88) señala que “el fin político feminista es la formación de una vanguardia feminista” y alude al feminismo “docente” como un proceso de enseñanza-aprendizaje, que “intentará la toma de conciencia del conocimiento a partir de cómo nos sentimos y de ahí es necesario pasar al cómo nos conocemos (y el próximo paso es cómo nos deconstruimos)”. Volvemos a la idea que el aprendizaje va desde adentro hacia afuera, desde lo individual a lo colectivo, y viceversa, y la enseñanza es en sí misma también un proceso de aprendizaje: “Se aprende a conocer, enseñando” (ibídem).

Ya se ha señalado que, desde las perspectivas feministas, todo requiere ser remirado, releído, repensado. Esto incluye las perspectivas pedagógicas o de enseñanza en los procesos formales. La pedagogía feminista emerge como una pedagogía crítica y nuevo paradigma de enseñanza, y se define como “conjunto de discursos, una práctica política, y es también una manera específica de educar; su especificidad consiste en echar una nueva mirada a propuestas político-pedagógicas emancipadoras desde una postura ética, filosófica y política […] para construir de manera colectiva una sociedad más libre y democrática” (Maceira Ochoa, 2007). Ello significa que introducir la perspectiva feminista en la pedagogía, la enseñanza y el aprendizaje en los procesos formales es cuestionar esos propios procesos, mirar los sesgos y patrones hegemónicos que ahí se reproducen. Implica también “hablar de multidimensionalidad, de la inclusión de las diferencias y de la crítica social; siendo estas características un valor añadido ante otras formas pedagógicas cerradas y estáticas”; así, “el feminismo, asociado con la pedagogía, implica la superación de una educación entendida como transmisión y reproducción de desigualdades” (Martínez Martín, 2016). Implica, por tanto, construir conocimientos desde las propias experiencias, siendo los vínculos un medio para, y también una consecuencia, del aprendizaje.

Existen también otros procesos de formación, que se dan en torno a las relaciones estrechas entre mujeres. Similar a la noción de sororidad, la noción de affidamento emerge desde el feminismo italiano, como una “práctica de confianza y cuidado mutuo entre mujeres”, y será entendida como “el acto por medio del cual las mujeres podrían encontrarse con la otra y construir con ella lazos de solidaridad, amor y respeto” (Espinosa Miñoso, 2011). Esta relación partirá desde el vínculo entre mujeres, de distintas generaciones, para generar aprendizajes sobre la base de la experiencia transmitida de una a otra, donde una generación es referente de la otra, donde la experiencia y el aprendizaje de una es la enseñanza de la otra, y donde, eventualmente, “el conocimiento feminista transforma las heridas en instrumento de cambio” (Kirkwood, 2017).

La propuesta del affidamento italiano propone que solo por medio del reconocimiento mutuo “podemos apelar a la construcción de una genealogía propia, a la producción de nuevos significados y valores, desde donde se produzcan nuevas formas de ser y estar en el mundo”. Para ello apela a una ética de cuidado entre mujeres “como un imperativo de la política feminista, puesto que solo desde la construcción de espacios de complicidad, amor y confianza por fuera de la ley paterna podemos transitar puentes de mayor autonomía para todas” (Espinosa Miñoso, 2011).

Cabe señalar que no son muchos los espacios donde estos vínculos pueden ser forjados, donde las experiencias de mujeres de distintas generaciones con intereses afines confluyen y se traducen en aprendizajes mutuos. Una experiencia potencial de aprendizaje cercana a la propuesta del affidamento la constituye el mentorazgo entre mujeres, que alberga el potencial de generar vínculos intergeneracionales, relaciones de hermandad entre ellas y procesos de aprendizaje feministas. Explorar el mentorazgo entre mujeres feministas, entre “fundadoras o antecesoras y contemporáneas”, para Lagarde (2015: 411), tiene el potencial de “convertirse en un mecanismo de filiación política entre mujeres y podría instalarse en la conciencia feminista como un mecanismo positivo de encuentro, de transmisión, de discusión y de aprendizajes”.

Muchas veces se dan relaciones de mentorazgo de manera espontánea; otras, como parte de procesos más deliberados de apoyo entre mujeres. Las redes, los tejidos y las conexiones feministas se alimentan y nutren de estas relaciones de confianza y apoyo mutuo, que permiten que los aprendizajes y vínculos confluyan, y que las feministas pioneras puedan enseñar sobre la base de su experiencia y sus propios procesos de aprendizaje. Ser pionera implica “tener fuerza para pasar el trance inaugural, fuerza personal y en alguna medida fuerza social para vivirlo, implica capacidad creativa, imaginación, capacidad de aprendizaje y, desde luego, un gran asertividad; es decir, conseguir nuestros fines, aunque los demás no estén de acuerdo” (Lagarde, 2015: 344).

María Nieves Rico ha sido pionera en muchos sentidos. Emprendió el difícil camino de institucionalizar las perspectivas feministas, eligiendo las políticas públicas como un espacio legítimo de militancia, formando en el proceso a nuevas generaciones de mujeres, desde la amistad política, el mentorazgo espontánea y deliberada, el affidamento y la sororidad. Agradezco y honro su legado, recogiendo en estas líneas el sentir y el pensar que evoca mi experiencia de mentorazgo donde he sido guiada por su experiencia y aprendizajes, forjando vínculos feministas transformadores más allá del tiempo y el espacio que imaginamos.

Bibliografía

Cámara, J. (2017), “Sororidad y conciencia femenina: qué hermandad de mujeres para qué propuesta política”. https://vientosur.info/sororidad-y-conciencia-femenina-que-hermandad-de-mujeres-para-que-propuesta/#sdfootnote1sym

Cobo, R. (2011), Hacia una nueva política sexual: las mujeres ante la reacción patriarcal, Madrid, Catarata.

Espinosa Miñoso, Y. (2011), “Affidamento: una ética de cuidado entre mujeres”. http://mujerdelmediterraneo.heroinas.net/2011/05/affidamento-una-etica-de-cuidado-entre.html

Gaviola, E. (2015), “Apuntes sobre la amistad política entre mujeres”. https://www.mpisano.cl/apuntes-sobre-la-amistad-politica-entre-mujeres-por-edda-gaviola/

Kirkwood, J. (2010), Ser política en Chile: las feministas y los partidos, Santiago de Chile, LOM.

– (2017), Feminarios, Buenos Aires, Clacso.

Lagarde, M. (2015), Claves feministas para mis socias de la vida, Buenos Aires, Feminismos Populares.

Lerner, G. (1985), La creación del patriarcado, Barcelona, Crítica.

Maceira Ochoa, L. (2007), Una propuesta de pedagogía feminista: teorizar y construir desde el género, la pedagogía y las prácticas educativas feministas, Primer Coloquio Nacional Género en Educación, Ciudad de México, Universidad Pedagógica Nacional-Fundación para la Cultura del Maestro, noviembre. https://www.academia.edu/3348598/Una_propuesta_de_pedagog%C3%ADa_feminista_teorizar_y_construir_desde_el_g%C3%A9nero_la_pedagog%C3%ADa_y_las_pr%C3%A1cticas_educativas_feministas

Martínez Martín, I. (2016), “Construcción de una pedagogía feminista para una ciudadanía”, Foro de Educación, vol. 14, Nº 20.

Intratables

Tania Ulloa

–Destroyer 6 a Raptor 2. Cerca de la iglesia San Francisco

se están juntando civiles sospechosos. Cambio.

–Raptor 2 a Destroyer 6. Enterados. ¡Mantengan contención de civiles

si se comportan de manera agresiva! Cambio.

–Destroyer 6 a Raptor 2. Ahora los manifestantes están

bloqueando la Alameda. ¿Qué hacemos? Cambio.

–Súper Dick a Raptor 2 y Destroyer 6. ¡Los quiero a todos en el calabozo!

Y mójenlos antes, hay que refrescarles la mollera,

hace demasiado calor este octubre. Cambio y fuera.

1

Súper Dick, quien en realidad es un suboficial de apellido Reyes, había estado muy ocupado últimamente. Las masas de subversivos estaban robado el sueño a las autoridades de gobierno y estas habían declarado que no se tolerarían más actos subversivos y o vandálicos.

Reyes estaba a cargo de las unidades de contención y disolución de masas. La comisaría contaba con tres microbuses para el transporte de detenidos.

Las murallas cercanas a la plaza Italia, a la que los terroristas últimamente llamaban plaza Dignidad, estaban llenas de demandas cada vez más difíciles de acallar. Al menos no de día, y no en público.

El suboficial echó una mirada a las carpetas que había elaborado un grupo especial de inteligencia, en las que reunían información acerca de las manifestaciones. Las carpetas contaban con fotografías de los participantes en las marchas, en los disturbios y los daños a la obra de carabineros. Había que comprender al civil en rebeldía, decían los expertos, y eso hacían. Cinco carpetas grandes tamaño oficio con los siguientes distintivos aclaraban el paisaje enemigo: “Anarquistas”, “Comunistas”, “Estudiantes”, “Obreros” y otra carpeta más pequeña con la etiqueta “Mujeres”.

–Con estas detenciones daremos un golpe, será un escarmiento –se decía a sí mismo–. Algo masivo, algo que se note.

El suboficial Reyes subió a la patrulla y según lo planificado se dirigió a otro foco de manifestantes a unas cuadras de distancia para determinar la cantidad de efectivos a designar.

Mientras tanto, el escuadrón que quedó al mando del sargento primero Mardones se preparaba con cuatro funcionarios por micro más tres en el carro lanzagases, equipados con toda la indumentaria. Pronto llega el refuerzo que consiste en dos micros adicionales y el carro lanzaaguas, o guanaco, que comienza a mojar a la masa de gente que logra bloquear la vena principal del flujo capitalino.

Toda la primera plana compuesta por estudiantes jóvenes –en su mayoría secundarios– saltan, chillan y cantan: “Ula-ula, ula-ula, / los pacos tienen tetas / las pacas tienen tula… / ula-ula…”.

Dos líneas de fuerzas especiales comienzan a avanzar para disolver la manifestación ilícita.

De pronto, casi coordinadamente, los estudiantes se escabullen entre la gente hacia atrás, desapareciendo en el anonimato de la sociedad civil, que de pronto queda en primer plano enfrentando a las fuerzas especiales.

Los oficiales de las fuerzas especiales estaban preparados con sus protecciones, armas y cascos y escudos cuando de pronto, y para ellos absurdamente, esta gente comenzó a correr directo en dirección a ellos.

Los manifestantes se abalanzaron sobre los cabos. Prácticamente se les subían encima, cada carabinero había apresado al menos a uno o dos manifestantes; era cosa de abrir y cerrar la mano, como pescar entre un cardumen en un acuario, muy fácil.

Las personas detenidas casi no se resistían y prácticamente caminaban junto a los fuerzas especiales hacia el micro. Algunas esperaban casi con impaciencia a que subieran los primeros para poder seguir.

Un festín para cualquier represor que se aprecie como tal. Y, así, Mardones también llegó con su presa al micro, pero las puertas estaban cerradas.

–¡Abran las puertas! –gritó Mardones.

–¡Es que ya está lleno, sargento! –Le respondió el cabo primero a cargo de abrir y cerrar las puertas.

–¡Que abra las puertas, carajo! –Mardones estaba irritado. El carabinero chofer abrió la puerta delantera y Mardones empujó a su detenida, que llegó solo un poco más allá por el pasillo.

Mardones subió y vio que el micro efectivamente estaba lleno, lleno como a las ocho de la mañana un día de trabajo.

La radio del chofer transmite… “Central-a todas la unidades. Se ordena retornar a las comisarías con posibles detenidos.- Cambio”.

–¿Y los otros micros? –preguntó Mardones a Rojas, el cabo primero.

–Están los tres llenos, mi sargento.

Mardones se cercioró de que fuera tal y como le estaban informando… aún no entendía muy bien cómo lo habían logrado; la cosa era que los detenidos se habían multiplicado como los peces del Señor.

Efectivamente, los otros micros también estaban llenos. Llenos y silenciosos. Estaba sorprendido.

“¡Mano dura, Mardones!”, se dijo a sí mismo. “Mano dura, así se hace.”

No había oído de algún otro sargento primero que llegara con tamaña cantidad de detenidos controlados sin mayor violencia, solo por el poder de su presencia. Los ojos le brillaban, las manos gordas y blandas se le mojaron al instante. Se sacó los guantes, se liberó del sofocante casco que le quedaba apretado y se puso el característico jockey verde caqui.

Otra vez la radio: “Central a todas las unidades. Se ordena retornar a las comisarías…”.

–¿Cuántos tenemos en total? ¿Entre parados y sentados? –consultó Mardones.

–¡Ciento veintitrés, entre las tres unidades, mi sargento! –respondieron desde la central. También en la comisaría habían entendido que esto era una operación histórica. ¡Y ellos eran parte de la unidad protagonista! Algún grado subirían, algún premio les darían por tamaña hazaña.

–¡Retirada! Muchachos… ¡bien hecho!

Ahora del resto de la gente que insistía en cometer desórdenes se encargarían los guanacos con las lacrimógenas. A Mardones le tiritaba la voz y la barbilla. Se sabía emocionado… y ansiaba el abrazo que le esperaría en el cuartel. Lo felicitarían. Había manejado el asunto a la perfección. Reyes lo felicitaría.

Benítez, el cabo segundo y uno de los más despabilados de la unidad, se acercó a Mardones y se disculpó de antemano:

–Sargento, ¿no le parece que son muchas? Además, están tan tranquilas, es como raro, ¿no le parece?

–Ay, Benítez, siempre tan dado a las pequeñeces, tan asustadizo. Suba, ya nos vamos a casa.

2

Llegando a la comisaría, el primer micro vacía su contenido humano directo en la institucionalidad policial. La mesita fiscal que registraba el ingreso no daba abasto, de modo que instalaron dos más.

El calabozo se llenó bastante rápido y luego solo quedaba espacio en las celdas. Estaban ya terminando con el registro cuando llegaron dos micros más.

Pronto no quedó más espacio en la cancha y tuvieron que sacar las barreras papales que habían instalado para separar a los detenidos del lugar de estacionamiento. Finalmente tuvieron que sacar los automóviles y dejar el estacionamiento y la cancha a los detenidos, que de a poco se iban acomodando.

Entonces llegó el suboficial Reyes. Le gustaba la carne asustada, un bocado de cardinales. Lo hacía ya desde hace años; siempre que los estudiantes llegaban a la comisaría, hacía lo mismo. Desde la ventana de la oficina del subteniente en el segundo piso, sacaría la voz para plasmar la autoridad del respeto institucional. Y esto lo haría mirando levemente hacia el firmamento, como apoyándose en la gloriosa cordillera, que enmarcaba el acto público en un aire solemne.

–Junten ánimos, jóvenes. De aquí saldrán solo con autorización presencial de sus padres. Porque ellos tendrán que responsabilizarse de los actos que ustedes han cometido. Prepárense… ¡en unas horas más se irá el sol y se van a acordar de sus hogares, de sus familias que ustedes deberían resguardar y proteger en vez de ponerlas en riesgo como lo han hecho ustedes hoy…!

–¡¡¡Mi mamá está aquí conmigo!!! –dijo una voz.

–¡Síii, por acáaa! –respondió otra.

–¡Mi papá ya murió! –lamentó una voz suave.

–¡Soy abuela! –dijo otra voz por ahí.

Reyes pensaba seguir con el discurso pero se detuvo en seco, nunca le habían respondido algo así… El subteniente Gutiérrez, que hasta ahora no se había pronunciado, se levantó de su escritorio, se asomó a la ventana y entró de inmediato, pálido, como si hubiese chocado con el vidrio.

–¡Reyes! ¿Qué es esto? ¿A quién le estás hablando? ¿Y dónde están los subversivos del es-car-miento? ¡¡¡Ahí, en el patio, hay puras mujeres!!!

De pronto se abrió la puerta de la oficina.

–¡Permiso, subteniente, tengo un mensaje del mayor Muñoz!

El subteniente Gutiérrez comenzó a leer:

–No más detenciones. Atento a nuevas órdenes. Vamos en camino. Firmado: A. Muñoz, mayor.

–¡Nosotros cumplimos con nuestro deber nomás! –Reyes insistía mientras miraba atónito por la ventana.

–¡Cállese, imbécil! ¿No se da cuenta la tremenda cagada? –Gutiérrez se estaba poniendo pálido.

Se abrió la puerta y entró el capitán Carrasco, quien recién había sido promovido a subcomisario de la comisaría.

–Subteniente Reyes, ¿qué es todo este circo? ¡Mi teléfono no para de sonar! ¡El teniente coronel Barrera nos va a degradar a todos si no doy una respuesta satisfactoria! Acompáñenme al patio, quiero ver a esta gente. Y luego quiero un completo informe de los hechos, con nombre y escalafón.

Carrasco, Gutiérrez y Reyes comenzaron a caminar aparatosamente entre las más de doscientas mujeres sentadas en el patio, los pasillos, ocupando cada silla, cada solerita, los calabozos, las celdas.

Algunas levantaban la mirada, algunas saludaban con amabilidad, otras simplemente seguían en lo suyo. Conversando de sus vidas, intercambiando experiencias y armando contactos. Se reagrupaban constantemente como si se tratase de un ejercicio de un taller solidario.

Carrasco se detuvo de pronto. También Gutiérrez y Reyes, que venían detrás de él, abruptamente y casi chocando entre ellos.

–Disculpe, ¿usted no es la dueña del kiosco de diarios de la calle Sarmiento?

Una mujer de unos setenta años que estaba tejiendo unos zapatitos color crema, como para una guagua de sexo indefinido, levantó la mirada:

–¡Ah, pero si es usted! Casi no lo reconozco… Claro que nos conocemos… usted compra El Mercurio todos los domingos. ¿Como está usted?

–Eh, bien, gracias –le respondió perplejo el capitán–. Pero ¿qué hace usted aquí?

–Bueno, sabe –le dijo mientras afirmaba la bolsita de tela con la lana sobre su falda–, la verdad es que no tengo claro todos los detalles en su máxima profundidad y variación. Pero aquí estoy. Y ahora al menos ya sé a lo que se dedica usted, ¿no ve que es lindo esto? –respondió la señora Hilda con su característica sonrisa ancha.

Carrasco llamó a todas las unidades de la primera comisaría a una reunión. Ya le habían informado que este fenómeno ciudadano se estaba produciendo en todas las comisarías de Santiago, desde la Prefectura Carabineros Santiago Sur, pasando por Cordillera, Oriente, Central y Norte.

Esto estaba pasando en todos lados. Mujeres por todas partes. Pacíficas y habladoras mujeres en todos lados. 4.162 detenidas, repartidas en 32 comisarías, incluidas algunas de menor capacidad como las prefecturas de radiopatrullas y la de Rinconada, según el sargento a cargo de la división de informática.

–¿Ustedes se dan cuenta de que ni una de las detenidas es parte de ninguna organización estudiantil? ¿Ustedes se dan cuenta de que ninguna de estas civiles es activista política? ¿Dirigente sindical? ¿Terrorista? Aquí está la señora que vende los diarios en mi barrio. ¿Qué hace ella aquí?

–Esta vieja de mierda se empoderó y nos secuestró.

–¿Quién detuvo a la señora Hilda Sanhueza? –preguntó el sargento Reyes a las unidades presentes.

Mardones mantuvo la cabeza baja, ya había entendido que no vendrían torta ni felicitación. Benítez lo miraba haciendo muecas, indicando que era esa mujer la que él había llevado cuando el micro estaba lleno. Mardones lo codeó hasta hacerlo callar. Al menos él estaba convencido de que esas mujeres que estaban en el patio eran peligrosas, si o sí.

–¡Quiero saber quién la detuvo! ¿O esperan que le explique al teniente coronel que la gente se nos “subió al micro”? ¿Están locos? ¡Si somos las fuerzas especiales, no somos los huevones de tránsito!

El capitán Carrasco, que obviamente había observado el intercambio de miradas entre sus subalternos, esperó algunos segundos hasta controlar el impulso inicial de tirarles el pisapapeles por la cabeza.

–Benítez, Mardones, vengan. ¿Qué hace esta señora detenida en mi comisaría?

–Mi capitán, verá, es que ella realmente se nos “subió al micro” –brotó de Benítez–. Por sí sola. Unas señoras incluso se peleaban por los asientos, ¿sabe?

–¡Sí! –vociferaron todos los demás funcionarios de la unidades desde atrás–. ¡Se nos subieron al micro! ¡Nosotros no hicimos nada!

–¡Silencio! –Carrasco estaba que estallaba–. ¡Esperen afuera, en el patio, junto a las detenidas! ¡Manga de imbéciles!

El capitán se paseaba en silencio, miraba por la ventana, desde el patio llegaban retazos de frases… cuerpo… territorio… resistencia… autonomía… El capitán cerraba los ojos, y movía incrédulo la cabeza.

–Gutiérrez, anote –dijo finalmente luego de un largo y sentido suspiro–. Quiero un sumario extensivo a todos los implicados, revisión de los procedimientos, y quiero que se deshaga de todas estas mujeres. Gutiérrez, la orden es que las dejen ir, sin cargo alguno. Vacíe mi comisaría ipso facto. Y, Gutiérrez: recuerde comprender al civil en rebeldía –finalizó Carrasco.

Gutiérrez bajó al patio. Llevaba dos malas noticias: una, que sus hombres quedaban suspendidos indefinidamente y la otra que ahora tenían que liberar a todas las detenidas. Por ahora no les diría nada de la suspensión, al menos no hasta que se vaciara la comisaría. Se acercó a ellos y les dijo con un tono de última cena:

–Muchachos, la contienda es desigual. Vuelvan a instalar las mesas de registro y que cada una de los detenidas vaya firmando su liberación y se vayan de la misma forma que entraron, en orden y en silencio.

Los fuerzas especiales ubicaron cuatro mesas fiscales, con máquinas de escribir, color gris-burócrata. Desde el altavoz se escuchó por toda la comisaría: “¡Se comunica a todas las detenidas en los disturbios del día de hoy que deben retirarse a sus casas de inmediato!”.

Pasaron algunos minutos. No se movió nadie. Las detenidas solo habían interrumpido sus actividades y conversaciones mientras escuchaban el anuncio. Pero ya habían vuelto a lo suyo. Las mesas permanecieron vacías.

–Capitán, disculpe –Gutiérrez volvió a subir al despacho del recién nombrado subcomisario–. Las detenidas parece que no se quieren ir.

–¡Gutiérrez! ¡Me está comenzando a palpitar el marcapasos a causa de su inoperancia! ¡Sáqueme a estas mujeres de aquí! ¡Ahora!

Gutiérrez volvió a bajar al patio.

–Muchachos –les dijo–, ¡hay que sacarlas, aunque sea a la fuerza! ¡Es una orden!

Nada. Ni un movimiento. Las mujeres parecían no tener prisa, como si no tuvieran trabajos que realizar, familias que cuidar o ni un perro que pasear. ¿No tenían hambre? ¿Frío?

–Bueno –dijo Gutiérrez–, si no razonan, será por la fuerza.

En el patio las mujeres seguían sentadas conversando entre ellas y no tomaban en cuenta a los oficiales que las observaban. Había una señora mayor que hablaba de una nueva Constitución y de una nueva realidad. Mardones fue el primero, seguía convencido de que esta gente era peligrosa. Llegó y tomó por debajo de los brazos a una señora, que estaba conversando con un grupo de otras mujeres:

–… y ahí yo me di cuenta de lo importante que había sido descubrir que como mujer, hija y madre yo sí era importante y aunque solo cuide a mi familia y mantenga el hogar calentito y con amor, eso era importante, y que tenía derecho a un reconocimiento al igual que muchas de las que estábamos hoy en la calle…

La señora no paraba de hablar e ignoraba por completo al hombre que por la espalda estaba pasando sus manos por debajo de las axilas para arrastrarla. Pero el pobre Mardones no sabía que se enfrentaba al peso absoluto de la apacible mujer. Ella no necesitó defenderse, era como si fuera parte del suelo, de la tierra, como una roca, una montaña viva y con raíces.

Mardones desistió, dando a entender que en realidad ni quería y que era mejor que terminara de hablar. Buscaría a alguien más liviano, Cerca de un pasillo encontró a la adecuada, una mujer peso mosca, que estaba conversando con otras mujeres. Ahora si funcionaría. Otra vez, por la espalda y por debajo de los brazos, comenzó a arrastrarla por el patio en dirección al portón. La mujer se dejó mover unos centímetros y nuevamente esa gravedad. Mardones era fuerte, pero tuvo que cerrar los ojos para poder concentrar toda su fuerza para moverla. Cuando volvió a mirar, de las piernas de esta mujer se habían colgado otras dos y de esas piernas, cuatro más, una por cada pierna.

La confusión en el cerebro de Mardones estaba llegando a límites peligrosos. ¡Tenía una orden y tenía que cumplirla! Sacó la luma y le mandó un solo golpe en las costillas.

–¡Que te has creído, mierda! ¡Váyanse todas las huevonas! ¡Ahora! ¡O las voy a moler a palos!

Por un instante hubo ruido. Luego silencio.

No pasaron más de cinco segundos y los siete funcionarios de fuerzas especiales yacían como tortugas apaciguadas, de espaldas, inmovilizados por diez detenidas cada uno.

Gutiérrez no podía creer de lo que estaba siendo testigo. Hacía rato que no estaba pensando claro, pero le pareció que la única forma de calmar a sus hombres y –de paso intimidar a las mujeres– era un disparo al aire.

El estruendo del disparo hizo volar a las palomas que dormían en la azotea y que habían estado alimentándose toda la tarde de los miles de migas que habían caído de los cientos de galletas que se habían comido las doscientas detenidas durante la tarde.

Entre medio del revoloteo de las palomas, apareció el capitán en la ventana.

–¡Gutiérrez! ¡A mi oficina!

Gutiérrez nunca había subido tantas veces –y más encima corriendo– a la oficina de su superior.

–¡Que mierda le pasa, Gutiérrez!? No las puede tratar así… ¡Cómo se le ocurre sacar el arma en esta situación! ¡Zopenco!

–Pero eso fue maltrato a la obra de Carabineros, mi capitán.

–¡Mire por la ventana! ¡Les están dando cariño! Además, ellas se están rigiendo por nuestro reglamento. Y eso que hicieron se llama legítima defensa, Gutiérrez. ¡A la fuerza significa autoridad, no violencia! ¡Comprender al civil, Gutiérrez!

–Mi capitán, ¿qué quiere que hagamos? ¡Son más de doscientas!

–¿Les dijeron “por favor”?

–Sí, capitán y respondieron: “No, gracias”. Estuvieron hablando sobre derechos sexuales y reproductivos. Enviamos a las subtenientes Morel y Espina. Por suerte Morel parece inmune a esto, pero a Espina la convencieron y al parecer se ha unido a ellas y se niega a volver…

–Escúcheme bien, Gutiérrez: acabo de recibir las órdenes superiores. Habrá que tratarlas con guantes de seda. Parece que no se irán, al menos hoy ya no, y por lo que he escuchado tampoco se irán mañana. Comience a preparar el sumario, Gutiérrez; aquí van a rodar cabezas.

–Capitán, disculpe; si les damos de baja nos quedamos sin gente.

–Ah, está bien. Es verdad. ¡Esto nos va a costar la carrera, Gutiérrez, a usted y a mí! Encárguese de que alguien me informe de cómo es que llegamos a esto, Gutiérrez, Adéntrese entre las detenidas, quizá una colega de la PDI[106] que sea inmune, alguna infiltrada, en fin, averigüe por qué no se van. Y averigüe qué es lo que hace inmune a la subteniente Morel, quizá podamos aprovechar ese algo en ella que no la hace feminista para defendernos de esta pandemia contagiosa.

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Prácticamente todas las comisarías de la capital se encuentran en una situación similar. Todo el país, a través de la tele o el cable, está pendiente de lo que está pasando. Las detenidas no demuestran ninguna intención de irse. Hablan entre sí, dormitan, escriben, debaten, votan, pintan, hacen yoga, tejen, leen, cantan, algunas incluso se hacen masajes y cartas astrales.

El general Passalotti, en su despacho en el Ministerio del Interior, acaba de dejar la reunión del Consejo de Defensa de Estado en que se determinó que el número de “detenidas voluntarias”, como fueron denominadas, ascendía a 4.465 solo en Santiago, y la información desde las comunas de la región metropolitana indicaba que la cantidad de ellas ascendía a 19.854.

La situación se mantiene ya por más de una semana. Las detenidas recibieron sacos de dormir y colchones inflables marca Coleman. La gran parte de los vegetarianos y veganos aficionados a la alta cocina alternativa basada en conocimiento y estudio de los reinos vegetales trae comida diariamente. También para los funcionarios de las comisarías. Están muy dedicadas a la meditación, pasan largas horas repitiendo un mantra constante. Han desarrollado juegos y se leen las cartas unas a otras. Amigos y familiares, con la misma actitud incomprensiblemente serena, ordenada y misteriosa, han sido los encargados de traer fruta y ropa de cambio.

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–General, llegó el agente especial de la Jefatura de Inteligencia Policial.

El agente de inteligencia apareció en el marco de la puerta.

–General Passalotti, permítame presentarme… mi nombre es…

–No me diga su nombre… no me interesa saber su nombre. Se supone que usted viene a explicarme lo que estoy viendo.

–Así es, general.

–¡Dígame entonces qué es lo que estoy viendo!

–Por supuesto, general. Verá, estamos ante un escenario complejo. No sabemos si hay alguna organización o alguien identificable detrás de esto. Tenemos mucha gente trabajando en obtener dicha información. Lo indiscutible es que la ley nos obliga a tratarlas muy, muy bien. Millones nos están observando… Los tiempos cambian y nosotros tenemos que adaptarnos. De lo contrario explicarán la lógica a la cual se han sometido y desbaratarán como una bomba silenciosa el poder que ya no podemos defender. La demanda por una nueva sociedad debe ser aprobada.

–¿Así de simple?

–Si, general, así de simple, y más vale entenderlo pronto.

Fin.

Éramos de Pichincha

Marcela Ruyu[107]

Nuestra infancia

Éramos de Pichincha, cuando el barrio era mucho más que barrio, era reunión, era río, era encuentro, paisaje, árboles, espacio y contacto humano. Nuestras madres y padres se conocían y coincidían; nuestros primos y hermanos, que eran mayores, iban al mismo colegio. Y después aparecimos nosotras, una en cada vida de la otra, y coincidimos en la amistad. Porque nos escuchábamos, porque éramos distintas y a la vez comunes. Teníamos coincidencias y diferencias. Pero éramos como somos, desde un principio amigas.

Vos vivías en Brown y Oroño, y yo en Oroño y Brown. Y éramos las más cercanas del barrio, donde su gente nos veía atravesar y recorrer las calles de la misma manzana por horas sin parar de hablar, y la manzana era Brown, Oroño, Güemes y Alvear, y las vecinas del barrio, como la señora Pita Zadunaisky, esposa del doctor y amigo del barrio, nos decía que estábamos haciendo un surco de tanto pasar y pasar… lo vaticinaba. Porque iba a ser cierto, estuviéramos juntas o separadas ese surco nunca se borró pues en cada momento cuando nos necesitábamos estábamos una escuchando a la otra, recorriendo la vida como si nos siguiéramos viendo todos los días.

Y fuimos al mismo colegio, el Verbo Encarnado, que nos quedaba a una cuadra y donde nuestras madres decidieron juntarse para colaborar, pues era una institución pionera en inclusión… gran acierto tuvieron Paquita y Delia (nuestras madres), digno de mencionar. Más que colegio era el lugar donde podíamos ir siempre que quisiéramos y allí aprendimos a leer y escribir junto con las labores, a ser sensibles, tener cosas para hacer juntas, imaginar y crear, además disfrutamos de la inclusión sin ni siquiera saber el significado de esa palabra.

Eso era nuestra infancia… cuando era todo inocente y natural. Ahora seleccioné quizá algunas curiosas anécdotas que dejaron esas metáforas poéticas de la amistad en el alma y aquellas moralejas que nos enseñaron empíricamente a identificar la diferencia que hay entre un “amigo” de ocasión y “un amigo”.

Pero conste que son solo algunas, otras me las guardo para mí, como ese tesoro que agradezco haber recibido, el tesoro de nuestra amistad que tanto ayuda a vivir. Yo era corta de vista o, más claro, era miope, y era tan importante la miopía que ni las terrazas de las casas veía. Entonces inventamos cómo solucionarlo y Nieves fue la primera que me ayudó a minimizar el problema. ¿Y si les ponemos nombre a cada vecino según ellos nos parecían? Así nacieron Capicúa, Cariseca, Gordo panza de agua y otros que me roba la memoria. Entonces vos, Nieves, me contabas: “Este está haciendo esto, aquel hace esto otro”, y jugábamos con ellos en el carnaval. ¡Qué felices éramos! Ni siquiera un problema grande servía para interrumpir el juego.

Luego mis padres lo notaron, las hermanas del colegio también y fui al oculista para poder ver… Algo tan simple y tan complejo como eso… Nuestra infancia transcurría y transcurría, siempre juntas con ese sentido de justicia del “ahora te toca a vos”. Nos juntábamos en tu casa o en la mía y nos íbamos de vacaciones en familia, juntas, y tomábamos la merienda eligiendo por turno las masitas del Palacio de la Galletita: un día elegías vos y al siguiente me tocaba a mí… y aprendimos danza y dibujo, pasamos algún verano en las piletas diciéndonos: “A mí me gustaría ser rubia y alta”, y vos a veces me decías fastidiada: “¿Por qué te atás el pelo? Dejate tus rulos”, y entre capricho y piropos erramos siempre en todo hasta en el más mínimo detalle… eso… amigas. Pero lo bueno es que nada nos dejaba de gustar estando juntas. Hermosa infancia llena de disfraces y dramatización donde aparte del maquillaje lo que más usábamos era la imaginación y los códigos de la amistad.

Nuestra adolescencia

Ya más grandes, tu mamá y la mía eran amigas, concordaban como concordábamos nosotras y mi madre, que era más miedosa que la media común, se decidió a dejarme salir cuando te dejaron salir a vos, y si tenías un “más que amigo”, mucho mejor… Por entonces cursábamos en colegios diferentes: Santa Unión vos y Misericordia yo, pero nos unía el deporte (hockey) que hacíamos. Fue así que mi madre me dejó compartir salidas contigo y Chiqui, nuestro entrenador.

Y la que se portó mal, por inexperiencia, fui yo, pero, por suerte, ni mi madre ni mi padre lo supieron. Esa vez en una fiesta casi familiar, que se hacía en la terraza de la casa de un chico de rugby, yo creí que el whisky (Paddy, para ser exacta, porque nunca lo olvidé) era limonada y como gracias a mi miopía era sumamente tímida (coqueta y caprichosa hasta que salieron los lentes de contacto), al probar aquel “elixir” que me desinhibía repetí la experiencia durante toda la noche. Cuando en la terraza de esa casa vi que las casas se juntaban, me senté en una silla y pregunté: “Nieves, ¿dónde estás? Tengo sueño, quiero dormir”, mientras vos me agarrabas la mano que nunca me soltaste y, mientras me tomaba un café amarguísimo y olía un pañuelo con lavanda, me ayudaste a bajar de la terraza. Esa noche nos venían a buscar tus padres en auto y cuando tocaron timbre cada uno de los chicos bajaban y les decían: “Ya vienen”, “Enseguida bajan”, “Ya están viniendo”.

Esta curiosa situación ya les había resultado extraña a Paquita y don Segundo. Cuando entré al auto poco pude conversar, así que vos te encargaste de subir a casa, buscar mi ropa de noche y tranquilizar a mi madre que te preguntaba dónde me había quedado: “Está con mis padres abajo y se queda a dormir en casa, con esa seguridad que te caracteriza. Y fue así que esa noche Paquita, como un ángel de la guarda, se quedó velando mi sueño vertiginoso y lleno de escalofríos en pleno enero. Al amanecer un suculento desayuno compensó lo mal que me había sentido con un hermoso amanecer junto a ustedes. Fue anecdótico; lo cuento como un buen recuerdo y a la vez una moraleja ya que nunca quise “hacer la prueba otra vez”. Fue por falta de experiencia y pude contabilizarlo a mi favor, valoro la contención que me dieron en ese momento y no olvido. Al otro día volví a casa hecha un primor. Todo había vuelto a la normalidad. Menudo castigo hubiera tenido si mis padres se enteraban.

Pasó el tiempo, y la Facultad de Humanidades (Antropología) y mi profesorado de Educación Inicial en el Instituto Adoratrices volvía a separarnos, no sin antes de que fueses mi profe de filosofía y lógica. Una profe que me hizo amar esas dos equivalencias que me hicieron sacar notas sobresalientes gracias a tu mente generosa y adaptada para el transmitir.

Yo siempre al lado de mis viejos, será por lo que ahora llaman la zona de confort, ¿o por qué será? Nunca dudé de que lo hacían por mi bien, pero mis alas estaban mochas y vos desplegando tus alas con valentía, aprendiendo y siendo experta en volar. La vida fue diferente para nosotras, pero siempre admiré tu vuelo y que hayas sido una pionera en salir de tu zona de confort para lograr tus objetivos. Festejo que en ese caminar hayas recogido los frutos de tu valentía.

Tus viajes para aprender más… Ibas y venias y yo siempre te esperaba mientras trabajaba en mi jardín. Quizá lo que más recuerdo es cuando iba a ver a Paquita y ella me contaba, en tu casa de Pichincha, lo que significaban las máscaras que tenías colgadas en tu habitación… porque vos no podías porque andabas por el mundo, pero aprendí a vivir con eso: mi hermana está bien, sus logros son buenos y no nos perderemos porque, estemos donde estemos, nos tenemos la una a la otra, en una amistad verdadera.

Nosotras, ya mujeres

Momentos álgidos no faltaron en nuestra amistad… momentos de decisiones importantes donde nuestra amistad fue más fuerte que el miedo, más fuerte que la amenaza, porque la verdadera amenaza era distanciarme de vos, que nos separen; esa era la única amenaza que contaba para mí, pelearnos, traicionarnos, abandonarnos, esa era la miseria humana más temida y por supuesto no nos podía ni tocar porque nosotras juntas no conocíamos de miedos.

En la época siniestra de los milicos el instinto de conservación ponía a la amistad a prueba. Pero era sabido que nuestra amistad era más que eso: era ser hermanas, casi hermanas de sangre, por elección, y mi padre lo autenticaba, él me daba el carácter, la firmeza y los valores que se necesitaban. Nunca ningún viento nos azotó. Siempre fuimos eso: hermanas por elección.

Y después de que tu valentía de crecer como mujer intelectual plantó semilla y dio fruto, llegó ese nombramiento que te daría el triunfo en tus metas: un trabajo en la Cepal, pero no era cualquier trabajo; era ser el pensamiento jurídico de la mujer en Latinoamérica… No era cualquier trabajo… menuda responsabilidad te había llegado en ese telegrama… Él te daría el triunfo en tus metas, pero te alejarías de mi (físicamente) porque ibas a encontrar el amor verdadero también, y cómo no festejar tu alegría.

Y vendrían los tiempos de recompensa y triunfos merecidos. Y vendrían a tu vida Sergio y luego Sebastián, y yo disfruté que mi hermana por elección lo haya logrado, y por supuesto festejamos, vos desde Chile y yo aquí.

Y cada vez que vez que volvías era celebrar encuentros y logros mutuos, en mi casa, en la tuya o donde se nos presentara de ir juntas, solas o acompañadas, repitiendo y disfrutando lo que nos regalaba la vida siempre. La dicha de volvernos a ver y contarnos todo, nuestras cosas buenas y no tan buenas. Siempre iguales, siempre inalterables.

Recuerdo una vez que fuimos a comer juntas, las dos solitas siempre festejando la vida, y el mozo que nos mantenía en suspenso daba vueltas a nuestro alrededor y de otras mesas con más cantidad de comensales sin atendernos. Cuando estuvo cansado de dar vueltas y posponernos, vino a atendernos y dijo con un dejo lastimoso: “¿Van a ser ustedes dos? ¿Nada más?”. Y vos, poniendo una voz grave, lo “sentenciaste” diciéndole tres palabras: “Ni nada menos…”. El mozo abrió los ojos desmesuradamente y se apuró a atendernos sin dar excusas y sin animarse a nada más. Ja ja ja… lo narro porque es una forma corta de definirte…

Algo aprendí de verte: aprendí estas cosas tuyas que traté de hacer, aprendí a valorarme, a no buscar ser mártir de nadie, a no resignarme y a buscar lo que merecía…. y vos sabés por qué lo digo Me ayudaste a valorarme; quizá me demoré, pero lo hice también para merecerme el título de amiga-hermana… cómo no aprender… para que estés orgullosa de mí.

Sucedió que entre las muchas conferencias que diste y charlas por el mundo una vez, como había sucedido en otras oportunidades, te toco acá en Rosario, en el Concejo Municipal. Cuando empezaste a hablar agradeciste la presencia de las autoridades y, haciendo un alto, dijiste: “Y además quiero agradecer especialmente (quién sería el que faltaba) a mi querida amiga de siempre que se encuentra presente en este momento”, y me nombraste a mí. Esas cosas no se olvidan, esas cosas dejan huellas, como aquel surco que dejamos en el barrio, como antes, vos y yo valorándonos y, por turno, como cuando éramos chicas y decíamos: “Ahora te toca a vos”.

Los derechos humanos en las políticas públicas[108]

Víctor Abramovich

¿Qué relación tienen los derechos humanos con los procesos de formulación e implementación de políticas públicas? Hay al menos tres aspectos que permiten abordar esa relación.[109]

El primero es que los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales que se incorporan a las Constituciones nacionales, así como los derechos fundamentales reconocidos en esas mismas Constituciones, ayudan a definir un campo de lo público, un campo de responsabilización del Estado. Configuran cuestiones sobre las cuales el Estado tiene que asumir algún tipo de intervención, y por las que puede ser llamado a rendir cuentas. No es un tema menor cuando mucho de los debates de política pública de la región en los últimos años pasan precisamente por definir cuál es el campo de lo público, de la intervención estatal; sobre qué cosas los Estados se tienen que hacer cargo, y, puesto en otra perspectiva, qué asuntos son del Estado, qué otros son del mercado o de las familias o de la esfera privada, y qué tipo de intervenciones el Estado debe y puede tener.

Los derechos conllevan obligaciones y esas obligaciones, en caso de no ser debidamente cumplidas, pueden derivar en mecanismos de responsabilización. Parte de los desarrollos en materia de derechos humanos avanzan en definir un campo de lo público, donde se juega algún tipo de responsabilidad estatal. A veces se trata de deberes de prestación, otras veces deberes de organización de servicios e institucionalidad, o bien de funciones de regulación de los actores no estatales, como las empresas y las relaciones de mercado.

De alguna manera, los principios y estándares de derechos humanos contribuyen a reforzar la idea de un Estado obligado a la realización de ciertos derechos civiles, políticos y sociales, que asume además deberes diferenciados respecto de aquellos sectores en situación de mayor desventaja para el ejercicio de la ciudadanía. Un ejemplo de esta evolución de enorme actualidad es que los tratados de derechos humanos y su interpretación autorizada en la esfera internacional contribuyeron a construir la idea de que los asuntos del cuidado de niñas, niños y personas mayores, que históricamente estuvieron ceñidos a los arreglos de las familias, debían ser asuntos de interés del Estado para evitar que las relaciones de poderes asimétricas en las familias reproduzcan la desigualdad de género. Lo que se veía como un asunto propio de la esfera familiar se volvió un asunto político y de la esfera de la responsabilidad estatal. Desde otra perspectiva, los instrumentos de derechos humanos amplían las prestaciones estatales en la esfera social, convirtiendo en temas de la responsabilidad estatal asuntos que tradicionalmente quedaban sujetos a arreglos privados o familiares, por ejemplo la protección de derechos de las personas con discapacidad, o de las personas mayores, en diversas esferas de la vida social, así como la regulación de los establecimientos de internación o de “larga estadía”.

Lo mismo ocurre con relación a la tutela del ambiente, y los recursos naturales, pues muchas regulaciones ambientales interfieren en asuntos que se consideraban exclusivos del mercado, o en la preservación de la pluralidad de la esfera pública y los medios de comunicación social, al imponérsele al Estado que regule cuestiones vinculadas a la propiedad de medios y desarrolle políticas de desconcentración que también eran asuntos considerados del dominio del mercado e incluso vedados a la injerencia pública. La normativa internacional, por otro lado, impone a los Estados deberes de organización, regulación y fiscalización de servicios sociales indispensables para la realización del derecho a la salud o a la educación.

Cuando decimos que los instrumentos de derechos humanos imponen un campo de responsabilidad del Estado, estamos diciendo que presuponen también un modelo de Estado. Un Estado que garantice derechos sobre la base de un piso de igualdad.

Diría que hay una segunda cuestión importante para pensar el enfoque de derechos en las políticas públicas. Estos marcos jurídicos de los tratados y de las Constituciones no solo definen en el plano teórico o formal una esfera de acción estatal, sino que también aportan un determinado enfoque o una determinada perspectiva para pensar y abordar problemas sociales concretos. Esto último es importante, pues para que haya una política pública algo tiene que ser pensado socialmente como un problema, asumido como un conflicto que requiere ser resuelto por la comunidad, pero la manera en que lo defino orienta la respuesta a ese problema y el marco de la discusión, incluso los actores que van a intervenir en esa discusión y los procedimientos para decidir e implementar una acción pública. Si uno mira los instrumentos de protección de derechos humanos, en muchos campos no solo definen una esfera de acción y responsabilidad estatal, sino que traen una cierta perspectiva acerca de cómo encarar la respuesta a ciertos problemas, y no estoy hablando de cuestiones teóricas. Así, por ejemplo, el modelo de protección integral que trae la Convención de Derechos del Niño se contrapone con un modelo clásico de las políticas de infancia que es el modelo tutelar, y no estamos hablando de abstracciones, sino de consecuencias muy directas en términos de cómo abordo la política de infancia, incluso en aspectos que todavía están siendo materia de discusión, por ejemplo, sobre autonomía progresiva de niñas, niños y adolescentes, o responsabilidad penal juvenil.

Pensemos en otro campo de la política pública, como la discapacidad. Los marcos normativos, la Convención de Discapacidad de las Naciones Unidas (ONU) que tiene rango constitucional, o la legislación complementaria más moderna, como la ley de salud mental o el nuevo código civil y comercial, organizan un modelo o un enfoque particular de la temática que es el “modelo social de la discapacidad”, que se contrapone con el viejo modelo tutelar y medicalista que se centraba en la discapacidad como problema médico biológico y ofrecía como respuesta central la incapacitación y el consiguiente desplazamiento de la autonomía en manos de un agente tutor o representante.

Ese nuevo modelo trae una mirada diferente para abordar la problemática; primero parte de que el problema de la incapacidad no es un problema estrictamente físico, médico o biológico sino que tiene que ver con obstáculos para la inclusión social de las personas con discapacidad. Parte de una idea contrapuesta de la anterior de que las personas con discapacidad son personas titulares de derechos, cuya autonomía tiene que ser plenamente respetada y que solamente puedo restringir la capacidad en casos extremos cuando no es imposible apoyar decisiones autónomas de las propias personas. Evita entonces el desplazamiento de la autonomía y prioriza un sistema de apoyos para favorecer la escucha y la decisión autónoma de la persona, cualquiera sea su discapacidad. Cada modelo estructura su propio sistema normativo y de políticas públicas. Hablo de modelos contrapuestos porque el enfoque de derechos humanos, el modelo social, aún no se consolida, y enfrenta resistencias y contramarchas. La comunidad de derechos humanos, los activistas, los organismos internacionales, los marcos legales nacionales inspirados en esos instrumentos impulsan una determinada perspectiva que está en tensión con otra que no termina de morir.

Vayamos a otro ejemplo también complejo. Los instrumentos de derechos humanos que reconocen y definen derechos culturales de pueblos indígenas van a contramano de la idea clásica del tratamiento de población indígena en muchos países de América Latina como incapaces relativos, o con la protección tutelar del subalterno propio de la política social asistencial de viejo cuño. En este asunto, los instrumentos de derechos humanos traen una serie de principios a partir de los cuales pensar a las comunidades y los pueblos indígenas como sujetos titulares de derechos colectivos, que abarcan una serie de derechos culturales específicos como el derecho al territorio colectivo, a la consulta sobre aquellas decisiones que los afecten, al reconocimiento de su derecho consuetudinario y sus mecanismos de resolución de conflictos, al reconocimientos de las autonomías políticas y jurisdiccionales. Este enfoque de amplios derechos culturales entra en tensión no solo con el viejo modelo tutelar que mencionaba, sino también con determinados modelos de desarrollo basados en el extractivismo, y es difícil encontrar puntos de armonización entre las distintas visiones. Desde esta última perspectiva, los derechos culturales indígenas reconocidos por las normas internacionales se presentan como obstáculos para el crecimiento económico y las políticas distributivas. Pero esos derechos no son papel pintado, están para ser garantizados y el Estado no puede obviar su existencia. Hablamos por eso de un enfoque que se enfrenta con otros, a veces hegemónicos, en el ámbito de la política pública.

Entonces, la primera cuestión que planteo es la siguiente: los derechos ayudan a definir el campo de lo público. Segunda cuestión: los instrumentos que consagran derechos –tanto los tratados como las Constituciones y sus leyes reglamentarias– contribuyen a definir un enfoque particular para abordar problemas sociales que orientan los modelos de política. Ese enfoque suele estar incorporado en las propias demandas sociales que contribuyen a instalar un determinado asunto en la agenda pública, o bien en la perspectiva del gobierno que procura dar respuesta a esa demanda o en diversos actores de un conflicto. La configuración social del problema, y su inclusión en la agenda política, es un aspecto complejo del proceso de formulación de las políticas, y en esa instancia los enfoques basados en derechos, como ilustran estos ejemplos, juegan un papel relevante en determinados asuntos públicos (IPPDH-Mercosur, 2014).

Hay un tercer aspecto que me gustaría agregar a la discusión. Los instrumentos de derechos humanos contienen también ciertas reglas de organización de las políticas, de los servicios públicos y de los servicios sociales, o sea, principios que contribuyen a ordenar la manera en que el Estado interviene en estos asuntos. Cómo tiene que organizar ciertas prestaciones, qué institucionalidad debe sostener esas intervenciones y políticas públicas. Eso comprende una definición acerca de quiénes deben o deberían participar en los procesos de formulación e implementación de las políticas, quiénes deberían sentarse a una mesa de discusión para definir su contenido e implementación, en qué medida ciertos derechos deberían requerir la producción de cierta información y asegurar el acceso a determinada información pública, ciertos mecanismos de evaluación y verificación, incluso de control, fiscalización y de rendición de cuentas o de responsabilización de los agentes públicos. La idea de los derechos no solo como forma de definir un campo de responsabilidad estatal, o un enfoque particular, sino también los derechos como reglas de organización que van a incidir en la institucionalidad de ciertas políticas públicas, en particular de las políticas sociales. Cuando digo esto pienso en los llamados derechos procedimentales, entre los que podemos mencionar el derecho de acceso y producción de información, de participación política, de consulta y búsqueda de consentimiento, de audiencia y concertación, de acceso a la justicia y a la protección judicial efectiva, entre otros.

Cuando hablamos de garantías, obviamente una dimensión de la garantía es la tutela jurisdiccional o judicial. No es lo mismo reconocer una prestación como un beneficio que reconocerla como contracara de la titularidad de un derecho, porque si se reconoce como contracara de un derecho eso puede generar un nivel de exigibilidad mayor. Pensemos todo el campo histórico de la seguridad social donde en la Argentina tenemos un sistema de protección de derechos bastante fuerte en relación con los derechos jubilatorios o previsionales, de lo que se denomina seguridad social contributiva. Una idea de relación sustitutiva con los salarios del personal activo, un concepto de derechos adquiridos, tribunales y normas especiales y un cuerpo de principios constitucionales que rigen la cuestión. Pero, si vamos a la esfera de lo no contributivo, los títulos son más precarios. En la actualidad, por ejemplo, estamos discutiendo los cambios regulatorios que condujeron a restricciones en las pensiones por discapacidad sin derecho a audiencia, sin debido proceso. El reconocimiento de cierto principio de igualdad fuerte y de ciertos derechos sociales genera también la necesidad de que el o la titular de esas prestaciones tenga un título que los haga exigibles y que eventualmente pueda plantear un mecanismo de responsabilización si el derecho es denegado injustamente, si recibe un tratamiento injusto. Por ejemplo, si es excluido injustamente de un programa o un servicio. Eso tiene mucho que ver con cómo se organizan los mecanismos de responsabilización o de rendición de cuentas incluso en la esfera administrativa.

Otra serie de garantías que me parecen centrales son las que Luigi Ferrajoli (1999) denomina garantías sociales y políticas. Me refiero al reconocimiento de ámbitos de participación social en los procesos de formulación e implementación de políticas. La participación social es un principio de legitimidad de la política; también es un principio de efectividad porque la participación genera información para mejorar los diseños y evaluar las políticas. Pero también es una obligación del Estado que deriva del reconocimiento de ciertos derechos, por ejemplo, los derechos colectivos de los pueblos indígenas sobre los territorios que tradicionalmente habitan obligan al Estado a consultar cuando va a tomar medidas que pueden afectar los intereses que esos pueblos tienen en esos territorios, y eso no es solo un deber moral o un deber de buena política pública sino también un deber constitucional. Ciertos principios que están vinculados con los derechos de los usuarios y consumidores de servicio público, en particular de aquellos que van atados a derechos sociales –por ejemplo, el derecho a la vivienda–, como los servicios públicos domiciliarios, la luz, el agua, imponen en la Constitución y en la legislación federal reglamentaria ciertas obligaciones procedimentales, como la realización de audiencias, la producción de información, la consulta previa. En el debate que se dio en 2006 en la Argentina con los ajustes tarifarios por falta de audiencia pública, la discusión que básicamente se estaba planteando era sobre la existencia de derechos de usuarios de servicios públicos. Estos derechos, además de generar obligaciones sustantivas –por ejemplo, la idea de que la tarifa tiene ser justa y guardar relación con el nivel de ingresos–, originan también obligaciones procedimentales, vinculadas con la información pública, la transparencia en la actuación de la administración y con la consulta y participación de los ciudadanos. En varios casos la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró violados derechos sociales, como la salud, por déficit de acceso a la información, como cuando se niega el acceso a un consentimiento libre, previo e informado de un tratamiento, o cuando el sistema público de salud no brinda información adecuada para evitar la transmisión de VIH entre madres e hijos.[110]

Lo mismo en el terreno del derecho ambiental: muchas de las obligaciones más fuertes que asume el Estado en términos de protección del ambiente tienen que ver con deberes procedimentales, por ejemplo, obligación de producción de información pública y de acceso a información pública sobre impacto socioambiental de determinados proyectos, mecanismos de consultas previas con cierta características.

Estos principios se plantean también en la esfera de las políticas y de los servicios sociales del Estado; por ejemplo, un informe de la relatora de la ONU sobre pobreza y derechos humanos que analiza los programas de transferencia de ingreso condicionados en varios países de la región –como la Asignación Universal por Hijo o Hija (AUH) en Argentina o el Bolsa Familia en Brasil– estudia estos programas no solo en términos del tipo de prestaciones que otorgan, qué tipo de nivel de sostenimiento de ingresos establecen, sino cómo se organizan esas prestaciones, qué institucionalidad pública las sostiene, cuáles son los espacios de concertación y discusión previos a la formulación de las políticas, en su implementación, así como los mecanismos de rendición de cuentas (ONU, 2009, 2010). Cómo se evalúa la política no es un tema ajeno a la cuestión, pues si hay que evaluar el impacto discriminatorio de una política, cómo se logra hacerlo si el que tiene que evaluar no escucha a los actores potencialmente afectados o no tiene una estrategia para escuchar a quienes además son destinatarios de la política y pueden ser potencialmente afectados por arreglos discriminatorios excluyentes, que no sean fácilmente visibles, que estén encubiertos o no se observen a simple vista, sin dato social o estadístico o encuestas cualitativas (IPPDH-Mercosur, 2014).

Por último, cuando pensamos en los derechos reconocidos en instrumentos o tratados de derechos humanos, un aspecto importante es que esos instrumentos, como decía Norberto Bobbio, son reflejo de luchas sociales, derechos conquistados en determinado momento histórico, parte de procesos de reconocimiento político de derechos que fueron demandados, peleados y conquistados en la esfera pública política local e internacional a través de conflictos históricos que modelaron su alcance y les dieron un determinado sentido.

Un dato importante para la Argentina es que esos instrumentos de derechos humanos no son solo instrumentos internacionales sino que han sido incorporados en el sistema normativo nacional, en la propia Constitución, e integran una especie de bloque único. Son pautas orientadoras de aquellas cuestiones que son parte de la responsabilidad del Estado, que incluso si el Estado no cumple podrían ser objeto de demanda. Pero la historia de la conquista de los derechos no es lineal, tiene marchas y contramarchas, más allá del grado de institucionalización alcanzado, pues a veces los retrocesos se dan en el plano de la efectividad más allá de su reconocimiento formal. En este punto, cuando hablamos del enfoque de derechos humanos de las políticas gubernamentales, es relevante entender que en ciertos procesos políticos de apertura o ampliación de la ciudadanía los derechos pueden orientar intervenciones públicas y ayudar a promover cambio social. Pueden servir, como dice Sally E. Merry (2010), para bajar a lo concreto el principio de justicia social. Pero en procesos políticos conservadores o regresivos, como los que se experimentan en muchos países de la región en la actualidad, los derechos humanos pueden funcionar como herramientas defensivas, que sirven para impugnar la orientación de estos modelos de política.

Cuando se piensa en los derechos humanos, tradicionalmente se tiende a pensar en los clásicos derechos civiles y políticos; la cuestión de los derechos humanos en la Argentina está muy vinculada al terrorismo de Estado, al juzgamiento de las violaciones masivas y sistemáticas. Sin embargo, el desarrollo en el campo de los derechos humanos amplía considerablemente esos derechos no solo a nuevos derechos económicos, sociales y culturales, sino a una nueva lectura de los clásicos derechos de libertad como lo son los civiles y políticos, apoyada en una concepción más exigente y profunda de la igualdad. ¿Qué entendemos por una noción robusta o fuerte de igualdad? La Corte IDH habla de que existen dos principios de igualdad en la Convención Americana: una negativa y otra positiva.[111] Para la Corte el principio clásico de igualdad –igualdad negativa– es la idea de evitar diferencias de tratos irrazonables entre las personas, garantizar a todas ellas un piso común de iguales derechos, que es lo que comúnmente se denomina la igualdad formal ante la ley, el principio clásico liberal de la igualdad.

Pero hay una segunda postulación del principio de igualdad que va a ser más exigente respecto de la función del Estado y que es lo que se llama principio de igualdad positiva, también denominada igualdad real de oportunidades o igualdad sustantiva, o igualdad estructural, o principio de no subordinación, que apunta ya no a que el Estado garantice un piso igual de derechos para todas y todos, porque no todas y todos corremos la carrera desde el mismo punto de partida, debido a que existen diferencias relevantes en la esfera social y política que conducen a que un tratamiento igual o idéntico lleve a reproducir esas diferencias de poder, de información, de reconocimiento y dignidad.

Entonces, espero del Estado un poco más que ese piso igual de protección, le exijo que además del igual tratamiento formal de todas las personas ante la ley, adopte medidas positivas para crear condiciones de igualdad real, en particular respecto de sectores de la población tradicionalmente excluidos o que enfrentan riesgos estructurales de ser discriminados. La Corte IDH le llama a este segundo principio igualdad positiva o estructural. El lenguaje puede ser discutible, pero la idea me parece interesante, pues apunta a definir una función del Estado proactiva, no neutral, de remover obstáculos que impiden a ciertos sectores ejercer en pie de igualdad con otros sectores determinados derechos básicos.

La primera formulación del principio de igualdad, la noción de igualdad formal, implica básicamente la prohibición de diferencias de trato arbitrarias o irrazonables, establece un principio de igual tratamiento por la ley y por el Estado, impugna privilegios y al mismo tiempo tratos peyorativos que pueden a afectar a una persona o a un grupo de personas. Esa es la noción de igualdad que se reconoce históricamente como primera noción de igualdad, como noción de igualdad de primer grado. Si pienso en un modelo de política de igualdad que corresponde simplificadamente a este primer principio, es la prueba ciega de admisión o de ingreso a un empleo o a una plaza educativa, por ejemplo, el anonimato en el examen de ingreso a una universidad. Si adjudico un código a un alumno, se desconoce su origen social, su nacionalidad, su edad, su religión, su color, y por lo tanto aquellos factores que expresan habitualmente prejuicios se excluyen de la decisión, que queda sujeta exclusivamente al mérito de la prueba, al resultado del examen. Por eso la idea de ceguera ante la diferencia es una metáfora que suele caracterizar también a este primer principio. La idea de neutralidad como una venda en los ojos.

Sin embargo, el segundo principio, que es la noción de igualdad sustancial o estructural, se refiere a la obligación estatal de crear condiciones de igualdad real, respecto de grupos o sectores sociales históricamente excluidos o en riesgo estructural de ser discriminados. Esta segunda noción de igualdad considera especialmente las estructuras sociales que crean y reproducen la desigualdad y es una noción de igualdad más fuerte, que no desplaza a la primera, es complementaria de la primera noción. Un rasgo especial es que proyecta sobre el Estado un papel más exigente, como protector de derechos de determinados sectores sociales, como organizador de servicios, como regulador aun de actores privados, incluso como regulador de las actividades económicas y en general del mercado en materias diversas, como la ambiental o la tutela de los consumidores de bienes y servicios.

Esta noción de igualdad positiva o de igualdad estructural o de igualdad sustantiva básicamente presupone que se defina quiénes son los sectores sociales que requieren atención diferenciada o prioritaria; y esto es interesante, porque cada comunidad debe definir con claridad a estos sectores, porque no todos los grupos que son discriminados en un ámbito lo son en otros, cada sociedad y cada comunidad tienen que entender cuáles son los grupos que requieren la atención prioritaria del Estado, y definir esos grupos de atención prioritaria sobre la base de ciertos elementos que los caracterizan.

El modelo de política pública de este segundo principio no es la “prueba ciega”, sino una gama de políticas que van desde las cuotas y el trato diferenciado, que apunta a compensar a aquellos alumnos que corren con desventaja en una prueba de mérito a ciegas en función de las trayectorias sociales y académicas que preceden a la prueba de mérito, hasta las intervenciones transformadoras de las estructuras educativas excluyentes, como por ejemplo la diversificación y descentralización de los servicios educativos, volcando la oferta a los sectores tradicionalmente postergados de los centros tradicionales. Como se observa, este principio abandona la ceguera o la neutralidad, y parte de reconocer la diferencia, interviniendo en función de estas diferencias para equilibrar las asimetrías, en su formulación más tenue, o bien para transformar las estructuras que determinan esa desigualdad, en su formulación más profunda y ambiciosa.

Por lo general, cuando hablamos de sectores que requieren una atención prioritaria del Estado, nos referimos a sectores que sufren procesos históricos o bien estructurales de desigualdad, subordinación o exclusión, que pueden ser de distinto tipo. Iris Marion Young (1996) refiere cuatro dimensiones de la desigualdad que caracterizan a un “grupo subordinado”, en “situación de vulnerabilidad” o de “extrema vulnerabilidad”, que es el concepto que usa el sistema interamericano. La autora se refiere principalmente a las dimensiones política, distributiva, cultural de la desigualdad, así como la mayor exposición a patrones de violencia social o política.

Para entender realmente esta mirada sobre la igualdad sustancial no basta considerar aisladamente una dimensión de las que describe Young, pues se cruzan distintas dimensiones –distributivas, políticas, culturales y la violencia–. Hablamos por eso de un enfoque multidimensional de la desigualdad, similar al enfoque multidimensional de la pobreza, que comienza a reflejarse en la investigación social sobre las desigualdades persistentes (OPS, 2019). Casi todos los sectores subordinados o vulnerados sufren varias de estas dimensiones; es lo que Nancy Fraser (1997) llama comunidades bivalentes, que sufren injusticias distributivas y de reconocimiento. Entonces, en el campo de los derechos humanos lo importante es definir esos sectores que requieren intervenciones estatales más fuertes a partir de mirar distintas facetas de la desigualdad, y cómo esas facetas se potencian recíprocamente y obligan a definir políticas que vayan más allá del sostén del ingreso o lo estrictamente distributivo y abarquen otras dimensiones de la desigualdad.

En el campo de los derechos humanos además se habla de personas que sufren procesos de discriminación múltiple o procesos de discriminación interseccional. ¿Qué significa eso? Que una persona puede sufrir discriminación persistente por integrar distintos sectores o grupos, o por la intersección de varias “categorías” discriminatorias. Pensemos en las mujeres pobres que sufren situaciones de violencia y padecen obstáculos en el acceso a la justicia que están determinados, además de por su condición de mujer, también por su condición social. En casos de mujeres indígenas que sufren violencia estatal de género, se verifica que algunos obstáculos para denunciar se originan en su débil posición al interior de las comunidades que integran. Su condición en la comunidad agrava los obstáculos de acceso a la justicia.

Los estudios sobre categorización de género en los mercados de trabajo evidencian que ciertas actividades con predominancia informales, en condición precaria, y de bajos salarios se asignan a mujeres que son también migrantes, o migrantes internas. Por ejemplo, el trabajo en el servicio doméstico en la mayoría de los países sudamericanos, o la “maquila” –ensamblaje– en México y Centroamérica, o bien la explotación laboral y el sometimiento a trata de trabajadoras, trabajadores, jornaleras y jornaleros inmigrantes o migrantes internos, en quienes la vulnerabilidad inherente a la condición migratoria coadyuva a la desigualdad de poder de negociación con el empleador. La persona integra así círculos concéntricos de discriminación que se potencian y refuerzan. Por eso en la formulación de políticas estamos obligados a prestar atención a las distintas dimensiones de la desigualdad y a los casos de discriminación múltiple. Tener en cuenta esas dimensiones de la desigualdad puede servir para interpretar adecuadamente qué tipo de problema tengo enfrente y qué tipo de respuesta le puedo dar, desde la perspectiva de la respuesta efectiva pero también de la respuesta que el propio orden constitucional me demanda adoptar respecto de lo que es un campo de la responsabilidad jurídica estatal.

Considerar este enfoque multidimensional de la desigualdad también es relevante para analizar con mayor complejidad la participación en las políticas públicas y lo dicho acerca de las garantías sociales y políticas. Cuando hablamos del derecho a la participación en los procesos de formulación de políticas, no nos referimos solo a la existencia de espacios formalizados de consulta entre gobiernos y sociedad civil, sino en un sentido más amplio a la posibilidad real de que la ciudadanía se organice, se movilice, proteste y reclame sus derechos en la esfera pública, y esto presupone una configuración de la esfera pública política heterogénea y excluyente, definida por ciertas injusticias políticas que caracterizan la condición de grupos sistemáticamente excluidos y vulnerabilizados. Aquí también se proyectan algunas obligaciones estatales vinculadas con asegurar esos ámbitos de participación que corresponde abordar entendiendo el contexto de marcada desigualdad que enfrentamos. Hablamos de impedir, por ejemplo, la criminalización de la protesta y la movilización social, asegurar la libertad de asociación y los derechos sindicales, las personerías jurídicas de las comunidades indígenas, el respeto de las organizaciones de la sociedad civil y de la actividad fiscalizadora de la prensa, y también de regular la esfera de la comunicación social para evitar el efecto silenciador de los monopolios y la concentración de los medios masivos que contribuyen a soslayar y a estigmatizar a determinados actores y demandas sociales. En este punto, en línea con la lectura del principio de igualdad estructural, la libertad de expresión no se concibe solo como un derecho de autonomía para impedir que el Estado me censure o clausure la expresión de ideas u opiniones, sino que se reformula como un derecho social a la comunicación que impone el deber de garantizar a todas las personas el acceso a una esfera pública plural y diversa. Por lo tanto, protege de manera diferenciada a los sectores históricamente segregados de esta esfera expresiva e impone deberes de regulación de actores hegemónicos, e incluso la restricción de los discursos de odio que incitan a la violencia y la persecución, y de las expresiones discriminatorias y estigmatizantes.

Otra cuestión relevante en el campo de los derechos humanos cuando hablamos de igualdad estructural, y que tiene directa implicación en el campo de la evaluación de políticas públicas y el enfoque diferenciado antes mencionado, es el concepto discriminación indirecta. La idea de que puede ser discriminatoria, y por lo tanto violar el principio de igualdad, no solo una política que deliberadamente excluya a un sector de la población, que sea intencionalmente discriminatoria, sino que también puede violar el principio de igualdad una política que sea en apariencia neutral pero cuya implementación tenga un efecto discriminatorio.

Puede haber normas, arreglos institucionales que en su formulación son neutrales al no expresar sesgos raciales, de género, religiosos o de clase, pero que implementados en determinados contextos tengan por efecto o consecuencia discriminar, reforzar o reproducir la discriminación de determinado sector o grupo. Pensemos, por ejemplo, en los criterios clásicos de mérito para el acceso a determinados cargos públicos o para determinado reclutamiento de empleo, y relacionémoslos con la cuestión de la distribución de tareas de cuidado entre hombres y mujeres; hay ciertos criterios de mérito, por ejemplo los que califican las actividades extracurriculares o las actividades fuera del horario laboral, que aparentemente son criterios neutrales, pero que cruzados por una distribución inequitativa de las tareas de cuidado tienen por efecto profundizar la segregación de las mujeres al acceso a determinados cargos o empleos públicos. Si miro formalmente el principio parece neutral, pero su implementación tiene un efecto discriminatorio.[112]

Hay varias discusiones sobre arreglos que tienen que ver con la condicionalidad de programas de transferencia de ingresos, donde parte de los análisis apuntan a medir en qué medida ciertas condicionalidades que se ponen en cabeza de las mujeres a cargo del hogar y las tareas de cuidado infantil reproducen ciertos modelos de responsabilización de las mujeres en los temas del cuidado, y excluyen y tienden a reproducir la desigualdad de ellas en el acceso al mercado de trabajo. ¿Qué quiero decir con esto? Un principio de igualdad exigente como el que traen los instrumentos de derechos humanos no solo requiere mirar arreglos o criterios que directamente son discriminatorios, sino también los más sutiles, encubiertos, aquellos que en su formulación pueden parecer neutrales e inocuos, pero que en su implementación pueden tener impactos o consecuencias discriminatorios, y esto es todo un campo también de evaluación de políticas o de servicios: medir en qué medida ciertas reglas que establecen esas políticas o esos servicios a la larga producen como efecto profundizar la estigmatización, la segregación, la exclusión de determinados sectores o grupos. Recientemente el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de ONU, en el marco del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), en un caso contra Ecuador, examinó en qué medida diferentes tratamientos más gravosos que recibían las pensiones no contributivas respecto de las jubilaciones del sistema contributivo en cuanto al cómputo de aportes afectaban de manera diferenciada a las mujeres que no tenían trabajos formales estables.[113] Si bien se trataba de reglas diferentes entre sistemas de seguridad social y en los papeles esas diferencias obedecían a la naturaleza distinta de los sistemas y no a una agenda de género, en la medida en que la mayoría de las mujeres ecuatorianas realizaban tareas domésticas no remuneradas y no tenían trabajos formales registrados contribuían al sistema no contributivo, y por lo tanto las reglas diferenciadas más gravosas del sistema no contributivo de pensiones impactaban desproporcionadamente sobre ellas. Para el Comité, eran una forma de discriminación indirecta por género. Esta situación es similar en la Argentina, donde la mayoría de las mujeres en edad de jubilarse no alcanza el mínimo de aportes de los sistemas jubilatorios contributivos e ingresa a la seguridad social por moratorias, o por pensiones de vejez.

En suma, cuando hablo de enfoque de derechos en la política pública no me refiero a la judicialización, eso es una última cuestión. Apunto básicamente a cómo defino desde la administración del Estado el problema que tengo que enfrentar, a quiénes escucho para definirlo, cómo determino la esfera de lo público en contraposición con la esfera privada y del mercado, cómo formulo y evalúo mi intervención en función no solo de lo que es conveniente, adecuado y eficaz sino también en función de aquello que el Estado está obligado a hacer y de lo que tiene prohibido hacer, y sobre qué reglas y pautas organiza una institucionalidad que le brinde adecuado sustento a la intervención estatal.

Bibliografía

Abramovich, V. (2006), “Una aproximación al enfoque de derechos en las estrategias y políticas de desarrollo, Revista Cepal, Nº 88.

– y L. Pautassi (2009), “El enfoque de derechos en la institucionalidad de las políticas públicas”, en V. Abramovich y L. Pautassi (comps.), La revisión judicial de las políticas sociales, Buenos Aires, Del Puerto.

Fraser, N. (1997), Justitia interrupta: reflexiones críticas desde la posición “postsocialista”, Bogotá, Siglo del Hombre-Universidad de los Andes.

Ferrajoli, L. (1999), “Derechos fundamentales”, en Derechos y garantías: la ley del más débil, Madrid, Trota.

IPPDH-Mercosur (2014), Ganar derechos: lineamientos para la formulación de políticas públicas basadas en derechos, Buenos Aires. https://www.ippdh.mercosur.int/ganar-derechos-lineamientos-para-la-formulacion-de-politicas-publicas-basadas-en-derechos/

Merry, S. E. (2010), Derechos humanos y violencia de género: el derecho internacional en el mundo de la justicia local, Bogotá, Siglo del Hombre-Universidad de los Andes.

OPS (2019), “Sociedades justas: equidad en la salud y vida digna”, informe de la Comisión sobre Equidad y desigualdad en Salud en las Américas, Washington.

ONU (2009), “Informe sobre programas de transferencia de ingresos”, A/HRC/11/9.

– (2010), experta independiente, encargada de la cuestión de los derechos humanos y la extrema pobreza, Magdalena Sepúlveda Carmona, “Informe sobre protección social y pobreza de las personas mayores de edad”, A/HRC/14/31.

Young, I. M. (1996), “Vida política y diferencia de grupo: una crítica del ideal de ciudadanía universal”, en C. Castells (comp.), Perspectivas feministas en teoría política, Barcelona, Paidós.

Estamos a tiempo

Marita Perceval

Tal vez seamos la primera generación que consiga poner fin

a la pobreza, pero quizá también seamos la última que todavía tenga

posibilidades de salvar el planeta. Si logramos nuestros objetivos,

el mundo será un lugar mejor en 2030.

Agenda 2030

Propongo invitarnos a retomar hoy, en tiempos de pandemia, una discusión teórica, una conversación social y un desafío político que Nieves Rico planteara en 2008 –como oficial de Asuntos Sociales de la División de Desarrollo Social de la Comisión Ecoknómica para América Latina y el Caribe (Cepal)–, con el propósito de señalar las limitaciones y fragilidad de los supuestos teóricos inherentes a la conceptualización monetarista de la pobreza y los magros resultados obtenidos por las políticas públicas inspiradas en ese modelo.

En escenarios de epidemias, en contextos de conflicto, en situaciones de emergencias producidas por desastres naturales o por impacto del cambio climático, en épocas de crisis económicas o políticas, sabemos que las preexistentes desigualdades, injusticias y discriminaciones se extienden, profundizan y exacerban aún más por los impactos negativos que estas situaciones generan, y que las niñas, los niños y las mujeres son diferencialmente afectados.

Así, por ejemplo, al analizar la crisis del Ébola advertimos que tuvo mayores consecuencias negativas para las mujeres y en la infancia. Las cuarentenas redujeron significativamente la actividad económica remunerada de las mujeres –tanto en el sector informal como en el formal– y generaron una sobrecarga desproporcionada en las tareas de cuidado. Los índices de pobreza e indigencia aumentaron más entre las mujeres y los niños y niñas, especialmente en hogares de jefatura femenina. Se elevaron las tasas de mortalidad y morbimortalidad materna, el embarazo adolescente, el VIH y las enfermedades de transmisión sexual, la desnutrición y la malnutrición. Sin embargo, lo particularmente grave para las mujeres, las niñas y los niños sucedió después de la emergencia. La actividad económica de los varones se recuperó rápidamente, volviendo a los niveles previos a la crisis, pero no ocurrió lo mismo con las mujeres, para quienes regresar a una precaria normalidad fue aún mas difícil y extenuante. Los servicios de salud –especialmente de salud sexual y reproductiva– y los servicios socioeducativos –principalmente para la primera infancia– no fueron priorizados suficientemente al momento de reasignar recursos y poner en marcha o fortalecer políticas de protección y garantía de derechos, teniendo consecuencias evitables sobre la intensidad y la reproducción intergeneracional de la pobreza (ONU, 2014).

Pocos meses antes de que se identificaran en Wuhan los primeros casos humanos de COVID-19, la revista Dimensiones daba cuenta de que, a nivel global, una persona adulta de cada seis era pobre en comparación con uno de cada tres niños y niñas, según el índice de pobreza multidimensional. De los 1.300 millones de personas pobres en el mundo, 663 millones eran niñas y niños, 420 millones menores de diez años. Dos tercios de las personas pobres vivían en países de renta media.[114]

Según proyecciones de Unicef y Save The Children (2020), a fines de este año el 15% más de niñas y niños –alrededor de 86 millones– a nivel global vivirán en hogares pobres en los países de bajos y medianos ingresos, elevándose el número de niñas y niños en condiciones de pobreza a 672 millones.

Para la región de América Latina y el Caribe, el escenario sería aún más sombrío ya que la pobreza infantil podría aumentar en 22%. En el caso de la Argentina, según estimaciones de Unicef Argentina (2020), el porcentaje de niñas y niños en condiciones de pobreza multidimensional alcanzaría al 62,9%, lo cual significa que la cantidad de niñas y niños pobres pasaría de 7 millones a 8,3 millones en este período.

Frente a los desafíos preexistentes y emergentes, actuar no solo para mitigar sino para prevenir el impacto económico y social que la pandemia tendrá sobre la infancia no es una opción, sino un imperativo ético y político que exige políticas sociales universales que, desde un enfoque de derechos, tengan en cuenta asimismo que la infancia nunca es neutra ni homogénea, sino que se encuentra interseccionalizada por el género, la pertenencia étnica, la condición socioeconómica, las formas de vida, entre otras dimensiones que interactúan y se relacionan con estructuras sociales inequitativas, económicamente injustas y culturalmente discriminatorias (Unicef, 2005).

De ahí que, aun cuando en tiempos de normalidad la comprensión multidimensional de la pobreza sea un marco interpretativo que favorece y alienta la implementación de políticas sociales integrales y con enfoque de derechos, en situaciones críticas esta perspectiva es aún más pertinente y estratégica a fin de evitar caer en la trampa de respuestas unidireccionales, soluciones de corto plazo o acciones fragmentarias que podrán tal vez mitigar temporariamente sus efectos, pero que carecen de la capacidad requerida para reparar las desigualdades estructurales e incidir en la transformación de las relaciones de poder subyacentes que las perpetúan.

Los niños, niñas y adolescentes tienen una mayor vulnerabilidad frente a la pobreza, asociada –al menos– tres factores: 1. Los niños, especialmente los más pequeños, son altamente dependientes del cuidado de los adultos y permeables a mucho de lo que ocurre a su alrededor, especialmente en su familia y entorno más cercano. 2. Para niños, niñas y adolescentes la pobreza adquiere un carácter acumulativo, generando una mayor probabilidad de continuar y experimentar pobreza en la adultez entre aquellas personas que sufrieron de la pobreza en la infancia (impacto a largo plazo). 3. Vivir la pobreza en esta etapa del ciclo de vida puede tener efectos irreversibles. Por ejemplo, no es posible revertir muchos de los efectos de la malnutrición, recobrarse de discapacidades prevenibles, o recuperar años de privaciones que disminuyeron el crecimiento y las posibilidades de desarrollo. (Unicef y Cepal, 2019)

Al ritmo de la expansión de la COVID-19, la abrumadora desigualdad en América Latina y el Caribe se ha acelerado, intensificándose aún más la configuración de sociedades caracterizadas por una tendencia hacia la “monopolización de privilegios”, contradiciendo el compromiso democrático con la igualdad y la progresiva universalización de derechos.

El reciente informe Quién paga la cuenta de Oxfam (2020a) muestra que, desde el inicio de la pandemia y para el primer trimestre del año en curso, habían surgido ocho nuevos multimillonarios en la región, es decir, uno nuevo cada dos semanas. Simultáneamente, la riqueza de las personas multimillonarias había crecido 17%, esto equivale a 48.200 millones de dólares estadounidenses.

Esta dinámica dual pero convergente entre desigualdad y pobreza nos sitúa en una realidad en la que mientras el 20% de la población concentra el 83% de la riqueza, 230 millones de personas son pobres. La COVID-19 ha expulsado a 45 millones de personas a la pobreza y 28 millones a la pobreza extrema.[115]

Para 2019, en términos monetarios, la pobreza en América Latina y el Caribe mantenía un claro sesgo intergeneracional. Según Unicef y Cepal, “la incidencia de pobreza para el grupo de niños, niñas y adolescentes de hasta 14 años es mayor en 19 puntos porcentuales que la del grupo de personas entre 35 y 44 años, y 31 puntos porcentuales más con respecto a personas de 65 años o más”.[116]

Los datos anteriores reflejan la gravedad del fenómeno de la pobreza en la infancia y, al mismo tiempo, reclaman un abordaje que “combine un enfoque monetario –necesario pero no suficiente– con un enfoque multidimensional de la privación material, considerando especialmente aspectos vinculados con la provisión y calidad de los servicios y bienes públicos que afectan directamente a los menores de edad” (Rico y Pautassi, 2009).

Recordemos que Unicef, en alianza con la Universidad de Bristol y la London School of Economics, en 2003 propuso una innovación analítica en la medición de la pobreza infantil que incorpora una visión más comprehensiva de las privaciones que inciden de manera específica en la infancia y, además, propone un corpus categorial, alineado y armónico con los derechos económicos, sociales y culturales reconocidos en la Convención sobre los Derechos del Niño y otros instrumentos internacionales, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). A partir de allí, los derechos convencionalizados se articulan en siete dimensiones: nutrición, agua potable, saneamiento, vivienda, salud, educación e información.

Esta propuesta, lejos de ser un mero e inocuo divertimento intelectual, invita a reflexionar y exige revisar los supuestos teóricos y las consecuencias políticas de un modelo interpretativo monetarista que, a pesar de haber exhibido una escuálida eficacia en términos de políticas públicas transformadoras, aún ahora podemos encontrarlo en estado de hegemonía residual al momento de priorizar y asignar presupuestos tanto en Estados nacionales como en las instituciones financieras internacionales y los mecanismos de cooperación para el desarrollo, pero también en mentalidades que sobreviven en los pliegues inerciales de las burocracias gubernamentales como tenaces herederas de la ficción del trickle down effect.[117]

El modo en que se concibe y se mide la pobreza es relevante para definir políticas para su superación. En los estudios elaborados en el mundo el término “pobreza” tiene diferentes connotaciones, además de distinciones semánticas profundas. Sin embargo, hay consenso en que la pobreza es el resultado de procesos sociales y económicos –con componentes culturales y políticos– en que las personas se encuentran privadas de activos y oportunidades a los que tienen derecho todos los seres humanos. Asimismo, la pobreza se asocia fuertemente con la exclusión social y la desigualdad, que apelan a la falta de justicia y equidad en la distribución de los recursos como un factor central en su generación y persistencia. (Cepal y Unicef, 2010b)

Desde fines del siglo pasado, distintas agencias de las Naciones Unidas (ONU) –como PNUD y Unicef, entre otros– y organismos como la Cepal (2000) venían señalando, sobre la base de evidencia suficiente, que disminuir los índices de pobreza monetaria no necesariamente garantizaba salir de la pobreza si, al mismo tiempo, no se producían cambios estructurales que pusieran en el centro la calidad del crecimiento, trascendieran la disociación entre lo económico y lo social, y que fuesen los derechos económicos, sociales y culturales los indicadores que dieran cuenta de la legitimidad o el fracaso de las políticas públicas de desarrollo económico e inclusión social.

En este contexto es que los aportes teóricos de Nieves cobran especial significado y vigencia.

En la introducción de la publicación de Cepal y Unicef (2010a)[118] leemos:

En América Latina y el Caribe se suele utilizar el método monetario para medir la pobreza, a través del cálculo del costo de la canasta de satisfacción de necesidades básicas. Pero esta aproximación basada en el ingreso, gasto o consumo del hogar expresado en términos per cápita no da cuenta cabalmente de las características de la pobreza en la infancia.

El impulso regional que Nieves da a este enfoque es contundente como estratégicas fueron las alianzas que ella promovió con instituciones académicas y organizaciones feministas y de derechos de infancia

del Sur global para avanzar colectivamente en una agenda de infancia, transformativa y necesaria.

Un hito remarcable en esta trayectoria fue el acuerdo entre la División de Desarrollo Social de la Cepal y la Oficina Regional de Unicef para América Latina y el Caribe, a través del área de políticas sociales. Fruto de esa cooperación es el boletín Desafíos, que se convierte en una publicación de referencia y un espacio de debate para quienes desde distintos ámbitos trabajan en la agenda de niñas, niños y adolescentes, incluyendo actores gubernamentales y del sector privado.

En este punto vale reconocer que la relevante producción de estudios e investigaciones, un fructífero y fluido intercambio de experiencias y una irreverente construcción colectiva de pioneros documentos de posicionamiento en cumbres y foros internacionales estaban impregnados y se caracterizaban por incorporar en su marco epistemológico y en su narrativa política tres “innovaciones” que entonces y ahora siguen siendo motivo de deliberaciones expertas, demandas sociales y debates políticos.

Estas tres “innovaciones” se fundan en la necesidad de establecer y hacer explícitas las vinculaciones e influencias recíprocas entre dinámicas y procesos que convergen en la configuración, persistencia o profundización de la pobreza infantil y que exigen superar la ficción que sostiene que “nuestra única esperanza de reducir la pobreza de manera apreciable es lograr un crecimiento generalizado y sostenido de los ingresos” (ONU, 2000):

1. Resignificación de los umbrales de privación infantil: mientras los umbrales de privación aplicados a nivel global se referían a las situaciones más graves de pobreza infantil total, la conceptualización y los instrumentos operacionales que se construyen desde América Latina y el Caribe definen umbrales de privación moderada entendiendo que también estos son expresivos de las necesidades que condicionan el bienestar e impactan en el desarrollo de niñas y niños.

Si bien los niños que están en situación de pobreza moderada no sufren un deterioro serio en sus condiciones de vida, ven mermadas sus oportunidades futuras. La mala nutrición, el rezago y el abandono escolar, la falta de expectativas y la discriminación que sufren por ser pobres no solo afectan sus derechos en el presente, sino que los dejarán en los estratos más bajos de la escala social, haciendo que en la adultez reproduzcan la precariedad en su bienestar y, por tanto, afecten a las generaciones siguientes. (Cepal y Unicef, 2010b)

2. Universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad, exigibilidad y judiciabilidad: los aportes de América Latina han sido sustantivos en este campo. Frente a posiciones que sostenían que, a diferencia de los derechos civiles y políticos, los derechos sociales tienen una naturaleza “vaporosa” y de imposible concreción, complementariamente a los esfuerzos globales, en nuestra región y a través de instrumentos tales como el Protocolo de San Salvador (en vigor desde 1999), la delimitación del contenido jurídico de estos derechos permitió contribuir definitivamente a una comprensión apropiada y a su efectivización, debiendo los Estados asumir la responsabilidad principal de respetar, proteger, promover y garantizar los derechos a través de prestaciones positivas.[119]

En este marco, la definición de múltiples dimensiones de la pobreza infantil y la especificación de indicadores complementarios al ingreso permite modelar una interpretación aplicada de la Convención sobre los Derechos del Niño [CDN] y elaborar recomendaciones de políticas sobre la base de reconocer que “los derechos consagrados en la CDN son integrales e indivisibles e impulsan un único marco jurídico, programático y de política […] La Convención define a los niños como sujetos de derechos, más allá de que dependan de sus familias o del ejercicio efectivo que hagan de estos, y valida toda una serie de derechos sobre factores que se conciben como constitutivos del bienestar infantil, los que están ausentes en situación de pobreza. En este contexto, el principio del interés superior del niño obliga a considerar la superación de la pobreza en la infancia y la adolescencia como prioridad en la lucha por la reducción de la pobreza en el conjunto de la población, por medio de acciones concretas” (Cepal y Unicef, 2010a).

3. La dimensión específica y transversal de género: la existencia de vibrantes organizaciones feministas y movimientos de mujeres en nuestra región fue un elemento clave para que, en la agenda de la infancia, ingresaran las niñas por “el maldito hecho de nacer mujer” en su diversidad, y se establecieran intersecciones estratégicas con las distintas discriminaciones de género que impactan en las mujeres durante todo el ciclo de vida.

Trascendiendo el paradigma de una infancia neutra en términos de género, los conocimientos y las experiencias que aportan los trabajos de Nieves no solo transversalizan la perspectiva de género, sino que también provocan pensar las deudas de igualdad con las niñas y adolescentes latinoamericanas desde una analítica feminista, capaz de dar cuenta de estructuras generadoras y reproductoras de desigualdades y discriminaciones específicas y acumuladas por ser niñas o mujeres indígenas, afro, rurales, migrantes, con discapacidad, disidentes o que viven en condiciones de pobreza.

Asimismo, ampliar los criterios evaluativos de la pobreza implica introducir en los análisis de la infancia –y específicamente de las niñas– las injusticas y los mandatos discriminatorios que pesan sobre la vida de las mujeres jóvenes y adultas en nuestras sociedades y posibilita que, por ejemplo, asuntos como las tareas de cuidado salgan del espacio de lo naturalizado para cobrar centralidad en la discusión y definición de políticas públicas de igualdad.

En términos de las políticas relevantes para el combate a la pobreza, la perspectiva de género obliga a repensar los modelos tradicionales de intervención, dirigidos a las familias y los hogares como un todo homogéneo, de legislación, para compatibilizar las demandas laborales y familiares, y de protección social, en particular aquellos basados en una concepción poco dinámica del hogar, como entidad encabezada por un hombre proveedor, en el que la mujer dependiente es una receptora indirecta y pasiva de prestaciones y transferencias y una proveedora de cuidado gratuito. La revisión de los roles de género y la necesidad de otorgar mayor autonomía económica y poder de decisión a las mujeres contribuyen a que las niñas puedan insertarse en un futuro más igualitario, con mayores posibilidades para ellas y sus familias de vivir fuera de la pobreza. (Cepal y Unicef, 2010a)

Aunque nadie pueda razonablemente oponerse a la necesidad del crecimiento económico para lograr el bienestar y el buen vivir en las sociedades y de todas las personas durante todo su ciclo de vida, no obstante resulta imprescindible superar el espejismo de la causalidad lineal y, sobre la base de la evidencia suficiente con la que contamos, insistir en que un crecimiento económico sin políticas de justicia distributiva, con enfoque de derechos y perspectiva de igualdad podrá tal vez aliviar momentáneamente algunas pesadumbres asociadas a la pobreza extrema, pero más temprano que tarde terminará siendo una trampa para que el artículo 1º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos sea una realidad[120] y los derechos de las niñas y los niños no sean secuestrados por la barbarie del anarcocapitalismo depredador.[121]

Es clave que hoy, cuando en casi todos los países de nuestra región se han puesto en marcha programas para aliviar el impacto de la pandemia sobre las mujeres, las niñas y los niños –como es el caso de programas de transferencias monetarias para satisfacer distintas necesidades y privaciones–, se asuma, a la luz de lo anteriormente dicho, la necesidad impostergable de avanzar en reformas estructurales y políticas universales que garanticen un tratamiento integral de la pobreza infantil, con enfoque de derechos y perspectiva de género.[122]

Si bien resulta posible pensar que en el corto plazo [las respuestas a la emergencia] pueden solucionar las condiciones urgentes de hambre y situaciones pandémicas, al no estar implementadas con estrategias de largo alcance para crear sociedades sustentables e igualitarias es impensable que estos programas puedan reducir la pobreza infantil en el largo plazo. (Rico y Pautassi, 2009)

Para ello es urgente y necesario:

• desmantelar las estructuras de poder de un modelo de desarrollo insostenible;

• reparar y asumir colectivamente la tarea de imaginar, desear y construir un mundo con justicia económica, igualdad social y sostenibilidad ambiental, e

• impulsar juntas el fortalecimiento un Estado de bienestar que priorice la universalización del acceso a derechos, un ingreso universal, un sistema de cuidado de calidad, políticas redistributivas, solidarias y sostenibles y democracias intensas de participación social.

A riesgo de simplificar, podríamos decir que estamos frente a un dilema no meramente civilizatorio, sino hondamente existencial: o bien vamos hacia la cínica expansión del individualismo hobbesiano y la lucha de todos contra todos para sostener la perpetuación de un capitalismo del caos, o bien, sin caer en una visión ingenua, asumimos que esta inédita y estremecedora crisis puede abrir paso a un mundo más justo y equilibrado, orientado democráticamente por los principios de cooperación, solidaridad e interdependencia, con voluntad y capacidad de aunar voluntades para honrar un nuevo contrato ecosocial y económico que nos permita romper con el pasado y humanizar de nuevo el futuro.

Todas sabemos que hoy lo que está en disputa es el futuro de la vida y el futuro por vivir, por eso debemos renovar y multiplicar nuestros esfuerzos para dejar atrás un orden social que “exprime, vigila, silencia, castiga y a veces mata a los niños y las niñas, pero casi nunca les escucha y jamás les comprende”, como dijera el escritor uruguayo Eduardo Galeano.

En este sentido, sería un acto de lúcida ternura recrear e inventar comunidades donde las niñas y los niños sean y se sientan respetados como ciudadanas y ciudadanos plenas, en las que sean libres sus palabras, autónomos sus anhelos y emancipadores sus sueños.

Inspiradas en el activismo intelectual y social de Nieves quizá, a más de treinta años de vigencia de la Convención sobre los Derechos del Niño, sea un gesto de bondad ética, solidaridad social y responsabilidad política dejar atrás retóricas huecas y reconocer que estamos a tiempo para animarnos a hacer un Pacto Social CON la Infancia.

Nos hallamos de pie en “un portal, que es una puerta de enlace entre un mundo y el siguiente. Podemos elegir atravesarla, arrastrando los cadáveres de nuestro prejuicio y odio, nuestra avaricia, nuestros bancos de datos e ideas muertas, nuestros ríos secos y cielos humeantes detrás de nosotros. O podemos caminar juntas para imaginar otro mundo. Y estar listas para luchar por él” (Roy, 2020).

Bibliografía

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Pobreza y género en Uruguay: la capacitación laboral[123]

Alma Espino - Daniela de los Santos

El empleo suficiente y de calidad es un permanente desafío para las sociedades y los gobiernos de América Latina y de Uruguay; desafío que implica diversas dimensiones cuando se aborda desde una perspectiva de género. El empleo como mecanismo para salir de la pobreza presenta, en el caso de la población femenina, una mayor complejidad debido ya no solo a las barreras que las mujeres deben superar en términos de habilidades y preparación para desempeñar un puesto laboral, sino a la carga de trabajo doméstico y de cuidados no remunerado.

Por su parte, los mercados laborales convierten en funcionales la pobreza y las desigualdades sociales y de género para resolver la falta de puestos de trabajo en el mercado formal. En este marco, la informalidad opera como un mecanismo de ajuste frente a los ciclos económicos. Por su parte, los empleadores aprovechan las ventajas económicas por reducción de costos laborales que pueden brindar diversas formas de discriminación, así como la falta de organización sindical de los individuos en desempleo de larga duración o inactivos sin trayectoria laboral, como en el caso principalmente de las mujeres. Los mercados laborales tienen un funcionamiento signado por relaciones sociales y económicas caracterizadas por desigualdades de poder. De manera que proponerse y lograr alcanzar los objetivos de superar la pobreza y la igualdad de género a través del empleo mediante políticas sociales es al menos discutible.

Existe consenso respecto de que las estrategias de combate contra la pobreza deben incluir mecanismos que viabilicen el acceso al trabajo remunerado. En ese sentido, la capacitación y la formación laboral se consideran importantes factores para mejorar la empleabilidad. Sin embargo, el impacto de la capacitación laboral sobre las posibilidades de empleo en la región se ha evaluado con resultados poco alentadores, encontrando un impacto modesto. Dado los costos que implica la implementación de estos programas, en algunos casos muy costosos, se considera que dicho impacto es demasiado pequeño para ser económicamente significativo.

Con respecto a la adopción de un enfoque de género en el diseño de las estrategias que apunten a la convergencia de la inclusión laboral y social, puede decirse que este se encuentra ampliamente justificado dada las brechas existentes en términos de empleo e ingresos entre mujeres y hombres, con miras a garantizar la autonomía económica de las primeras. La capacitación procura que las personas adquieran nuevos conocimientos, habilidades y destrezas para su desempeño laboral. Por tanto, puede contribuir a la igualdad de género, promoviendo o facilitando el acceso al empleo o a la generación de ingresos propios de las mujeres, colaborando a superar algunas de las barreras que impiden que ellas atraviesen procesos de autonomía económica.

Este capítulo se propone una breve reflexión sobre los resultados y desafíos que plantea la inserción laboral femenina en el marco de la autonomía y el empoderamiento económico. Para ello se parte de las características de la oferta de capacitación laboral dirigida a mujeres que viven en situación de pobreza, implementada por parte de las instituciones públicas en Uruguay en el período 2005-2016.

Las políticas antipobreza

En Uruguay en las últimas décadas se desplegó una variada gama de programas de origen público, dirigidos a la población en condiciones de pobreza y vulnerabilidad para favorecer su inserción laboral y resistir las consecuencias de la desocupación. Estos programas, junto con otras políticas sociales, fueron implementados en un contexto económico favorable (5,2% de crecimiento económico promedio anual entre 2006 y 2015), donde la generación de puestos de trabajo de calidad contribuyó a mejorar los indicadores sociales en el país. En este marco, la proporción de personas en condiciones de pobreza pasó de 32,5% a 7,9% entre 2006 y 2017.

A partir de 2005, tanto a raíz de las políticas promovidas por el nuevo gobierno como por las necesidades derivadas de las secuelas de la crisis económica y financiera de 2002 (que todavía se reflejaban en los indicadores sociales, empleo y pobreza), se comienza a desarrollar una serie de intervenciones de política pública orientadas al combate de la pobreza, que incorporaron elementos de políticas laborales. El Ministerio de Desarrollo Social (Mides), creado en ese año, desplegó una batería de programas coejecutadas con organizaciones de la sociedad civil (OSC), entre los cuales se encuentran los que generan empleos temporales de manera directa y que incorporan componentes de capacitación, dirigidos a personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica, como Trabajo por Uruguay (2005-2007) o Uruguay Trabaja (2008 en adelante).[124]

Los programas de empleo iniciados en 2005, si bien presentan componentes de capacitación, su diseño base era el de programas de combate a la emergencia social. Esto implicó en gran medida la oferta de trabajos temporales a cambio de una remuneración cercana al salario mínimo en tareas de baja productividad (por ejemplo, limpieza, construcción y mantenimiento de infraestructura). Hacia 2008, en un contexto macroeconómico favorable y de crecimiento, con reducción de la indigencia y la pobreza, así como de las tasas de desocupación y subempleo tanto de mujeres como de hombres, el eje de las políticas sociales pasa de la “emergencia” y el “combate a la pobreza” a la “equidad”.

El Mides también ha albergado algunos programas de fomento del empleo (Cooperativas Sociales), de estímulo a la oferta (Jóvenes en Red) e incluso de articulación entre oferta y demanda del mercado de empleo. A nivel departamental,[125] la Intendencia de Montevideo ha tenido un papel clave en las políticas de generación directa de empleo dirigidas a personas vulnerables.[126] Desde 2002 implementa el programa Barrido Otoñal, dirigido a mujeres, desde 2015 reformulado y denominado Barrido Inclusivo.

La evaluación y el monitoreo de estos programas fueron en general escasos, y basados en técnicas heterogéneas. En los organismos que cuentan con direcciones especializadas que se encargan de esta tarea de manera sistemática, las técnicas mixtas son la opción más utilizada, es decir que triangulan metodologías cualitativas y participativas con metodologías cuantitativas. Vale destacar que, en este último caso, no han predominado las metodologías de evaluación semiexperimentales, sino abordajes descriptivos para observar las características y el comportamiento de las personas participantes de las políticas. Ocasionalmente, las evaluaciones incluyen las percepciones del personal técnico y operadores de la política, así como indicadores de bienestar subjetivo (basados en la autopercepción) relevados en diálogo con las propias personas participantes. En otros casos, la etapa de evaluación ha estado más bien ausente, o se ha llevado adelante en ocasiones puntuales o esporádicas; cuando ha ocurrido esto último, las técnicas mixtas también a menudo fueron una opción elegida.

¿Qué se entiende por pobreza?

Un primer elemento para proponer y diseñar políticas tendientes a superar la situación de pobreza de las personas y los hogares es cómo se define este fenómeno, en qué consiste. Este es el punto de partida para la construcción de estrategias y los objetivos que se establezcan. Aunque en general las políticas antipobreza se definen en función de la pobreza medida por ingresos (en términos monetarios) para personas y hogares, sin duda existe cierto consenso, principalmente a nivel académico, de que se trata de un fenómeno multidimensional. Es decir, la pobreza, si bien está asociada a la carencia de ingresos, también lo está al desempleo, la informalidad laboral, la falta de cobertura de la seguridad social o la rebaja de sus estándares y de la salud, la falta de vivienda digna, al acceso a la educación y a la disminución de la participación ciudadana en muchas de sus formas. Este conjunto de privaciones cuestiona la calidad de la vida presente y futura, y va más allá de lo que reflejan los indicadores estrictamente monetarios y su evolución.

Por su parte, desde la perspectiva de género, la pobreza se vincula también con la equidad en el empleo, la distribución del trabajo no remunerado y el uso del tiempo, los derechos reproductivos y la violencia de género, la autoestima, el respeto, el poder y la vulnerabilidad (Chant, 2003; PNUD, 2017). Las mediciones habituales de la pobreza por el método del ingreso no permiten considerar las diferencias entre hombres y mujeres en otras dimensiones tanto o más importantes para definir las situaciones de privación y pobreza.

¿Hogares o personas pobres? Si bien la metodología prevaleciente para la medición de la pobreza utiliza como unidad de análisis los hogares, no todos los miembros de un hogar experimentan la pobreza o bienestar de la misma forma o en la misma medida. La distribución de los recursos (económicos, financieros, espaciales, el tiempo) en los hogares responde a las relaciones de poder que se establecen, las que indican, aunque no exclusivamente, las características de las relaciones de género, es decir, las jerarquías y diferencias en el poder de toma de decisiones entre mujeres y hombres. Por tanto, las mujeres y las niñas pueden ser relativamente más pobres que los hombres dentro de los hogares que son clasificados como pobres, incluso por el criterio del ingreso del hogar, y también podrían ser pobres viviendo en hogares no pobres según el mismo criterio. Ello se explica, en parte, porque para la vida de las mujeres las actividades domésticas son centrales en términos temporales y simbólicos, lo cual da lugar a la falta de ingresos propios.[127] Ello las ubica en una posición de dependencia en muchos aspectos con relación al jefe del hogar, en desmedro de su autonomía económica.

Por lo tanto, desde un enfoque de género, para caracterizar y tratar de combatir la pobreza es imprescindible considerar el rol de las relaciones de género en sus causas, persistencia y reproducción, es decir, en la manera en que las mujeres y los hombres la experimentan, así como las distintas opciones que estarían a su alcance para salir de esa situación. Ello implica tomar en cuenta en el análisis del fenómeno y en las políticas para su combate el menor acceso de las mujeres a los recursos económicos y financieros debido a la división sexual del trabajo y a las jerarquías sociales que se construyen sobre la base de esta división, que condicionan las situaciones de privación y, asimismo, la violencia de género. Se trata también de ir más allá de la redistribución de ingresos monetarios, es decir, de considerar el tiempo como recurso indispensable para eliminar la pobreza y alcanzar el desarrollo, y garantizar también su redistribución.

Pero, además de las restricciones en términos prácticos que supone la división sexual del trabajo, también es un fuerte condicionante de las expectativas sobre las conductas, los valores y las aspiraciones de mujeres y hombres que se reflejan en diferentes áreas de la sociedad. Por ejemplo, en el mercado laboral donde los empleadores poseen imágenes estereotipadas y conductas discriminatorias sobre las mujeres, que limitan sus opciones.

Comprender la pobreza desde una perspectiva multidimensional y no percibirla como “neutra” en términos de género es imprescindible para que las políticas públicas orientadas a combatirla también combatan las desigualdades entre mujeres y hombres.

El empleo para superar la pobreza

y combatir las desigualdades de género

Las mujeres uruguayas, en promedio, han progresado en términos de su inserción laboral tanto en la cantidad como en la calidad de los empleos, habiendo alcanzado una tasa relativamente alta de actividad laboral. Ello ha respondido a factores de demanda y de oferta tales como el nivel de actividad de la economía, el cambio tecnológico, las transformaciones en la estructura productiva y el peso de los distintos sectores en la economía, así como a mejoras en los sistemas de cuidados, mayor acceso a la educación, avances en la medicina y cambios en la composición de los hogares (Espino y Leites, 2008). No obstante, las mujeres que viven en hogares de menores ingresos o que cuentan con bajos niveles de educación formal continúan enfrentando desventajas sistemáticas para incrementar y mejorar su participación laboral (Espino y Sanchís, 2018). La elaboración y el diseño de las políticas sociales deben incorporar la existencia de especificidades según diferentes grupos de mujeres y, por tanto, necesidades distintas en términos de política, y en particular de aquellas dirigidas a mejorar su autonomía económica y empoderamiento,[128] para lo cual los ingresos laborales son una base, si no suficiente, necesaria.

Existe una circularidad entre pobreza y desigualdades de género, en cuanto las mujeres que viven en hogares en situación de pobreza tienen una mayor cantidad de hijos, suelen ser madres desde más jóvenes,[129] tienen menor nivel educativo, factores estos que representan obstáculos para obtener y mantener un empleo y acceder a ingresos. Por su parte, la falta de participación en el mercado laboral y la no contribución con ingresos a la economía de los hogares las hace más vulnerables a la pobreza.

De todos modos, el mero hecho de estar ocupada no es una condición suficiente para garantizar la ausencia de pobreza y exclusión social, si se da en el marco de la precariedad y la informalidad. Existe una gran concentración de mujeres en empleos informales –cuenta propia, servicio doméstico– en situaciones muy precarias, que perciben salarios exiguos e inestables. El acceso a un empleo de calidad permite una mejora de las condiciones de vida (por ejemplo, atención de la salud, cotización a pensiones para la vejez, prestaciones de maternidad, etc.) y contribuye a suprimir las trampas de la pobreza, lo cual puede ser especialmente significativo para las mujeres.

Políticas de capacitación para el empleo en Uruguay

La revisión de la oferta pública de programas con componentes de capacitación dirigida a la población en situación de pobreza o vulnerabilidad durante las últimas décadas en Uruguay muestra que, en principio, esta habría beneficiado a una proporción mayoritaria de mujeres entre sus participantes. Ello no significa que dichos programas hayan incorporado una perspectiva de género en su diseño o incluso en su implementación, una vez que se enfrentaban a las necesidades concretas de las participantes. Por ejemplo, cabe señalar que en ningún caso se ha garantizado la existencia y el acceso a la oferta de servicios de cuidado infantil, que coincidan con el horario de asistencia al programa. Cabe señalar que solamente un programa de capacitación y promoción del empleo durante el período 2005-2016[130] fue específicamente para mujeres y diseñado con perspectiva de género en todos sus componentes: Barrido Otoñal[131]/Barrido Inclusivo de la Intendencia de Montevideo. No obstante, tampoco en estos se atendió a la problemática de la conciliación con el tiempo dedicado al cuidado.

En general, puede decirse que, si bien la autonomía económica y la igualdad de género no se concibieron como objetivos de la mayoría de los programas de capacitación, tampoco se atendieron estas desigualdades como un mecanismo más para contribuir a mejorar la eficacia y eficiencia de los programas.

Otros programas de empleabilidad o generación de ingresos han incorporado alguna medida específica o acción positiva que toma en cuenta aspectos referidos a la condición y la posición de las mujeres en la sociedad (Uruguay Trabaja).

Las intervenciones y políticas públicas específicas con enfoque de género y dirigidas a la inserción laboral de las mujeres en condiciones de pobreza tienen un primer desafío que consiste en brindar impulso a la posición inicial de desventaja que ellas presentan frente a las exigencias del mercado, teniendo en cuenta que, en muchos casos, se trata de un grupo poblacional que carece de las dotaciones de formación básica y de capacitación laboral.

Es difícil tener un juicio respecto de lo ocurrido en Uruguay en términos de impactos de las políticas “antipobreza-laborales” debido a que, en general, estos no han sido cuantificados y tampoco evaluados respecto de la participación laboral femenina. Como fue mencionado, cuando se han realizado evaluaciones, se han basado sobre todo en abordajes de carácter descriptivo sobre las características y el comportamiento de las y los participantes de los programas; a veces se incluyó la consideración de las percepciones del personal técnico y los operadores del programa, así como indicadores de bienestar subjetivo (basados en la autopercepción) relevados en diálogo con las personas participantes. En otros casos, la etapa de evaluación ha estado más bien ausente, o se ha llevado adelante en ocasiones puntuales o esporádicas.

La revisión realizada de las sistematizaciones y evaluaciones a las que se accedió por parte de las autoras indica que, además de insuficientes en muchos casos, son incompletas desde una perspectiva de género. Por ejemplo, muchas evaluaciones no incorporan datos desagregados por sexo, ni tampoco un análisis que identifique barreras y brechas de género. Por tanto, los resultados de estos programas pueden discutirse en forma parcial.

Entre los problemas que han enfrentado los programas para alcanzar sus objetivos se cuentan los asociados tanto a las características de las personas beneficiarias como a las exigencias y expectativas de la demanda de empleo y al tipo de destrezas y habilidades transmitidas a través de la capacitación.

Desde el punto de vista de la oferta, las dificultades para lograr una inserción laboral estable y de calidad han estado relacionadas con sus bajos niveles educativos, la segregación residencial socioeconómica, la edad de las personas participantes (los promedios de edad de las personas participantes suelen estar entre los 30 y los 40 años). Desde la demanda, las dificultades se relacionan con diversas formas de discriminación que operan sobre las mujeres y, en especial, sobre las mujeres pobres. La población desempleada de larga duración e incluso la inactiva generalmente no ha adquirido o ha perdido capacidades y calificaciones específicas o en competencias relativas a los oficios que se demandan, o tienen un nivel de educación formal inadecuado e insuficiente.

La falta de seguimiento de la trayectoria laboral de las participantes no permite obtener conclusiones robustas sobre cambios en los niveles de subempleo, formalización e ingresos, ni tampoco en el tipo de actividades desempeñadas por las trabajadoras. Por ello no se cuenta con evidencia para evaluar uno de los principales objetivos desde la perspectiva de género, esto es, combatir la segregación ocupacional.

Hechas estas consideraciones, cabe preguntarse en qué medida las capacitaciones brindadas contribuyeron o no a la definición de un perfil ocupacional por sus características específicas (en términos didácticos, metodológicos o de contenidos), o bien si la falta de concreción en la trayectoria laboral de las mujeres participantes se debió a problemas relacionados con las preferencias del mercado. También debe considerarse si su perfil educativo se adecuaba a la realización de ciertas capacitaciones específicas.

Respecto de las restricciones de género, algunas muy importantes radican en la división sexual del trabajo y los estereotipos de género en el mercado laboral. En efecto, las potenciales oportunidades que pueden ofrecer los programas permanecen fuertemente condicionadas por la división sexual del trabajo en los hogares. También cuentan las dificultades para revertir los estereotipos de género tanto por el lado de la oferta como por el de la demanda a través de las capacitaciones específicas. En algunos casos las participantes cuestionaron el tipo de tareas asignadas y la formación recibida, ya que no las consideraban acordes a su género (por el uso de la fuerza y por la poca aplicabilidad que tendrían posteriormente en el mercado de trabajo). Esta disconformidad debe tomarse como un punto válido: si no se emprenden acciones en paralelo que articule con el sector privado la inserción de las participantes en áreas no tradicionales, es posible que la inserción laboral de las capacitadas en oficios sea más dificultosa que la de las capacitadas en perfiles “clásicos” femeninos. A estos obstáculos por el lado de la demanda se agregan los estereotipos negativos ligados a las personas pertenecientes a sectores vulnerados. Por otra parte, cuando se logra incorporar a las mujeres al mercado laboral, en algunos casos no se logran los efectos esperados.

La capacitación puede ser importante para superar la segregación de género del mercado laboral, especialmente para mujeres en situación de pobreza, pero para eso se requieren esfuerzos adicionales también por el lado de la oferta. En este sentido, se trata por ejemplo de realizar actividades que puedan combatir los miedos y las resistencias frente a capacitaciones en áreas consideradas típicamente “masculinas”. En paralelo, por el lado de la demanda, la articulación con el sector privado es necesaria para que las mujeres preparadas en áreas “típicamente masculinas” sean incorporadas. A partir de diagnósticos actualizados y completos sobre las necesidades del mercado laboral, es preciso definir para qué tipo de ocupaciones es estratégico que las participantes se preparen.

Si bien en algunos casos las y los participantes perciben las competencias específicas adquiridas como insuficientes o inadecuadas, no obstante resaltan la relevancia que la incorporación de estas competencias podría tener potencialmente en sus trayectorias laborales. Por su parte, aunque las expectativas de las participantes de los programas parecen ser altas en lo que respecta a la adquisición de competencias específicas, y finalmente no satisfechas, desde distintos ámbitos técnico-políticos esto es relativizado y problematizado, en cuanto resaltan la importancia de que los programas sean exitosos en transmitir competencias transversales a las y los participantes. De la misma manera, consideran clave los avances que estas y estos realizan en cuestiones relativas a salud, relacionamiento interpersonal, construcción de redes o conocimiento de sus derechos básicos.[132]

Efectivamente, resulta destacable el impacto subjetivo de los programas sobre las personas participantes; este es uno de los puntos que todos los programas tienen en común, tanto si se trata de programas específicos para mujeres como de programas mixtos. Las participantes sienten que han aumentado la valoración de sí mismas y de sus potencialidades tanto dentro como fuera del hogar, lo cual es positivo (y necesario) para comenzar procesos de empoderamiento desde una perspectiva de género.

Las apreciaciones antes comentadas ameritan una discusión. Por un lado, si bien los aspectos relativos al empoderamiento, a la incorporación de competencias transversales y a los impactos subjetivos generados sobre las participantes son evaluados en conjunto como exitosos y positivos, si hacia el final del proceso no se mejora la incorporación en el mercado de trabajo, esas mejoras logradas pueden diluirse y no mostrar los efectos que la política pretendía. Por otro, una inserción laboral estable en el caso de las mujeres, sobre todo de aquellas en condiciones de pobreza, si bien puede estar ligada a sus competencias, también está vinculada a que el funcionamiento del mercado laboral no considera la reproducción social, de la que se hacen cargo las mujeres fundamentalmente. En este sentido, vale la pena preguntarse en las evaluaciones acerca de si se han generado capacidades para desarrollar estrategias de empoderamiento, si se han transmitido exitosamente herramientas para que las mujeres puedan “encontrar sus propios caminos” y trazar trayectorias laborales acordes con sus intereses.

En términos de la construcción de políticas antipobreza con inclusión laboral, uno de los principales inconvenientes detectados para enfrentar las restricciones de género es que las ideas de “neutralidad” de las políticas todavía tienen fuerte incidencia entre el personal técnico y las autoridades. Si bien se han desarrollado iniciativas de capacitación y sensibilización sobre la igualdad de género dirigida al personal político, técnico y administrativo de los distintos ministerios que ha llevado adelante Inmujeres, así como las distintas áreas de género dentro del resto de las instituciones ejecutoras, existen serios “déficits” respecto de los procesos de transversalización de género en programas e instituciones. Por su parte, Inmujeres carece de jerarquía institucional y de recursos humanos y financieros que le permita una mayor influencia en los diferentes niveles.

De no priorizarse la incorporación de la perspectiva de género en todos los componentes del diseño y en todas las etapas del ciclo de las políticas e incluyendo a los organismos gubernamentales y los coejecutores, se corre el riesgo de perpetuar iniciativas poco eficientes y eficaces, que no generen cambios profundos en la posición de las mujeres en el mercado laboral ni en la redistribución del trabajo remunerado y no remunerado entre mujeres y hombres.

Los programas de capacitación y empleo en un nuevo contexto de adversidad

La crisis sanitaria, socioeconómica y de cuidados asociada a la pandemia de COVID-19 vuelve a poner de relieve el rol que los programas de empleo protegido y de reconversión y capacitación para el empleo pueden tener para reducir la pobreza.[133] A julio de 2020, la jerarquización de este tipo de programas no ha sido una prioridad del gobierno nacional[134] recientemente electo. Más bien se ha optado por promover iniciativas de mejora de los ingresos y de seguridad alimentaria para las personas afectadas por las medidas de política para el combate de la pandemia (confinamiento o distanciamiento social, cierre de actividades en sectores de actividad como el turismo y los servicios asociados, el comercio interno) y en general, por el contexto económico global y regional en la coyuntura.

En paralelo, se ha anunciado la intención de introducir importantes cambios al diseño, el alcance y la forma de implementación de algunos de los principales programas de capacitación y empleo protegido del Ministerio de Desarrollo Social, como por ejemplo Uruguay Trabaja. Según algunos primeros anuncios que se recibieron de parte de las autoridades, algunos de estos cambios incluirían remover a las OSC como coejecutoras de los programas, y pasar este rol a las intendencias departamentales. Otros cambios serán confirmados próximamente, a partir de un proyecto de ley que incluye un aumento del cupo de participantes y la ampliación de las posibilidades de financiación.[135]

Algunas de las modificaciones propuestas pueden conllevar ciertos riesgos. La revisión de programas y las evaluaciones realizada por las autoras indican una importante acumulación de saberes y experiencia por parte de las OSC y de su personal técnico, operadoras y operadores, que se perdería con el cambio de modelo. Asimismo, estos son actores fundamentales para llevar adelante los componentes de capacitación, que resultan clave para que los programas no sean solo una solución cortoplacista a la falta de ingresos, sino que brinden herramientas para mejorar la empleabilidad también en el mediano plazo. En términos particulares de género, estos componentes de capacitación, que brindan competencias transversales y específicas y conocimiento de los propios derechos, tienen un impacto subjetivo fuerte en las mujeres participantes, y son una herramienta importante para sostener procesos de empoderamiento. Estos aspectos deben ponerse sobre la mesa al repensar el modelo de intervención.

Reflexiones finales

Las políticas de combate a la pobreza con componentes de capacitación laboral, si bien desde el punto de vista teórico parecen ser opciones razonables, en particular cuando se trata de mujeres participantes y concebidas desde una perspectiva de género ameritan una discusión muy apegada a las realidades concretas sobre las que se trabaja. Entre los aspectos a abordar se encuentran la situación de las mujeres en términos de edad, carga de trabajo no remunerado y responsabilidades sobre personas dependientes, localización y condiciones de sus viviendas, situaciones de violencia a las que pueden estar expuestas o que pueden emerger durante su participación en el programa, así como experiencias laborales, capacitaciones previas y niveles educativos, y competencias transversales adquiridas a lo largo de la vida en ámbitos no formales.

A su vez, existe la necesidad de considerar cuidadosamente el costo de oportunidad asociado a la participación en programas sociolaborales con exigencias horarias y salarios bajos. Si bien esto es importante tanto para los hombres como para las mujeres, debe tenerse en cuenta que, para ellas, no solamente puede ser poco atractivo el dinero que se percibe, sino que pierden en términos de tiempo para el cuidado de hijas e hijos, sean pequeños o adolescentes. Por su parte, también puede ser alto el costo en términos de tiempo y monetarios para trasladarse hasta el lugar de la capacitación/de trabajo. Debe tenerse en cuenta que los patrones de segregación residencial, más fuertes sobre todo en la capital del país, empujan a las personas en situación de pobreza hacia barrios periféricos alejados de la mayoría de las oportunidades educativas y laborales.

Pero además, tanto o más importante que lo anterior, porque no se trata solamente de un problema de oferta, es que deberían discutirse y responderse otros interrogantes: ¿cuáles son los puestos de trabajo que se crean para satisfacer esa oferta?, ¿qué tipo de capacitación podría adecuarse a las necesidades del mercado?, ¿cómo compatibilizar estas necesidades con los estereotipos sociales y de género vigentes o cómo cambiar estos últimos?, ¿qué cambios requiere el propio mercado laboral para admitir a trabajadoras con responsabilidades familiares? Quizá la pregunta más disruptiva (pero que es imperioso discutir) en términos de las políticas prevalecientes es la siguiente: ¿todas tenemos que trabajar en forma remunerada para conquistar y mantener derechos, en cualquier condición laboral, personal y familiar, aun a costa de descuidar la sostenibilidad de la vida?

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Igualdad de género:

de la política pública a la práctica en el campo del desarrollo

Ligia Alvarenga

El viaje hacia reducir las desigualdades de género en América Latina y el Caribe ha sido largo y con enormes desafíos enfrentados en toda la región. A la fecha aún parece que a veces en lugar de avanzar retrocedemos; esto ha sucedido en los diferentes ámbitos en que como mujeres nos afectan estas desigualdades.

Desde la década de 1990, mi viaje personal no discrepa de esta tendencia. Economista de profesión, especializada y desarrollada en el campo de la economía agrícola, en el cual día a día se evidenciaba las máximas expresiones de estas desigualdades, en mujeres pobres, rurales e indígenas, mi viaje inicia con la abrupta inmersión en los datos estadísticos de las desigualdades de ingresos entre mujeres y hombres a la entrada de la década de 2000, en una inmersión del mercado laboral en la región, focalizado en mi país natal, El Salvador.

Durante toda la década de 1980 en el país se dio un conflicto armado, originado principalmente por los altos niveles de pobreza e injusticias sociales provocadas por una dictadura de régimen militar. Este conflicto finaliza con la firma de los acuerdos de paz en 1992. Esos doce años de enormes pérdidas económicas, sociales y –la más importante de vidas humanas– no contribuyeron a mejorar las condiciones de pobreza en el país, y aún menos las precarias condiciones del empleo para las mujeres, que permanecían en su mayoría en la informalidad, mientras persistían significativas brechas salariales entre lo que ellas recibían y los hombres.

El mercado laboral y el sector de la maquila

La economía salvadoreña, durante la década de 1990, presentó dos períodos claramente diferenciados, el primero de crecimiento económico, entre 1990 y 1994, y el segundo marcado por un crecimiento económico pero con desaceleración, entre 1995 y 1999. Los factores que impulsaron el dinamismo observado durante la etapa de crecimiento, que alcanzó una tasa promedio anual de expansión del PIB de 6%, fueron los siguientes:

1. Las reformas económicas que se implementaron para asegurar la estabilidad macroeconómica, que fueron seguidas por un programa de ajuste estructural con características similares a los aplicados en toda la región.

2. La firma de los acuerdos de paz que tuvieron como consecuencia un proceso de reconstrucción de la economía basada principalmente en adecuar la infraestructura, y que estuvo apoyado por un flujo significativo de divisas a través de préstamos y donaciones provenientes de la comunidad internacional, de remesas familiares y de exportaciones. Este ambiente de paz y estabilidad generó inversión y propició el crecimiento basado en las exportaciones, las que mostraron tasas de crecimiento de 22%.

El período de desaceleración se caracterizó por un menor dinamismo en el crecimiento, con una tasa promedio del PIB del 3%. Estuvo influido por los siguientes factores:

1. La disminución de la rentabilidad y competitividad de los bienes transables principalmente, entre los que se destacan los bienes del sector agrícola, los no tradicionales y la maquila.

2. Los efectos de un fuerte flujo de divisas que gestaron condiciones de desequilibrio en los términos de intercambio entre los bienes transables y los no transables. Los fenómenos naturales incidieron en un mayor gasto fiscal.

En general, y durante todo el período, el país gozaba de un crecimiento económico posguerra y el auge del sector de la maquila era clave en la apuesta de la generación de empleos, no solo en el país sino también en la subregión de Centroamérica. En cuanto a la cooperación al desarrollo, los gobiernos en turno promovían incentivos para la inversión pública en este sector cuyos empleos, no obstante, eran de los más precarios y las condiciones laborales para la mayoría, en especial para las mujeres, eran acompañadas de demandas, quejas y denuncias por parte de las trabajadoras y los trabajadores.

Pese a este notable desempeño económico en la primera mitad de la década, las condiciones sociales de la población y sobre todo la pobreza no lograron mejorarse ni reducirse significativamente. Únicamente la población urbana pobre bajó el 50%, mientras los índices de pobreza continuaban altos en otras áreas. En la segunda mitad de la década, los segmentos más pobres, tanto urbanos como rurales, aumentaron. Las condiciones de pobreza en el país se agravaron al finalizar la década. El patrón de comportamiento laboral mostró que las mujeres tenían tasas de participación mucho más altas en las áreas urbanas que en las rurales. Sin embargo, en la última mitad de la década, el subempleo urbano se incrementó, especialmente el de las mujeres, en 75%. Esto evidenció las condiciones de desigualdad en las que las mujeres se insertaban en el mercado laboral, especialmente el urbano, pero sobre todo la precariedad del empleo femenino en el país.

La maquila en El Salvador se caracterizaba por ser predominantemente urbana, con una concentración en la actividad de la confección y una alta tasa de empleo femenino. Constituyó un régimen arancelario, cuya contribución al crecimiento económico sostenible fue limitada, pero que podía aportar a la generación de empleo urbano, principalmente femenino. Por otro lado, este empleo mostraba brechas salariales y ocupacionales entre mujeres y hombres, además de constantes denuncias por sus condiciones precarias.

A partir de la década de 2000, no cabía duda de que la apuesta por la maquila podría llegar a ser más importante que el subsector del café en las exportaciones totales, aunque no en sus efectos multiplicadores ni en su fuerza dinamizadora de la economía.

Con estas premisas y en este contexto, desde la Unidad Mujer y Desarrollo en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), se implementaba el proyecto “Institucionalización del enfoque de género en la Cepal y en ministerios sectoriales”. El objetivo del proyecto era elaborar y fortalecer políticas, estrategias, instrumentos y capacidades técnicas, tanto al interior de la organización como en algunos países seleccionados de la región, para fomentar la equidad de género entre mujeres y hombres en el proceso y los beneficios de desarrollo, especialmente en cuanto a las políticas económicas y laborales.

Y es así que tuve el privilegio de ser seleccionada para ser parte de este equipo bajo el liderazgo de María Nieves Rico, en el que participaban tres países: Ecuador, Argentina y El Salvador.

Con una inmersión en estadísticas, datos y relatorías de hechos, además de la inspiración por los objetivos del proyecto mencionado, comienza mi viaje hacia la lucha por la igualdad de las condiciones de las mujeres en mi país, y posteriormente en la región de Latinoamérica y el Caribe, en diferentes ámbitos, económicos, políticos y sociales; con evidencias y reflexiones, a partir de una realidad de estadísticas y relatos que evidenciaban una débil aplicación de los derechos y las obligaciones laborales en las empresas de maquila, donde se insertaban predominantemente las mujeres salvadoreñas, en su mayoría las jefas de hogares y proveedoras económicas de su grupo familiar.

En cuanto a la brecha salarial, la relación entre el salario de las mujeres frente al salario de los hombres en la industria manufacturera constituía el equivalente al 64 y 70% para 1990 y 1998 respectivamente. Es decir la brecha de esta desigualdad se fue ensanchando durante el período.

Bajo un análisis de género, esta situación, aunada a un desconocimiento de las leyes laborales, constituía uno de los factores que mayormente conducía a mantener una condición precaria del empleo, especialmente para las mujeres, dado que además se generaban prácticas inconvenientes para mejorar los niveles de productividad en las empresas, como metas de trabajo excesivas, remuneraciones que no correspondían a las jornadas de trabajo, condiciones físicas inadecuadas, y que en conjunto demandaban la formulación de políticas laborales que mejoraran esas condiciones y que tuvieran una enfoque con equidad de género.

Pese a todas las acciones y los esfuerzos realizados por los sectores gubernamentales, no gubernamentales y privados para eliminar los obstáculos que ponían barreras sociales a la igualdad de oportunidades para acceder al mercado de trabajo, los resultados fueron modestos. Las acciones se llevaban a cabo de manera aislada, con débil articulación y en ausencia de un diálogo que condujera a una política laboral, dirigida especialmente a la maquila, que tuviera como eje transversal un enfoque de equidad de género.

La contribución del proyecto se plasmó en acordar una propuesta de política laboral enfocada en la institucionalización de la equidad de género en el sector de la maquila en El Salvador, así como también a eliminar los obstáculos que ponían barreras sociales a la igualdad de oportunidades para acceder a este mercado de trabajo, a la resolución de conflictos laborales, con estrategias que perseguían el entendimiento de las necesidades y la negociación como mecanismos operativos entre los actores relevantes: gobierno, ONG del movimiento de mujeres, sector sindical y sector privado.

Para este logro, se llevó a cabo un proceso de consenso fundamentado en el diálogo de políticas públicas con el objetivo de transversalizar el enfoque de género en sus programas y actividades. Los actores identificados dentro de los sectores gubernamental, no gubernamental y privado dieron cuenta de iniciativas con miras a institucionalizar el enfoque de género dentro de sus programas y actividades que merecían ser fortalecidas y extendidas hacia otros niveles y sectores. Entre ellos cabe mencionar los mecanismos aplicados por la sociedad civil, especialmente los aplicados por las organizaciones de mujeres MAM, Las Dignas y Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Omursa), tanto para la aplicación de los derechos laborales como para disminuir el impacto de las brechas de ocupación y remuneraciones dentro de la industria y entre ambos sexos.

La institucionalidad del enfoque de género fue asumida como un compromiso en acciones y programas por parte del Ministerio de Trabajo y la instancia para el adelanto de las mujeres en el país, el Instituto Salvadoreño de Desarrollo de la Mujer (Isdemu).

Las recomendaciones y propuestas de políticas públicas fueron organizadas alrededor de los siguientes ejes fundamentales que marcaban las diferentes etapas para garantizar las condiciones de equidad de género en el empleo de la maquila:

• Construir las bases para incorporar el enfoque de igualdad de oportunidades en la institucionalidad de la maquila.

• Promover políticas y programas sectoriales e intersectoriales para la generación de empleo de calidad y equidad en la maquila.

Todo este esfuerzo culminó en la firma de un convenio interinstitucional intermediado por el Isdemu.

Mercado laboral y reforma de pensiones

Mi viaje continuó con el mercado laboral, en el marco del proyecto “Impacto de género de la reforma de pensiones en América Latina”, implementado por la Unidad Mujer y Desarrollo bajo el liderazgo de Nieves Rico. Dentro de este desarrollé una investigación con el objetivo de analizar y describir la reforma salvadoreña del sistema de pensiones, desde el punto de vista de los efectos para los hombres y las mujeres. Esta reforma se contextualizaba en el marco de reformas de segunda generación que impulsaba el gobierno en turno, tratando de dar respuesta al otro gran desafío que a principios de la década de 2000 persistía en el mercado laboral, como eran las pensiones, que mostraban también una significativa brecha de desigualdad entre mujeres y hombres.

Durante la segunda mitad de la década de 1990 se inició en El Salvador la reforma previsional con la aprobación de la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones emitida en diciembre de 1996. La reforma tuvo como propósitos modernizar el manejo del sistema de pensiones bajo la responsabilidad del sector privado y liberar al Estado de una carga fiscal que amenazaba con colapsar la economía en el corto plazo. En ese período el sistema previsional enfrentaba una seria crisis, debido a la ineficiente gestión del sistema público para agilizar el cálculo de los historiales de salarios, y una creciente carga fiscal, que demandaba reformas urgentes a la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones. Esta reforma permitió la mejora del régimen previsional del país y redujo la deuda del fisco, generada por el antiguo sistema. Sin embargo, el costo fiscal es aún alto porque, según algunos autores, el nuevo sistema de pensiones ofrecía beneficios netos que eran muy generosos en comparación con otros países de la región.

El modelo del mercado laboral para el cual fue diseñada la reforma suponía la incorporación de la mayor parte del segmento informal, de tal forma que se ampliara el tamaño reducido del segmento formal y, por ende, la escasa cobertura de seguridad social. En términos de género, las mujeres constituían la mayor proporción en el segmento informal del mercado de trabajo. Aquellas que se ocupaban por cuenta propia destinaban su aporte a la economía doméstica, quedando sin fondos para acceder al sistema previsional. Esto beneficiaba más a los hombres que a las mujeres.

A cinco años de la implementación de la reforma, los resultados mostraron que tan solo el 2,5% de los afiliados pertenecían a la categoría de independientes; de ellos tan solo el 0,9% eran mujeres y el 1,6%, hombres.

Por otra parte, la desventajosa manera en que se insertaban las mujeres en el mercado de trabajo en El Salvador ya generaba desigualdades y brechas. El modelo de reforma del sistema previsional en el país reproducía estas fallas del mercado laboral y agregaba otras de su propio contexto. Como resultado, el monto de las pensiones que recibían las mujeres era inferior al de los hombres. Durante la investigación se examinaron los elementos normativos e institucionales que regían el sistema, así como los indicadores demográficos, laborales y previsionales.

A la reforma se le atribuye el ordenamiento y la coordinación institucional para igualar las condiciones de acceso, sin que esto significara, necesariamente, que hubieran mejorado las pensiones de mujeres y hombres. En el sistema anterior, ellas recibían un mayor beneficio por cuanto, al mismo nivel de aporte, su pensión era más alta, y por cantidad mayor de años debido a su retiro temprano y a su esperanza de vida, que es superior a la de los hombres. En consecuencia, la tasa de retorno que obtenían las mujeres era también mayor.

Por estas razones, la reforma previsional no contribuyó a que las mujeres tuviesen acceso a pensiones dignas y seguras, ni a mejorar la equidad de género del sistema previsional. El modelo del sistema de pensiones implementado en El Salvador mostró de manera más clara la gravedad de las fallas del mercado laboral, así como la discriminación salarial e institucional que afectaba a las mujeres.

Entre mis reflexiones destaco que, a pesar de que durante la mitad de la década de 1990 surgió una abundante literatura que evidenciaba la ausencia de equidad de género en la formulación de las políticas y reformas implementadas en el país, y en la región, esta no estuvo presente ni en la formulación ni en la implementación de aquellas, fuera por un desconocimiento del concepto “género”, o del valor económico del trabajo reproductivo no remunerado y del trabajo doméstico realizado por las mujeres.

Las recomendaciones de la investigación fueron diseñadas para el corto, mediano y largo plazo. Principalmente se recomendó formular una política laboral que, basada en un diagnóstico del mercado de trabajo en el país, incluyera medidas tendientes a reducir las fallas que generan estas desigualdades en la inserción de mujeres y hombres.

Asimismo, se recomendó que la revisión de los sistemas previsionales incluyera un enfoque de género para garantizar la aplicación de criterios más equitativos en la distribución de los beneficios y en el cálculo de las prestaciones, así como diseñar mecanismos compensatorios para cubrir los años que las mujeres deben dedicar a las tareas reproductivas (maternidad, cuidado en los primeros años de los hijos) que determinan que su participación en el mercado de trabajo sea inestable o discontinua, y acompañar esta reforma con la elaboración de tablas actuariales que consideren las diferencias entre la esperanza de vida de mujeres y hombre. Finalmente, se propuso ampliar la cobertura del sistema a la informalidad en el mercado de trabajo.

La conceptualización de la equidad de género ha sido el elemento ausente en los análisis y las investigaciones previas a la reforma previsional en El Salvador, pese a las acciones positivas. Paralelamente esta se encauzaba en el país, tanto por el sector gubernamental como el no gubernamental la debilidad de la institucionalidad para la equidad de género, en cuanto a temas económicos y laborales, se hacía evidente al analizar los supuestos de las reformas económicas y en especial la de pensiones.

Por último, se debe reflexionar en el hecho de que la inserción de las mujeres continúa siendo desigual, pues el problema del mercado laboral en El Salvador es más estructural. En 2018, el 42,5% de la población ocupada estaba en condición de informalidad, y las mujeres representan el 47,3%. Por ello el incremento de la cobertura de la seguridad social depende de este problema, que es subyacente en el país.

Participación política de las mujeres

Mi viaje y mis aprendizajes enriquecedores continuaron, hasta tener una mejor comprensión acerca de la necesidad de que las mujeres tuviesen acceso al poder, e influir en decisiones y propuestas de políticas públicas que tendieran a mejorar sus condiciones, especialmente a reducir estas desigualdades y brechas entre ellas y los hombres en los diferentes ámbitos privados y públicos.

La investigación de las lecciones aprendidas de la participación política de las mujeres en los gobiernos municipales del área metropolitana de San Salvador me permitió escuchar relatos de catorce mujeres que, independientemente de su orientación política, todas, sin excepción, tuvieron que luchar por ganar posiciones de poder y tenazmente mostrar sus capacidades, a diferencia de los hombres que contaban con la solidaridad y los apoyos políticos desde las cúpulas de sus partidos políticos. Entre estas lecciones destaco que sus propios esfuerzos y lucha personal fueron justamente lo que les permitió llegar a las dirigencias municipales y a conquistar escaños en la Asamblea Legislativa. Su motivación estaba cimentada en poder realizar cambios que transformaran esa realidad de desigualdades en las oportunidades para acceder al poder político, y que se enfrentaron dentro de una cultura predominantemente con dominio de lo masculino.

Una mirada retrospectiva a la práctica de la equidad de género desde las organizaciones de la sociedad civil

En la última década, se han alcanzado importantes logros hacia la equidad de género tanto en el país como en la región, pero no puede ignorarse la persistencia de las enormes desigualdades y discriminaciones contra las mujeres que al día de hoy se manifiestan. Las experiencias antes mencionadas en los sectores económicos y sociales, pero sobre todo el conocimiento de la realidad que me permitieron estas investigaciones y reflexiones personales, han permanecido a lo largo de mi trayectoria personal y profesional para continuar la lucha contra las desigualdades entre mujeres y hombres, que se convierten en una de las injusticias sociales más apremiantes a resolver porque menoscaban los derechos fundamentales de las mujeres.

Con esa motivación e inspiración por transformar esas desigualdades, inicio mi inmersión en las organizaciones de la sociedad civil internacionales en las cuales he trabajado por más de diecisiete años, y continúo a la fecha, para seguir desde esas trincheras mi viaje hacia la justicia de género. He realizado este trabajo desde diferentes ámbitos en el diseño, la implementación, la abogacía, y liderando equipos de programas en países de la región de Latinoamérica y el Caribe. Esta reflexión crítica ha permanecido en mí para incorporar la perspectiva de género en todo el quehacer organizacional y programático, influenciando en las decisiones de poder para asignar más presupuestos y para “poner a las mujeres en el centro de todo lo que hacemos”, como con idealismo e ilusión explicábamos lo que hacíamos. En los programas de participación política, empoderamiento económico de las mujeres, ciudadanía activa, programas de respuesta humanitaria en la región, en las cuales los impactos en las mujeres son tan diferenciados, las estrategias de respuesta deben por ende abordar esas diferencias.

En ese caminar las preguntas frecuentes que me han surgido y acompañado a lo largo de este viaje son las siguientes: ¿por qué, si prevalecen políticas públicas favorables para reducir estas desigualdades y discriminaciones, además de significativos avances para generar y fortalecer una institucionalidad fuerte con mecanismos y ministerios de y para las mujeres, un movimiento feminista cada vez más fuerte y estratégico, más vocal y presencial en su activismo, con presupuestos con enfoque de equidad de género, sin dejar de mencionar las inversiones millonarias de la cooperación al desarrollo que distribuyen los gobiernos a las organizaciones de la sociedad civil con el fin de que las ejecuten en sus programas de justicia de género, las injusticias continúan, las oportunidades para acceder al mercado laboral continúan siendo limitadas y las brechas entre los salarios de mujeres y hombres aún son significativas?

¿Qué más hay que cambiar?

Lo dicho se debe, en parte, a que muchas transformaciones de las relaciones de género y poder han sido en realidad cambios que continúan asignados por la predominancia de lo masculino, y a que la categoría universal desde la cual se analiza y decide –bajo una supuesta neutralidad– sigue siendo el hombre y lo masculino (Molyneaux, 2007). Las estructuras de poder y los niveles de decisiones no se han modificado de manera sustancial, y subsisten distinciones de género profundamente arraigadas en las cosmovisiones de los pueblos, en los imaginarios y en las idiosincrasias que normalizan estas desigualdades y brechas.

Un reciente informe de Oxfam, “Rompiendo moldes”, mostró un hallazgo relevante de estas creencias y comportamientos que soportan a imaginarios y normas sociales. De las entrevistas realizadas en la región de Latinoamérica y el Caribe, los grupos más altos en términos porcentuales que normalizaban la violencia hacia las mujeres y niñas fueron los jóvenes de entre 20 y 25 años. Estos porcentajes van desde un desde el 47% hasta el 80% en las diferentes categorías entrevistadas. Así, el hallazgo de los imaginarios y las normas sociales de las futuras generaciones marca un desafío enorme de cambio cultural.

En mi paso por las organizaciones de la sociedad civil basadas en principios feministas, algunas de estas desigualdades y brechas han estado presentes. Se cuenta con visiones, misiones y valores que se fundamentan en principios de equidad y justicia social, además de con mecanismos que como sociedad civil se utilizan para la institucionalización de la equidad social y de género en la aplicación de los derechos laborales. No obstante, los casos de abuso, acoso laboral y discriminación han permanecido en el sector durante la presente década, y no libres de una alta cobertura mediática. Afortunadamente, por la existencia de estos mecanismos como códigos de ética y conducta, fortalecidos con figuras como ombusperson y wistleblower, se han podido aplicar medidas correctivas y de prevención. Pero el camino aun es largo y ancho.

Entonces, aun me quedo con las preguntas: ¿que nos está faltando?, ¿qué más debemos considerar para que exista la igualdad y equidad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de nuestras vidas? ¿cómo las mujeres, al igual que los hombres, podemos definir, influir y contribuir al diseño de las políticas públicas, estructuras y decisiones que afecten positivamente nuestras vidas y a la sociedad en su conjunto?

Finalmente, quiero cerrar mi mensaje de homenaje a Nieves expresándole que a veces una va por la vida profesional con más aciertos que desaciertos, e inspirada en las transformaciones y cambios a favor de los derechos de las mujeres para las cuales trabajamos, pero pocas veces se reflexiona que en ese caminar también va trasformando vidas de las personas con las que trabajamos. Yo he sido una de ellas.

Bibliografía

Molyneux, M. (2010), “Justicia de género, ciudadanía y diferencia en América Latina”, Studia Historica. Historia Contemporánea, vol. 28.

Oxfam (2018), “Rompiendo moldes: transformar imaginarios y normas sociales para eliminar la violencia contra las mujeres”, julio.

¿Cómo afrontar la pandemia? Problemas preexistentes, viejas recomendaciones y una oportunidad para nuestras convicciones

Jaschele Burijovich

La pandemia es nuestro “cisne negro”. Rareza e impacto extremo son las características de un hecho definido de esta manera. También su poca predictibilidad. Al ser algo inesperado y un “hecho social total”, al decir de Ignacio Ramonet,[136] genera que sea más importante lo que no sabemos de él y sus consecuencias, que lo que efectivamente sabemos. Estamos inventando y ensayando maneras de cómo enfrentarlo. Un gran desconcierto nos atraviesa, a pesar de la cantidad de información, reflexiones y propuestas. Sin embargo, también creo que la manera de afrontar esta situación tiene que estar basada en nuestras profundas convicciones. Mucho se ha hablado, en estos días, de los dilemas éticos a resolver. A pesar del desconcierto que hay que habitar, lo que no puede estar en duda son nuestras prioridades: las personas más vulnerables, las personas que menos tienen, no dejar a nadie atrás.[137]

Con la pandemia el pensamiento sobre los procesos de salud/enfermedad/atención ha entrado en crisis. Las viejas respuestas de la medicina son insuficientes y se nos plantea la oportunidad y el desafío de buscar entre nuestras construcciones teóricas algunas nuevas. En este marco, los feminismos adquieren gran relevancia porque contribuyen a poner un lente sobre las desigualdades que produce la jerarquía entre los géneros. Es un contexto propicio para la insistencia y para conceptualizar, redefinir, construir y proponer acciones que, desde este enfoque, consideremos claves.

Hace ya tiempo que el sistema de salud fue convocado a revisar sus prácticas desde la perspectiva de género. Uno de esos trabajos fue realizado bajo la dirección de María Nieves Rico y el acompañamiento de Flavia Marco Navarro en el marco del proyecto “Políticas laborales con enfoque de género” desde la Unidad Mujer y Desarrollo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).[138]

Nieves, con su propuesta, su conducción, su capacidad para formar y dirigir equipos de trabajo, su mirada atenta y crítica, su acompañamiento como amiga permitió la elaboración de diagnósticos sólidos, de iniciativas y puesta en marcha de acciones políticas de incidencia, la construcción de capacidades y la formulación de argumentos potentes para interpelar al sector.

Participamos con Laura Pautassi desde 2004 a 2007 de un estudio en el que se analizó el empleo en salud en la provincia de Córdoba, Argentina, a través de un diagnóstico participativo (Burijovich y Pautassi, 2005). A partir de él, se buscó consensuar propuestas de políticas de recursos humanos que incluyan la equidad de género. Gracias a ese trabajo conocí a Nieves y desde esa época sigo su trayectoria tan coherente con sus principios: derechos, cuidados, autonomía, equidad. Siempre trabajando con otras, habilitando a muchas, tejiendo redes y lazos con organizaciones feministas. Muy lejos de las ideas tecnocráticas tan valoradas hoy, muy lejos de la banalización del enfoque de género tomado por muchas y muchos como un término técnico en su concepción más apolítica.

Una orientación, un camino, una trayectoria que expresan la potencia que se necesita para ser una feminista del sur del sur. Una referencia ineludible, sobre todo en tiempos de confusión generalizada.

Problemas preexistentes y viejas recomendaciones

En nuestra investigación (Burijovich y Pautassi, 2005) señalábamos que la inserción de las trabajadoras y los trabajadores en el sistema de salud presentaba dificultades que aún persisten: desequilibrio en cuanto a la disponibilidad de algunas profesiones, pluriempleo, concentración de profesionales en los grandes centros urbanos, distancia entre la formación profesional y el perfil ocupacional, alta concentración de mujeres y abandono de requisitos de calificación para la prestación del servicio.

Señalábamos también que la vulnerabilidad en el empleo en el sector se había instalado. Esta vulnerabilidad generaba insatisfacción y afectaba la salud física y emocional de trabajadoras y trabajadores. A ello se sumaba el pluriempleo, que se presenta como una constante y que produce agotamiento de las personas que trabajan en el sistema de salud.

El sector salud fue y es mano de obra intensivo, feminizado y con deficiencias en sus condiciones de trabajo. En el sector estatal encontramos, además de los problemas laborales, la excesiva demanda y precariedad sociosanitaria de la población que se atiende. Una dramática situación que en nuestro trabajo sintetizamos con la siguiente frase: “Pobres mujeres del equipo de salud atendiendo a mujeres pobres”.

A continuación, enumeraré algunos de los problemas del sector relevados en esa oportunidad: heterogeneidad y vulnerabilidad en situaciones de empleo con impacto diferenciado de género, escasa vinculación entre las políticas laborales y sanitarias, nula vinculación a políticas de género, segregación laboral vertical y horizontal para las mujeres, aumento en la demanda de servicios y falta de personal e insumos para satisfacerla, desvalorización del trabajo en atención primaria de la salud, ausencia de valoración del trabajo de las promotoras de salud, entre otros. Se señaló especialmente la persistencia de la depreciación del primer nivel de atención de la salud por parte de la cultura médica, así como la descalificación de algunas especialidades, junto con el hecho de que ambas instancias son fundamentalmente cubiertas por trabajadoras. La necesidad de visualizar la división sexual del trabajo en el interior del sector estaba propuesta para permitir avanzar en la construcción de capacidades para lograr sistemas de referencia y contrarreferencia más eficaces.

También nos hacíamos algunas preguntas: ¿quién cuida a las personas que cuidan la salud de otras y otros?, ¿quién cuida a hijas e hijos de las trabajadoras y los trabajadores?, ¿cómo se informan y participan las trabajadoras y los trabajadores?

Para la transformación de los problemas presentados y como respuesta a algunas de las preguntas propusimos algunos “senderos estratégicos”:

• Sensibilizar sobre la especificidad que tiene el trabajo en salud con sectores de extrema pobreza y su importancia estratégica.

• Cuestionar y revertir la “maternalización” del rol de las trabajadoras sanitarias.

• Fortalecer la articulación entre subsectores y entre organizaciones de mujeres con el sector público para sumar acciones en pos de la equidad de género.

• Coordinar acciones interjurisdiccionales a fin de mejorar la red de derivaciones e instrumentar acciones conjuntas.

• Jerarquizar a los efectores de salud locales y aumentar su capacidad resolutiva debido a su importancia estratégica y también en función de que atienden a la población con mayores necesidades.

Si bien se han sumado derechos y garantías para igualar los derechos de varones y mujeres, se han realizado capacitaciones y sensibilizado al personal y se han renovado las estructuras organizativas, aún estamos muy lejos de lograr transformaciones profundas, y gran parte de esos problemas han impactado en el modo que se atendió a la emergencia sanitaria actual.

Desde que escribimos ese trabajo en 2005 la mayoría de los servicios de salud han incorporado un discurso de inclusión, con mayor o menor grado de desarrollo e impacto. Sin embargo, los cambios en el interior del Estado implican disputas, por lo que, además de la adhesión a una orientación de políticas, se deben movilizar las capacidades institucionales y los apoyos sociales para iniciar las transformaciones y disminuir las resistencias que se oponen a ellas. La implementación de la Ley Micaela,[139] la ampliación de la licencia por maternidad y la licencia por razones de violencia de género son un ejemplo de ello. La distancia entre la norma y la realidad es motivo de reflexiones diversas. Se ha comprobado que los derechos otorgados a las mujeres no necesariamente producen los cambios esperados y, en muchos casos, visibilizan con más fuerza los comportamientos discriminatorios ocultos (relacionados con estereotipos de género, autodiscriminación, etc.).

La respuesta del sistema de salud a la pandemia[140]

La atención a la pandemia generada por COVID-19 implicó cambios en la gestión de las políticas de salud en la Argentina. El recientemente restituido Ministerio de Salud[141] en poco tiempo tuvo que llevar adelante acciones urgentes: declaración de la emergencia sanitaria, reorganización de servicios, adquisición de nuevos equipamientos, protección de insumos críticos, protocolización de la atención, fortalecimiento de las unidades de terapia intensiva, entre otros. La reorganización, que permitió ganar tiempo, preparar los servicios y favorecer la atención y el tratamiento del coronavirus, generó, a su vez, tensiones y contradicciones al interior de los propios equipos de salud. El sistema sanitario ha sufrido una muy grave sobrecarga. También se han puesto al descubierto sus históricas dificultades estructurales: hospitalocentrismo, hegemonía biomédica y de las profesiones patriarcales, perspectiva reduccionista, escasa integración intersectorial y fragmentación. Como dice Christophe Dejours: “Esta pandemia no es como un gran trueno en un cielo límpido; por lo contrario, el cielo no estaba ni calmo ni límpido. Había mucha gente enferma y descuidada en todo el mundo. Y la pandemia lo profundizó”.[142] Cabe destacar la neutralidad en términos de género con que se aplicaron las medidas, tanto a nivel de trabajadoras y trabajadores como de usuarias y usuarios del sistema.

El foco puesto en los niveles de atención de mayor complejidad es un sesgo habitual de nuestro sector salud. Mucho más en la asistencia a patologías como COVID-19, que reforzaron el paradigma médico-biologicista por su carácter “infeccioso”.

La medida del aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) dio tiempo de preparación para garantizar la atención a la emergencia sanitaria pero, en algunos lugares, limitó la asistencia de determinadas problemáticas prioritarias tales como la salud sexual y reproductiva, la salud mental comunitaria, las enfermedades crónicas no transmisibles, entre otras.

Los ministerios de Desarrollo Social y de Salud establecieron una serie de recomendaciones y medidas específicas para los barrios populares a los fines de articular estrategias locales que evitaran la propagación del virus (MSAL y MDS, 2020). Sin embargo, se tendió a homogeneizar los territorios desestimando, en algunos casos, las necesidades y demandas diferenciadas de la población. Esta invisibilización de realidades locales dificultó que se potenciara el trabajo comunitario que los equipos de salud ya tienen en algunas comunidades.

La estrategia de atención primaria de salud ha quedado relegada en el orden de prioridades a través de las cuales se afronta la pandemia. La prevención en el territorio y el trabajo comunitario son esenciales a la hora de acompañar las medidas dirigidas a lograr el aislamiento preventivo, el distanciamiento social, las alertas tempranas y la detección precoz. Además, los equipos interdisciplinarios en el territorio son fundamentales para contener los efectos subjetivos que podría provocar esta situación de emergencia sanitaria inesperada.

El primer nivel de atención y el trabajo territorial y comunitario para la prevención pueden aportar al cumplimiento de las consignas “quedate en casa” y “el barrio cuida al barrio”. En general, los centros de operaciones de emergencia no han incorporado otras disciplinas no médicas. Se minimiza que las organizaciones sociales territoriales pueden ser un actor clave a la hora de lograr mayor efectividad en las acciones definidas y el rol que los equipos territoriales ocupan al contar con las cartografías de los actores locales.

Son muy escasos los equipos interdisciplinarios de salud en los territorios que permiten el ejercicio pleno del derecho a una inclusión comunitaria. Esto expresa una debilidad de nuestro sistema para la atención de la pandemia. Hay una desarticulación entre la extensión y complejidad de las problemáticas de salud de las comunidades y la organización y el funcionamiento del sistema sanitario. Si bien, como ya afirmamos, el Ministerio de Salud de la Nación recuperó su rol de rectoría sectorial, subsisten déficits, inconsistencias y desarticulación de los programas de los gobiernos locales, provinciales y nacional que generan desequilibrios y desigualdades territoriales que sufren las poblaciones.

Por lo anterior, es necesario promover dispositivos que generen encuentros y garanticen el “derecho a ser escuchadas y escuchados” y a expresar temores y necesidades. También es importante acompañar procesos de prevención escuchando los relatos de las personas que están transitando la pandemia. Si se cuenta con espacios de salud que cuiden, cobijen y apoyen, la elaboración de los efectos que produce este inesperado fenómeno global serán atravesados con menos sufrimientos.

Es preciso fortalecer el rol protector que ejerce el tejido comunitario, priorizar el arraigo, restringir la institucionalización y generar formas de atención no convencionales que permitan sostener un trabajo de proximidad y acercamiento, donde la distancia física no impida nuevas formas de lazo social.

La contribución feminista para el abordaje de la pandemia

El virus no ha sido “democrático” con los sectores más vulnerables, mucho menos con las mujeres. La pandemia es particularmente difícil para ellas y para muchas puede incluso ser muy peligrosa. Como ya lo constatáramos en nuestra investigación (Burijovich y Pautassi, 2005), las mujeres predominan en todo el sistema de salud, en profesiones como la enfermería, la psicología y el trabajo social, y conforman, en su mayoría, los equipos del primer nivel de atención. Garantizan, sobre todo, la atención y el cuidado de la población y de las familias más pobres.

Según un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), un punto por el cual la crisis del COVID-19 afecta significativamente más a las mujeres trabajadoras es “que la gran mayoría de los puestos de salud y de asistencia social están ocupados por estas. A nivel mundial el 70% de los trabajadores de esos sectores son mujeres, y en algunos países desarrollados esa cifra alcanza el 80%. Durante la pandemia, los trabajadores de la salud suelen estar sujetos a duras condiciones de trabajo, en especial en los países de medianos a bajos ingresos. El aumento de la carga de trabajo no remunerado de la atención sanitaria que ha provocado la crisis afecta en mayor medida a las mujeres que a los hombres”.[143]

La Comisión Tripartita de Igualdad de Oportunidades, en el mismo sentido que el informe citado, elaboró un relevamiento sobre COVID-19 que puso de manifiesto las desigualdades de género que afectan a los sectores de actividad más feminizados y más expuestos, y las desigualdades de derechos entre quienes están más protegidos en el trabajo registrado y quienes son más vulnerables en el trabajo informal.[144] Constató la heterogeneidad sectorial por tasa de feminización que provocó la crisis de COVID-19 que afectó el trabajo de las mujeres, sea sobreexponiéndolas al contagio en actividades esenciales o incrementando el horario cuando realizan trabajo remoto. Se observó una extensión del horario laboral en trabajadoras y trabajadores de la salud para atender la gran demanda y reemplazar al personal con licencia por enfermedad.

Las mujeres (y sobre todo las de las clases más vulnerables) en las épocas más difíciles se organizan para amortiguar la crisis. Construyen una trama solidaria que sostiene una cadena de cuidados que se intensificó durante la pandemia y que intenta compensar el deterioro de las condiciones económicas, todo lo cual supone una enorme sobrecarga de trabajo reproductivo. La pandemia enfrenta a las mujeres a una situación paradójica: necesitamos del aislamiento y la distancia social al mismo tiempo que requerimos mayor cooperación. El problema de la cooperación constituye actualmente un debate central en el pensamiento social contemporáneo por el dilema que entraña. Las mujeres, a través del desarrollo de la sororidad, “una forma cómplice de actuar entre mujeres” (Lagarde, 2009), han encontrado “una propuesta política” para trabajar juntas y cooperar. La sororidad es un proyecto feminista, colectivo que supone una alianza entre mujeres que puede ser provechoso para enfrentar una crisis de las dimensiones que estamos viviendo.

La pandemia, entre otras cuestiones, ha puesto el tema de los cuidados en el centro de la agenda. El derecho al cuidado es y ha sido otras de las luchas centrales del feminismo reciente. En este contexto más que nunca se requiere que el cuidado sea visto como un derecho humano y un elemento central a la hora de lograr la igualdad de género. El Estado está interviniendo masivamente en la economía a través de múltiples programas y ha subido los presupuestos para mitigar los efectos de la pandemia. Estas políticas actúan como una malla de contención. A nivel micro existen otros vínculos de inclusión, los microprocesos, el contacto cotidiano que construye y consolida un sentido de pertenencia, un espacio social compartido, una colectividad, que es central para desarrollar las prácticas de cuidado de sí y cuidado de las otras y los otros. Se ha desarrollado una enorme red de solidaridad y apoyo mutuo que se expresa en la multiplicación de comedores y merenderos, en programas de educación popular, en el desarrollo de la economía popular, en acciones de apoyo y contención social.

Considerando los procesos de atención que la emergencia por COVID-19 requiere, el concepto de interseccionalidad (Couto et al., 2019), desarrollado por las teóricas feministas y no totalmente incorporado al campo de la salud pública, puede ser un concepto central a la hora de abordar la complejidad de las desigualdades en los procesos de salud/enfermedad/atención. Desde la perspectiva de la interseccionalidad, la interacción de múltiples factores aporta una comprensión mucho más densa de lo que efectivamente le sucede a los sujetos en sus modos de vivir, enfermar y morir.

Antes del inicio de esta crisis sociosanitaria la creencia en el Estado venía languideciendo. Desde la pandemia se ha incrementado en la sociedad la confianza en él. Esto es así porque se cree en que es el gobierno el que encabezará “la batalla contra el virus”. Sin embargo, así como identificamos acciones estatales que nutren, protegen y redistribuyen, también encontramos otras donde abandona, coacciona, desprotege e ignora. Hoy, aún más, el Estado aparece como una arena de conflictos. De igual manera, se disputa el sentido de la actual crisis por los movimientos sociales. Para numerosos grupos, entre ellos los colectivos feministas, la pandemia ha puesto en evidencia los límites de la forma de vida actual.

Estamos frente a un momento de ruptura; sin embargo, nuestros anhelados deseos de una sociedad más justa y equitativa no necesariamente nos garantizarán que esto ocurra. El feminismo cuenta con una enorme potencia argumentativa para dar los debates y las disputas que sean necesarias.

Bibliografía

Buhlman, S., J. Burijovich, A. Heredia, M. Passini y S. Yoma (2020), “COVID-19 y el derecho a la salud mental: la urgencia de implementar lo necesario”, en J. P. Bohoslvasky (ed.) COVID-19 y derechos humanos: la pandemia de la desigualdad, Buenos Aires, Biblos.

Burijovich, J. y L. Pautassi (2005), Calidad del empleo y calidad de la atención en salud en Córdoba, Argentina: aportes para políticas laborales más equitativas, Santiago de Chile, Cepal.

Couto, M. T., E. Oliveira, M. A. A. Separavic y O. C. Luiz (2019), “La perspectiva feminista de la interseccionalidad en el campo de la salud pública: revisión narrativa de las producciones teórico-metodológicas”, Salud Colectiva. DOI 15:e1994

Lagarde, M. (2009), “La política feminista de la sororidad”, Mujeres en Red, 11 de junio.

MSAL y MDS (2020), “Guía de recomendaciones para evitar la propagación en barrios populares y el cuidado de adultos mayores”, Buenos Aires, 14 de mayo. https://www.argentina.gob.ar/noticias/guia-de-recomendaciones-para-evitar-la-propagacion-en-barrios-populares-y-el-cuidado-de

Rico, M. N. y F. Marco Navarro (coords.) (2006), Mujer y empleo: la reforma de la salud y la salud de la reforma en la Argentina, Buenos Aires, Siglo XXI.

Tensiones y resistencias

a las perspectivas de género

en el campo de la salud en

Argentina 2007-2020,

a propósito de un texto

Mario Rovere

Haber participado en el libro Mujer y empleo: la reforma de la salud y la salud de la reforma en Argentina constituyó un momento reflexivo muy importante y un prolegómeno de experiencias políticas y de gestión sanitaria y educativa marcadas crecientemente por una perspectiva de género especialmente en el campo de la gestión del trabajo y la formación de profesionales de la salud.

No se trataba solo de un texto que “sale a defenderse solo”; también devino un libro militante y militado en la convicción de que se trataba de una temática a la que había que ponerle el cuerpo, había que mantener activa. Como señalan sus coordinadoras María Nieves Rico y Flavia Marco Navarro (2006: 37):

Muchas veces la institucionalización del principio de equidad de género en la formulación de políticas públicas se limita por la contradicción suscitada por la redefinición del papel del Estado –que restringe su tamaño y competencias– y la ampliación de su rol garante del pleno ejercicio de los derechos de la ciudadanía. Se requiere así profundizar el debate con respecto a las reformas institucionales en marcha, sobre todo en un momento en que los ministerios de trabajo tienen un reducido campo de acción para generar empleo y promover igualdad en el acceso y la calidad.

¿Qué hay de los aportes y debates de género, de etnia y de interculturalidad? ¿Atravesó realmente el enfoque de género la organización del trabajo en salud? ¿Es posible que una profesión como la medicina, aun feminizándose, continúe siendo patriarcal? ¿Deberíamos acaso dejar de hablar de modelo médico hegemónico, cuando las mujeres superan el 50% de la fuerza laboral en esta profesión? Seguramente estas preguntas quedarán abiertas porque son hoy más importantes que las respuestas que nos podamos dar y de las que puede depender lograr equidad, acceso y capacidad de respuesta de los servicios de salud para tantas personas postergadas en el planeta. (Rovere, 2006: 189)

De esta manera, preguntando, abriendo más que cerrando, intentábamos en 2006 concluir un artículo sobre nuevos y renovados debates en torno de los recursos humanos en salud. Pero ¿qué pasó?

Perspectiva de género en salud internacional

Apenas un año después de su presentación del libro de Nieves Rico y Flavia Marco Navarro en el Congreso de la Nación de la República Argentina, encontramos una caja de resonancia en el Seminario Latinoamericano de Salud Internacional realizado en forma conjunta por el Instituto de la Salud Juan Lazarte y la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Alumnas, alumnos y foristas de diferentes países de América Latina fueron incorporando nuevas dimensiones para pensar el trabajo en salud. De esa manera las perspectivas de género, de interculturalidad y de análisis de los procesos migratorios fueron puestas a consideración, no solo como material educativo sino también con reflexiones que mostraban fenómenos hasta entonces poco estudiados. Como ejemplo, la “captación de enfermeras” de Bolivia, Paraguay, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Perú para sostener la expansión del Estado de bienestar europeo, especialmente por parte de gobiernos subnacionales de España e Italia. La propia diplomacia médica cubana con su presencia en Venezuela, el Caribe inglés y Bolivia fue puesta en consideración aun antes de que el influyente programa Mais Médicos de Brasil pusiera en agenda la internacionalización del mercado médico en el corazón de América Latina.

El panorama de migraciones adquirió tal magnitud que, en 2010, la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2010) se sintió en la necesidad de lanzar el “Código de prácticas mundial de la OMS sobre contratación internacional de personal de salud”.

El diagnóstico era suficientemente inquietante:

[Somos] conscientes de la escasez mundial de personal de salud y reconociendo que una fuerza de trabajo sanitaria suficiente y accesible es fundamental para un sistema sanitario integrado y para prestar servicios sanitarios esenciales; profundamente preocupados porque la grave escasez de personal sanitario, incluidos profesionales muy preparados y capacitados, en muchos Estados miembros representa una gran amenaza para el desempeño de los sistemas de salud y mengua la capacidad de estos países para cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio y otros objetivos de desarrollo acordados a nivel internacional. (OMS, 2010: 2)

Para ello se define un “Código de contratación ética del personal sanitario internacional”, un instrumento que, aunque de carácter voluntario, tuvo el mérito de poner la grave situación de un fenómeno migratorio de neto predominio femenino. Y es que la globalización que ya alcanzaba niveles extremos en la primera década del siglo XXI había resuelto la producción de bienes asentándose en aquellos lugares con menor regulación tanto de las relaciones laborales como en la defensa del ambiente, sin necesitar en consecuencia grandes contingentes migratorios a excepción de las debacles que deja por detrás, cuando por razones de conveniencia económica vacía sus factorías de maquila. En cambio, en la globalización de la producción de servicios personales solo la migración permite estabilizar el mercado de trabajo especialmente en las economías más ricas del planeta, que generalmente cuentan con una alta proporción de personas mayores.

Perspectiva de género en la formación de profesionales de la salud

En 2011, una universidad joven –de las denominadas “del conurbano”– rompía una ley no escrita que rezaba que las universidades nacionales del área metropolitana no debían/podían tener carrera de Medicina. La creación del Departamento de Ciencias de la Salud en la Universidad Nacional de La Matanza constituyó todo un desafío y un verdadero laboratorio que comenzó con disuadir la expectativa de las máximas autoridades por denominar al nuevo Departamento como “de Medicina” o “Departamento de Ciencias Médicas”. De esta forma, cuatro carreras –Enfermería, Nutrición, Kinesiología junto con Medicina, una más–, constituyeron el flamante Departamento de Ciencias de la Salud.

Podría decirse que es un tema menor, pero justamente la estrecha relación entre el “modelo médico hegemónico” y las profesiones patriarcales debía romper desde el vamos una suerte de implícito de carreras tradicionales y carreras jóvenes (generalmente de predominio femenino) en el propio orden institucional de las grandes universidades de nuestro país.

No sería completamente honesto si no compartiera también los fracasos y las dificultades al intentar constituir la transversalidad implícita en la denominación del departamento en la formación de profesionales de salud, especialmente en lo que hoy se denomina “experiencias de educación interprofesionales en la formación de grado”.

El predominio del rol instituyente de las identidades profesionales superó cualquier invitación, generando fuertes resistencias a las experiencias de formación interprofesional “de arriba para abajo” ya que las propias alumnas y alumnos constituyeron las escasas excepciones como las de “formación de docentes-alumnas/os” o la preparación de las “semanas de integración curricular” que, con frecuencia, se dedicaron a temas centrales de la agenda de equidad de género. En ese mismo sentido, sería también importante mencionar que en la siempre dificultosa búsqueda de un tema desde el cual interpelar a toda la comunidad universitaria desde un Departamento de Salud se puede resaltar el enorme impacto de una iniciativa de la Carrera de Enfermería dedicando una semana a discutir sobre “noviazgo violento”, que movilizó a docentes, alumnas y alumnos de distintas carreras, hasta las más alejadas del campo de la salud incluyendo una iniciativa del Departamento de Derecho para constituir un “consultorio de asesoramiento jurídico” para toda la comunidad educativa.

Las tendencias al inocultable cambio demográfico en la carrera de medicina, que ya detectábamos en 2006, se verificaba y se amplificaba con la demanda de las estudiantes que en algunos de los años entre 2012 y 2016 llegaron a ser el 85% del total de ingresantes.

Ya en la misma formación de formadores para una currícula innovadora y en colaboración con el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), tuvimos la oportunidad de trabajar con la problemática de discriminación e identidades sexuales que alcanzó uno de sus puntos más altos con la presencia como disertante de Diana Sacayán, por entonces candidata a la Defensoría del Pueblo del partido de La Matanza. Una militante que años después fue víctima de un incalificable homicidio sobre el que en su dictamen condenatorio por primera vez la justicia incluyó el término “travesticidio”, confirmando una verdad que se mantiene oculta, que es la baja expectativa de vida de la comunidad trans en la Argentina.

Breve visita a las bases históricas de la profesión

La incorporación de la perspectiva de la autora francesa Josette Dall’ava Santucci (2005) como material educativo vino a ampliar y a reforzar lo que ya habíamos señalado, basados en la obra de Paul Starr, sobre la transformación social de la medicina y que muestra hasta qué punto la presencia de las mujeres en la medicina no es la consecuencia de un “progreso” de las sociedades sino una restitución de lo que fuera expresamente reprimido, en diversas oleadas, pero especialmente durante la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Luego de una extensa reconstrucción histórica ampliamente documentada, la autora concluye con una invitación a las nuevas médicas:

Cabe a ellas tornarse cada vez más competentes, tener mayor participación en la investigación y en la enseñanza y aprovechar la rivalidad de la competición internacional que permite que la medicina progrese. Cabe a ellas tomar la palabra con más frecuencia, delante de cualquier público, sea de pares o de población general, para explicar la medicina. Cabe a la media habilitar para que ellas hagan eso para una mejor y más amplia información de los pacientes. Y cabe a todos los tipos de médicas desde la clínica general hasta la académica promover en perfecta colaboración con sus colegas una concepción al mismo tiempo científica y humana de esta noble profesión. (Dall’ava Santucci, 2005: 235)

Con una expectativa similar, el lanzamiento en 2011 del libro Surgimiento de la enfermería moderna: mitos victorianos, tecnologías de poder y estrategias de género (Sacchetti y Rovere, 2011) intenta aportar a la deconstrucción de una profesión matrizada en la Inglaterra victoriana a partir de la figura de Florence Nightingale, una figura señera que opera al mismo tiempo como un estímulo y como un límite para la profesión, lo que ya se había puesto de manifiesto durante las luchas sufragistas y que continúa hoy al ser depositaria de los valores esenciales de la profesión. Entre otras cosas, se trata de una profesión tan inequívocamente asociada a lo femenino en el imaginario social que la incipiente presencia de varones encuentra dificultades para participar activamente en la identidad profesional.

La cita de Roland Barthes que abre el capítulo 6 del mencionado libro (Sachetti y Rovere, 2011) es de por sí elocuente:

La ideología burguesa transforma constantemente los productos de la historia en tipos esenciales, no se da tregua en la tarea de ocultar la construcción perpetua del mundo, no cesa en su afán de fijarlo como objeto de posesión infinita, de inventariar su haber, de embalsamarlo, de inyectar en lo real alguna esencia purificante que detenga su huida hacia otras formas de existencia.

Así parece ocurrir con las profesiones de la salud, fijadas en el mundo de las representaciones sociales como un binomio médico-enfermera, una relación que opera como un mandato. Esto se percibe en la cotidianidad ya que, aunque se intente instalar la idea de equipo de salud y aunque la demografía pruebe todo el tiempo que esas formas de relación ya se han deconstruido materialmente, persisten sin embargo en los gestos, en los vínculos de los equipos, en las culturas organizacionales, aunque las relaciones puedan ser en realidad tan diversas en términos de género como la vida misma.

Movimientos de género: “pasaron cosas”

Pueden existir diferentes puntos de vista en la evaluación de lo ocurrido en la primera década del siglo XXI, pero una de las afirmaciones que podemos sustentar con una base firme de evidencias es el enorme plexo legislativo que, claramente evaluado, fue puesto a disposición como base de la formación de nuevas generaciones de profesionales de salud.

Al comenzar el cursado de la Carrera de Medicina y no sin cierta sorpresa y hasta resistencia, las y los cursantes se encontraban con un material educativo que incluía el estudio de leyes que al momento se consideraban fundantes. La distancia que media entre que una ley se promulga y que su rol instituyente modifique la realidad depende muchas veces de intervenciones culturales, un proceso en el cual las nuevas generaciones de profesionales pueden jugar un rol significativo.

De este modo, los instrumentos legales más elocuentes pasaron a ser parte del material de estudio considerando sus implicancias para las futuras prácticas profesionales, como ocurre en la práctica hoy con la ley 26.485/09 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, la ley 26.529/09 sobre derechos del paciente en su relación con los profesionales e instituciones de la salud, la ley 26.618/10 de matrimonio igualitario y la ley 26.743/12) que establece el derecho a la identidad de género de las personas.

El movimiento Ni Una Menos, que se desencadena a partir de la gigantesca manifestación del 3 de junio del 2015 en ochenta ciudades del país y sus réplicas en diversos países de Iberoamérica, tuvo un intenso impacto en el ámbito universitario y profesional. Ya dos años antes habíamos podido celebrar por primera vez en un acto académico y político el 8 de marzo, una fecha que permanecía escondida por la escasa actividad académica en esas fechas en el calendario académico.

El tratamiento, el debate televisado y la media sanción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo por parte de la Cámara de Diputados de la Nación en 2018 constituye otro eslabón en esta compleja construcción, aun cuando no alcanzará su aprobación en el Senado.

La complejidad de la pandemia de COVID-19, que ha cambiado dramáticamente el mundo sanitario, y las múltiples dimensiones de la vida en este 2020 encuentran nuevamente a las mujeres en el centro de la escena. Devenidas personal esencial, enfrentan cotidianamente una enfermedad que se está cobrando más vidas de hombres y de personas mayores poniendo en peligro su propia vida y las de sus familias. Los aprendizajes han sido extremadamente rápidos y el personal de salud pasó de representar en las primeras semanas el 20% de los casos hasta descender esa proporción a menos del 7%. Pero, sin embargo, la naturaleza del trabajo ha cambiado dramáticamente; solo mencionar el uso de pesados equipos de barrera que deben ser cambiados, paciente tras paciente, puede ilustrar la carga que el personal de salud lleva sobre sus espaldas, no siempre reconocida por sus conciudadanos.

Una nueva agenda continental de recursos humanos

En el ya citado texto de Rico y Marco Navarro (2006) se percibe la influencia de la, por entonces muy reciente, Declaración de Toronto (octubre de 2005). Se hacía referencia a un encuentro regional en el que surge el “llamado a la acción” procurando movilizar a actores nacionales e internacionales del sector salud, de otros sectores relevantes y de la sociedad civil, para constituir políticas, estrategias e intervenciones para el desarrollo de recursos humanos en salud, en ese momento alineadas con los llamados Objetivos de Desarrollo del Milenio.

El llamado a la acción de Toronto también era concebido por los participantes como “una herramienta destinada a promover el esfuerzo conjunto para una Década de Recursos Humanos en Salud para las Américas (2006 a 2015)”.

Frente al entusiasmo suscitado por un instrumento tan reciente, resultó hasta cierto punto incómodo señalar en el texto la por entonces inexistencia de cualquier referencia a la perspectiva de género pese a constituir una propuesta de política internacional sobre un gigantesco colectivo constituido mayoritariamente por mujeres en toda la región, lo que recién comienza a hacerse inocultable con el fuerte cambio demográfico inapropiadamente denominado “feminización de la medicina”.

A mediados de 2015, la República Argentina resultó el país anfitrión de una nueva reunión internacional sobre recursos humanos en salud denominada internamente como Toronto+10 y allí, como parte de la delegación argentina, tuvimos la oportunidad de verificar la influencia del texto que gracias a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) se había difundido por toda América Latina y la necesidad de reparar la omisión. La inclusión de una perspectiva de género fue adoptada por unanimidad en la declaración final que se constituyó en la base del “Plan de acción sobre recursos humanos para el acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud 2018-2023” de la OPS.

Este plan incluye lo siguiente en su línea estratégica de acción Nº 2: “Desarrollar condiciones y capacidades de los recursos humanos para la salud para ampliar el acceso y la cobertura de salud con equidad y calidad. La ampliación del acceso a los servicios con equidad y calidad implica mejorar la organización del sistema y las condiciones en que las personas trabajan en él”. En este sentido, debe considerarse la perspectiva de género”. Por su parte, el objetivo 2.1 señala: “Promover una dotación equitativa y la retención del personal de salud a través del desarrollo de una política de incentivos profesionales y económicos que considere la perspectiva de género”.

Es importante notar que los recursos humanos de salud son un pilar central del Plan Estratégico de la OPS 2014-2019 y, por ende, articulan y necesitan acciones coordinadas con otras categorías, en particular, la categoría 3, donde se ubican los determinantes sociales de la salud, los temas transversales (género, equidad, etnicidad y derechos humanos) y el curso de vida.

A modo de conclusión

Las mujeres constituyen la mayor parte de la fuerza laboral en salud y al mismo tiempo resultan una clara mayoría entre las personas que demandan atención en los servicios de salud, no necesariamente por sufrir más problemas sino fundamentalmente porque muchas dimensiones de la vida misma de las mujeres (menarca, embarazo, anticoncepción, parto, puerperio menopausia) han sido medicalizadas.

El modelo patriarcal formateado en las profesiones hegemónicas (medicina, abogacía, ingeniería) no se desvanece solo por cambios demográficos; resulta necesario deconstruir desde sus bases la naturaleza de estas profesiones para encontrar una identidad que con perspectiva de género ayude a democratizarlas y a hacer sus saberes comprensibles y sus prácticas accesibles y empoderantes a las ciudadanas y los ciudadanos independientemente de su extracción social, credo o nacionalidad.

La generosa invitación de las coordinadoras del texto, María Nieves Rico y Flavia Marco Navarro, a participar en un libro tan influyente abrió, quizá sin saberlo, una oportunidad de verificar el valor y la potencia técnica y política de publicar. Siempre un hito en la dificultosa construcción de derechos, especialmente en campos como el de la perspectiva de género en la que “la microfísica del poder” puede llevar a diversos juegos discursivos, entre los que se distinguen las modificaciones que constituyen un nuevo territorio de discursos políticamente correctos que no siempre encuentran correlato con la realidad.

Durante el período mencionado he tenido la oportunidad de observar y participar desde diferentes iniciativas, cargos y posiciones en la deconstrucción del amplio campo del trabajo en salud. Las miradas complementarias desde la academia hasta la función pública y desde los debates por la legalización del aborto en el Congreso de la Nación hasta el activismo en asociaciones civiles me estimulan a realizar una caracterización posicionada sobre las resistencias a la incorporación de una perspectiva de género. Esta se manifiesta en la formación de grado de las carreras de salud, en los criterios de elección de especialidad, en las migraciones del personal de salud, en las condiciones de trabajo, en el sistema de retribución y aun en los avances y resistencias en salud sexual y reproductiva, incluyendo la interrupción legal del embarazo y el debate sobre el aborto. Conceptos como “techo de cristal” y “laberinto de cristal” pueden continuar contribuyendo a dilucidar mecanismos sutiles y no tan sutiles para cercar, descalificar o postergar debates que se manifiestan en los tiempos que corren en el retroceso de los derechos sexuales y reproductivos camuflados de medidas de protección por la pandemia que nos afecta.

Bibliografía

Dall’ava Santucci, J. (2005), Mulheres e médicas; as pioneiras da medicina, Río de Janeiro, Ediouro.

OMS (2010), Código de prácticas mundial de la OMS sobre contratación internacional de personal de salud, 63ª Asamblea Mundial de la Salud, 21 de mayo. https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA63/A63_R16-sp.pdf?ua=1

Rico, M. N. y F. Marco Navarro (coords.) (2006), Mujer y empleo: la reforma de la salud y la salud de la reforma en la Argentina, Buenos Aires, Siglo XXI.

Rovere, M. (2006), “Los nuevos y renovados debates en torno a los recursos humanos en salud”, en M. N. Rico y F. Marco Navarro (coords.), Mujer y empleo: la reforma de la salud y la salud de la reforma en la Argentina, Buenos Aires, Siglo XXI.

Sacchetti L. y M. Rovere (2011), Surgimiento de la enfermería moderna: mitos victorianos, tecnologías de poder y estrategias de género, Buenos Aires, El Ágora.

La autonomía de las mujeres

bajo los cerrojos de las políticas:

¿por qué cuesta tanto garantizar elecciones sexuales y elecciones reproductivas?

Silvia Levín

Una de las deudas más importantes de la democracia de derechos en la Argentina con la vida plena de las mujeres es garantizarles autonomía sobre su cuerpo, mediante la despenalización y legalización del aborto. Normativamente, supone para el Estado cumplir con obligaciones constitucionales y de derechos humanos, así como también con mandatos nacionales y regionales asumidos sobre desarrollo sostenible con igualdad de género, hoy explícitos en la Agenda 2030. En la práctica, implicaría que no existan discriminaciones entre las mujeres que dependen exclusivamente de la salud pública del Estado para poder tomar decisiones libres en materia de sexualidad y de reproducción frente a otras mujeres que pueden tomar esas decisiones al acceder también a la salud privada de mercado para garantizar ese cometido.

La acciones políticas pendientes, de despenalización y de legalización del aborto, no obstante su legalidad y legitimidad proveniente del campo de los derechos humanos con jerarquía constitucional, constituyen los ejes críticos que encadenan el ejercicio de la autonomía física, sobre el cuerpo, junto a las otras esferas de autonomía (política y económica), en un sistema androcéntrico.

El movimiento feminista, luego de años de lucha, acompañado por el activismo social diverso sumado a esfuerzos de organismos regionales (Cepal) y globales (ONU), institucionalizó el conflicto político por el derecho al aborto en 2018 en la Argentina, con la presentación del proyecto de ley sobre interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en el Congreso de la Nación. Con él se propone consolidar una transformación en la sustancia de la democracia –despenalización y legalización– y también en su praxis. Despenalizar implica que el aborto no constituya más un delito que criminalice a las mujeres y, a partir de esa decisión, pase a constituir el contenido de un derecho humano que obliga al Estado a garantizarlo. Legalizar supone reconocer la interrupción voluntaria del embarazo de las mujeres como un derecho humano a la libertad de decidir sobre el cuerpo y a recibir por parte del Estado, como principal garante del derecho social a la salud pública, atención y servicios en hospitales y centros de salud para la realización de las prácticas correspondientes. La transformación impulsada tiene como horizonte consolidar nuevos derechos que amplían la autonomía, desafían a las desigualdades y aportan más igualdad de género a la democracia.

En un contexto de pandemia global de COVID-19 y de liderazgo de un gobierno nacional de signo político peronista que accedió democráticamente al poder en 2019, viejos y nuevos interrogantes interpelan a la lucha por el aborto, en el marco de avances efectivos hacia la igualdad de género en la Argentina. Los viejos interrogantes siguen manteniendo actualidad y otros se resignifican en el contexto actual: ¿a quién pertenece el cuerpo de las mujeres?, ¿es del Estado, de la Iglesia o de ambos?, ¿quién tiene el poder sobre esos cuerpos?, ¿por qué el poder político y el poder religioso le temen tanto a la autonomía del cuerpo de las mujeres?, ¿por qué el Estado reconoce y financia algunas prácticas sobre el cuerpo (por ejemplo, el cambio de sexo o la reproducción asistida) y sin embargo criminaliza y no financia otras prácticas sobre el cuerpo como el aborto?, ¿o acaso cada persona no es legítimamente autónoma y soberana de su propio cuerpo?

Asimismo, nuevos interrogantes surgen del aprendizaje adquirido en este contexto, durante la administración gubernamental de la crisis sanitaria producida por COVID-19. Queda claro que el temor a la enfermedad provocada por un virus, que incluye el riesgo de muerte, es el factor singular para la determinación de la crisis sanitaria y establecer su alcance (pandemia). La evidencia de la aplicación de esa visión surge tanto del contenido de las pautas que orientan la cuarentena en la Argentina, así como también de la decisión política de formación de un equipo de asesores gubernamentales, integrado exclusivamente por sanitaristas expertos en infectología y en epidemiología. Nos preguntamos, entonces, ¿es la enfermedad la condición sine qua non que determina la existencia o no de salud y, al mismo tiempo, la que otorga el carácter y el alcance a una crisis sanitaria? Si es así, la concepción de salud con la que se administra esta pandemia parece ser reduccionista y/o contraria a la concepción hegemónica de salud instalada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), y seguida por la mayoría de los países del mundo, que la define no exclusivamente por la ausencia de enfermedad sino también por la consideración de una multiplicidad de factores interdependientes, constitutivos del bienestar psicofísico integral.

Si no es así, esto es si la salud es entendida no solo como la ausencia de enfermedad sino también como la garantía del bienestar integral, nos preguntamos por qué los casos de prohibición de abortos o su criminalización, así como los incrementos de femicidios por violencia de género, no forman parte también de los registros que engrosan la crisis sanitaria que afecta el bienestar integral de las mujeres. ¿No es acaso esa prohibición de salud pública para abortos y su criminalización una discriminación de libertades que cercena la autonomía y el bienestar integral de las mujeres y hasta provoca muertes?

O, dicho de otra manera, ¿solo son crisis sanitarias las que afectan a la hegemonía patriarcal y por tanto asumen carácter público, pandémico, y ocupan agendas de gobierno? Muchas expresiones graves de desigualdades estructurales no adquieren la envergadura de crisis públicas y no ocupan agendas de gobierno en el siglo XXI, a pesar de provocar muertes, como por ejemplo la clandestinidad y las crecientes demandas insatisfechas por abortos legales en cuarentena (Ministerio de Salud de la Nación, 2020), la pandemia por violencia de género (Maffía, 2020), la homofobia social y estatal junto a discriminaciones por disidencias sexuales diversas (ONU, 2017).

En este marco, las reflexiones que siguen se proponen, en primer lugar, sintetizar el estado de situación del aborto en la Argentina en la actualidad y el rol del movimiento feminista en ese escenario, en el marco de una lucha política por la ampliación de la igualdad de género y la autonomía como ejes centrales del desarrollo sostenible. Seguidamente, esbozar las principales razones y argumentaciones que sustentan avances, estancamientos y retrocesos en la política pública cuyos efectos moldean la autonomía. El cierre se centrará en los desafíos que enfrenta la autonomía física de las mujeres en un escenario político nuevo, aunque complejo y patriarcal.

El aborto en el movimiento feminista y en la agenda pública

Si el aborto está en la agenda pública y en la agenda de gobierno en la actualidad es, sin dudas, por la lucha histórica del feminismo, que corona con esos posicionamientos políticos un proceso sistemático signado por la periodicidad de hitos (Tarducci, 2018; Cepal, 2016) que marcaron avances, retrocesos y desafíos; pero siempre con la potencia y perseverancia de un movimiento emancipatorio transformador. Entre las acciones principales, que conforman etapas de un derrotero histórico feminista en la lucha por el aborto, podemos señalar, a grandes trazos, cuatro. A cada etapa la vamos a nominar sobre la base de la consigna que la identificó y le otorgó contenido y significado político en esa trayectoria de conquistas por la libertad y la igualdad de género.

“Mi cuerpo es mío” constituyó la primera etapa nucleada bajo esa consigna, que reúne acciones de la lucha durante las décadas de 1960 y 1970 (segunda ola feminista). Se caracterizó principalmente por politizar la vida cotidiana de las mujeres al señalar que los abusos de poder cometidos en la intimidad de la vida privada provocan graves injusticias que deben ser denunciadas en la vida pública. En esta etapa se reclamó una sexualidad libre, separada de la reproducción y de la maternidad, y no asociada por naturaleza a la femineidad. Las acciones exigían el derecho al aborto, criticaban la hipocresía del “día de la madre” ligado a la condición biológica femenina, denunciaban la prohibición de la venta libre de anticonceptivos, cuestionaban los embarazos no deseados y los consideraban como modos de esclavitud, criticaban los abortos clandestinos y demandaban la legalidad del aborto. También en ese período se denunció la violencia de género como hecho abusivo de poder en la vida privada que al causar graves injusticias debía trascender a la arena pública.

“No queremos abortar, no queremos morir de aborto” otorga significado a una segunda etapa. Comprende el período posterior a la dictadura militar de 1976, en la que se demandan enfáticamente los derechos democráticos, como el divorcio, la patria potestad compartida, el derecho a una sexualidad plena y el aborto legal. La primera conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo de 1984, se hace tras los cánticos “Qué destino, qué destino, / muere una mujer por día / por aborto clandestino”.

Por otra parte, en 1982 se conforma el grupo feminista Asociación de Trabajo y Estudio sobre la Mujer (ATEM 25 de Noviembre), que durante treinta años realiza encuentros anuales feministas a través de talleres, conferencias, cursos. En ellos surge el primer taller de lesbianismo en 1986, que dio origen a los Cuadernos de Existencia Lesbiana, y ese espacio promovió en 1987 la conformación de la Comisión por el Derecho al Aborto. Esta Comisión logró, a través de sus múltiples acciones, que el aborto “saliera del silencio” (Tarducci, 2018: 427). Entre ellas, podemos mencionar la edición de la revista Nuevos Aportes sobre Aborto y los Prensarios, y el establecimiento del 28 de septiembre como el día por “el derecho al aborto de las mujeres de América Latina y el Caribe”, que se mantiene en la actualidad.

En 1992, la Comisión por el Derecho al Aborto presenta por primera vez en el Congreso de la Nación (Cámara de Diputados) el anteproyecto de ley sobre anticoncepción y aborto. Esa Comisión fue pionera en la inclusión de conceptos y posicionamientos fundados sobre el aborto que hoy adquieren plena vigencia. Entre ellos, destacamos dos: por un lado, la distinción entre despenalización y legalización; por otro, la utilización expresa del concepto de salud de la OMS, basado en la noción de bienestar psicofísico integral y no solo en ausencia de enfermedad. Esa noción de salud contribuía en esa época, y contribuye en la actual, a otorgar valor político a las condiciones sociales y psicológicas que deben atenderse con el aborto porque aportan al bienestar integral de las mujeres.

En 2020, es decir veintiocho años después, esos dos tópicos (entre otros) siguen en cuestión, restablecen su valor y adquieren inusitada actualidad política. Una de las lecciones aprendidas es que la historia nutre el conflicto feminista y, a la par, las luchas por el aborto exhiben las continuidades y las contradicciones sistemáticas de un Estado patriarcal, que trascienden los gobiernos de turno y les coloca agenda. El costo de la privación de la libertad sobre el cuerpo, aún en el siglo XXI, lo siguen asumiendo exclusivamente las mujeres y la democracia argentina presenta dificultades para continuar sosteniendo ese déficit de derechos humanos. La prueba de ese déficit lo encarnan las demandas y crecientes protestas encabezadas por nuevas y jóvenes generaciones de adolescentes portadoras de la agenda feminista. Ni Una Menos es una evidencia de ese proceso humano.

“El aborto clandestino: un pacto de silencio” nos señala una tercera etapa. Utilizamos esta titulación, si bien surge de un artículo periodístico de una agrupación feminista al que luego nos referiremos –que no constituyó estrictamente una consigna movimientista–, porque sintetiza muy bien resultados obtenidos de los principales sucesos políticos que caracterizan la lucha por el aborto durante la década neoliberal de 1990. Entre los sucesos principales de ese contexto podemos mencionar, por un lado, los efectos políticos y socioeconómicos devastadores de un gobierno neoliberal, liderado por Carlos Menen (1989-1999), y, por otro, la implementación de un proceso de reforma constitucional que proponía incluir una cláusula de “defensa de la vida humana desde la concepción”. Si bien la reforma realizada en 1994 no se refiere de manera expresa al aborto, sí fue objeto de un caluroso debate en la Convención Constituyente la formulación que se aprueba para el artículo 75, inciso 23, que contempla la protección del niño desde el embarazo (y no desde su concepción) hasta la finalización del período de enseñanza elemental (Levín, 2018; Tarducci, 2018). Esta formulación fue valorada por la Iglesia Católica como una derrota.

Para contrarrestar las consecuencias neoliberales, y principalmente para enfrentar la voluntad reformista de Menem de incluir la prohibición del aborto en la Constitución Nacional, desde el movimiento feminista se crea en 1994 Mujeres Autoconvocadas para Decidir en Libertad (Madel). Nucleaba foros, asociaciones, comisiones, asambleas, organizaciones diversas de mujeres y agrupaciones estudiantiles existentes; encolumnadas todas tras la lucha por la conquista del aborto. La Convención Constituyente discutió el aborto frente a la inesperada movilización feminista y de organizaciones de mujeres.

La despenalización del aborto fue incluida en el programa nacional de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) en 1999. En ese año se crea la Coordinadora por el Derecho al Aborto[145] y se publica una solicitada titulada “El aborto clandestino: un pacto de silencio”,[146] con la intención de dar a conocer a la opinión pública la situación del aborto en la Argentina. En 2002 nace la Asamblea por el Derecho al Aborto; uno de sus propósitos fue generar una estrategia política preparatoria para el XVIII Encuentro Nacional de Mujeres en Rosario, en el cual se preveía la participación activa de la Iglesia Católica. En el marco de ese encuentro, y al calor de las movilizaciones en las calles de la ciudad, se utilizan por primera vez los pañuelos verdes que simbolizan la lucha por el aborto y que fueron aportados por Católicas por el Derecho a Decidir.

La Asamblea por el Derecho al Aborto tuvo una amplia y variada participación de organizaciones feministas, de colectivos gay, lésbicos, trans y travestis, mujeres de partidos políticos, mujeres de agrupaciones sindicales, etc. La Asamblea, así como otras constituidas en las localidades en las cuales se llevarían a cabo los Encuentros de Mujeres desde 2003, le fueron dando forma programática y un alcance nacional a la temática, que logra alcanzar una entidad federal. Cada Encuentro promovía la participación y el debate en torno al aborto. Al mismo tiempo, se definían estrategias movilizatorias en las calles, muchas de las cuales fueron confrontadas por grupos fundamentalistas.

“Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir” nos sumerge en una cuarta etapa del derrotero. En 2005, luego de diversos y sistemáticos encuentros nacionales realizados en distintas ciudades del país y con multitudinaria participación, se establece el 28 de mayo de ese año como el Día de Acción por la Salud de las Mujeres, y con esa conmemoración se lanza la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, cuyo lema fundacional es el que nomina esta etapa.

La Campaña aglutina una multiplicidad de organizaciones sociales (más de cuatrocientas en todo el país) y suma también organismos de derechos humanos, como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Amnistía Internacional, que apoyan demandas del movimiento feminista. Define estrategias políticas, lidera el proceso de lucha tanto en el plano del pensamiento como en el de la acción, instala el conflicto por el aborto con contenido de derechos humanos en ámbitos institucionales, en la opinión pública y en las calles. Potencia activismo y pensamiento, las dos maneras de expresión política sintetizadas por Judith Butler (2019) en “tomar la calle y poner el cuerpo es la forma en la que se articula el pensamiento”. Otorga visibilidad política a la temática y logra sostenerla en el tiempo, además de institucionalizar la lucha, adquirir protagonismo nacional, regional e internacional. Nuclea activistas feministas que se acercaban por primera vez, como por ejemplo la marea de jóvenes presentes en los “pañuelazos” a favor del aborto, en diferentes ciudades del país. Presenta al Congreso de la Nación sucesivos proyectos de ley de despenalización y legalización del aborto (2007, 2010, 2012, 2014 y 2018). El proyecto presentado en 2018, en un escenario político desfavorable y habilitado solo para el debate, fue discutido por primera vez en ambas cámaras, aunque aprobado solamente en Diputados (14 de junio de 2018) y rechazado en Senadores (8 de agosto de 2018).

Esta cuarta etapa reúne, a nuestro entender, hechos principales que configuraron los pasos políticos más relevantes que instalaron la temática en la agenda pública y en la agenda de gobierno en los últimos años: 1) en 2012, el fallo F.A.L. de la Corte Suprema de Justicia de la Nación fue la antesala de esta etapa al sentar las bases políticas que legitimaron la apertura pública al debate y a su tratamiento institucional; 2) en 2018, Juntos por el Cambio habilitó un amplio debate sobre aborto en el Congreso; no obstante, se manifestó mayoritariamente en contra de su aprobación, incluido el entonces presidente Mauricio Macri; 3) en mayo de 2019 la Campaña vuelve a presentar su proyecto de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) al Congreso de la Nación (con participación federal; garantiza la gratuidad en el acceso y atención en el sistema de salud pública, obras sociales y prepagas; efectiviza los derechos humanos y comprende toda capacidad de gestar); 4) el 19 F (19 de febrero de 2020), el pañuelazo por el aborto legal, convocado por la Campaña, logra con su masivo apoyo en todo el país “la despenalización social del aborto”;[147] 5) en marzo de 2020, por primera vez en la historia política argentina, el Poder Ejecutivo, encabezado por el actual presidente de la Nación Alberto Fernández, anuncia su decisión de avanzar en la despenalización y legalización del aborto con la presentación de un proyecto oficial de ley,[148] con perspectiva sanitaria y de derechos humanos, en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación.

En síntesis, hasta la fecha, la principal transformación lograda por el movimiento feminista en torno a la IVE es su aceptación política e institucional como un problema social que atañe al interés público, y no solo como un problema de las mujeres, con el carácter de derecho humano. Con ese estatus ingresa a la agenda pública y a la agenda gubernamental, vía la agenda parlamentaria. El tema de la objeción de conciencia, muy controvertido, está contemplado en el proyecto presentado por la Campaña como un derecho individual, y no institucional, y se estima puede constituir un tópico arduo del debate próximo (CELS, 2018).

Las políticas y sus efectos en la autonomía de las mujeres

Durante las últimas cuatro décadas, los países de América Latina y el Caribe, con la incidencia y el protagonismo del movimiento feminista y de diversas organizaciones sociales, transitaron por una prolífica ruta de consensos y acuerdos logrados en las conferencias regionales sobre la mujer de América Latina y el Caribe organizadas por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal, 2016), en materia de igualdad de género, pleno ejercicio de derechos y de autonomía. Dichas conferencias constituyen un órgano subsidiario de la Cepal y el principal foro intergubernamental de la región que se destaca por ser el único en el mundo en el cual los Estados y la sociedad civil se reúnen para debatir y comprometerse políticamente a erradicar la discriminación así como la desigualdad de género y avanzar hacia la garantía del pleno ejercicio de la autonomía y los derechos humanos de las mujeres y las niñas.

Desde la Primera Conferencia (La Habana, 1977) hasta la última a la fecha (Chile, 2020), y en un marco global auspicioso con la aprobación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Plataforma de Acción de Beijing, reúnen las preocupaciones, las propuestas y los desafíos de la política pública, a la luz de los avances alcanzados que produjeron transformaciones y maduraciones y lideran la agenda regional en materia de igualdad de género. Se trata de un proceso regional virtuoso de carácter acumulativo, logrado como resultado de la confluencia de la voluntad política y el trabajo articulado de los Estados miembros, de los aportes activos del movimiento feminista y de organizaciones sociales y de mujeres; junto al apoyo del sistema de las Naciones Unidas (ONU) y del sistema interamericano de protección de los derechos humanos, plasmado en los acuerdos y consensos. Si bien cada uno de los consensos plasmado en cada conferencia tiene particularidades, la lectura del corpus conjunto de todas permite afirmar que marcan agenda, reflejan cambios en el tiempo o indican las formas en que se reiteran o sofistican las demandas relativas a la igualdad (Cepal, 2020).

La igualdad de género, que implica no solo igualdad de oportunidades sino también de resultados, solo es posible si se logra la autonomía de las mujeres: física, económica y en la toma de decisiones. Si bien América Latina y el Caribe se destacan por ser una región prolífica en materia de legislación en esa temática, esa voluntad política no se traduce siempre en políticas públicas efectivas. Hay una brecha importante entre el plano normativo y el plano político. La autonomía física solo será efectiva si se garantiza una vida libre de violencia y el ejercicio pleno de la salud de las mujeres, que incluye salud sexual y salud reproductiva en libertad, con pleno ejercicio del derecho al aborto. La autonomía económica exige superar la división sexual del trabajo, garantizar ingresos económicos suficientes; corresponsabilidades en materia de cuidados y de trabajo doméstico. La autonomía en la toma de decisiones supone avanzar del cupo a la paridad democrática, en todos los poderes del Estado y en los ámbitos de decisión política.

Aunque parezca natural, nuestras prácticas sociales, conscientes o inconscientes, responden a los modelos de vida que nos formaron en los que predomina la visión de otorgar a los varones y a sus puntos de vista una posición central y única en el mundo, en las sociedades, en la cultura, en la historia, en la política. De esta visión, denominada androcéntrica, derivan las divisiones basadas en roles sociales diferenciados por sexo y relaciones jerárquicas de poder entre varones y mujeres.

Así, surgen la “división sexual del trabajo” (entre tareas productivas –trabajo– y tareas reproductivas –domésticas y de cuidados– asignadas a los varones y a las mujeres respectivamente), la “división sexual del deseo” (Faur, 2018) (la agencia para tomar decisiones sexuales así como el deseo sexual son potestades mayoritariamente masculinas), y sumamos “la división sexual de la libertad” (varones y mujeres disponen de diferente cantidad de libertad, las restricciones a la libertad del cuerpo que pesan sobre las mujeres, como la prohibición y criminalización del aborto, lo confirman) (Levín, 2010, 2018). La visión única y esas divisiones jerárquicas surgen de una construcción cultural desigual y por tanto pueden ser modificadas.

Con este parámetro divisorio, la mayoría de las mujeres son socialmente obligadas al desempeño de roles y a la ejecución de tareas asignadas por su sexo, sin visibilidad y sin reconocimiento social; los embarazos adolescentes y el trabajo doméstico constituyen algunos ejemplos de esas situaciones. También, explican en gran medida la ausencia de mujeres en la política y en la toma de decisiones.

En este marco regional y global (que articula los compromisos asumidos en la Agenda 2030), es importante repasar las acciones principales que, desde 1994 hasta 2020, han logrado institucionalizar conquistas impulsadas por el feminismo que ampliaron la autonomía del cuerpo de las mujeres (Levín, 2018: 388): 1) reforma constitucional de 1994: reconocimiento de los derechos humanos sexuales y reproductivos; 2) ley nacional 25.673/02, y decreto reglamentario 1.282/03, creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable: ejercicio de los derechos sexuales y los derechos reproductivos, derecho a la planificación familiar (anticoncepción reversible); 3) ley nacional 26.130/06: derecho a la anticoncepción quirúrgica irreversible (ligadura tubaria y vasectomía); 4) guías técnicas y protocolos del Ministerio de Salud de la Nación, 2005-2015: pautas para la atención integral en salud pública de interrupciones legales de embarazos, respetuosas de los derechos sexuales y los derechos reproductivos; “Guía para el mejoramiento de la atención posaborto” (resolución 989/05 y sus sucesivas actualizaciones 2007, 2009, 2015), “Guía técnica para la atención integral de los abortos no punibles” (resolución 1.184/10); 5) fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación F.A.L. s/medida autosatisfactiva, 2012: derecho al aborto por violación; 6) presentación y tratamiento del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, en el Congreso de la Nación, 2018 (media sanción, Cámara de Diputados, 14 de junio; rechazo Cámara de Senadores, 8 de agosto); 7) voluntad política decisoria a favor del derecho a ILE del gobierno nacional: preparación de un proyecto oficial de ley sobre IVE y compromiso público del actual presidente de la Nación expresado en los medios de prensa (Infobae, Página 12, La República, junio-julio de 2020).

Desafíos de la autonomía: a modo de cierre

Reflexionar sobre desafíos en la autonomía física (en particular, derechos sexuales y derechos reproductivos y políticas para ejercitarlos) supone repasar lo transitado en el marco de un complejo proceso político participativo, impulsado por la lucha feminista, que es situado, federal y patriarcal. Pero, principalmente, referimos a los centrales, aquellos que pueden orientar caminos y acercar respuestas al interrogante inicial del título.

El primer desafío es sostener políticamente la separación entre Iglesia y Estado en el ámbito público, separación con la cual ingresamos a la modernidad, que está plasmada en nuestra Constitución Nacional de 1994, para cumplir progresivamente obligaciones de derechos humanos. En el caso que nos ocupa, derechos de autonomía e igualdad de género. Las prácticas sociales con mucha potencia lo manifiestan en las calles junto a un pensamiento feminista dinámico que fortalece y acompaña. En el plano normativo, como etapa del proceso de construcción de la política pública, la evidencia permite constatar (Levín, 2010) que el Estado “metió dentro de sus leyes una moralidad cristiana” que hace que una mujer que decide ignorar la ley y utilizar su autonomía para abortar termina siendo criminalizada (Butler, 2019).

El contexto político actual muestra un decidido compromiso de la autoridad presidencial con la igualdad de género a nivel nacional, aunque no siempre acompañado a nivel subnacional, que sería deseable que se pueda institucionalizar progresivamente en políticas públicas. No obstante, ciertas acciones recientes, vinculadas a la autonomía del cuerpo, lo ponen en duda dado que ese compromiso público parece diluirse frente a la Iglesia y nos acerca más a la “moralidad cristiana del Estado” que a políticas favorables a la igualdad de género. Esto queda en evidencia, por ejemplo, con la estrategia oficial anunciada que incluye la presentación conjunta al Congreso de dos proyectos de ley: uno sobre IVE y otro sobre un “Plan de los mil días” que garantice el cuidado integral de la vida y la salud de las madres y sus hijos.[149] La estrategia parece repartir el poder de decisión del Estado –que repercute en el cuerpo de las mujeres– con la Iglesia. Entre otras razones, pone al descubierto las dificultades políticas existentes para sostener el constitucionalismo laico y cumplir obligaciones de derechos humanos.

El segundo desafío es acortar las brechas existentes entre el plano normativo y el de las políticas públicas. Para ello, uno de los aspectos fundamentales a los que apunta la integralidad y la transversalidad de género es apuntalar las capacidades, la coordinación entre los poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y la articulación entre los niveles jurisdiccionales de actuación (nacional, provincial y municipal). Las capacidades políticas y técnicas de todos los poderes estatales –no solo del Ejecutivo– deberían, además de portar estándares de procedimiento y de decisión, estar permeadas por visiones conceptuales, estratégicas y de compromiso político con la igualdad de género y la autonomía. La evidencia identifica estos desafíos (Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe, 2019) así como el déficit de articulación y coordinación entre poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y entre niveles jurisdiccionales de acción estatal (Estado Nacional, provincial y municipal). Estas dificultades constituyen barreras no solo para el acceso a los derechos sino también para su ejercicio y sostenimiento, a través de políticas públicas suficientes y adecuadas. Por otra parte, se visualiza mayor gravedad e intensidad, en el plano de las consecuencias, en materia de violencia y de derechos sexuales y reproductivos. Por ejemplo, la falta de coordinación y articulación suficiente de medidas provenientes de secretarías o ministerios del Poder Ejecutivo con el Poder Judicial se traducen en barreras judiciales que, por dilación o inacción, facilitan femicidios y muertes por abortos (aun en casos autorizados por el Código Penal).

Bibliografía

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CELS (2018), “La objeción de conciencia y la objeción de conciencia institucional”. www.cels.org.ar/web/category/dsexualesyreproductivos/

Cepal (2016), “Autonomía de las mujeres e igualdad en la agenda de desarrollo sostenible”, XIII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, Montevideo, 25-28 de octubre.

– (2020), Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. https://es.m.wikipedia.org/wiki/Conferencia_Regional_sobre_la_Mujer_de_Am%C3%A9rica_Latina_y_el_Caribe

Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe (2019), “Progresos y desafíos de los derechos en la provincia de Santa Fe: evaluación del estado de avance”, H. Quiroga y S. Levín (coords.). https://www.defensoriasantafe.gob.ar/institucionales/area-de-investigacion-y-evaluacion-en-derechos-humanos

Faur, E. (2018), “Las juventudes generizadas en Argentina: la división sexual del deseo”. https://latfem.org/juventudes-generizadas-argentina-la-division-sexual-del-deseo/

Levín, S. (2010), Derechos al revés: ¿salud sexual y salud reproductiva sin libertad?, Buenos Aires, Espacio.

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Maffía, D. (2020), “Violencia de género: ¿la otra pandemia?”, en A. Grimson (dir.), El futuro después del COVID-19, Buenos Aires: Jefatura de Gabinete de Ministros-Argentina. https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/el_futuro_despues_del_covid-19_0.pdf

Ministerio de Salud de la Nación (2020), Línea 0800 Salud Sexual. https://www.argentina.gob.ar/salud/saludsexual/lineasaludsexual

ONU (2017), informe del experto independiente sobre protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, 19 de julio, Washington, DC.

Tarducci, M. (2018), “Escenas clave de la lucha por el derecho al aborto en Argentina”, Salud Colectiva, vol. 14, Nº 3. DOI 10.18294/sc2018.2036

La transición demográfica y su impacto en la brecha de género en la seguridad social

Enrique Peláez - María del Rosario Peláez

La mayoría de los países de América Latina y el Caribe han experimentado cambios profundos en su dinámica demográfica desde finales de la década de 1960, que han tenido efecto sobre el crecimiento, la estructura etaria y la distribución territorial de la población. Estos cambios y heterogeneidades caracterizan una dinámica demográfica propia de la región latinoamericana y caribeña, con un descenso vertiginoso de la fecundidad y un aumento en la esperanza de vida (ONU, 2007).

Esta situación ha sido producida por el fenómeno conocido como transición demográfica, caracterizada como el proceso que lleva de una situación de crecimiento moderado o nulo de la población debida a elevados niveles de mortalidad y natalidad a una nueva situación de crecimiento moderado o nulo de la población con bajos niveles de mortalidad y natalidad. Una de las consecuencias de esta transición es el proceso de envejecimiento poblacional. Dicho proceso constituye en nuestros días un fenómeno demográfico mundial, que consiste en dos cuestiones: por un lado, el incremento relativo en la proporción de personas mayores con respecto al total de población y, por otro, la prolongación de los ciclos de vida de dichas personas. En el caso particular de América Latina y el Caribe, este proceso ha ocurrido en forma mucho más acelerada que en otras regiones del mundo, debido a la velocidad en el descenso de la fecundidad (ONU, 2007; Cecchini et al., 2015).

Para la humanidad en sí, siempre ha constituido un desafío superar las barreras de la mortalidad. Esto se ha conseguido por la combinación de diversos factores, como han sido las mejoras en los sistemas de salud, el acceso y la conservación de alimentos y los avances científicos en el tratamiento de enfermedades, entre otros. El proceso de envejecimiento, definido erróneamente como un problema en muchas oportunidades, debe considerarse como una celebración, un logro de la humanidad en postergar la mortalidad (UNFPA, 2012). Los valores de esperanza de vida que en 1950 eran considerados como promedio, hoy son prácticamente la mitad de una vida normal en términos cuantitativos. Este fenómeno demográfico, que implica aumentos en las proporciones de personas mayores, supone importantes desafíos para los Estados, los mercados, las familias y la sociedad civil a la hora de abordar diferentes demandas sociales. En otras palabras, la dinámica latinoamericana de la transición demográfica interpela la situación actual de la ecuación Estado-mercado-familia e incrementa la necesidad de políticas públicas que atiendan los cambios en la estructura por edades de la población (Cepal, 2011).

Una de las características del proceso de envejecimiento es la feminización de la población producida por la sobremortalidad masculina. De acuerdo con las proyecciones de población de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en las personas mayores de ochenta años en América Latina hay diez mujeres por cada siete hombres. La “feminización del proceso de envejecimiento” se produce porque las mujeres poseen una mayor esperanza de vida que los hombres, situación que se traduce a una mayor proporción de ellas entre las personas mayores.

Este mayor envejecimiento femenino genera situaciones de exclusión y dificultad de acceso a derechos, debido al diseño que tienen, en general, los sistemas previsionales en América Latina. El acceso a los beneficios jubilatorios se sustenta en los aportes de trabajadoras y trabajadores formales. Las mujeres tienen mayor presencia en el mercado informal que los hombres, y esto se debe a su mayor presencia en tareas domésticas y en cuidado no remunerado de niñas, niños, personas mayores y con alguna discapacidad, e incluso también por discriminación sexual. Asimismo, se observa que no solamente se ven afectadas por el acceso o no al mercado laboral formal, sino también por las brechas salariales que se dan en iguales puestos. Todos estos factores terminan derivando en un sistema previsional que las perjudica en forma directa, culminando así en una mayor pobreza de las mujeres mayores en comparación con los hombres. Es por ello que urge considerar esta especial situación en el diseño de las políticas públicas y en el sistema de seguridad social, principalmente en las pensiones (Cepal, 2018).

Nuestra región ha avanzado en algunos marcos normativos regionales que permiten establecer acuerdos sobre derechos en este aspecto. En primer lugar, destacamos la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Esta convención, celebrada en el marco de la Organización de Estados Americanos (OEA) en 2015, es el primer instrumento jurídico específico en materia de derechos humanos de personas mayores. Su objetivo fue la creación de un marco general, a los fines de promover y asegurar el reconocimiento y el pleno goce de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas adultas mayores que viven en la región, buscando su plena integración y participación en la sociedad.

Por otro lado, además de definir y establecer el alcance de los derechos fundamentales de las personas mayores, enumera una serie de principios convencionales. De ellos se destacan la promoción y defensa de los derechos humanos y las libertades fundamentales, la valorización de la persona, su papel en la sociedad y contribución al desarrollo, la dignidad, la independencia, el protagonismo, la autonomía, la igualdad y la no discriminación, entre otros.

En síntesis, reconoce explícitamente que todas las personas, a medida que envejecen, deben “seguir disfrutando de una vida plena, independiente y autónoma, con salud, seguridad, integración y participación activa en las esferas económica, social, cultural y política de sus sociedades”, por lo que resultan necesarias políticas orientadas a alcanzar este objetivo sin discriminación (Peláez, Monteverde y Acosta, 2017).

El otro instrumento que se destaca es el Consenso de Montevideo de Población y Desarrollo. Se trata de un documento aprobado por 38 países miembros de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que contiene diversas medidas destinadas al seguimiento del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD) de las Naciones Unidas (ONU), realizada en El Cairo en 1994. Estas medidas tratan ocho temas prioritarios, dentro de los cuales encontramos al envejecimiento, la protección social y los desafíos socioeconómicos que estos plantean.

Este consenso considera a la población adulta mayor un tema prioritario, de manera que insta a los Estados parte a emprender medidas “tendientes a garantizar la calidad de vida, el desarrollo de las potencialidades y la participación plena de las personas mayores atendiendo a las necesidades de estímulos (intelectuales, afectivos y físicos)” sin ningún tipo de distinción (Cepal, 2013). Entre sus medidas prioritarias, propone “formular políticas con perspectiva de género que aseguren un envejecimiento de calidad” y “ampliar los sistemas de protección y seguridad social, con perspectiva de género, incorporando a las mujeres que han dedicado sus vidas al trabajo productivo, trabajadoras domésticas, mujeres rurales y trabajadoras informales”.

El aumento de la esperanza de vida viene siendo una batalla ganada por la humanidad; ahora queda por enfrentar cómo hacer que esos años obtenidos puedan ser realmente disfrutados. En este sentido, para que estos años ganados sean vividos con una adecuada calidad de vida, debemos atender con especial importancia a los sistemas de seguridad social, tanto en acceso adecuado a la salud y a la atención de calidad como en la autonomía de ingresos y recursos (Rodríguez y Rossel, 2009).

Ahora bien, en relación con este articulo analizaremos particularmente uno de los principales desafíos que esta dinámica demográfica exacerba: las inequidades de género en el diseño de los sistemas de seguridad social.

Desafíos en el sistema de pensiones desde una perspectiva de género

La seguridad social se define como la protección que una sociedad brinda a sus miembros a través de medidas públicas para hacer frente a las privaciones económicas y sociales que podrían afectar los ingresos por causa de enfermedad, maternidad y paternidad, accidentes de trabajo o enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez y muerte, así como las asociadas con la asistencia médica y la ayuda a las familias con hijos (OIT, 2001).

Los sistemas de pensiones forman parte de los sistemas de seguridad social. Por ello conviene aclarar que la terminología asociada a los sistemas de pensiones y sus prestaciones varía de un país a otro. En general, se habla de sistemas de pensiones para aludir al conjunto de prestaciones económicas asociadas a los riesgos de vejez, invalidez y muerte. Sin embargo, en algunos países el término “pensiones” se refiere de manera específica a las prestaciones financiadas por el Estado con cargo a las rentas generales para la población en situación de pobreza o vulnerabilidad o bien a las pensiones de viudez o sobrevivencia, mientras que las jubilaciones atañen a las que se financian total o parcialmente por medio de las contribuciones realizadas por las propias trabajadoras y trabajadores y, con frecuencia, con aportes de los empleadores y el Estado (Cepal, 2018: 19-20).

En cuanto a este documento, haremos referencia al sistema de pensiones con relación a las jubilaciones, ya que estas son el principal instrumento de protección social en la vejez. Es importante tener en consideración que los sistemas de pensiones, como parte de la seguridad social, se encuentran regulados en diversos marcos normativos de carácter universal y regional, consagrándose como un derecho humano. Estas normas internacionales buscan establecer un punto de partida. Disponen derechos y garantías que los Estados ratificantes deben asegurarles a sus habitantes. Estos no deben ceñirse solamente a lo establecido por las convenciones, sino considerarlas un piso mínimo del cual se parte.

Dentro de este marco normativo, se destaca, a nivel regional, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Tal como se mencionó en párrafos anteriores, es un instrumento legal específico que aborda con claridad el tratamiento que corresponde darle a los derechos de las personas mayores.

Al analizar la perspectiva de género en el diseño de los sistemas de pensiones, se destacan dos grandes aristas. Por un lado, la desigualdad respecto de la formalidad del empleo. El acceso al sistema de jubilaciones se brinda, en la mayoría de los países, a las trabajadoras y los trabajadores formales, como una contraprestación a sus contribuciones. En este acceso se presentan situaciones de desigualdad en la base del sistema por motivos que serán posteriormente expuestos. Por el otro, la brecha económica en los sueldos. Estas diferencias de ingresos, pese a haber sido reducidas en los últimos años, continúan siendo significativas, e incluso la gran mayoría de ellas no pueden ser explicadas en términos objetivos (Amarante, Colacce y Manzi, 2016).

Un trabajo realizado recientemente por la Cepal (2019: 21) sobre los últimos quince años en América Latina permite afirmar que las mujeres están en peor situación que los hombres en la mayoría de los países y que tienen dificultades específicas para materializar su autonomía económica en la vejez. Además, se concluye que esta realidad no es fruto del azar ni consecuencia de las elecciones que ellas hacen en su edad activa, como en algún momento se afirmaba ampliamente, sino que es resultado de decisiones políticas y de determinada distribución de los recursos.

En este sentido se habla de la existencia de dos tipos de discriminaciones que se dividen en directa e indirecta, conforme a cómo es la relación entre la actuación del Estado y la acción discriminatoria propiamente. Cuando hablamos de discriminación directa, hay que hacer referencia a aquella que se presenta cuando en el diseño de políticas, tanto sociales como legislativas, se establece expresamente una diferenciación desfavorable hacia las mujeres.

Conforme a la interpretación del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, este tipo de discriminación se observa cuando las pensiones de vejez se calculan sobre la base de unas tablas en las que se diferencia entre la expectativa de vida masculina y la femenina. En términos simples, esto se da cuando una persona se jubila y, para calcular la pensión, se toma una cantidad de dinero, que es el fondo acumulado en la cuenta de pensiones, y se lo divide por el número de años correspondientes a la expectativa de vida promedio. De esta forma, se castiga la mayor longevidad de las mujeres, situación que se agrava aún más en los países en que la edad de jubilación de ellas es inferior a la de los hombres, pues el monto acumulado en la cuenta previsional debe dividirse entre un número mayor de años (Cepal, 2019: 23). Es de tal relevancia esta discriminación que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea las ha prohibido en los seguros privados (ibídem).

Respecto de la discriminación indirecta, si bien no se efectiviza en forma expresa, llega al mismo resultado que la anterior. Se trata de aquellas normas o políticas llevadas a cabo por los Estados que, si bien no buscan perjudicar a las mujeres, debido a sus efectos terminan haciéndolo. Tal y como mencionamos anteriormente, esta discriminación se relaciona con las desigualdades base que se encuentran en la etapa previa al sistema de pensiones. Es la discriminación que se manifiesta cuando se excluye a las trabajadoras informales e incluso a aquellas que no son reconocidas como tales. Se repiten nuevamente las inequidades que se ven en el plano laboral previo a la jubilación. Se habla de “división sexual del trabajo” por el hecho de que son las mujeres las principales responsables del cuidado no remunerado participando, entonces, en menor medida en la actividad laboral económica. Ahora bien, sin esta labor, ¿podrían los hombres trabajar de la misma forma? Es un interrogante que resuena fuertemente cuando se analizan las estadísticas en este punto (Cepal, 2019).

Volviendo a los tipos de discriminación mencionados, debemos afirmar que la forma de erradicarlos empieza por tomar conciencia de ellos.

En la directa, se trata de un cambio radical en las legislaciones, que urge ser realizado. Una forma de darle inicio y contenido es partiendo de lo establecido en la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. A través de sus artículos y sus principios, conforma un soporte de excelencia que debería ser tenido en cuenta como un norte por los Estados al momento de definir sus políticas sociales.

Por otro lado, cuando tratamos la discriminación indirecta, el cambio que se nos exige es más profundo aún, pues no se trata de un fenómeno que se da exclusivamente en la vejez. Hablamos ahora del mercado laboral femenino y su relación con el sistema de pensiones.

El hecho de no participar del trabajo formal hace que se vean excluidas de los sistemas de pensiones que suelen, en su gran mayoría, no contemplar esta situación. En este sentido, la posibilidad de gozar de una cobertura en la adultez queda supeditada a la calidad de viudas o de tener acceso a pensiones no contributivas. De esta forma pierden la posibilidad de ejercer un derecho fundamental: gozar de autonomía, desde antes y después de la vejez. Es importante no extralimitar el acceso de las mujeres al sistema de pensiones a una única vía de escape. Vemos el caso de Europa, donde se combinan múltiples medidas a los fines de garantizar en forma segura el acceso femenino a una pensión digna sin reproducir las desigualdades que se observan en el mercado laboral (Arza, 2017).

Otro punto controvertido es la influencia que tienen los deberes de cuidado que se le asignan a la mujer como obligaciones maternas. La sociedad, al día de hoy, sigue poniendo en cabeza de ellas cuestiones que no son de su exclusividad y que deberían tener un carácter compartido. De esta forma, la inserción laboral de las mujeres se ve condicionada e influenciada por estas obligaciones y se observan movimientos y cambios que impactan directamente en el salario. Por otro lado, la exigencia que demandan estos cuidados hace que las mujeres se vean presionadas a ser trabajadoras por cuenta propia o aceptar ser asalariadas informales como única alternativa, quedando así fuera del sistema de pensiones (Cepal, 2019, 2018).

Este punto es de gran importancia en el análisis de este tema que nos convoca. Para hablar de seguridad social, el punto de partida es reconocer el gran e importante, pero poco reconocido, aporte que hacen a estos sistemas las actividades de cuidado no remunerado realizadas por las mujeres. En este sentido si estas tareas no fueran realizadas por las mujeres de cada familia, el Estado debería hacerse cargo de toda esta gente necesitada de cuidados particulares como lo son niñas, niños, personas mayores, entre otros. Sería un deber que el Estado tendría que asumir con sus propios recursos (Hopenhayn et al., 2014).

Bajo esta premisa es que se afirma que las mujeres subsidian los sistemas de seguridad social mediante su aporte indirecto a través de estas acciones de cuidado. Pues, como dijimos, se traduce en un gasto que el Estado no realiza porque hay alguien que con su tiempo y trabajo lo hace por él. Es una deuda del sistema la compensación del cuidado no remunerado. Este supone un altísimo costo para las mujeres en términos de tiempo, calidad de vida y salud, que de forma directa se traduce en costos de oportunidad.

Y es así que se vuelve un círculo vicioso. Los Estados no reconocen estos deberes de cuidado dentro del sistema. Por estos deberes de cuidado las mujeres no acceden al mercado laboral formal de la misma forma que lo hacen los hombres, dando como resultado que su derecho a una pensión dependa de un derecho derivado.

Es así que los cambios que se precisan son en dos sentidos. Por un lado, en la legislación laboral debería concretarse el derecho a cuidar y la redistribución del cuidado. Por el otro, en la seguridad social debería materializarse el reconocimiento y la compensación del cuidado. Un gran ejemplo en lograr el reconocimiento es Europa, que desde décadas antes que América Latina viene transitando el fenómeno del envejecimiento. La forma en que lo concretan es a través de “los créditos por cuidado”, que prácticamente todos los países europeos lo ofrecen de alguna forma. Se trata de prestaciones otorgadas por los períodos dedicados al cuidado de una hija o un hijo, logrando así un instrumento idóneo para disminuir la brecha de género, desde un momento previo al acceso a la pensión (Arza, 2017).

Retomando a nuestra región latinoamericana, a pesar de la situación analizada, que pareciera indicar un panorama completamente negativo, en la región se han hecho avances notables, empezando por asumir que los sistemas de pensiones no eran neutros en términos de género y que las reformas privatizadoras de la capitalización individual tuvieron efectos más perjudiciales para las mujeres que para los hombres (Cepal, 2019).

Como resultado de la ola de reformas de carácter inclusivo en América Latina se puede afirmar que hoy las mujeres están en mejor situación en los sistemas de pensiones que hace una década. En mejor situación, pero sin eliminar del todo esta discriminación que sigue siendo un fenómeno a erradicar.

Empezando por el Estado argentino, partimos de que se encuentra en un proceso de transición demográfica avanzada, siendo junto con Uruguay uno de los países más envejecidos de la región de América Latina (Cepal, 2008). En este contexto es que debieron ajustarse serias cuestiones relativas al sistema de pensiones, a las cuales nos referiremos a continuación. En 2008 se dejó de lado completamente el sistema de capitalización individual, lo cual venía en proceso, y se retomó de lleno el reparto y beneficio definido con gestión y administración estatal. Esta medida se llevó a cabo a través de la ley 26.222 y con la reforma establecida en la ley 26.425, en virtud de las cuales se creó el nuevo Sistema Integral Previsional Argentino (SIPA) mediante el cual se reestatizaron los fondos de pensiones administrados por las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) (Repetto y Potenza Dal Masetto, 2012). Además, se estableció un programa conocido como moratoria previsional.[150] Ambas cuestiones incidieron en una mejora respecto de la diferencia de montos entre mujeres y hombres. Por otro lado, en 2016 y 2018 se sancionó una ley que instituía una pensión no contributiva denominada Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que equivale al 80% de la pensión mínima y estaba destinada a los mayores de sesenta y cinco años que no tenían otra pensión contributiva o no contributiva. Dicha reforma implicó también una mejora de la situación de aquellas personas que no acceden al mercado laboral formal, dentro de las cuales se encuentra a un gran grupo de mujeres (Amarante, Colacce y Manzi, 2016).

En Bolivia, a partir de 2010, se empezó a implementar, a través de una ley, un sistema de capitalización individual, pero con administración y dirección estatal con un componente solidario. Además, como respuesta al pedido de movimientos de mujeres, se establecieron cuestiones protectorias de género en esta nueva ley. Se destaca, entre estas medidas, el otorgamiento de un bono por maternidad a las destinatarias de la pensión solidaria. Igualmente, esto fue criticado debido a que dicho beneficio solo se extendía a mujeres de escasos recursos, y que incluso no tenía en cuenta el cuidado no remunerado de otras personas más allá de los hijos, que también incide en el desarrollo laboral. Volviendo a reformas positivas, en esa misma ley también se establece que para el cálculo de las pensiones se utilizarán tablas de mortalidad únicas para ambos sexos, lo cual achica esta brecha que se da por la mayor esperanza de vida femenina. Asimismo, se establece el pago de un salario mínimo adicional a la pensión de invalidez en los casos de “gran invalidez”, lo cual se entiende que beneficia indirectamente a las mujeres por su rol de cuidadoras de personas en situación de dependencia. Como contrapartida, siguen persistiendo importantes desafíos, como la inclusión de las empleadas domésticas, la atracción de trabajadoras y trabajadores independientes al sistema. Además, debe tenerse en cuenta que, a pesar de las reformas, el acceso a pensiones contributivas por parte de las mujeres sigue siendo baja, y que, si bien se ha mejorado el acceso a las no contributivas, el problema es la escasa relevancia del monto que no se condice con lo que correspondería como pensión (Amarante, Colacce y Manzi, 2016).

En Chile, a través de una reforma legal en 2008, se introdujeron diversas modificaciones. Ellas se centraron en la inclusión de un componente solidario y en la toma de medidas a favor de la equidad de género, buscando también la inclusión de las trabajadoras y los trabajadores independientes. Por otro lado, se estableció una pensión básica solidaria que benefició principalmente a las personas insertas en el mercado informal o dedicadas a cuidados no remunerados o labores del hogar, entre las cuales se encuentra un gran porcentaje de mujeres. Se fijó también una bonificación por hijo nacido (o adoptado) como derecho universal sin tener en cuenta el nivel de ingresos (Cecchini et al., 2015). Se dispuso la división de los saldos acumulados en las cuentas individuales de los cónyuges en caso de divorcio o nulidad, teniendo en cuenta si una de las partes se veía perjudicada como consecuencia del cuidado de hijas e hijos y tareas del hogar. Se estableció la obligatoriedad de cotización para los trabajadores independientes que declaraban ingresos por actividades remuneradas, lo cual permitió el acceso a los beneficios de salud tanto en el sistema público como en el privado, así como a otros beneficios derivados de la seguridad social (Robles, 2011). Podría decirse entonces que se trató sin duda de una reforma positiva, pero con el transcurso de los años se constató que no había sido suficiente, razón por la cual, en 2017, el Poder Ejecutivo presidido por Michelle Bachelet presentó al Congreso tres proyectos de ley relacionados con el sistema previsional que fueron rechazados en 2018 (Amarante, Colacce y Manzi, 2016; Hopenhayn et al., 2014).

Por último, tratamos las reformas realizadas en Uruguay. Al ser, junto con Argentina, uno de los países más envejecidos de la región, siempre tuvo especial preocupación con relación a la sostenibilidad del sistema de seguridad social. En este sentido, ha buscado incrementar tanto la cobertura de aquellos que reciben pensiones (sujetos pasivos) como de aquellos que aportan al sistema (sujetos activos). Para esto último, se buscó incluir dentro del sistema de pensiones a sectores que hasta entonces se encontraban al margen, como lo eran el empleo doméstico y el trabajo en el mercado informal. En este contexto se impulsó una gran reforma a partir de 2008, la cual venía ya con varias iniciativas anteriores. Dentro de las principales mejoras a nivel de perspectiva de género fue la flexibilización a las condiciones de acceso (Amarante, Colacce y Manzi, 2016). A los fines del cómputo de años de trabajo, se reconoció un año por hijo. Esto impactó positivamente en sectores de trabajadoras con un alto nivel de informalidad y con un mayor número promedio de hijas e hijos, como el servicio doméstico (Aguirre y Scuro, 2010; Santos, 2014). En este sentido, tanto por la inclusión del empleo doméstico dentro del sistema como por la medida mencionada anteriormente, se evidenció una gran mejora en los montos y en el acceso a cobertura por parte de las mujeres.

Podemos decir, entonces, que se ha tenido en cuenta la perspectiva de género en el diseño y en las reformas del sistema de pensiones. No obstante, los desafíos que persisten son importantes. Por un lado, atender a la realidad de los mercados laborales en cuanto a la informalidad y a las discriminaciones de género que se reproducen en los sistemas de seguridad social: primero trabajarlos desde el plano activo para luego evitar una traslación. Por otro lado, aparece la imperiosa necesidad de reconocer el cuidado no remunerado y contemplarlo también en el diseño del sistema de pensiones.

Reflexiones finales

A modo de conclusión de estas reflexiones en homenaje a Nieves Rico, nos parece oportuno citarla a ella en uno de sus trabajos referidos a este tema que hoy nos convoca.

Este extracto elegido nos invita a una reflexión en torno a la temática referida sobre la vejez y el derecho a gozar de una pensión digna desde una perspectiva de género. Especialmente, partiendo de la materia de cuidados no remunerados, que se ha venido tratando a lo largo del presente trabajo. Nieves analiza la cuestión relativa a estos cuidados desde este enfoque de género y de la necesidad imperante de inclusión de estos como parte del diseño de los sistemas de seguridad social. De forma articulada, logra establecer que, a partir de una política que integre el sistema de cuidados a la seguridad social, puede hacerse un cambio más profundo y dar respuesta a otros factores que también influyen al momento de establecer el sistema de pensiones.

Utiliza el término “ventanas de oportunidad”, pues claramente es solo una parte de todo lo que está llamado el Estado a modificar y repensar. La revisión de este sistema de cuidados contemplando la perspectiva de género es una deuda pendiente que se está teniendo con nuestras mujeres en cuanto al diseño del sistema de seguridad social. Y no es solo una deuda, sino que se trata de un derecho al cual se las está privando que es, ni más ni menos, que el derecho a una autonomía digna en la vejez.

En el momento actual debemos entonces entender la construcción de los sistemas de cuidado como una ventana de oportunidad en primer lugar para repensar la forma en que los países y las sociedades asumen el cuidado como una responsabilidad pública y compartida. En segundo lugar, se trata de una ventana de oportunidad para reflexionar sobre una nueva arquitectura estatal, en la medida en que la crisis del cuidado demanda de las políticas públicas y del Estado un lugar y un rol distintos, al tiempo que se contribuye a la construcción de un nuevo pacto social sobre la materia. Pero las complejidades que subyacen a esta problemática inducen a afirmar que no podrá haber un pacto social en torno al cuidado, sin un pacto de género y un pacto generacional que sustenten las políticas y que permitan afianzar sistemas de protección social más inclusivos en sus diversas facetas. (Rico, 2014: 42)

Bibliografía

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Amarante V., M. Colacce y P. Manzi (2016), Asunto de género: la brecha de género en jubilaciones y pensiones. Los casos de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. Santiago de Chile, Cepal.

Arza, C. (2017), El diseño de los sistemas de pensiones y la igualdad de género: ¿qué dice la experiencia europea?, Santiago de Chile, Cepal.

Calabria, A. y S. Rottenschweiler (2015), “Análisis del impacto distributivo del sistema previsional argentino: estudio del aumento de la cobertura”. https://repositorio.uade.edu.ar/xmlui/handle/123456789/5420

Cecchini S., F. Filgueira, R. Martínez y C. Rossel (2015), Instrumentos de protección social: caminos latinoamericanos hacia la universalización, Santiago de Chile, Cepal.

Cepal (2008), Transformaciones demográficas y su influencia en el desarrollo de América Latina y el Caribe, Santo Domingo.

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Hopenhayn M., C. Maldonado Valera, R. Martínez, M. N. Rico y A. Sojo (2014), Pactos sociales para una protección social más inclusiva: experiencias, obstáculos y posibilidades en América Latina y Europa, Santiago de Chile, Cepal.

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Repetto, F. y F. Potenza Dal Masetto (2012), Sistemas de protección social en América Latina y el Caribe: Argentina, Santiago de Chile, Cepal.

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Robles, C. (2011), El sistema de protección social de Chile: una mirada desde la igualdad, Santiago de Chile, Cepal.

Rodríguez, F. y C. Rossel (coords.) (2009), Panorama de la vejez en Uruguay, Montevideo, Programa de Integración, Pobreza y Exclusión (IPES)-Universidad Católica del Uruguay.

UNFPA (2012), Ageing in the Twenty-First Century: A celebration and a challenge, Nueva York.

Las mujeres de mi generación

Silvia Gascón

Dedicado a Nieves, por su invalorable aporte desde el feminismo para ayudar a que las personas envejezcan con dignidad.

En ese camino nos encontramos.

Inventando una nueva manera de ser mujer:

la micropolítica de la resistencia de las mujeres

Soy de esas mujeres que hacen. La gestión ha sido mi manera de desarrollo profesional y de intentar transformar políticas, instituciones y programas en los diversos campos en los que me tocó actuar. A partir de lo que hacía buscaba teoría que confirmara o modificara mis conductas, o investigaba o solicitaba nuevos estudios para tomar decisiones. Siempre integré equipos con investigadores, pensadores, compañeras y compañeros dispuestos a poner el cuerpo por lo que alguna vez definí como una “obsesión por la equidad”.

Al escribir este capítulo, las notas fueron fluyendo de la misma manera. Empecé, aun sin proponérmelo, a recorrer parte de mi historia y me encontré dialogando con teorías que tuve a mano en ese momento, que busqué deliberadamente o que después conocí y me ayudaron a entender mucho de lo que había pasado.

La difícil y maravillosa tarea de construirse mujer

Los 60

En 1963 terminaba la escuela secundaria. Nunca había oído hablar de feminismo, ni de género, ni siquiera de desigualdades. Iba a una escuela religiosa y, como era costumbre de esa época, exclusiva para mujeres. Fue un tiempo después, en un congreso que se realizó en La Plata, provincia de Buenos Aires, al que ni siquiera recuerdo bien cómo fui invitada, en el que participaron muchas de las pioneras que tantos nos enseñaron y continúan haciéndolo, donde escuché por primera vez hablar de desigualdades y de las luchas que debíamos dar las mujeres.

Ya había iniciado una militancia junto a los “curas del Tercer Mundo”, que cambió mi vida: compromiso con los más pobres, vivir lo más cerca posible de ellos, defenderlos siempre era nuestra manera de dar testimonio. No hablábamos de diferencias de género, queríamos transformar el mundo. Nos oponíamos a las desigualdades e injusticias existentes. Nos dolía y nos identificábamos con el dolor de los más pobres y desposeídos.

Estudiar, trabajar, participar en política, formar pareja que duraría “mientras existiera el amor”, era lo habitual entre nosotras. Fidelidad y lealtad también formaban parte de mi repertorio de principios.

Los 70

Hacíamos todo y sentíamos que todo lo podíamos. Inauguramos guarderías, éramos parte de grupos de vanguardia: teatro, arte conceptual, coros, cigarrillos y minifaldas. Amigas y compañeros fueron redes fundamentales en nuestras vidas. Marcas de una generación que fue forjando una manera nueva de ser mujer desde la práctica. Práctica a la que después le fuimos poniendo teoría.

Un lugar habitado por la misma persona durante cierto período dibuja un retrato […] La mirada sagaz reconoce ahí el abigarramiento de los trozos de la “novela familiar”, la huella de una escenificación destinada a ofrecer una cierta imagen de sí misma, pero también la confusión involuntaria de una manera más íntima de vivir y soñar. (De Certeau, Giard y Mayol, 2006)

Ante la urgencia de hacer una revolución hacia un sistema más justo y solidario en el que pudiera habitar un “hombre nuevo”, la discusión acerca del género no encontraba espacio en la agenda. Por su parte, eran pocas las mujeres que tenían roles centrales en la militancia social, política o religiosa en las que inspirarse.

Manteníamos reuniones interminables, los chicos dormían en los sillones de cada casa en la que nos encontrábamos y entre tanto analizábamos y discutíamos hasta agotarnos. Muchas veces las mujeres con algún pretexto nos íbamos a la cocina y ahí la charla se volvía más íntima. Era época de dictaduras y nuestro gran refugio eran esos encuentros donde podíamos decir lo que pensábamos, los miedos que teníamos y las penas que atravesaban nuestras vidas. A pesar de todo tan felices… en otras esferas.

Los 80 y la llegada de la democracia

Siempre fue más difícil para las mujeres complementar roles, que se multiplicaron con la llegada de la democracia y la oportunidad de ocupar nuevos espacios. Espacios que, aún sin tener clara conciencia, significaban nuevas cuotas de poder. Así nos fuimos ubicando en campos de batalla donde las diferencias fueron tan avasallantes que nos llevaron a repensar el género y nuestras subjetividades. Entretanto nos separábamos, nos volvíamos a enamorar, siempre trabajando y educando hijos que ya adolescentes reclamaban más con gestos que con palabras.

El pasado no es un lugar al que se accede meramente recordando sino que debe ser construido y es una tarea colectiva; la interpretación que hagamos sobre los hechos que vivimos construirá la historia. (Fernández, 1999)

Pertenezco a esa generación, “las chicas sixty”, como titula Ana María Fernández un imperdible texto; las chicas de los años 60, que hoy tenemos sesenta y más. Y que irrumpimos en esos años en la universidad y el trabajo, nos pusimos la minifalda, fumamos, descubrimos nuevas formas de hacer el amor. Con la llegada de la democracia nuestro compromiso encontró nuevos canales de participación, búsquedas de nuevas formas de organización, mayores oportunidades de desarrollo y crecimiento. Y ahí estábamos, en un mundo nuevo, un mundo de varones. Un mundo difícil de comprender y aceptar para nuestras madres, padres e hijos, que veían surgir a estas mujeres que no se correspondían con el “ideal de la época”. Mi mamá, por ejemplo, de quien recibí como principal mandato la independencia económica, “así nunca vas a tener que depender de ningún hombre”, aceptaba con gusto cuidar a mis hijos si salía con mi esposo o con amigas, pero no era lo mismo si “los dejaba” para ir a una manifestación.

El concepto de micropolíticas de la resistencia hace referencia al devenir, a los acontecimientos que construyen subjetividad, descubren líneas de fuga, que se manejan por fuera de los sistemas de representación habituales. Estos movimientos “insurreccionales” sociales no buscan hacer grandes revoluciones sino la producción de subjetividades, despertando conciencias, devolviendo a las voces acalladas de la cultura de la domesticación la potencia de actuar. (Pavlovsky, 2000)

Eran tiempos de democracia recuperada, de instituciones abiertas y matrimonios cuestionados. Y ahí de nuevo las precursoras del feminismo nos dieron las principales herramientas para permitirnos liderar procesos, ocupar funciones importantes y entender que lo personal también es político. Iniciaba en esos años mi trabajo con las personas mayores, actividad con la que seguí desde distintos ámbitos y continúo hasta estos días. Empecé a sentir el cosquilleo de la discriminación.

Los 90

Desde mi función como secretaria de Tercera Edad de la Nación, mantuve contacto permanente con todos los ministerios de Desarrollo Social provinciales. El 90% de las ministras eran mujeres; un área reservada para el género femenino. Lo mismo pasaba en los municipios. Algunas habían accedido a través de la militancia, otras por ser esposas o familiares de “los que mandaban”. Mujeres con una enorme potencia y convicción. En mi entender, ubicadas en esos lugares por su trabajo en el territorio, cercano a la gente, lo que las dotaba de una mayor cuota de credibilidad que los varones y además respondían con alto grado de lealtad a sus jefes. “Acompañaban” y parecían muy cómodas en esos lugares.

En las instituciones y organizaciones existe una agenda oculta de resistencias, generalmente, aun cuando no siempre, burocráticas, que se oponen a la igualdad, muchas veces por razones no conscientes entre las y los actores de las organizaciones. (García Prince, 2008)

Se me ocurrió reunirlas. Un encuentro de mujeres de tres días en un lugar apartado, tranquilo, agradable. Darnos permiso para disfrutar entre nosotras era un “signo”. Convoqué a quien era en ese momento mi referente en el tema género y política, la doctora Evangelina García Prince, venezolana, quien fuera ministra de la Mujer y vicepresidenta del Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), entre otras funciones.

Fueron tres días intensos, de aprendizajes vitales de esos que se hacen con el cuerpo. Aprendimos entre risas, lágrimas y abrazos. Compartimos en esa alianza que sabemos hacer las mujeres entre inteligencia y corazón. Solo una anécdota: una mañana Evangelina nos hizo cerrar los ojos y nos preguntó: “¿Dónde piensan que van a estar ustedes el año próximo?”, era un año electoral. Cuando pidió que volviéramos a abrirlos, nos dijo severa: “Solo una levantó la mano… el resto va a estar en el lugar que las ubiquen los hombres”.

Debo decir que ese encuentro tuvo para mí el mismo impacto que el primero con los curas del Tercer Mundo: dejó una marca que ya no se borraría. Eran los años 90, los conceptos de participación cambiaban y se abría una nueva constelación de actores sociales que ensayaban formas inéditas de relación entre sí. La sociedad civil comenzaba a jugar un rol importante y la organización en redes de mujeres permitió encontrar espacios más horizontales y plurales.

2000: Red de Mujeres Platenses

Al poco tiempo dejaba mi tarea en el Estado y ya en La Plata, mi ciudad, tomé la decisión de abordar con más profundidad el tema género. Así fue que con el aporte de Evangelina y muchas mujeres argentinas, claves en nuestro desarrollo conceptual, creamos en La Plata la Red de Mujeres Platenses. Lo hicimos desde la idea de generar conciencia en las mujeres, trabajar para nuestro empoderamiento y reconocer la diversidad y pluralidad como uno de nuestros pilares. Así congregamos a mujeres de distintas formaciones, niveles educativos, sociales y orientaciones partidarias. Una experiencia en la que construimos un capital social y simbólico, que nunca hubiéramos imaginado. Al poco tiempo, mujeres de otros municipios de la provincia nos convocaban para compartir experiencias y ayudar en la organización de nuevas redes. Cuando la crisis de los 2000 acechaba acercamos charlas y talleres a los barrios más carenciados y ahí surgieron necesidades de ayuda que intentábamos resolver con el aporte de todas. Otra vez la diversidad ayudó. Las lideresas barriales y políticas tenían muchas más herramientas que nosotras para el trabajo territorial que las profesionales, expertas y mujeres de sectores medios. Esta complementación entre compañeras nos ayudó a repensar, crecer y construir solidaridades y empoderamientos, que aún perduran.

Las militantes partidarias cuestionaban duramente nuestra posición de defensa del género, insistiendo otra vez en que había temas más importantes: la injusticia, el capitalismo, los monopolios. El género sería para después. Los “compañeros varones de la política” cuestionaban, calificaban y minimizaban nuestro accionar. ¿Será que temían a este grupo de mujeres que cada vez lograba más reconocimiento y adhesiones?

Lo cierto es que la Red nos permitió evadir las clásicas formas de militancia dominadas por los varones, con estilos y códigos, que nos dejaban siempre afuera. Y encontramos una nueva forma de participación social y política, en la que tejimos nuevos vínculos, alianzas y amistades. En todos los países de Latinoamérica, mujeres universitarias, políticas, sindicalistas, lideresas sociales y religiosas de edad madura y avanzada gestionaban nuevas formas de organización. En la Argentina, particularmente, las Abuelas y las Madres de Plaza de Mayo constituyen sin duda un ejemplo de mujeres que con el paso de los años han desarrollado una lucha que pudo con la peor de las dictaduras, pero que además contribuyó a construir una nueva identidad para la mujer mayor.

En la Red el tema que nos hizo más difícil el camino y quizá la principal causa de la disolución fueron las diferencias no demasiado debatidas acerca del aborto. Muchas mujeres tenían formación religiosa, algunas incluso ocupaban funciones docentes y directivas en colegios de la ciudad. Otras, por razones políticas o de convicción personal, no aceptaban embanderar la Red atrás del tema. Las más radicalizadas exigían definiciones, y otras pensábamos que debíamos construir más consenso y poder para no debilitarnos. La propuesta fue avanzar de la mano de las programas de salud sexual y reproductiva, ir generando conciencia y adhesiones y transformar el capital social y simbólico acumulado en poder real.

Entre las múltiples acciones que hicimos hubo performances, charlas debate, conferencias, trabajo comunitario; quizá vale destacar que fuimos las impulsoras de la firma en la provincia de Buenos Aires del decreto para la puesta en marcha del programa de salud sexual y reproductiva. Nos acompañaron el entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires Felipe Solá, el ministro de Salud de la Nación Ginés González García y el ministro de Salud de la provincia Ismael Passaglia. También participó el intendente de La Plata Julio Alak. Teresa González Fernández, esposa del gobernador en esa época, nos acompañó siempre. La Red de Mujeres Platenses logró incidir en una política pública rezagada hasta el momento, fundamentalmente por la presión del arzobispo de la ciudad.

De la Red de Mujeres a la Red Mayor

No se nace mujer, se deviene.

Simone de Beauvoir, El segundo sexo

A los pocos años, la mayoría de nosotras ya estábamos entrando en la edad mayor, y retomando la experiencia acumulada en los años de trabajo con personas mayores creamos la Red Mayor La Plata. Al poco tiempo el Banco Interamericano de Desarrollo nos ofreció un apoyo económico para fortalecer la organización de las personas mayores. Nos sirvió de mucho para planificar y organizar la incipiente red. Fue a través de un acuerdo con la Universidad Isalud, institución de la que fui socia fundadora y en la que continúo mi trabajo profesional y “militante” hasta estos días.

Debo decir que muy pocas de las integrantes que habían conformado la red de mujeres se sumaron a este nuevo desafío. Quizá el famoso “viejos son los otros” impidió que muchas de ellas que recién se acercaban a los sesenta se identificaran con la nueva propuesta.

El viejismo puede ser visto como un proceso de sistemática estereotipación y discriminación a nosotros mismos cuando somos considerados viejos. (Bytheway, 1995)

Los estereotipos que asocian vejez con discapacidad, pobreza, enfermedad, dependencia y que nos ubican como “un colectivo” en el que todas somos iguales, por el solo hecho de tener una determinada edad, influyen en el trato que recibimos y en la consideración que tienen hacia nosotras. Esta es una de las razones por las que es difícil convocar e integrar organizaciones basadas en la edad y destinadas a defender derechos.

Las personas mayores conforman la única minoría discriminada de la que el conjunto de las personas de una sociedad formará parte según pasen los años y continúen con vida. (Gascón, 2005)

Basta con ver el tratamiento que se les da a las personas mayores en los medios de comunicación o los chistes que circulan acerca de las dificultades que se presentan en la vejez. En mayo pasado, un video se viralizó en las redes sociales y chats mostrando un informe que, en tono jocoso, fue presentado en uno de los programas de la tarde como “los famosos que envejecen como señoras –para no decir viejas–”. La indignación por la forma en la que las personas mayores pero, sobre todo, las mujeres mayores eran retratadas desde la burla en un ciclo de alcance masivo de la televisión de aire llevó a que la Red Mayor, junto a miles de referentes y entidades que trabajan en la defensa de los derechos de las personas mayores, lo repudiaran, llegando incluso a presentar una denuncia formal ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) y la Defensoría del Pueblo de la Nación. Debo decir que hubo otros que afirmaron “que no se habían dado cuenta”, porque “era un chiste”. Claro ejemplo de naturalización de un prejuicio basado en la edad.

Mujeres diferentes y desigualadas

La construcción de la red implicó comenzar de nuevo la tarea de reclutar mujeres que cumplieran tres condiciones: conciencia de género, conciencia de edad y voluntad de transformar. En este camino se fueron incluyendo estudiantes universitarios, sociedades científicas y centros de jubilados. Y de nuevo la diversidad que a estas alturas se hace más evidente. Si la mujer es una ilusión (Fernández, 1993), más lo es la mujer mayor. A medida que la edad avanza se incrementan las diferencias y cristalizan las desigualdades sufridas a lo largo de la vida.

Los determinantes sociales van dejando huellas que no solo se aprecian en arrugas o canas, sino en alarmantes diferencias en esperanza de vida, acceso a los sistemas sociosanitarios, ingresos, redes de apoyo social e incluso el respeto y reconocimiento otorgados por la sociedad y las propias familias. En las prácticas concretas de la red, nos encontramos con mujeres diversas: subordinadas y empoderadas, discriminadas y reconocidas, pobres y con buenos ingresos, profesionales y con mínimos niveles de instrucción, algunas con redes de apoyo y otras muy aisladas o abandonadas, desigualadas todas. Sujetos sumergidos en una trama de estereotipos que cristalizan la forma de preguntarse por el género (Butler, 2007, 2017) y convertirlo en una cuestión reflexiva para sus protagonistas. Estereotipos que nos ubican en un espacio comunicativo que presenta el envejecimiento humano de las mujeres en lo que denominamos un sujeto/signo y que requiere una operación de sutura, para disruptir y surgir de nuevo.

Y en esta nueva conformación fuimos encontrando puntos en común: profundos deseos de iniciar un nuevo proyecto, capacitarnos, ejercer liderazgos compartidos y comprometernos atrás de objetivos concretos.

Si bien la Red en sus inicios no se propuso estar conformada exclusivamente por mujeres, de hecho así fue y hasta el día de hoy son pocos los varones que se acercan. Tampoco mujeres del campo feminista se han unido a esta convocatoria. La Red, como movimiento social, se basó en tres principios, que tuvimos en cuenta al implementar el proyecto Ciudades Amigables con las personas mayores de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Orientación a metas concretas

No solo fue un gran reconocimiento que la OMS hubiera elegido la ciudad de La Plata y la Red Mayor para participar del proyecto, sino que nos ayudó a encontrar un objetivo inmediato de lucha: hacer de La Plata una ciudad amigable para las personas mayores. Y pusimos manos a las obra: investigamos, hicimos grupos focales, entrevistas y encuestas. En pocos meses identificamos cuáles eran los principales obstáculos que las personas mayores debían atravesar para vivir integrados en la ciudad. Las veredas rotas, el transporte público inaccesible y el maltrato tecnológico aparecieron en los primeros puestos. La indiferencia estatal era alta, y éramos pocas. Estábamos empeñadas en darle visibilidad a nuestro proyecto. Muy rápido coincidimos en que el mejor lugar era la calle.

Cuando los cuerpos se reúnen en la calle, en la plaza o en otros espacios públicos, a la manera de una performance surge el derecho de las personas a la aparición, a una reivindicación corporeizada de una vida más vivible y visible. (Butler, 2017)

Y las performance callejeras fueron nuestra mejor estrategia para visibilizarnos y hacer visible el problema. No habíamos leído todavía a Judith Butler pero sí a Mario Benedetti, y sabíamos que “en la calle codo a codo somos muchos más que dos”.

Alianzas intergeneracionales

Otro de los principios en el que nos basamos fue no marchar solas y para ello tejimos alianzas con estudiantes universitarios. Con estudiantes de la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata, aerosol en mano, pintamos las veredas rotas. Con estudiantes y docentes de Trabajo Social hicimos nuestra propia plataforma: “Veredas sanas, acceso a la salud y participación”. Un sábado previo a unos comicios repartimos en el centro de la ciudad “boletas” imitando las que usan los candidatos en sus campañas, solo que en lugar de fotos con las caras estaban visibles los objetivos de nuestra plataforma. Con alumnas, alumnos, egresadas y egresados de Psicología armamos talleres de reflexión, planificamos acciones, redactamos documentos. Entre todos nos acompañamos cuando la terrible inundación azotó a la ciudad en 2013. Escuchamos alarmados que muchos llamados de urgencia de personas muy envejecidas tuvieron como respuesta “los niños están primero”. Ahí trabajamos en talleres y guías para capacitar a las personas responsables del cuidado en emergencias.

Pero quizá la performance que más impacto tuvo fue el “semaforazo” que hicimos en pleno centro de la ciudad. El objetivo fue que los choferes y la sociedad toda tomaran conciencia sobre el maltrato que sufren las personas mayores cuando deben usar el transporte público. Y ahí fuimos, cada vez que el semáforo se ponía en rojo mujeres de entre 75 y 80 años cortaban la avenida 7, la principal de la ciudad, mostrando carteles a los choferes de los micros que decían: “Señor conductor, respete el tiempo de los mayores”, “Esperen a que nos sentemos”; algunas de ellas se subían a los micros para repartir folletos con textos similares. Algunas veces el tiempo del semáforo no alcanzaba y los choferes debían esperar a que las “señora piqueteras”, como nos llamaron, pudieran descender. Nadie dijo: “Cuidado con la abuelita”.

Comunicar las acciones y construir capital simbólico

Hacer gacetillas y mantener informados a los medios de comunicación es otra de nuestras maneras de hacernos visibles. Y lo logramos. Tuvimos mucha repercusión en medios locales y nacionales. Era y es frecuente que consulten a la Red Mayor desde diversos medios cuando se abordan temáticas de envejecimiento y somos frecuentemente invitadas a presentar la experiencia en congresos y jornadas nacionales e internacionales. Logramos encontrar periodistas que se fueron sumando a nuestro objetivos de generar conciencia. Hablar de amigabilidad de la ciudad ya es frecuente en La Plata. Parafraseando a Pierre Bourdieu, podemos decir que estábamos construyendo capital simbólico, como el poder que se le otorga a una persona o grupos en función del prestigio logrado con sus acciones.

Por su parte la Red siguió creciendo en objetivos e integrantes. Durante quince años tuvimos un periódico que se vendía en los quioscos de la ciudad con mucho éxito. Hoy tenemos una página web (www.redmayorlaplata.com) en la que, además de ofrecer información actualizada y notas de expertos, hemos desarrollado lo que llamamos un “booking de geriátricos” en el que las personas pueden consultar, preguntar y denunciar. Atravesando cada acción, surgían reflexiones, puestas en común; así, compartimos el orgullo de pertenecer a un grupo que produjo cambios en la ciudad, incidió en las políticas públicas y por sobre todas las cosas nos transformó a nosotras mismas.

En síntesis, estas nuevas formas de encuentro, organización, participación y lucha, horizontales y plurales, nos han permitido también transformar lo privado en comunitario, las relaciones con los hijos, el manejo y la disponibilidad del dinero, el derecho a envejecer en casa, el miedo a la internación geriátrica, un nuevo amor, el despertar de una vocación; todas cuestiones que también encuentran un espacio de abordaje en la Red. Preguntarnos acerca de cómo juegan los estereotipos sobre las mujeres mayores es parte de nuestra rutina para abordar nuestro propio envejecimiento por fuera de las naturalizaciones, que nos dejan fuera del juego. Pensar en mujeres que construyen su vida con otras y defendiendo su autonomía es nuestra manera de avanzar.

El mayor impacto de estas redes es la transformación de los “estereotipos compasivos”, que colocan a las personas de edad y sobre todo a las mujeres en el lugar de los necesitados de “recibir servicios o asistencia”, por la cada vez más clara noción acerca de la importancia social y política de las ciudadanas y los ciudadanos mayores en las actuales sociedades envejecidas, a la vez que promueven entre las mujeres mayores el sentimiento de formar parte de una colectividad basada en el género y la edad, con aciertos, problemas y frustraciones experimentados también por miles, tal vez millones, de otras mujeres mayores.

La revolución de la longevidad

Así como en los años 60 las mujeres hicimos una verdadera revolución transformando absolutamente el ideario y los modos de vida femeninos, ahora, en la edad mayor, estamos emprendiendo la segunda revolución, la revolución de la longevidad. Si a los sesenta años una mujer ingresa a la tercera etapa de su ciclo de vida, puede vivir en esta tantos años como en las dos anteriores. Por ello, definir cómo y con quién vivir estos años, reconocer deseos, preferencias, aceptar sin resignar y sobre todo defender nuestra autonomía son tarea de todos los días.

Las formas de envejecer han cambiado y las nuevas generaciones de mujeres vamos construyendo nuevos roles. La reestructuración de las relaciones familiares incluyen significativos cambios en los papeles sociales que desempeñamos las mujeres al envejecer. En algunos casos las mujeres pueden acceder a papeles positivos a medida que envejecen, y estos pueden suponer una mejora de su posición y un aumento de su autoridad. Los roles tradicionales de suegra, abuela, madre son complementados por otros que otorgan a las mujeres mayores la posibilidad de disfrutar de mayor libertad de movimiento y de comportamiento personal.

Los cambios en las familias están a la vista: más personas mayores viviendo solas o con sus parejas también mayores. Familias más pequeñas e inestables, divorcios y nuevas parejas, tardías emancipaciones.

Las mujeres en América Latina han concentrado sus energías en los últimos treinta años, luchando por la inserción en el mundo público y dejando de lado la discusión del ámbito privado. Ergo, la desigualdad nos atrapó en el ámbito de las relaciones de conciliación, entre lo público y lo privado, entre las responsabilidades productivas con las reproductivas. (Pautassi, 2007)

Muchas mujeres mayores viven con tensión y agobio una responsabilidad que ya no pueden asumir, entre trabajos, hijos, nietos y nuevas familias. La figura de la “abuela esclava” y “la mujer mayor cuidadora” expresan situaciones en las que a veces las mujeres quedan entrampadas, más por obligación que por decisión propia. Cuando las posibilidades de cuidado se extreman, la depresión, el malestar físico y psicológico aparecen con severas consecuencias en el bienestar de las mujeres. Además, cuando ellas necesitan cuidado, no hay quien las cuide. La tasa de internación geriátrica de las mujeres duplica a la de los varones. Este sistema de cuidados “familista” está agotado y las respuestas desde el Estado son casi inexistentes.

Implementar servicios de cuidado de calidad implica necesariamente generar empleos de calidad en este sector para las cuidadoras, con acceso a protección social, capacitación y supervisión y con un nivel de remuneración acorde con la valoración social del trabajo desempeñado. (Rico y Robles, 2016)

Sin dudas, la longevidad también trae aparejados riesgos mayores de avasallamiento de derechos. El abuso financiero, el maltrato físico y psicológico son fenómenos no muy visibilizados en las mujeres mayores, que requieren una especial atención. De hecho, durante la pandemia COVID-19, la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación informó que se duplicaron los casos de denuncias por abuso y maltrato a las personas mayores. La mayoría de las afectadas fueron mujeres, cuatro por varón afectado, y el 73% convivía con sus agresores. Los profesionales del servicio médico constataron lesiones en el 79% de los casos, principalmente en el rostro. De acuerdo con información suministrada a la periodista Natalia Muñiz (2020) por la Casa del Encuentro, durante la cuarentena se reportó el homicidio de dieciséis mujeres mayores.

Libres o dominadas

Es bastante frecuente que al envejecer la mujer se enfrente a dos opciones que casi siempre terminan en frustración: ceder ante las tendencias de la moda e intentar mantenerse eternamente joven, o aceptar los papeles estereotipados y limitados asignados a las mujeres mayores.

Las mujeres sufren discriminaciones basadas en su edad antes que el hombre. La discriminación por la edad intensifica la discriminación por género. Las mujeres somos consideradas viejas por lo menos siete años antes que los varones y, además, se considera que en esta etapa somos débiles, dependientes, vulnerables, y faltas de feminidad y sexualidad. Si las mujeres enviudan, no se ve con buenos ojos que vuelvan a formar pareja; en cambio, es una fortuna para el hombre volver a casarse (y realmente lo es). Las exigencias al cuerpo femenino siempre son más elevadas que respecto a los hombres: la pancita agradable en el varón es un pecado mortal en la mujer, trabajar por elección después de los setenta se considera un agobio innecesario para ella, en cambio un varón se convierte en un ser admirable, lleno de proyectos. Otra vez la pretensión de entramparnos en la trama de prejuicios que nos obligan a responder a un ideal de mujer y de belleza, al que debemos resistir.

Porque formamos parte de una nueva cohorte de mujeres que vamos construyendo nuevos roles y con evidentes esfuerzos y no pocos conflictos, aprendemos a compartir el papel de madre, cuidadora o abuela con otros que nos permitan gozar de nuevas experiencias y encontrar un nuevo valor y significado a nuestras vidas. El contacto con pares es siempre de vital importancia. Están ampliamente documentados los beneficios para las personas mayores de contar con redes de amigas y amigos: evita la soledad, el aislamiento social y la depresión, posibilita compartir nuevos proyectos y actividades, alarga la esperanza de vida y el bienestar por los años vividos. Con amigas y amigos es con quien mejor la pasamos, afirman personas mayores en un estudio realizado con ellas por el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) (Observatorio de la Deuda Social Argentina, 2016).

Parte de esta nueva construcción de la mujer mayor se visibilizó en el rechazo que tuvo la resolución conjunta 16/MJGGC/20, por la que el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires trató de evitar que las personas mayores salgan de sus casas sin la autorización del gobierno. Comunicados de cientos de organizaciones sociales, universidades, profesionales, artistas e intelectuales salieron a expresar su repudio, en su mayoría mujeres. “Sabemos cuidarnos” es el hashtag del momento. Ni pedimos permiso, ni somos abuelitas, ni ancianas. Somos mujeres mayores dispuestas a dar lucha de nuevo por la defensa de nuestros derechos.

Finalmente, es imposible desconocer, ni resignar las profundas transformaciones que debemos transitar en la búsqueda de una sociedad para todas las edades. En este desafío no se podrán eludir las situaciones de profunda inequidad que están enquistadas en los sistemas económicos y sociales. Las mujeres organizadas tendremos otra oportunidad para protagonizar los cambios imprescindibles para lograr una sociedad para todas las edades.

Bibliografía

Bytheway, Bill (1995), Ageism, Londres, Open University Press.

Butler, J. (2007), El género en disputa: el feminismo y la subversión de la identidad, Barcelona, Paidós.

– (2017), Cuerpos aliados y lucha política: hacia una teoria performativa de la asamblea, Barcelona, Paidós.

De Certeau, M., L. Giard y P. Mayol (2006), La invención de lo discursivo del sexo, Buenos Aires, Paidós.

Fernández, A. M. (1993), La mujer de la ilusión, Buenos Aires, Paidós.

– (1999), “Máquinas de amor y de guerra, las chicas sixty”, en A. M. Fernández, Instituciones estalladas, Buenos Aires, Eudeba.

García Prince, E. ( 2008), Políticas de igualdad, equidad y gender mainstreaming: ¿de qué estamos hablando? Marco conceptual, San José de Costa Rica, PNUD.

Gascón, S. (2005), “Los nuevos movimientos sociales y la participación social de los mayores”, Reunión de Gobiernos y Expertos sobre Envejecimiento en Países de América del Sur, Buenos Aires.

Muñiz, N. (2020), “Violencia de género en cuarentena: suman once los femicidios de adultas mayores”, Diario Popular, Buenos Aires, 20 de junio. https://www.diariopopular.com.ar/policiales/violencia-genero-cuarentena-suman-once-los-femicidios-adultas-mayores-n484034

Observatorio de la Deuda Social Argentina, Barómetro de la Deuda Social con las Personas Mayores (2016), El desafío de la diversidad en el envejecimiento. familia, sociabilidad y bienestar en un nuevo contexto, Buenos Aires, UCA. http://wadmin.uca.edu.ar/public/ckeditor/2016_Obs_Barometro_Personas_Mayores.pdf

Pautassi, L. (2007), El cuidado como cuestión social desde un enfoque de derechos, Santiago de Chile, Cepal.

Pavlovsky, E. (2000), “Micropolíticas”, Herramienta. Revista de debate y crítica, vol. 12, Nº 21.

Rico, M. N. y C. Robles (2016), Políticas de cuidado en América Latina: forjando la igualdad, Santiago de Chile, Cepal.

Primeras experiencias de política pública con perspectiva de género

en un ministerio de ciencia y tecnología (subnacional) argentino

Erica Hynes - Laura Donnet - Valentina Locher

Leticia Chirinos - Jésica Beltrame - Luciana Manelli

La provincia de Santa Fe, Argentina, se encuentra dentro de la región pampeana y es la segunda provincia del país en población. Su actividad económica se sustenta en las actividades agrícola-ganaderas, la agroindustria y la producción de alimentos, así como la industria metalmecánica. Además, se destaca por su sistema científico-tecnológico, principalmente anidado en organismos nacionales y universidades públicas con asiento en el territorio provincial. A nivel subnacional, la política de ciencia también ha recibido una atención prioritaria durante los gobiernos del Frente Progresista Cívico y Social entre 2007 y 2019.

En ese período se sucedieron políticas que jerarquizaron el papel del Estado provincial en la ciencia: la jerarquización a nivel de secretaría de Estado en 2007, la creación de una agencia provincial en 2013, el fortalecimiento significativo del presupuesto y la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCTIP) en 2015, y la sanción de una ley provincial de ciencia, tecnología e innovación (CTEI) en 2018. Desde el MINCTIP se implementaron instrumentos de orientación y financiamiento de investigación y desarrollo del sistema integrado por los centros de investigación del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), las universidades, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), las empresas privadas, los centros de innovación y los polos y parques tecnológicos de la provincia.

Durante 2018 y 2019 se diseñó e implementó en el MINCTIP el Programa Estratégico de Género en Ciencia (PEGC). Este programa significó una iniciativa innovadora en la Argentina y en América Latina, independientemente de desarrollarse en una jurisdicción subnacional, ya que avanzó sobre antecedentes existentes a nivel nacional como el proyecto STEM and Gender Advancement (SAGA) del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación,[151] cuya primera coordinadora fue la doctora Erica Hynes, ministra de CTEI de la provincia de Santa Fe al momento de diseñar e implementar el PEG. SAGA es un programa de Unesco y del gobierno de Suecia, que consiste en un diagnóstico. La Argentina se vinculó a la iniciativa como país piloto y aplicó partes del instrumento internacional, llegando a construir un banco de políticas de género[152] existentes en las instituciones argentinas que dan cuenta del estado inicial de estas propuestas.[153] Este proyecto buscaba aplicar una herramienta piloto de diagnóstico, y las iniciativas de protocolos para garantizar ambientes de CTEI libres de violencia de género (universidades nacionales) para proponer acciones e intervenciones relacionadas con el diseño de las políticas e instrumentos y con la producción misma de conocimiento. Asimismo, fue el primer programa transversal de enfoque de género en CTEI, al ser implementado desde un ministerio de ciencia y tecnología, sumándose a algunas políticas transversales ya existentes en la provincia, como el presupuesto con perspectiva de género implementado en 2012 en la ciudad de Rosario y el Plan de Igualdad implementado en Santa Fe en 2013 entre todos los ministerios.

En los últimos años, los debates sobre igualdad de género han prestado cada vez más atención a la creación de conocimiento científico para superar el sesgo de género, incorporando su análisis en la investigación básica y aplicada (Schiebinger, 2008). La incorporación del género y el sexo en el proceso de investigación se reconocen como un criterio importante de investigación de calidad y en la transferencia de conocimiento y tecnología para lograr productos comerciales (Best et al., 2016). Especialmente, se reconoce que la diversidad de género en los equipos de investigación es importante para fomentar una innovación inclusiva en términos de grupos sociales y beneficiarios de la investigación (Sinell, Müller-Wieland y Muschner, 2018). Es decir que esto tiene impactos tanto en la calidad del proceso de investigación como en los resultados de innovación y crecimiento económico.

Tomando como base otras iniciativas de género en ciencia y siguiendo los lineamientos de iniciativas de organismos internacionales y de otras organizaciones (Horizonte 2020), se buscó incorporar el género como política transversal en el Ministerio para mejorar la participación de las mujeres, aumentar la calidad de las investigaciones y poner a Santa Fe a la vanguardia de políticas públicas de género y de innovación.

El PEGC se diseñó e implementó alrededor de tres estrategias: 1) aumentar la participación de las mujeres y de otros grupos desfavorecidos para fomentar el equilibrio de género en los equipos de investigación y para cerrar las brechas en la participación de estos grupos; 2) incorporar la dimensión de género en el contenido de investigación e innovación para mejorar la calidad científica y la relevancia social del conocimiento, la tecnología y/o la innovación producidos, y 3) contribuir al avance de la carrera de las mujeres y otros grupos para asegurar el equilibrio de género en la toma de decisiones y las posiciones de mando. Para implementar estas estrategias se diseñaron nuevas herramientas y procedimientos, pero también se modificaron y adaptaron aquellas que venían utilizándose para incorporarles el enfoque de género.

Este artículo tiene como objetivo revisar las experiencias en el diseño y la implementación del programa de género en ciencia, tecnología e innovación en la provincia de Santa Fe. En esta revisión se busca poner en evidencia las actividades y los procedimientos que se utilizaron para contribuir a cerrar las brechas de género y capturar oportunidades para las mujeres y otros grupos en la ciencia y la tecnología. La discusión se centra en las principales características y lecciones de la implementación del programa, y la conclusión resalta los principales desafíos para avanzar en la incorporación del enfoque de género.

Descripción del programa de género e implementación y resultados de las actividades

El Programa Estratégico de Género del MINCTIP se aprobó por el decreto 2.152 del gobierno de la provincia de Santa Fe el 13 de agosto de 2018.[154] El alcance geográfico del programa fue el territorio de esa provincia. Tuvo como población objetivo a las personas que conforman el sistema científico, tecnológico y de innovación de Santa Fe, que incluye específicamente a la comunidad académica de investigadores, docentes y estudiantes en las universidades e institutos de investigación no universitarios (Conicet, INTA, INTI) y las empresas que aplican y desarrollan tecnologías, start-ups y empresas de I+D. Particularmente se propuso como objetivo específico promover la incorporacion de las mujeres. Ello se fundamentó en la comprensión de que el concepto de género y la incorporación de este enfoque abarcan la diversidad de variables de raza, edad, capacidad, orientación sexual y otras

A continuación, se describen algunas actividades, procedimientos y resultados.

Obtención y análisis de datos relevantes: bases de datos de mujeres y organizaciones feministas y mesas de relevamiento y evaluación de las necesidades

Una prioridad del programa fue la obtención de información actualizada sobre la situación de las mujeres en la ciencia y tecnología en la provincia. Si bien se tenían algunos indicios acerca de las desigualdades existentes, se consideró que un primer paso para abordar el problema era conocerlo detalladamente, lo cual contribuye además a ponerlo en evidencia y visibilizarlo, tanto al interior del sistema de ciencia y tecnología como para el conjunto de la sociedad.

Con este fin se realizaron dos actividades principales: un relevamiento aplicado al sistema científico orientado a analizar la brecha de género y el uso del tiempo, y un relevamiento de demandas con mujeres y organizaciones feministas y del territorio.

El primero se realizó en colaboración con investigadoras e investigadores del Conicet y la Facultad de Ciencias Económicas y Estadísticas de la Universidad Nacional de Rosario. Consistió en la aplicación de una encuesta a una muestra representativa del conjunto de investigadoras e investigadores de las universidades nacionales, los institutos del Conicet y del INTA e INTI con sede en la provincia. Así se obtuvo una base de datos que permite conocer información que revela las desigualdades existentes tanto en las carreras académicas y científicas como en el uso del tiempo dedicado a tareas de cuidado entre mujeres y varones del sistema. Algunos análisis de los datos pueden encontrarse en Andreozzi et al. (2019). Además, la base de datos se encuentra disponible y es de libre acceso.[155]

Cabe destacar que no existen precedentes en el país sobre estudios orientados al conocimiento de estas variables en el sistema científico-tecnológico, a pesar de ser una herramienta imprescindible a la hora de diseñar políticas para el sector.

Por otro lado, se construyó una base de datos de organizaciones feministas y de mujeres en diferentes puestos relacionados con la ciencia y la innovación. A partir de esta base, que permite tener un mapa de las organizaciones feministas y territoriales de mujeres, se llamó a las mesas de relevamiento de demandas y necesidades, que consisten en encuentros con representantes de las distintas organizaciones.

Como resultado de estos encuentros se logró una síntesis de las principales demandas, las cuales fueron incluidas como temas prioritarios en la convocatoria a financiamiento de investigación orientada 2019. Los temas identificados fueron los siguientes:

1. Inclusión laboral y desarrollo económico con las mujeres en Santa Fe: condiciones y calidad de la inserción laboral de las mujeres en Santa Fe en distintos ámbitos. Capacitación e inclusión digital de las mujeres. impacto en la economía del conocimiento. Políticas e iniciativas orientadas a mejorar la inserción de las mujeres. colaboración entre el sector público, privado y la sociedad civil para desarrollar habilidades y oportunidades para las mujeres

2. La salud de las mujeres en Santa Fe: acceso a la salud de las mujeres, salud sexual y reproductiva y su impacto en la vida de las mujeres. La violencia contra las mujeres desde la perspectiva de la salud. Alimentación y desarrollo humano.

3. nvestigaciones científicas con enfoque de género: investigaciones en ciencias sociales, humanidades, STEM (sigla en inglés de science, technology, engineering and mathematics) y ciencias biológicas que incorporen de manera explícita el enfoque de género desde la etapa de diseño de la investigación.

Actividades de cooperación con el

sistema productivo: cambios en los instrumentos

del Ministerio y nuevos instrumentos

La implementación del PEGC implicó la modificación de todas las acciones llevadas a cabo desde el Ministerio. Algunas requirieron adaptaciones, otras significaron cambios sustantivos. Por último, fue necesario poner en marcha nuevos instrumentos y programas.

Una de las primeras acciones que se realizó fue el cambio de denominación de uno de los programas que se venían implementando desde 2017, el Programa Ingenieros, el cual pasó a llamarse Programa Ingeniar Santa Fe. Esta modificación, que puede parecer simplemente simbólica, da cuenta del cambio en la perspectiva hacia una política científica inclusiva cuya esencia se plasmó en el PEGC.

Se desarrolló un nuevo instrumento, Formar para Emprender, una nueva convocatoria de financiamiento, mediante la entrega de aportes no reintegrables, para apoyar la realización de actividades de formación/capacitación que tengan como objetivo principal fomentar la cultura emprendedora y promover la generación de emprendimientos. En 2019 se convocaron especialmente aquellas acciones que estén vinculadas a la promoción de la perspectiva de género en empresas y emprendimientos como estrategia de desarrollo social y económico de la región.

Actividades enfocadas en la incorporación de la perspectiva de género en la investigación

Uno de los ejes centrales del PEGC fue brindar herramientas a las personas que integran el sistema científico-tecnológico que les permitan incorporar en sus propios trabajos el enfoque de género, así como visibilizar y poner en valor las investigaciones que se llevan a cabo desde esta perspectiva.

Con este objetivo, en mayo de 2018 el ministerio organizó un curso de “Análisis de género en la investigación” a cargo de la especialista de la Universidad de Valencia Capitolina Díaz Martínez. Estuvo destinado a docentes, investigadoras, investigadores y personal vinculado al área de investigación de todas las disciplinas y tuvo por objetivo mejorar las competencias en la inclusión de la perspectiva de género tanto en los proyectos, trabajos y estudios de investigación como de potenciales proyectos de investigación, desarrollar competencias para introducir la perspectiva de género en cada una de las fases del proceso investigador, desde la elección del problema a investigar y la selección de la muestra, hasta el análisis de los resultados y su posterior publicación.

Asimismo, en julio de 2019 se llevó a cabo el Primer Congreso Internacional de Género en Ciencia, Tecnología e Innovación, organizado por el Ministerio. Este evento consistió en dos jornadas en las cuales participaron especialistas en la temática de América Latina, Europa y Estados Unidos. El congreso se organizó en cuatro sesiones durante dos días que incluyeron conferencias plenarias, paneles de expertos y presentaciones de pósteres. Los temas de las cuatro sesiones fueron “Avances y desafíos de la igualdad de género en ciencia, tecnología e innovación”, “Políticas, prácticas y procesos institucionales de género”, “Avances en la investigación con enfoque de género” y “La encrucijada de género, conocimiento y desarrollo”. A partir de las presentaciones en el congreso, se publicó un número especial dedicado a ciencia y género en la revista Cuestiones de Género (Hynes, Locher y Donnet, 2020).

Actividades de formación y difusión, como seminarios y congresos científicos

Un eje principal del programa fueron las actividades de formación y difusión. Los ejes temáticos de las actividades de formación y difusión se relacionaron con aspectos propios de la cuestión de género, incluyendo la economía del cuidado y la economía informal precarizada, con aspectos relativos a la intersección del género y los aspectos prioritarios y estratégicos del Ministerio, especialmente las industrias de tecnologías de información y comunicación (TIC) y la bioeconomía.

Las actividades de formación y difusión relacionada con las industrias TIC se focalizaron en la importancia de aprovechar el talento de las mujeres y superar las barreras para avanzar en la digitalización de las empresas, las organizaciones y el gobierno de la provincia. Se realizaron numerosas presentaciones en cafés científicos, en el polo tecnológico, así como en varias ciudades de la provincia. El mensaje apuntaba a generar conciencia sobre las barreras que enfrentan las mujeres en relación con la tecnología como resultado de la socialización a lo largo del tiempo para creer que las máquinas y la tecnología son dominio de los hombres y no de las mujeres y las niñas, hecho que genera un sesgo de género en la elección de carreras y en el acceso y la utilización de las tecnologías de la información. Las presentaciones resaltaron la gravedad de esta situación a la luz de la importancia de estas tecnologías en el futuro y la necesidad de atención urgente que requiere el tema para no aumentar la brecha digital y la brecha de género.

En cuanto al desarrollo de instrumentos, se inició el diseño de instrumentos para apoyar la participación de mujeres en proyectos de desarrollo de software.

Dentro de las herramientas e instrumentos de información y difusión se presentaron actividades artístico-expresivas. Con el objetivo de mostrar la naturaleza estereotipada de muchas suposiciones sobre la mujer en ciencia y tecnología y de visibilizar ejemplos positivos se desarrollaron números teatrales y musicales. Se llevaron adelante la representación de la obra de teatro Christiane sobre la vida de Christiane Dosne de Pasqualini, investigadora científica en medicina experimental en leucemia, nacida en Francia y nacionalizada argentina.

Acciones de apoyo a las mujeres en sus carreras: becas de movilidad y de cuidado

Con el objetivo de contribuir al desarrollo de las carreras de las científicas incrementando su participación, contribución y visibilidad en la producción de conocimientos y tecnologías se creó un programa de becas de movilidad. Este programa apuntó a apoyar la participación de las mujeres en eventos científicos y tecnológicos como conferencias académicas o profesionales, seminarios, talleres o prácticas de formación u otro tipo de actividades, como trabajar con coautores y avanzar en su investigación (pasantía o estancias de investigación).

Las becas otorgaron fondos para contribuir a financiar la movilidad nacional e internacional de mujeres del sistema científico santafesino e incluyeron un componente novedoso: el adicional por tareas de cuidado no remunerado. Este apuntaba a brindar apoyo a las mujeres que tienen hijas o hijos menores que seis años o personas no autónomas a cargo (personas mayores o con discapacidad) y cuya movilidad puede ocasionar gastos extra de cuidado.

Este adicional se fundamenta en el hecho de que, incluso para niveles elevados de educación, se observa una brecha considerable en el tiempo que destinan al trabajo no remunerado (donde las tareas de cuidado son las de mayor incidencia) las mujeres y los varones.

Colaboración

Las actividades se llevaron adelante en forma colaborativa con personas y organizaciones del sistema de investigación, tecnología e innovación. En particular se contemplaron, diseñaron y realizaron actividades en colaboración con el gobierno de la provincia, por ejemplo, los Laboratorios de Innovación Ciudadana de Santa Fe (Santalab), la Subsecretaría de Políticas de Género, el Ministerio de Producción, el Ministerio de Salud, la Secretaría de Estado de Energía, la Subsecretaría de Género, y las áreas de género de municipios y comunas, y con el gobierno de la Nación, como el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y el Instituto Nacional de las Mujeres. Las redes internacionales con las que se colaboró incluyen el proyecto SAGA de la Unesco “Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas y progreso de género”, la Red Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Género (RICTYG), la Red Argentina de Género, Ciencia y Tecnología (RAGCYT), la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT), Gendered Innovations, Horizonte 2020, y en cuanto a las nacionales: Chicas en Tecnología, R-Ladies, Economía Feminista (Feminitas), Wikimedia Argentina, Ecofemini(s)ta.

Discusión: lecciones de inclusión de género en las políticas de ciencia y tecnología de Santa Fe

Los resultados del PEGC incluyeron el avance en una mayor conciencia e interés en el tema de género en el sistema científico-tecnológico. Especialmente, las actividades realizadas difundieron y ejercitaron herramientas y competencias de género en varios ámbitos académicos y empresariales y generaron atención en la necesidad de mejorar la igualdad como un proceso de acreditación en las organizaciones y de los productos de investigación. La experiencia de haber participado en el diseño y la implementación de este programa nos ha permitido identificar los principales resultados y las lecciones que compartimos a continuación.

La primera característica es que la amplia aceptación de las actividades propuestas, la numerosa participación y las devoluciones recibidas de parte de las beneficiarias muestran que contar con un enfoque de género resulta una demanda, aunque no siempre explícita, de las mujeres y las diversidades sexuales que integran el sector científico-tecnológico, y que, por lo tanto, su incorporación marca una diferencia en las formas de hacer ciencia y de transitar las carreras de estos grupos. Por lo tanto, para que los beneficios de esta incorporación lleguen a todas y todos quienes integran el sistema, las iniciativas deben ser sostenidas por el Estado. Es decir, hay una responsabilidad del Estado de garantizar que se aplique una perspectiva de género en el desarrollo y la implementación de políticas en todos los niveles. Dado que “todas las políticas tienen un impacto en la vida de hombres y mujeres de una forma u otra” (Chappell, Brennan y Rubenstein 2012), la novedad del enfoque de género consiste en hacer explícito a quiénes se están beneficiando de las políticas. Es solo a través de un análisis de género de la política que estas diferencias se hacen evidentes, se idean soluciones y, de esta manera, se pueden mejorar las situaciones de desigualdad de género, incrementar las oportunidades y propiciar el avance de las mujeres y de otros grupos sociales que antes no se tenían en cuenta.

Solo de esta forma fue posible lograr que en todos los institutos y las universidades se reconozca el hecho de que la desigualdad de género es un problema para las ciencias. Esto no quiere decir que no existan detractores o personas que no reconocen la importancia de la perspectiva de género, sino que al instalarse el tema desde la concepción de la política científica provincial resulta más difícil negar o menospreciar esta problemática.

Sin embargo, se observó que muchas veces la falta de reconocimiento, el estado de los estudios de género y las innovaciones posteriores obstaculizaron la implementación. Esta depende del compromiso institucional de alto nivel y de la integración de los estudios de género con el apoyo de una unidad central y, fundamentalmente, la competencia en el tema de género. Por ello, un punto central a la hora de llevar adelante una política pública de este tipo es poner en evidencia la problemática a través de datos confiables y robustos que resistan a los intentos de minimización de esta.

En este sentido, la primera lección es que el registro del impacto desagregado de los fondos invertidos del Ministerio por género y por otros grupos relevantes (edad, territorio) es fundamental para asegurar igualdad de acceso y de oportunidades y, por lo tanto, es un criterio importante de evaluación de la política científica y tecnológica (Schiebinger y Schraudner, 2011).

La segundo lección es que la forma en que se aplicó el programa fue transversal, con lo cual la política y el programa de género del Ministerio se enfocaron en la intersección del género y la ciencia para capturar oportunidades con las mujeres y mejorar la igualdad, al tiempo que mejorar la calidad de la ciencia y su relevancia e impacto en el desarrollo de la provincia de Santa Fe. Transversal significa que el compromiso de promover la igualdad de género se tomó como una “cuestión institucional central, general y normal, y no simplemente desde en un lugar marginal y periférico de instrumentos y actividades especializadas para mujeres” (Charlesworth, 2005). En la práctica, esto significó intervenir la mayor cantidad de las actividades y los instrumentos regulares del MINCTIP a la vez que desarrollar las actividades específicas de capacitación, difusión y promoción del enfoque de género.

La tercera lección es que, si bien se requiere de presupuesto para tener una política científica relevante, la incorporación del enfoque de género en la política científica no significa necesariamente que esta sea más costosa en términos monetarios. El PEGC mostró que un buen primer paso para generar medidas con enfoque de género es adaptar las ya existentes mediante la incorporación de esta perspectiva. Este resulta un punto fuerte que hay que destacar ya que permite la replicabilidad de la experiencia al tiempo que la hace resistente a los argumentos que se oponen aludiendo a las limitaciones presupuestarias.

En el caso del PEGC, también se contó con un presupuesto especialmente destinado a su implementación, lo que permitió poner en marcha nuevas herramientas que reforzaron las ya existentes.

La cuarta lección es que se dedicaron recursos capacitados y específicos. La implementación de intervenciones de género en el MINCTIP se basó en la ejecución de capacidades y competencias de género. En este sentido, fueron cruciales para el programa los apoyos de referentes de género en ciencia del país y de otros países y la capacitación de todas las personas involucradas en las actividades en el enfoque de género. La sensibilización acerca de la desigualdad y el sesgo por razón género y la formación acerca de cómo abordar esta cuestión en un ministerio fue fundamental para asegurar que el PEGC sea factible de llevar a la práctica.

Conclusión y cómo continuar

La implementación del PEGC muestra un ejemplo de adopción de medidas positivas para poner en evidencia instituciones y estructuras que favorecen y mantienen la desigualdad y acciones para lograr un cambio y una transformación para avanzar en la igualdad de derechos y oportunidades.

Actualmente, se reconoce cada vez más la importancia de la igualdad y diversidad en todos los campos de acción para mejorar la formulación de problemas y generar nuevas soluciones. Esto significa que es un buen momento para aumentar y mejorar la incorporación del enfoque de género dentro de los contextos sociales, económicos y ambientales específicos.

Esta necesidad es mayor en el caso de las políticas públicas que tienen que velar por los intereses y el bienestar de las personas y grupos más vulnerables. El riesgo de no hacerlo es que las políticas no solo no beneficiarán a las mujeres y otros grupos sistemáticamente en desventaja, sino que también se perderán oportunidades de cambio, innovación y crecimiento.

Particularmente, en el caso de la ciencia y la tecnología la experiencia del Ministerio como caso pionero en implementar una perspectiva de género es útil para aprender y avanzar en estas iniciativas en todo tipo de organizaciones.

En un mundo donde la ciencia, la tecnología y la innovación son cada vez más relevantes para el empleo y el desarrollo, la inclusión del género es fundamental para reducir la brecha. A medida que se plantean discusiones sobre ciencia cada vez más complejas, donde aparecen diversos actores en la escena, donde las universidades deben renovar su rol como acreditadoras de conocimiento y vincularse más y mejor con los organismos y las empresas para producir conocimiento, donde la inteligencia artificial acentúa las desigualdades, el Estado y la política pública son fundamentales para desplegar el potencial de las mujeres, la diversidad y la igualdad para mejorar responder a estos desafíos.

Igualmente, la evidencia reciente de la pandemia de COVID-19 ha resaltado cómo circunstancias extremas refuerzan ciertos atributos y roles que afectan en forma diferencial a mujeres, hombres y grupos sociales de razas, nacionalidad, y edad, entre otros, reforzando la necesidad de tener en cuenta estas diferencias en la formulación de políticas.

Para el futuro y considerando que, además de las mujeres, el enfoque de género contempla todas las formas de exclusión en función de raza, edad, capacidad, orientación sexual, es importante incluir otros grupos y colectivos, como personas con discapacidad, comunidades originarias e inmigrantes. También se necesita avanzar hacia la evaluación de los resultados y el impacto en términos de mejor ciencia y desarrollo económico y social. Con el tiempo, tarde o temprano, las mejores políticas deben verificarse en mejores resultados e impactos. Esto requiere un seguimiento de largo plazo y resalta la importancia de un sistema de evaluación de las políticas para poder validarlas y ajustarlas.

Bibliografía

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Charlesworth, H. (2005), “Not waving but drowning: Gender mainstreaming and human rights in the United Nations”, Harvard Human Rights Law Journal, Nº 18. https://openresearch-repository.anu.edu.au/handle/1885/80561

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Schiebinger, L. (ed.) (2008), Gendered Innovations in Science and Engineering, Stanford University Press.

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Saludos

Familia Rico

Me resulta complicado, raro, lejano, impersonal, hablar o conceptualizar a mi queridísima hermana. Todas y todos deben saber claramente quién es esa linda mujer que es Nieves; sabiendo claramente que no es una simple intelectual, elemento que a mí personalmente me es totalmente secundario. Estoy segurísimo de que, si fuera por eso, me sobrarían unas felicitaciones, un beso y un abrazo. Nieves es la niña que nos devolvía golpe a golpe a mi hermano y a mí cada agresión juvenil. Nieves es la que se enfrentó en el colegio secundario con sus directivos por defender a militantes de la UES.[156] Nieves es la madrina de mi hijo Francisco. Nieves es la que ganó la beca Reina Sofía para ir a España, beca con un nombre nefasto, y convivir un año juntos en Madrid. Nieves es la que, siendo muy pequeña, tuvo que bancarse a la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina), cuando me vinieron a buscar. Nieves es la que me bancó con guita muchos años en épocas de malaria. Nieves es la que amo, y quien ama y amará a Ignacio y Francisco. Nieves es la que me banca despotricar duramente con los organismos internacionales. Nieves es de quien siempre tengo palabras de apoyo. Nieves es la que siempre se acuerda de los cumples o fiestas de guardar. Nieves es la que le dolió muchísimo la lejanía con sus viejos. Nieves estaba siempre aunque no estuviera. Nieves es muy amiga de sus amigas. Nieves formó su familia núcleo con Sergio y Seba. Nieves es feminista y lo poco que soy se lo debo a ella. Nieves vive en su otra patria y me desvela pensar cómo puede estar en las dos. Nieves es dura, humana, cálida, solidaria. Nieves tiene un corazón de oro. Nieves me cuenta mi historia, parte de la cual yo no recuerdo. Nieves es un libro gordo de Petete de la vida. Nieves es una gran mujer, no sé si por esto, debe ser por lo que no sé. Besos, hermanita de mi corazón y mi alma.

Gerardo Rico

Querida Nieves:

Siempre me dijiste que era tu ahijado preferido, ¡y la verdad es que soy tu único ahijado! Si hubiera otros quizá no fuera el preferido, esto es lógico. Pero esta afectuosa broma tiene algo de verdadero, y es que siempre me sentí muy querido por vos y querido de una manera singular.

Por mi parte yo también tengo un cariño particular hacia vos y no solo por el hecho de que seas mi madrina sino también porque, además de que te quiero por lo que sos, siempre has estado de algún modo al lado mío y ayudándome.

Francisco Rico

Y me sumo a los saludos, querida Nieves.

Ignacio Rico

Querida hermana, cuñada, tía:

Desde Rosario la familia Rico Streiger se enorgullece de tu brillante trayectoria y emociona y festeja la oportuna idea que tuvieron tus colegas y amigas.

Un merecido reconocimiento, valioso broche y también felicidad.

Vivimos tantas cosas… tu Rosario, tu carrera, la dictadura, becas, España, Sergio, tu casamiento, Chile, la Cepal, tu gran deseo de ser madre, Sebastián, tus libros, publicaciones, viajes…

Y siempre, siempre la presencia de tus padres y de todos nosotros.

Un fuerte abrazo, contá con nosotros.

Guillermo, Judit, Valeria, Leonardo y… Julia

Lo personal: en tierras hondureñas

Alicia Maguid

A Nieves la conocí en Honduras en 1992. Yo estaba coordinando un proyecto de la Organización Internacional de Migraciones (OIM) y el Centro Latinoamericano de Demografía (Celade) para crear un sistema estadístico de información sobre poblaciones desplazadas y mi pareja trabajaba en el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

Nieves llegó contratada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para trabajar en un proyecto de desarrollo humano en Centroamérica, que coordinaba Enrique Neuhauser.[157] Enrique y Nieves se contactaron con Unicef y así nos conocimos.

En poco tiempo nos hicimos amigas y compartimos encuentros familiares en mi casa y algún viaje a la playa, que en Honduras son maravillosas.

En ese entonces se veía mucha pobreza y ejército en las calles. Había que moverse en auto porque era peligroso andar caminando. Las casas de los ricos tenían guardias armados y hasta la gente común andaba armada. Así que, cuando venía a casa, después la llevábamos al hotel donde paraba, que estaba a unas pocas cuadras, en Colonia Palmira.

En ese clima la amistad nos fortalecía y tratábamos de crear un espacio común para sobrellevar semejante escenario. Recuerdo el afecto que tenía para con mis hijos y tantos momentos compartidos en esas tierras.

Después, continuamos nuestra amistad y muchas de las veces que fui a Santiago paré en su casa, donde su marido e hijo me hicieron sentir como una integrante más de la familia.

Cada vez que venía a Buenos Aires nos encontrábamos y disfrutábamos de salidas al teatro y nos contábamos nuestras andanzas.

La amistad profunda que todavía nos une es una luz que ilumina y fortalece nuestro mutuo afecto, que estoy segura continuará rejuveneciendo nuestras vidas.

Anexo

Estudios y producción bibliográfica de María Nieves Rico[158]

En este anexo se presentan, sin pretensiones de exhaustividad, las contribuciones de María Nieves Rico, organizadas por áreas de conocimiento, en los que Nieves fue autora, coautora o coordinadora de documentos de proyecto e institucionales.

El objetivo no ha sido reproducir un repositorio bibliográfico sino presentar las contribuciones más relevantes de modo de invitar a su lectura. No hemos podido incorporar aquí un volumen importante de estudios, proyectos, documentos y libros que se elaboraron bajo su supervisión y donde sus aportes fueron centrales para la realización de esos trabajos, que han significado un aporte relevante el campo del desarrollo y la inclusión de América Latina. Este trabajo “invisible” fue recogido en la investigación “The invisible authors: Women at Cepal, 1948-2017”, de Rebeca Gomez Betancourt y Camila Orozco Espinel, publicado en

The Routledge Handbook of the History of Women’s Economic Thought, editado por Kirsten Madden y Robert W. Dimand en septiembre de 2018.[159]

En dicha investigación, María Nieves Rico aparece como la cuarta mujer dentro de la Cepal con mayor cantidad de publicaciones en el período analizado. Desarrolla, además, algunas conclusiones interesantes respecto de los espacios que ocupan las mujeres en organizaciones como las del sistema de las Naciones Unidas.

Por último, pero no de menor relevancia, buscamos destacar el papel que Nieves tuvo en las conferencias regionales de la mujer de América Latina y el Caribe en toda la construcción de este espacio político y de consenso regional para la Agenda de Género. Allí destacamos especialmente la Conferencia de Montevideo que desde el inicio al fin tiene su impronta, particularmente en el acuerdo que se tradujo en la Estrategia de Montevideo.[160]

Cuidados[161]

Rico, María Nieves (2004), “Fecundidad y trabajo femenino”, en La fecundidad en América Latina: ¿transición o revolución?, Santiago de Chile, Cepal, pp. 473-486, LC/L.2097-P. http://hdl.handle.net/11362/6753

– (2011), “Crisis del cuidado y políticas públicas: el momento es ahora”, en Las familias latinoamericanas interrogadas: hacia la articulación del diagnóstico, la legislación y las políticas, Santiago de Chile, Cepal, pp. 107-122, LC/L.3296-P. http://hdl.handle.net/11362/6982

– (2011), El desafío de un sistema nacional de cuidados para el Uruguay, Santiago de Chile, Cepal.

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– (2017), “¿Cómo vivimos la ciudad? Hacia un nuevo paradigma urbano para la igualdad de género”, en ¿Quién cuida en la ciudad? Aportes para políticas urbanas de igualdad, Santiago de Chile, Cepal, LC/PUB.2017/23, pp. 41-70. https://www.cepal.org/es/publicaciones/42424

– (2017), “Hacia ciudades cuidadoras”, en ¿Quién cuida en la ciudad?: aportes para políticas urbanas de igualdad, Santiago de Chile, Cepal, LC/PUB.2017/23, pp. 459-470. https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/42424/6/S1700617_es.pdf

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Desarrollo social

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Cepal y Unicef (varios años), Desafíos. Boletín de la infancia y adolescencia sobre el avance de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. (María Nieves Rico dirigió esta publicación desde 2009 hasta 2015.)

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Educación

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Empleo

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Transversalidad de género

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Medio ambiente

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Pobreza multidimensional

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Seguridad y protección social

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Cecchini, Simone y María Nieves Rico (2015), “El enfoque de derechos en la protección social”, en Instrumentos de protección social: caminos latinoamericanos hacia la universalización, Santiago de Chile, Cepal, LC/G.2644-P, pp. 331-365. http://hdl.handle.net/11362/39676

Rossel, Cecilia, María Nieves Rico y Fernando Filgueira (2015), “Primera infancia e infancia”, en Instrumentos de protección social: caminos latinoamericanos hacia la universalización, Santiago de Chile, Cepal, LC/G.2644-P, pp. 85-125. http://hdl.handle.net/11362/39672

Violencia contra las mujeres

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Alméras, Diane, Rosa, Bravo, Vivian Milosavljevic, Sonia Montaño y María Nieves Rico (2002), “Violencia contra la mujer en relación de pareja: América Latina y el Caribe, una propuesta para medir su magnitud y evolución”, en Proyecto Interagencial Uso de Indicadores de Género para la Formulación de Políticas Públicas, Santiago de Chile, pp. 1-53. https://es.slideshare.net/karlyeliana/violencia-contra-la-mujer-en-relacion-de-pareja

Reconocimientos

Entre otras reconocimientos a su trabajo y contribuciones, en 2017 Nieves obtuvo el premio a la Cooperación Internacional en Ciencia, Tecnología e Innovación “Raíces” del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Argentina. El premio, de alto prestigio, está destinado a investigadores argentinos residentes en el exterior que hayan promovido la vinculación fortaleciendo las capacidades científicas y tecnológicas del país. En el caso de Nieves fue la única seleccionada del campo de las ciencias sociales y de los estudios de desarrollo. Fueron solo dos mujeres las premiadas, Nieves fue una de ellas.[162]

Sobre las autoras y los autores

Víctor Abramovich. Abogado por la Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina. Profesor regular de la UBA y de la Universidad Nacional de Lanús (UNLA) de la Argentina, y de la Escuela de Derecho de Washington de la American University. Fue miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH) y secretario ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas de Derechos Humanos del Mercosur (IPPDH). Actualmente es procurador fiscal ante la Corte Suprema de Justicia. Ha escrito libros y artículos sobre derechos sociales y enfoque de derechos de políticas públicas.

Elaine Acosta González. Socióloga por la Universidad de La Habana, Cuba, y doctora en Estudios Internacionales e Interculturales por la Universidad de Deusto, Bilbao, España. Es investigadora asociada al Cuban Research Institute en Florida International University (Miami) y dirige el Programa Interdisciplinario de Investigación sobre Cuidados, Familia y Bienestar (CUIFABI). Sus áreas de investigación son el trabajo de cuidado, el envejecimiento, las migraciones internacionales y las políticas de bienestar en América Latina.

Ligia Alvarenga. Economista graduada de la Universidad José Simeón Cañas, El Salvador, con maestría y posgrado en economía agrícola y agronegocios, la primera en el Colegio de Postgraduados de México, y el segundo en la Universidad de Santa Clara, California, Estados Unidos. Se desempeñó como directora de país, gerente regional de programas, directora regional, subdirectora ejecutiva en organizaciones como Care, Oxfam Gran Bretaña, Oxfam México, Oxfam Internacional. Es vicepresidenta adjunta para la región de Latinoamérica y el Caribe en Living Water International. Miembro del board de Greenpeace México. Experta en consultorías de desarrollo organizacional y salvaguarda en América Latina, el Caribe y África.

Diane Alméras. Magíster en literatura francesa por la Universidad de Quebec, Canadá. Fue periodista y crítica literaria antes de empezar a trabajar en las Naciones Unidas en 1982. Después de ocho años en la sede de Nueva York, llegó a la Cepal (Chile) como Oficial de Asuntos Sociales, donde trabajó principalmente temas de género y derechos de las personas con discapacidad. Hoy se dedica a la escritura y al activismo. Es autora de la novela El intento (2019).

Verónica Aranda Friz. Investigadora posdoctoral de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina; doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, disertante de la Universidad Complutense de Madrid, España. Magíster en Sociología y Diplomada en Estudios de Género, Cultura y Sociedad. Socióloga. Especialista en estudios de género y políticas públicas. Académica e investigadora, Universidad de Chile.

Jaschele Burijovich. Psicóloga y magíster en administración pública por la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Argentina. Vicedecana de la Facultad de Ciencias Sociales (UNC). Docente investigadora IIFAP-FCS-UNC. Exjefa de sección Investigación Sanitaria y Epidemiológica del Hospital Neuropsiquiátrico, Ministerio de Salud Provincia de Córdoba. Excoordinadora del Observatorio de Derechos Humanos de la UNC. Exrepresentante de la UNC en la Comisión Provincial de la Memoria de Córdoba.

Dora Barrancos. Licenciada en Sociología por la Universiad de Buenos Aires, Argentina; magíster en Educación por la Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil, y doctora en Historia por la Universidad de Campinas, Brasil. Es profesora consulta de la UBA, investigadora principal del Conicet y directora de este organismo entre 2010-2019. Sus áreas de investigación son la historia de las mujeres, las relaciones de género y las sexualidades disidentes.

Pía Barros. Tallerista, escritora, feminista. Directora de Editorial Asterión, de talleres literarios Ergo Sum y del proyecto “¡Basta! + 100 mujeres contra la violencia de género”. Tiene once libros publicados. Lee y escribe y a veces, hasta comprende lo que lee.

Jésica Beltrame. Abogada por la Universidad Nacional del Litoral, Argentina; diplomada y especialista en derecho constitucional, género y derechos humanos. Asesora legal y técnica, MINCTIP, y Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe.

Cristina Bloj. Licenciada en Antropología Social por la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Argentina, y magíster en Cooperación Internacional para el Desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid, España. Doctora por la Universidad Complutense de Madrid-Programa América Latina Contemporánea. Profesora e investigadora (UNR), grado y posgrado. Profesora en la Maestría en Género, Sociedad y Políticas (PRIGEPP-Flacso, Buenos Aires). Consultora internacional.

Susana Chiarotti Boero. Abogada feminista por la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Argentina. Directora del Instituto de Género, Derecho y Desarrollo (INSGENAR) de Rosario. Integra el Consejo Consultivo del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem). Docente de la Maestría “El poder y la sociedad desde la problemática del género” de la UNR y del Diplomado sobre Género y Justicia de Flacso. Integra el Comité de Expertas en Violencia contra la Mujer de la OEA, del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (Mesecvi).

Leticia Chirinos. Magíster en Periodismo por la Universidad Torcuato Di Tella, Argentina, y licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad del Salvador, Argentina. Se desempeña en el área de comunicación y prensa en la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe y en el MINCTIP.

Lieve Daeren. Nació en Gent, Bélgica, donde estudió el Máster en Religión y el predoctorado en Antropología Social y Cultural en la Universidad Católica de Lovaina. Posgrado de Psicoterapia Gestalt por el Cenetro de Psicoterapia Gestalt de Santiago de Chile. En América Latina, trabajó como experta en género, empleo y desarrollo con la Oficina Internacional del Trabajo (OIT-oficina para América Central y el Cono Sur) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL- con sede en Santiago de Chile). Fue representante en el Perú del Fondo de Cooperación del Desarrollo, además de coordinadora temática del programa “Seguridad social en salud” a nivel andino. Actualmente, trabaja nuevamente en políticas de acogida, integración cívica y convivencia social para personas migrantes.

Daniela de los Santos. Socióloga por la Universidad Católica del Uruguay. Se desempeña como investigadora del Área de Desarrollo y Género del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo-Uruguay (Ciedur) y como consultora en el equipo regional de género del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Es docente a nivel de grado en la Universidad Católica del Uruguay.

Laura Donnet. Doctora en Economía Agrícola por Michigan State University. Investigadora independiente, asesora en cadenas de valor de agroalimentos y bioeconomía y desarrollo sostenible, MINCTIP, y Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe.

María-Ángeles Durán. Doctora en Ciencias Políticas, licenciada en Ciencias Políticas y Económicas (sección Políticas) y con estudios complementarios en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, España. Ha sido catedrática de Sociología en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Zaragoza y encargada de cátedra en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma de Madrid. Profesora de investigación en el CSIC (España), ha dirigido el Departamento de Análisis Socioeconómicos y ha sido pionera con su aporte al análisis del trabajo no remunerado y la situación socioeconómica de las mujeres con gran impacto en América Latina. Imparte cursos de posgrado y es consultora de varias entidades internacionales. En 2002 recibió el Premio Nacional de Investigación para las Ciencias Sociales, Económicas y Jurídicas Pascual Madoz y posteriormente el Doctorado Honoris Causa por las universidades de Valencia, Autónoma de Madrid y Granada, entre otras.

Alma Espino. Economista feminista por la Universidad Nacional Autónoma de México. Docente libre del Instituto de Economía de la Universidad de la República, Uruguay. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores-Uruguay. Coordina el Área de Desarrollo y Género en el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo, Uruguay (Ciedur), de la Directiva de la Asociación Internacional para Economía Feminista (IAFFE) y del Grupo Asesor de la Sociedad Civil para América Latina y el Caribe de ONU-Mujeres. Sus principales campos de investigación son mercado laboral y género. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores-Uruguay.

Silvia Gascón. Profesora de Psicología y magíster en Gestión de Servicios de Bienestar Social y Servicios Sociales, Universidad de Alcalá, España. Directora del Centro de Envejecimiento Activo y Longevidad de la Universidad Isalud, en Buenos Aires. Embajadora global de HelpAge International, de cuyo board fue miembro durante diez años. Profesora invitada de universidades argentinas y extranjeras. Consultora de gobiernos de la región y de universidades nacionales y extranjeras en temas de atención a la dependencia, ciudades amigables y envejecimiento activo y saludable.

Natalia Gherardi. Abogada por la Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina, y magíster en Derecho (L.L.M.) de la London School of Economics and Political Science, Inglaterra. Es directora ejecutiva de ELA (Equipo Latinoamericano de Justicia y Género). Docente de la UBA, de la Universidad Nacional de Lanús y de la Universidad Nacional de La Plata. Entre los temas de su especialidad se incluyen acceso a la justicia; trabajo y políticas de cuidado, derechos sexuales y reproductivos, y distintas manifestaciones de las violencias contra las mujeres.

Sebastián González Rico. Psicólogo. Hijo de Nieves Rico.

Sergio González R. Psicólogo social y antropólogo. Doctor en Psicología. Profesor titular de la Universidad de Santiago de Chile. Marido de Nieves.

Herminia Gonzálvez Torralbo. Académica e investigadora, Instituto de Investigación y Posgrado, Facultad de Derecho y Humanidades, Universidad Central de Chile. Doctora en Antropología Social y Diversidad Cultural por la Universidad de Granada, España. Magíster en Migración, Refugio y Relaciones Intercomunitarias por la Universidad Autónoma de Madrid. Antropóloga social y cultural por la Universidad Miguel Hernández. Trabajadora social por la Universidad de Alicante. Sus principales temas de investigación son desigualdades de género y parentesco a la luz del fenómeno migratorio; cuidados y familia transnacional y organización social y moral de los cuidados en el proceso de envejecer: Entre sus libros más recientes se destaca la coedición junto con Claudia Calquín de Epistemologías feministas desde el Sur: aportes, tensiones y perspectivas (2018).

Erica Hynes. Doctora en Química, feminista y política argentina, diputada provincial de Santa Fe por el Frente Progresista Cívico y Social, investigadora independiente del Conicet especialista en tecnología de alimentos. Entre 2017 y 2019 fue ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de Santa Fe (MINCTIP).

Marta Lamas. Doctora en Antropología e investigadora titular tiempo completo de la Universidad Nacional Autónoma de México. En 1971 se sumó al movimiento feminista, y a partir de entonces creó varios proyectos feministas, entre los que destacan la revista Debate feminista (1990), GIRE (1992) y el Instituto Simone de Beauvoir (1998). Tiene ocho libros como autora y cinco como compiladora, además de más de 150 ensayos publicados.

Silvia Levín. Doctora en Ciencias Sociales por Flacso Argentina. Profesora e investigadora de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Coordinadora general del Equipo de Evaluación en Políticas Sociales y Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe. Su campo de trabajo académico, de producción, de investigación y de publicaciones es el de las políticas sociales, género y derechos humanos en la Argentina.

Valentina Locher. Doctora en Economía Rural, Université Toulouse II-Jean Jaurès, Francia. Docente-investigadora del Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales (Conicet/Universidad Nacional del Litoral, Argentina) y de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos, Argentina.

Diana Maffía. Doctora en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina; docente de Filosofía Feminista en la carrera de Filosofía, Facultad de Filosofía y Letras (UBA), investigadora del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género (UBA), directora del Programa de Actualización en Género y Derecho, posgrado de la Facultad de Derecho (UBA). Desde 2012, dirige el Observatorio de Género en la Justicia del Consejo de la Magistratura de la ciudad de Buenos Aires.

Alicia Maguid. Licenciada en Sociología por la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Especialista en Demografía, posgrado, curso bianual del Centro Latinoamericano de Demografía, ONU Costa Rica. Diplôme d’Études Approfondies (DEA), Universidad de la Sorbonne Nouvelle, Francia. Investigadora principal jubilada del Conicet. Especialista en migraciones internacionales, migración y empleo, migración y pobreza, migración y familia.

Luciana Manelli. Ingeniera ambiental por la Universidad Nacional del Litoral, Argentina, y tesista de la Maestría en Salud Ambiental. Docente universitaria. Actualmente se desempeña como coordinadora de Evaluación Ambiental en la Secretaría de Ambiente de la Municipalidad de Santa Fe.

Flavia Marco Navarro. Abogada por la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia (UPSA), magíster en derecho económico, diplomada en estudios de género. Se desempeña como investigadora del Centro para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible (Bolivia) y consultora de organismos internacionales en las áreas de seguridad social, empleo, cuidado e institucionalidad de género, temas sobre los que tiene artículos y libros publicados. Es feminista y amiga de Nieves.

Juliana Martínez Franzoni. PhD y MA, Universidad de Pittsburgh, Estados Unidos Licenciatura, Universidad de la República, Uruguay. Investigadora de la Universidad de Costa Rica. Se especializa en el análisis comparado de la política social, incluyendo las políticas de cuidados, en América Latina. Es editora de la revista Social Politics e integra varias redes académicas como PolSoc.org, Red de Análisis de la Política Social y la Red Global sobre el Trabajo de Cuidados (Carework Network).

Francisca Miranda. Doctora en Antropología social y etnología por la EHESS, Francia; experta en género, técnica senior, Programa de la Unión Europea, EUROsociAL+, área género.

Carolina Muñoz Rojas. Administradora pública y licenciada en Gobierno y Gestión Pública, Universidad de Chile. Diplomada en estudios de género con especialización en planificación y políticas públicas de la Universidad de Chile. Diplomada en docencia universitaria basada en competencias y en evaluación de logros de aprendizaje. Docente de pre y posgrado de la Universidad de Chile, actualmente se desempeña además en la Dirección de Igualdad de Género de la misma universidad. Sus líneas principales de trabajo e investigación son las políticas públicas para la igualdad de género, la autonomía económica de las mujeres, las estrategias de formación y la capacitación para la igualdad de género.

Laura Pautassi. Abogada por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, y doctora en Derecho Social por la Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina. Investigadora principal del Conicet y del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales A. Gioja, Facultad de Derecho (UBA). Directora del Grupo Interdisciplinario Derechos Sociales y Políticas Públicas y del Programa Género y Derecho, Facultad de Derecho (UBA). Socia fundadora del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA). Es feminista y amiga de Nieves.

Enrique Peláez. Doctor en Demografía por la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Argentina. Magíster en Demografía (UNC). Investigador principal de CIECS-Conicet. Director alterno del doctorado en Demografía y profesor asociado de la Facultad de Ciencias Económicas (UNC). Coordinador del Programa de Investigaciones Sociedad y Personas Mayores CIECS-Conicet. Ha sido presidente de la Asociación Latinoamericana de Población (ALAP), asesor regional de población y desarrollo del Fondo de Población de Naciones Unidas, funcionario de Celade/Cepal y director de la Maestría en Demografía de la UNC.

María del Rosario Peláez. Estudiante del último año de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Argentina. Fue asistente de investigación en proyecto “Desafíos del envejecimiento poblacional para las políticas públicas”, Facultad de Ciencias Económicas de la UNC. Mención cuadro de honor de la Facultad de Derecho (UNC). Premio mérito académico Santander 2018. Asistente de Investigación en proyecto “Línea de base para los indicadores del plan de acción para la igualdad de género (GAP) Unicef-Conicet 2017. Ayudante alumna de la materia Derecho Privado II en la Facultad de Derecho (UNC).

Marita Perceval. Epistemologa feminista por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, Argentina. Activista de derechos humanos de las mujeres y derechos de niños, niñas y adolescentes. Experta en geopolítica y seguridad internacional. Senadora nacional (2001-2009): presidenta de la Comisión de Defensa, creadora de la Banca de las Mujeres, presidenta del Grupo Interamericano de Población y Desarrollo, presidenta del Consejo de Parlamentarios por la Acción Global para la Corte Penal Internacional. Subsecretaria de Promoción de Derechos Humanos (2010-2012). Embajadora argentina ante las Naciones Unidas (2012-2015): miembra del Consejo de Seguridad, vicepresidenta de la Asamblea General y vicepresidenta del Ecosoc. Directora regional de Unicef para América Latina y el Caribe (2016-2019). Miembra de la Internacional Progresista (2020).

Francisco Rico. Estudiante de Filosofía. Sobrino y ahijado de Nieves.

Gerardo Rico. Dirigente político. Hermano de Nieves.

Guillerno Rico. Ingeniero civil. Hermano mayor de Nieves.

Ignacio Rico. Función pública. Sobrino de Nieves.

Julia Rico. Sobrina nieta de Nieves.

Leonardo Rico. Doctor en Física y docente. Sobrino de Nieves.

Valeria Rico. Actriz y docente. Sobrina de Nieves.

Judit Streiger. Ingeniera civil. Cuñada de Nieves.

Marcela Ruyu. Maestra jardinera. Enfermera diplomada.

Mario Rovere. Médico sanitarista con residencia en Salud Internacional. Ha sido director de Planificación de la ciudad de Buenos Aires, consultor regional de desarrollo de recursos humanos de la OPS/OMS, decano organizador del Departamento de Salud de la Universidad Nacional de La Matanza, secretario de Políticas Sociales de la Nación, director de las maestrías de Salud Pública de la UBA y de la UNR/Instituto Lazarte, y viceministro de Salud de la Nación. Director de la Escuela de Gobierno en Salud Floreal Ferrara, Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.

Olga Segovia Marín. Arquitecta por la Universidad de Chile. Investigadora de SUR-Corporación de Estudios Sociales y Educación. Integrante de la Red Mujer y Hábitat de América Latina y de la Red Mujeres por la Ciudad de Chile.

Miguel Ángel Sevilla Mayol. Especialista en temas de género, diversidad y comunicación. Magíster en Investigación Social Comparativa (Higher School of Economics, Moscú) y en Comunicación y Periodismo Digital (Universitat Autònoma de Barcelona). Licenciado en Sociología (Universitat de València), Diplomado en Desarrollo Local (Universidad de Alcalá de Henares).

Silke Staab. Doctora en Ciencias Políticas por la Universidad de Manchester, Inglaterra. Trabaja en el Equipo de Investigación y Datos de ONU Mujeres en Nueva York. Es coautora de informes de la organización, como Progreso de las mujeres en el mundo (2015) y Progreso de las mujeres en América Latina y el Caribe (2017). Antes de unirse a ONU Mujeres, trabajó como investigadora en el Instituto de Investigaciones de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social (UNRISD) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Tania Ulloa Cuadra. Traductora e intérprete simultánea en alemán. Escritora, cuentista y artesana. Madre de dos hijas y un hijo, sus pasiones son la bicicleta y la cocina, en la que define su estilo como de “neocampesina”.

[1] En este breve artículo se presentan en un formato más ligero algunas ideas ya anticipadas y expuestas con mucha extensión en otras publicaciones de la autora. Principalmente, en La imposible neutralidad de la ciencia (Universidad Popular de Valencia, 2018), “Las relaciones entre economía y feminismo” (Actas de la XXI Jornada del IUEM, Ediciones Universidad Autónoma de Madrid, 2017) y Liberación y utopía: la mujer ante la ciencia (Akal, 1982). Todas son accesibles directamente a través de la web Digital.CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España.

[2] Ver especialmente Offen (2015).

[3] En ocasiones la proporción varía a 49/51, 48/52, 47/53 o alguna otra.

[4] El documento Las mujeres y el cambio estructural incluye un párrafo sobre la toma de decisiones que se convierte en la punta de lanza de la campaña por la paridad: “Las decisiones que determinan los grandes ejes de las políticas sufren las consecuencias de la no contribución de las mujeres. Estas decisiones se toman en instancias y grupos de predominio masculino y tienden a reflejar los valores, los puntos de vista y la experiencia personal de los autores. Si las mujeres participaran más en la toma de decisiones colectivas, probablemente las políticas de ajuste estructural responderían mejor a su situación y a la diversidad creciente de modos de vida y modalidades de empleo. Para crear un ambiente más propicio a la participación y a las iniciativas de las mujeres hay que combatir los obstáculos estructurales que actualmente se les oponen. Esto implica medidas de acción positiva para dar a las mujeres un poder de decisión y mejorar su eficacia política; también hay que tornar más transparente y más accesible el proceso de decisión” (OCDE, 1991: 45).

[5] Scott, una historiadora estadunidense que desarrolla sus investigaciones en Francia, servirá de puente entre el pensamiento feminista francés y el estadounidense. Su libro sobre el proceso de la lucha por la paridad conjuga investigación histórica y análisis político, fue publicado en 2005 y traducido por el FCE en 2012 (Scott, 2012).

[6] Aunque existen personas intersexuadas, estas se suelen ubicar en una de las dos categorías, y el reclamo por ser reconocidas con otra categoría es muy reciente (Alcántara, 2013). El caso de las personas trans es distinto, pues algunas luchan por ser incluidas en el binarismo normativo, mientras que otras lo trascienden.

[7] Esta distinción ya aparece en el reclamo de las mujeres indígenas y de color acerca de que las mujeres blancas no las representan, y que deben ser mujeres indígenas y de color las que lleguen a los espacios de toma de decisión.

[8] Scott (2012) explica muy bien la división interna que se dio, por cuestiones de conceptualización política, entre las feministas francesas, en especial la brecha entre las posturas de Françoise Gaspard y Sylviane Agacinski.

[9] Con relación al término género hay una confusión, pues existen tres homónimos, que significan cosas distintas: uno es el concepto taxonómico clásico, que se refiere a clase, tipo o especie; el otro es la traducción de gender en inglés y se refiere al sexo, y un tercero nombra el proceso de simbolización de la diferencia sexual (Lamas, 2016).

[10] Los rituales y los mitos de todas las sociedades elaboran sus culturas a partir del dato fundante de la sexuación, y ese hecho humano esencial –la sexuación– es simbolizado y reelaborado colectivamente en la mitología, la religión, el derecho, las reglas matrimoniales, los intercambios económicos, el arte, etc., produciendo así el género (Godelier, 1986; Héritier, 1996; Bourdieu, 2000).

[11] En América Latina, las mujeres políticas cuentan con empleadas del hogar para las labores domésticas.

[12] Y en ese tema, el de la paridad en los cuidados, es central reivindicar el derecho a ser cuidades cuando lo necesitemos, y aceptar la obligación de cuidar (Kershaw, 2006).

[13] El artículo original fue publicado en la Revista Centroamericana de Economía, año I, Nº 46-47, 1996. Esta es una versión actualizada para la ocasión.

[14] https://digitaal.scp.nl/ssn2018/betaald-werk-en-zorgtaken/

[15] La RICTYG es una red cuyo punto focal en la Argentina es Patricia Laura Gómez, de la RAGCYT.

[16] Para una versión más completa de este tema, puede verse Maffía et al. (2005).

[17] “Empresas dan ejemplo implementando prácticas en búsqueda de igualdad”, La República, 8 de marzo. https://www.larepublica.net/noticia/empresas-dan-ejemplo-implementando-practicas-en-busqueda-de-igualdad

18 Ver también “Aumentaron los accidentes en el hogar desde que comenzó la pandemia del COVID-19 en Chile”, 5 de mayo. https://www.cnnchile.com/pais/aumentan-accidentes-hogar-pandemia-covid19_20200505/

[19] Estimación propia basada en CEPALSTAT, https://estadisticas.cepal.org/cepalstat/Portada.html.

[20] “Maternidad, trabajo doméstico y teletrabajo: la triple jornada laboral de miles de mujeres en la pandemia”, 2 de mayo. https://radio.uchile.cl/2020/05/02/maternidad-trabajo-domestico-y-teletrabajo-la-triple-jornada-laboral-de-miles-de-mujeres-en-la-pandemia/

[21] “Red Pro Cuidados manifestó su preocupación por el anuncio de la quita de recursos al sistema de cuidados”, 20 de abril. https://ladiaria.com.uy/articulo/2020/4/red-pro-cuidados-manifesto-su-preocupacion-por-el-anuncio-de-la-quita-de-recursos-al-sistema-de-cuidados/

[22] “Coronavirus y América Latina: cómo la crisis está provocando una histórica caída de las remesas de las que dependen millones de hogares (y qué pueden hacer los gobiernos para ayudar)”, 15 de mayo. https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-52653775

[23] “Child care has become scarce – just when front-line medical workers need it the most”, Vox, 16 de abril de 2020. https://www.vox.com/2020/4/16/21216339/childcare-health-care-medical-workers-coronavirus

[24] “COVID-19 Lockdown: Guidelines are not enough to ensure pregnant women receive care”, The Wire, 20 de mayo de 2020. https://thewire.in/women/covid-19-lockdown-pregnant-women-childbirth

[25] “Ministra del Inamu pide visibilizar la labor de las mujeres durante la emergencia”, Semanario Universidad, 30 de marzo de 2020. https://semanariouniversidad.com/pais/ministra-del-inamu-pide-visibilizar-la-labor-de-las-mujeres-durante-la-emergencia/

[26] “Maternidad, trabajo doméstico y teletrabajo: la triple jornada laboral de miles de mujeres en la pandemia”, 2 de mayo. https://radio.uchile.cl/2020/05/02/maternidad-trabajo-domestico-y-teletrabajo-la-triple-jornada-laboral-de-miles-de-mujeres-en-la-pandemia/

[27] Véase también “Los detalles de la propuesta del gobierno por un posnatal de emergencia con seguro de cesantía”. https://www.t13.cl/noticia/politica/posnatal-de-emergencia-gobierno-seguro-de-cesantia-15-06-2020

[28] Quiero agradecer a Carmen Storani, por entonces presidenta del Consejo Nacional de las Mujeres de la Argentina, por la convocatoria a ese proyecto, cuyos resultados se encuentran en Pautassi (2001) y Burijovich y Pautassi (2006).

[29] Una primera versión de este trabajo, más extensa, fue publicada en coautoría con Marcela Cerrutti y Georgina Binstock con el título “Familia, migración y cadenas globales de cuidado” en Laura Pautassi y Carla Zibecchi (coords.), Las fronteras del cuidado: agenda, derechos e infraestructura, Buenos Aires, Biblos, 2013, pp. 191-216.

[30] La información proviene del proyecto “Ciudades intermedias como nodos articuladores del desarrollo”, ejecutado por el Centro para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible (CEPAD), en el cual se realiza una investigación de nivel descriptivo, mediante grupos focales y entrevistas a funcionariado municipal, y de las Jornadas de Capacitación sobre Políticas de Cuidado y Corresponsabilidad en la Gestión Municipal organizadas por la Casa de la Mujer, de Santa Cruz, en enero de 2020. También recuperaremos entrevistas a trabajadoras que hemos realizado para distintos estudios entre 2007 y 2017.

[31] Este lapso refiere el proceso de debate y aprobación.

[32] La Agenda Política de las Mujeres “reúne las demandas consensuadas por las organizaciones de mujeres afiliadas a la Coordinadora. Hay una agenda en cada departamento del país y una agenda nacional”. Todas están disponibles en http://www.coordinadoradelamujer.org.bo/web/index.php/publicaciones/2.

[33] El término “guardería” está entrando en desuso pues denota la función justamente de “guardar” a niñas y niños, cuando lo que se pretende en los centros infantiles es el cuidado, la estimulación temprana y la nutrición. Pero en el contexto nacional y de las políticas departamentales y locales aún se habla de guarderías.

[34]https://eldeber.com.bo/102587_guarderias-y-centros-municipales-sin-atencion-por-despidos-masivos; https://eldeber.com.bo/122027_reapertura-de-guarderias-y-centro-no-frena-protestas

[35] Empleo dependiente con cumplimiento de jornada, pero sin beneficios sociales, en una transgresión de derechos laborales y sociales frecuente en el país.

[36] El Estado Plurinacional de Bolivia tiene 339 municipios distribuidos en nueve departamentos.

37 Estudios promovidos por las corrientes feministas en las ciencias sociales, cuyos orígenes nos remontan a la década de 1970, específicamente, en los países anglosajones y escandinavos donde se inician las primeras investigaciones comparativas entre países que permitieron enriquecer las elaboraciones teóricas sobre los cuidados (Carrasco, Borderías y Torns, 2011).

38 Una reflexión crítica sobre la universidad neoliberal y eurocentrada se puede encontrar en el trabajo de Álvarez Veinguer y Sebastiani (2020).

[39] Con un proyecto Fondecyt Iniciación titulado “Las familias en Chile: el trabajo de parentesco y la generación de constelaciones familiares” (2012 y 2015). Específicamente, desde esta investigación me propuse analizar el trabajo diferenciado que hacen hombres y mujeres para mantener el sentimiento de pertenencia entre aquellas personas que consideran de su familia, lo que algunas autoras denominan “trabajo de parentesco” (Di Leonardo, 1987; Gonzálvez, 2015, 2016) y que se encuentra estrechamente relacionado con el trabajo de cuidado.

[40] Este tipo de proyectos, además, establece como requisito la difusión de los conocimientos a la sociedad en la forma de seminarios, asistencia a congresos, entre otros.

[41] De hecho, ambos tuvieron el mismo nombre: “Etnografías de la globalización: familias, cuidados y migración” y “Etnografías de la globalización II: familias, cuidados y migración”.

[42] Programa dirigido por Elaine Acosta y Herminia Gonzálvez Torralbo.

[43] https://www.cepal.org/es/historia-de-la-cepal

[44] La propuesta elaborada por Fernando Fajnzylber “convenció a Gert Rosenthal, secretario ejecutivo entre 1988 y 1998, de que a la Cepal le convenía tomar posición frente al proceso de reformas –pues todo parecía indicar que este se propagaría por la región–. [El documento] proponía un mensaje respecto a una nueva forma de actuación del Estado, diferente del que prevaleció en el pasado, pero no por esto incapaz de influir significativamente en el destino de los países” (Bielschowsky, 1998: 28).

[45] Cuando se trata de sus publicaciones, utilizaré el nombre completo de Nieves tal como aparece en estas. Sin embargo, de aquí en adelante, en el relato usaré el nombre con el que todas y todos la conocemos.

[46] Proyecto “Institucionalización del enfoque de género en la Cepal y ministerios sectoriales”, Cepal-GTZ, 1998-2001.

[47] Con relación a esos temas y los que se mencionan a continuación, véase la bibliografía del anexo de este volumen, organizada por orden cronológico.

[48] Las investigaciones sustantivas al respecto se beneficiaron también de los resultados del proyecto coordinado por Nieves en 2002 sobre la institucionalización del enfoque de género en las políticas laborales y económicas (Cepal-GTZ-Conamu).

[49] Boletín de la infancia y adolescencia sobre el avance de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ONU-Cepal, Unicef-Unicef TACRO. Comité editor: Cepal, Martín Hopenhayn, María Nieves Rico (a partir del Nº 8) y Jorge Rodríguez; Unicef, Enrique Delamónica, Egidio Crotti y Susana Sottoli. Coordinación general a partir del Nº 9: María Nieves Rico y María S. Spence, a quien reemplaza Daniela Huneeus a partir del Nº 15. https://www.cepal.org/es/publicaciones/tipo/boletin-desafios

[50] Cepal-Unicef-Unicef TACRO, 2008-2012 y 2012-2016.

[51] Mi propósito no es aquí desarrollar las razones de esta invisibilidad, muy bien cubiertas en el estudio mencionado. Véase al respecto Rebeca Gómez Betancourt y Camila Orozco Espinel (2018).

[52] Cornelius Castoriadis, L’Institution imaginaire de la société, París Seuil, 1975. El presente análisis se basa en la versión inglés publicada en 1998.

[53] El término isotopía proviene inicialmente de la química, donde se define como la propiedad de los cuerpos que comparten los mismos elementos químicos pero son de peso atómico diferente (Greimas y Courtés, 1979: 197-199).

[54] Entre estos, destacan los documentos preparados para informar las deliberaciones de las conferencias regionales de Quito y Brasilia (Cepal, 2007, 2010) que se construyeron sobre la base de datos y análisis generada al interior de la División, así como estudios encargados a colaboradoras externas (por ejemplo, Pautassi, 2007; Marco Navarro, 2007; Rodríguez Enríquez, 2005, 2007).

[55] https://www.unwomen.org/en/news/stories/2020/3/speech-ed-phumzile-csw64

[56] La preocupación específica por este problema comenzó a manifestarse a partir de 1980, cuando en la Conferencia Mundial del Decenio de la ONU para la Mujer celebrada en Copenhague se adoptó la resolución titulada “La mujer maltratada y la violencia en la familia”; asimismo, en el párrafo 288 de las Estrategias de Nairobi orientadas hacia el futuro para el adelanto de la mujer (1985), documento emanado de la Tercera Conferencia Mundial, se contemplan consideraciones directas relacionadas con la violencia contra las mujeres. A partir de entonces, la ONU ha organizado encuentros de grupos de expertos sobre la violencia contra las mujeres y ha tomado medidas con el objeto de que se preste atención al tema a través de mecanismos como la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, el Consejo Económico y Social, la División para el Adelanto de la Mujer, la Oficina de Estadística y el Comité de Prevención del Delito y Lucha contra la Delincuencia (Rico, 1996).

[57] Fue en esa oportunidad cuando los gobiernos de la región le entregaron a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) el mandato de convocar, con carácter permanente y regular y en intervalos no superiores a tres años, una conferencia regional sobre la mujer.

[58] Ver el documento “Autonomía de las mujeres e igualdad en la Agenda de Desarrollo Sostenible”, presentado en la XIII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe (Cepal, 2016).

[59] A partir de la primera conferencia mundial realizada en México (1975), las comisiones regionales recibieron el mandato de constituirse en puntos focales de la ONU para los asuntos de la mujer. Así, la Cepal comenzó a desempeñar este papel en América Latina y el Caribe. En 1977 se creó la Unidad Mujer y Desarrollo al interior de la División de Desarrollo Social. Desde ese momento, la Cepal actúa como secretaría técnica de los países en los temas y políticas dirigidas a mejorar la situación de las mujeres de la región y alcanzar la equidad de género.

[60] A fines de la década del 70 se establecen las primeras organizaciones no gubernamentales (ONG) que incorporan en sus programas de trabajo la línea de violencia contra las mujeres.

[61] Al finalizar el siglo, esta Convención ha sido ratificada por todos los países de la región, lo que significa un adelanto decisivo para las mujeres, en tanto cuentan con un instrumento jurídico internacional contra la discriminación, cuyo carácter vínculante fue reforzado en 1999 por la preparación de un protocolo facultativo que establece procedimientos para ejercer el derecho de petición respecto de la Convención y para investigar violaciones graves o sistemáticas de los derechos humanos enunciados en esta, el que fue adoptado por la Asamblea General de la ONU en su quincuagésimo cuarto período de sesiones.

[62] El “feminismo del sector popular” es llevado por grupos como Comunicación, Intercambio y Desarrollo Humano en América Latina (CIDHAL) en la Ciudad de México, o el grupo Flora Tristán en Perú. Se trata de llegar a las mujeres de los sectores de la clase trabajadora (principalmente urbanas) y de sensibilizar sobre el feminismo a partir de sus necesidades concretas exacerbadas por la crisis económica (Falquet, 2007).

[63] En 1981 en Bogotá (Colombia), en 1983 en Lima (Perú), en 1985 en Bertioga (Brasil), en 1987 en Taxco (México), en 1990 en San Bernardo (Argentina), etc. (Valdés, 2000).

[64] La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer fue adoptada por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en junio de 1994 en Belém do Pará, Brasil. Aporta un marco de definiciones de la violencia en contra de la mujer, así como recomendaciones para la acción y los compromisos a adquirir por los gobiernos para avanzar en estas acciones.

[65] Sexta Conferencia Regional sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social de América Latina y el Caribe celebrada en Mar del Plata en 1994.

[66] En 1991 la División de Estadística de la ONU logró, tras varios años de esfuerzos de sistematización y armonización de datos provenientes de una gran cantidad de países, publicar por primera vez un diagnóstico global, basado en un compendio de estadísticas oficiales, titulado Las mujeres en el mundo: tendencias y estadísticas. El Comité de la CEDAW, en su recomendación general Nº 9, considera que “la información estadística es absolutamente necesaria para comprender la situación real de la mujer en cada uno de los Estados partes en la Convención”. Otras recomendaciones generales de la CEDAW se refieren a estadísticas de género: en relación con la medición y cuantificación del trabajo doméstico no remunerado de la mujer y su reconocimiento en el producto nacional bruto (Nº 17), con la violencia hacia las mujeres (Nº 19), con la salud (Nº 24), con la igualdad sustantiva y las medidas especiales de carácter temporal (Nº 25) y con la migración (Nº 26) (Inegi, Inmujeres y ONU Mujeres, 2019: 11).

[67] Los gobiernos participantes en la XXXI Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe (Santiago de Chile, 13-15 de septiembre de 2000) acordaron armonizar las estadísticas desagregadas por sexo e impulsar la cooperación entre los organismos nacionales de la mujer y los institutos de estadísticas de cada país.

[68] Proyecto Interagencial “Uso de indicadores de género para la formulación de políticas públicas”. Se preparó como un insumo para la reunión “Estadísticas e indicadores de género para medir incidencia y evolución de la violencia contra la mujer en América Latina y el Caribe”, que se realizó en La Paz, Bolivia, del 21 al 23 de noviembre de 2001

[69] Ya a principios de la década de 1970, los países miembros de la Cepal encargaron a la Secretaría iniciar estudios relativos a la situación de las mujeres en la región. A partir de la primera conferencia mundial realizada en México (1975), las comisiones regionales recibieron el mandato de constituirse en puntos focales de la ONU para los asuntos de la mujer. Así la Cepal comenzó a desempeñar este papel en América Latina y el Caribe. En cumplimiento de este mandato y de acuerdo con el Plan de Acción Regional adoptado por los Estados miembros en la XI reunión extraordinaria del Comité Plenario de la Cepal (La Habana, Cuba), en 1977, se creó la Unidad Mujer y Desarrollo al interior de la Division de Desarrollo Social (Rico, 2005). En 1986, la Cepal recibió como mandato de los países miembros (resolución 483, XXI) “el examen y consideración en todos los programas del sistema de la Cepal de los problemas sectoriales e intersectoriales que aseguren la participación de las mujeres en pie de igualdad con los hombres en los procesos de desarrollo” (ídem).

[70] La estrategia tuvo como objetivos específicos: 1) integrar el enfoque de género en las actividades del Programa Regular y en los proyectos de cooperación al desarrollo; 2) incorporar esta perspectiva en los debates sustantivos y en los períodos de sesiones; 3) desarrollar instrumentos de apoyo técnico y metodológico para facilitar la integración de un enfoque de género; 4) generar mecanismos que favorezcan la colaboración interdivisional en la implementación de la estrategia, y 5) recopilar, sistematizar y distribuir información sobre género y los distintos temas sectoriales que aborda la Cepal, cada uno de ellos con actividades precisas y posibles de concretar (Rico, 2005).

[71] En el sitio web de la Unidad Mujer y Desarrollo de la Cepal, www.eclac.cl/mujer, se puede acceder a estudios e información sobre los temas indicados, así como al sistema de indicadores de género y el sistema de estadísticas comparadas.

[72] ONU Mujeres, el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA, por su sigla en inglés), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (Onusida) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por su sigla en inglés). La agencia especial ONU Mujeres dispone de más de 300 millones de dólares en activos y coordina iniciativas dedicadas a la violencia contra las mujeres en 85 países, otra faceta de la respuesta internacional a la violencia de género es la movilización cívica transnacional y la reforma normativ (Brysk, 2017).

[73] Investigación llevada a cabo en 2015 y gestionada por la Oficina del Ombudsman y Servicios de Mediación de la ONU, con el fin de que los propios funcionarios y funcionarias de la Cepal evaluaran su nivel de satisfacción. El resultado reveló que la División de Asuntos de Género, gestionada por Nieves Rico, tenía el mayor índice de satisfacción de trabajo de toda la institución, un resultado empírico muy alto que evidenció su liderazgo, gestión y buen hacer.

[74] Se pueden encontrar algunos de los acuerdos emanados de las catorce reuniones realizadas hasta 2020 en http://biblioguias.cepal.org/AgendaRegionalGenero.

[75] Argentina, Estado Plurinacional de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica Ecuador, El Salvador, Guyana, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, República Bolivariana de Venezuela (Cepal, 2018).

[76] Con esta ley modelo, se reconoce que la violencia que se ejerce contra las mujeres en la vida política constituye una grave violación de los derechos humanos de las mujeres y es una amenaza principal para la democracia. En su prólogo menciona como fundamentos tanto artículos de la Convención de Belém do Pará como de la CEDAW. Está conformada por 49 artículos divididos en cinco capítulos y tres disposiciones finales.

[77] Ver el video disponible en https://www.youtube.com/watch?v=XeMxQ3BTUwg.

[78] Principios sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género (Yogyakarta, Indonesia, 2006).

[79] Texto basado en la presentación realizada en el Primer Congreso Internacional sobre Género y Espacio, organizado por el Programa Universitario de Estudios de Género (PUEG), con el Instituto de Geografía, la Facultad de Filosofía y Letras y el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad (PUEC) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), así como la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Iztapalapa y Azcapotzalco. Dicho Congreso se realizó del 14 al 17 de abril del 2015 en la sede el Instituto de Geografía en Ciudad Universitaria.

[80] Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Adoptada en Belém do Pará, Brasil, 9 de junio de 1994, en la sesión regular XXIV de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA).

[81] Según el IDH del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (cifra actualizada para 2007), el ingreso del 10% más rico en Chile es 26 veces superior al del 10% más pobre.

[82] Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, sobre la base de tabulaciones especiales de encuestas de hogares de los respectivos países (http://www.eclac.cl/oig/).

[83] Esta metodología fue originalmente desarrollada por Robert Chambers (1992). Ha sido ampliamente utilizada por Caroline Moser y otros en investigaciones y evaluaciones de la pobreza (Moser y Holland, 1997, en Jamaica; Moser y McIlwaine, 2000, en Colombia) y en varios estudios del Banco Mundial.

[84] El producto de esa investigación fue publicado en Gherardi (2016).

[85] https://www.eldiario.es/castilla-la-mancha/palabras-clave/vidas-valen-produzcan_132_3536362.html

[86] http://www.abortolegal.com.ar

[87] Parte de la información relevada para este capítulo se trabajó en el marco del proyecto “Cerrando brechas para erradicar las violencias contra las mujeres”, que ELA (Equipo Latinoamericano de Justicia y Género) coordina junto a otras organizaciones de la sociedad civil con el apoyo financiero de la Delegación de la Unión Europea en la Argentina. Las opiniones contenidas en este documento pertenecen a la autora y no comprometen los puntos de vista de la Unión Europea. Una versión más extensa de este capítulo se publicó en Gherardi (2020).

[88] Mee Too (que puede traducirse como “a mí también” o “yo también”) fue la manera en que se identificaron en las redes sociales, especialmente en Twitter, las denuncias de miles de mujeres que contaron experiencias actuales y pasadas de distintas formas de acoso en el espacio público. Las denuncias se concentraron en las experiencias vividas en el mundo del trabajo, pero también en ámbitos educativos. Entre los países de América Latina, fue notable la difusión de denuncias en México, Colombia, Perú, Chile y Argentina.

[89] Estas fueron las consignas que se generaron a partir de la denuncia pública y judicial de la actriz Thelma Fardin por la agresión sexual perpetrada años atrás por un actor mucho mayor y colega de trabajo, Juan Darthes, cuando se encontraban brindando funciones en Nicaragua.

[90] La ley 26.485, de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones personales, define la violencia doméstica contra las mujeres como aquella ejercida por un integrante del grupo familiar, con independencia del espacio físico donde ocurra, que dañe la dignidad, bienestar, integridad física, psicológica, sexual, económica o la libertad reproductiva y el pleno desarrollo de las mujeres. El grupo familiar al que hace referencia la norma incluye el originado por parentesco, consanguinidad o afinidad, el matrimonio o las uniones de hecho, parejas o noviazgos actuales o pasados, con o sin convivencia.

[91] De acuerdo con el Registro de Femicidios y Travesticidios que lleva la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cerca del 70% de las muertes violentas de mujeres en la Argentina son causadas por parejas actuales o pasadas, es decir, precedidas por situaciones de violencia doméstica.

[92] Las modalidades de violencias contempladas en la ley 26.485 fueron ampliadas en 2019 para incorporar la violencia en espacios públicos (incorporada por ley 27.501 en mayo de 2019) y la violencia público-política (incorporada por ley 27.533 en diciembre de 2019).

[93] La violencia doméstica impacta en todas las esferas de la vida de quienes la padecen, también en el empleo. Por eso, desde ámbitos laborales hay muchas medidas que se pueden llevar adelante para promover estrategias de superación de las violencias, con el acuerdo de las mujeres involucradas y respetando sus tiempos. Entre ellas, organizar mecanismos de protección, modificación de horarios o espacios de trabajo, garantizar disponibilidad de tiempo para realizar trámites o llevar adelante las denuncias, si fuera el caso (Gherardi y Krichevsky, 2017).

[94] Véase el estudio realizado en la ciudad de Buenos Aires (DGECBA, 2019).

[95] http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20171023STO86603/acoso-sexual-en-la-ue-debate-en-el-pleno-del-parlamento-europeo

[96] El relevamiento corresponde a 2018. Véase http://www.voicesconsultancy.com/Informes/Una-Radiografia-de-la-Mujer-en-America.

[97] Información relevada a marzo de 2018. Véase https://chequeado.com/el-explicador/violencia-laboral-que-dicen-los-datos-de-la-problematica-en-la-argentina/

[98]https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_554100.pdf

[99] El convenio no utiliza lenguaje inclusivo, por lo que suele referirse a “trabajadores” en genérico masculino, salvo cuando en ocasiones refiere a la violencia por razón de género y entonces alude a las trabajadoras, en femenino.

[100] El convenio afirma, además, que en cuanto la violencia doméstica puede afectar al empleo, la productividad, la seguridad y la salud, los gobiernos, las organizaciones de empleadoras y empleadores, trabajadores y trabajadoras, como también las instituciones del mercado, pueden contribuir a reconocer, afrontar y abordar el impacto de esta violencia.

[101] Este concepto incluye personas asalariadas, personas que trabajan, cualquiera que sea su situación contractual, pasantes, aprendices, trabajadoras y trabajadores despedidos, voluntarias y voluntarios, las personas en busca de empleo y aquellas postulantes a un empleo.

[102] Uruguay fue el primer país en aprobar el convenio 190, seguido por Fiyi. La Argentina es el tercero que aprobó por ley su ratificación el 11 de noviembre de 2020.

[103] Es importante analizar las propuestas normativas en tratamiento ante el Congreso Nacional que, desde diversos enfoques y apelando a distintas estrategias, muestra un moderado interés de legisladoras y legisladores respecto de las expresiones de violencia y acoso en el mundo del trabajo. Para un análisis preliminar, véase Gherardi (2020). En términos generales, los proyectos necesitan mejorar la propuesta de herramientas de protección a la persona trabajadora ampliando los ámbitos de protección espacial para incluir las distintas modalidades de contratación, los distintos espacios dentro de los cuales se desenvuelve el mundo del trabajo y un enfoque interseccional que pueda dar cuenta de las distintas formas de discriminación y exclusión.

[104] Agradezco la valiosa colaboración de Jimena López Stordeur en la realización de las entrevistas que se presentan en este apartado.

[105] Se trata de un estudio realizado en noviembre de 2019, con una encuesta que se aplicó a través de una plataforma virtual distribuida principalmente por redes sociales, email y WhatsApp. La encuesta fue respondida por 1.443 mujeres y personas LGBTIQ+ distribuidas en todo el territorio nacional.

[106] Sigla de Policía de Investigaciones. [N. de las E.]

[107] En el momento en que este libro estaba en edición, supimos de la repentina muerte de Marcela el 23 de septiembre de 2020. El testimonio que escribió sobre Nieves es, también, un testimonio sobre la amistad entre mujeres. Su publicación es un homenaje a esa amistad y, ahora, a la propia Marcela Ruyu. [N. de las E.]

[108] Este texto es un fragmento de la desgrabación de una clase del autor en la especialización en evaluación de políticas públicas de la Universidad Nacional de Lanús (UNLA) de la Argentina.

[109] Para un desarrollo más amplio de estas cuestiones, puede verse Abramovich (2006) y Abramovich y Pautassi (2009).

[110] Ver Corte IDH, I. V. versus Bolivia, sentencia del 30 de noviembre de 2016, y Corte IDH, Cuscul Pivaral versus Guatemala, sentencia del 23 de agosto de 2018.

[111] Ver Corte IDH, Furlan y familia contra Argentina, sentencia del 31 de agosto de 2012.

[112] Ver Corte IDH, Norin Catriman versus Chile, sentencia del 29 de mayo de 2014. Análisis sobre principio de igualdad.

[113] Ver Comité DESC, Trujillo Calero, María Cecilia contra Ecuador, dictamen del 14 de noviembre de 2018, en especial sobre el concepto de discriminación indirecta o impacto discriminatório, ver párrafos 13.2 y 13.3.

[114] Dimensiones, Nº 7, agosto de 2019. www.mppn.org

[115] “La desigualdad y la pobreza en Latinoamérica se dispararán a causa de la pandemia, ONU”, http://www.france24.com/es/20200709.

[116] Dimensiones, Nº 7, agosto de 2019. www.mppn.org

[117] A fines del siglo pasado, una iniciativa pionera fue el Proyecto Regional para la Superación de la Pobreza del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), donde se proponía lo que luego se conociera como método cruzado o método de medición integrado de la pobreza, por el cual se combinaba la pobreza por ingresos con la pobreza por necesidades básicas insatisfechas como alternativa superadora al reduccionismo económico de pobreza. Se sugiere consultar Boltvinik (1990) y también, entre otros, Beccaria y Minujin (1985), Desai (1989).

[118] La coordinación de este estudio estuvo a cargo de Nieves Rico, Oficial de Asuntos Sociales de la División de Desarrollo Social de la Cepal, y Enrique Delamónica, Asesor Regional de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de Unicef.

[119] “Van Hoof propone un esquema interpretativo consistente en el señalamiento de «niveles» de obligaciones estatales […] La obligación de garantizar el derecho a la alimentación requiere que el Estado adopte medidas en el caso de que algunos miembros de su población acrediten que resultan incapaces de proveerse a sí mismos alimentos en suficiente cantidad y calidad. Es difícil anticipar en abstracto qué medidas debe adoptar en cada situación un Estado para satisfacer adecuadamente su obligación de garantizar el derecho, pero lo cierto es que el Estado habrá violado claramente el precepto cuando en una situación de escasez de alimentos se limite a no hacer nada” (Abramovich y Courtis, 2005).

[120] “Artículo 1º. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos” (ONU, 1948).

[121] “Considerando la estrecha relación que existe entre la vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales y la de los derechos civiles y políticos, por cuanto las diferentes categorías de derechos constituyen un todo indisoluble que encuentra su base en el reconocimiento de la dignidad de la persona humana, por lo cual exigen una tutela y promoción permanente con el objeto de lograr su vigencia plena, sin que jamás pueda justificarse la violación de unos en aras de la realización de otros” (OEA, 1988, Preámbulo 4).

[122] No queremos vivir en países donde los privilegios de unos pocos niegan los derechos de muchos, donde lo que podemos comprar con nuestros salarios dependa de los precios internacionales de materias primas, o la inversión social futura esté condicionada a cuántos recursos ambientales hipotecamos. Sabemos que es hora de cambiar las reglas y también sabemos que las medidas requeridas no son un misterio.

[123] Este artículo se basa en la publicación Capacitación laboral para la autonomía económica de las mujeres en situación de pobreza: el caso del Uruguay, Santiago de Chile, Cepal, 2018, que fuera coordinado por María Nieves Rico en el marco de un proyecto de la División de Asuntos de Género de la Cepal.

[124] Entre 2005 y 2016 pasaron por Trabajo por Uruguay y Uruguay Trabaja un total de 42.449 personas aproximadamente (Mides, 2018)

[125] El nivel departamental corresponde al nivel subnacional y hace referencia a la división política y administrativa del país en diecinueve departamentos.

[126] Iniciativas coejecutadas por OSC que se fortalecen y consolidan a comienzos de los 2000.

[127] En Uruguay, el 13,6% de las mujeres no cuenta con ingresos propios, contra el 6,2% de los hombres (datos del Observatorio de Igualdad de Género de Cepal, alrededor de 2017, https://oig.cepal.org/es/indicadores/poblacion-sin-ingresos-propios-sexo).

[128] En este sentido, el enfoque interseccional permite ampliar y complejizar la mirada sobre la producción de desigualdades en contextos específicos y hacer un análisis más consecuente con la realidad.

[129] Las tasas persistentemente altas de maternidad precoz o adolescente son superiores entre las mujeres pobres y con frecuencia sin apoyo de la pareja, lo cual hace que su capacidad para aprovechar las oportunidades ante ciclos económicos expansivos sea escasa y aumente su vulnerabilidad durante los ciclos recesivos (ONU Mujeres, 2017). Para el caso uruguayo, la incidencia de la pobreza monetaria entre las mujeres entre 15 y 24 años que fueron madres es del 31%, mientras que para las de ese mismo rango de edad que no fueron madres es del 11% (López y Varela Petito, 2016).

[130] Recientemente, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) comenzaron a implementar un programa con destinatarias mujeres que son víctimas de violencia de género, que también cuenta con un componente de capacitación para el empleo.

[131] En 2002 la Intendencia de Montevideo inicia el programa Barrido Otoñal, como medida contracíclica en un escenario socioeconómico extremadamente desventajoso. En 2015, el programa se reformula en Barrido Inclusivo, buscando ajustarlo a las circunstancias económicas actuales. En este marco, la nueva versión mantiene la esencia del programa original (apuntando a la mejora de las condiciones de empleabilidad de mujeres con dificultades estructurales para el ingreso al mercado formal de trabajo), pero presenta también algunos aspectos novedosos (por ejemplo, ampliando la población objetivo de exclusivamente mujeres jefas de hogar a incluir también mujeres trans, mujeres migrantes, afrodescendientes, clasificadoras y privadas de libertad o liberadas).

[132] Por ejemplo, desde la División Asesoría para la Igualdad de Género de la Intendencia de Montevideo se resta importancia a que en el marco del programa Barrido Inclusivo no se generen tantas instancias de formación por competencias a nivel específico. Se brinda la misma perspectiva en Mides (2018).

[133] Estimaciones del Instituto de Economía de la Universidad de la República apuntan a que la incidencia de la pobreza crecerá varios puntos porcentuales durante 2020. Brum y De Rosa (2020) simulan varios escenarios: considerando una caída del PIB del 3,5%, calculan un escenario central en que la incidencia de la pobreza en Uruguay podría trepar hasta el 12%.

[134] El gobierno departamental de Montevideo, por su parte, ha anunciado la implementación del Programa de Tareas Temporales, que apunta a generar mil puestos de trabajo para personas de entre 18 y 64 años que no posean otros ingresos por concepto de salarios, rentas, jubilaciones, pensiones o subsidios. https://montevideo.gub.uy/areas-tematicas/personas-y-ciudadania/programa-de-tareas-temporales

[135] https://www.republica.com.uy/gobierno-le-hara-modificaciones-al-programa-uruguay-trabaja-id767796/

[136]https://www.cuartopoder.es/ideas/2020/08/09/ignacio-ramonet-la-pandemia-esta-estableciendo-la-crisis-del-modelo-neoliberal/

[137]https://www.cepal.org/cgi-bin/getProd.asp?xml=/prensa/noticias/comunicados/4/22614/P22614.xml&xsl=/prensa/tpl/p6f.xsl&base=/tpl/imprimir.xslt

[138]https://www.cepal.org/cgi-bin/getProd.asp?xml=/prensa/noticias/comunicados/4/22614/P22614.xml&xsl=/prensa/tpl/p6f.xsl&base=/tpl/imprimir.xslt

[139] La Ley Micaela, sancionada en la Argentina en diciembre de 2018, es una normativa que establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación, cualquiera sea su nivel o jerarquía. Crea el Programa Nacional Permanente de Capacitación Institucional en Género y Violencia Contra las Mujeres.

[140] Sigo aquí lo desarrollado en Buhlman et al. (2020).

[141] En septiembre de 2018 el Ministerio de Salud de la Argentina había sido transformado en Secretaría.

[142] https://www.topia.com.ar/articulos/nota-editores-nueva-anormalidad

[143] https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_749470.pdf

[144] “FESPROSA (Federación de Profesionales de la salud) está trabajando en todo el país en el aumento de testeos del personal, la incorporación a los comités de crisis a los representantes de lxs trabajadorxs, el redoblamiento del control de los procedimientos en los establecimientos privados y de la seguridad social, y la implementación de los convenios 155 y 187 de la OIT. La Federación trabaja por: i) la negociación paritaria para el sector público; ii) la habilitación de un registro público de trabajadorxs afectadxs; iii) en el sector se registraron avances en la participación en comités de crisis a nivel del Estado nacional con disparidades, en algunas provincias, municipios y centros hospitalarios de referencia, iv) el reconocimiento de COVID-19 como enfermedad profesional mientras dure la emergencia sanitaria y durante un período posterior de sesenta días y v) existieron mejoras en la entrega de elementos de protección personal” (https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/inf-20200821-empleo_de_las_mujeres_2.pdf).

[145] Nuclea a la Comisión por el Derecho al Aborto, Mujeres Socialistas Autoorganizadas (MUSAS), Católicas por el Derecho a Decidir, Casa de la Mujer Azucena Villaflor, Asociación de Especialistas Universitarias en Estudios de la Mujer (ADEUEM), Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), etcétera.

[146] La solicitada fue publicada en Página 12, Buenos Aires, 28 de septiembre de 1999.

[147] Véanse las declaraciones de Celeste Mac Dougall en “El reclamo por el aborto legal vuelve al centro del protagonismo político”, Infobae, Buenos Aires, 29 de febrero. https://www.infobae.com/sociedad/2020/02/29/el-reclamo-por-el-aborto-legal-vuelve-al-centro-del-protagonismo-politico/

[148] El proyecto oficial del Poder Ejecutivo fue preparado por equipos técnicos integrados por miembros del Ministerio de Salud, del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y de la Secretaría Legal y Técnica de Presidencia de la Nación. Según declaraciones de Vilma Ibarra (secretaria Legal y Técnica de la Nación) en el diario Perfil (Buenos Aires, 15 de julio de 2020) el proyecto oficial está listo. En un viaje oficial a Europa (febrero de 2020) Alberto Fernández adelanta, ante mandatarios europeos, esa decisión política, que iría acompañada de iniciativas que fortalezcan políticas públicas existentes (mejorar la coordinación, los alcances y las fases de implementación de políticas, reforzar las consejería en salud sexual del Programa de Salud Sexual del Ministerio de Salud de la Nación, atención respetuosa y adecuada a personas trans, etc.) orientadas al cuidado integral de mujeres embarazadas y de todas las personas gestantes, así como también de la primera infancia.

[149] En noviembre de 2020 el Poder Ejecutivo envió al Congreso dos proyectos de ley: la ley nacional de atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia (conocida como la Ley de los mil días” y el Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del embarazo (IVE) que a la fecha (mediados de diciembre de 2020) se encuentran con media sanción en diputados y en tratamiento en el Senado de la Nación.

[150] El plan de inclusión previsional consistió en la aplicación de planes de « moratorias previsionales” que permitieron acceder al sistema previsional a millones de personas adultas mayores que no contaban con un historial de aportes completo, e incluso que nunca habían realizado aportes en absoluto. Además del incremento general de la cobertura, estas medidas tuvieron un impacto significativo en la reducción de la brecha de género en el acceso a la protección y especialmente en el incremento de los niveles de cobertura de los sectores de menores ingresos de la población (Calabria y Rottenschweiler, 2015). Con la implementación de las moratorias, aunque se mantenía formalmente la centralidad de la contribución como condición de acceso, en los hechos desaparecía la restricción de acceso, y se habilitaba con ello una cobertura tanto a personas afectadas por el desempleo y la informalidad en la vida activa como a quienes, fuera de manera intermitente o permanente, habían trabajado fuera del mercado de trabajo mercantil (como, por ejemplo, las amas de casa) (Minoldo et al., 2015).

[151] https://www.argentina.gob.ar/ciencia/sact/equidad-de-genero-en-ciencia-tecnologia-e-innovacion/saga-argentina

[152] https://www.argentina.gob.ar/ciencia/sact/equidad-de-genero-en-ciencia-tecnologia-e-innovacion/saga-argentina, https://www.argentina.gob.ar/ciencia/sact/equidad-de-genero-en-ciencia-tecnologia-e-innovacion/saga-argentina/equipo.

[153] https://www.argentina.gob.ar/ciencia/sact/equidadgenero/bancodeacciones

[154]https://www.santafe.gob.ar/normativa/getFile.php?id=1330736&item=179888&cod=6206b346c4b49db1d57ee48aaf9ccfd4

[155] https://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/view/full/233927/(subtema)/223278

[156] Es la sigla de Unión de Estudiantes Secundarios. [N. de las E.]

[157] Además de su trabajo en organizaciones internacionales, Enrique Neuhauser es fundador de la banca de pobres en Honduras y Perú y ha dirigido valiosas iniciativa en estos países para el desarrollo empresarial en zonas rurales.

[158] Las editoras agradecen la colaboración de Bárbara Goldschläger y Ornella Morbelli, becarias del Programa Género y Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires.

[159] Disponible en https://www.routledgehandbooks.com/doi/10.4324/9781315723570-23#sec22_17.

[160] Ver https://www.cepal.org/es/publicaciones/41011-estrategia-montevideo-la-implementacion-la-agenda-regional-genero-marco.

[161] Nos ha parecido oportuno incluir en cada apartado de esta bibliografía los textos con autoría única de Nieves en primer lugar, y a continuación aquellos en coautoría, ordenados alfabéticamente.

[162] Mayor información en https://www.argentina.gob.ar/ciencia/raices/premios/premiados-2017 y http://www.rcai.it/wp-content/uploads/2017/11/premiaron-a-investigadores-por-su-aporte-a-la-cooperacion-internacional.jpg.

Table of Contents

00-Tapa

01-Portada

02-Legales

03-Indice

04-Inteior

05-Contratapa